“La Unión Europea encabeza la lucha contra la elusión fiscal”, sacó pecho el pasado martes el presidente del Consejo de la UE, Edward Scicluna, al anunciar la aprobación de un proyecto de directiva que debería impedir a las multinacionales utilizar sofisticados mecanismos de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Siempre son instrumentos legales, por lo que no llegan a considerarse evasión fiscal, pero aprovechan los agujeros de los sistemas impositivos nacionalesagujeros para tributar el mínimo por sus beneficios. Este último paquete de medidas se suma a una directiva aprobada en julio de 2016; ambas normas trasladan al ámbito europeo las 15 recomendaciones contra la ingeniería fiscal de las multinacionales elaboradas por la OCDE en 2013.
“Es un buen principio, aunque en realidad sólo una tirita para una herida muy grande”, analiza Albert Sagués, profesor de Fiscalidad de la Universidad Pompeu Fabra. Cree que su efectividad será limitada, lastrada por los intereses dispares de los Estados miembros. Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido u Holanda aplican ventajas fiscales para atraer negocios a sus territorios, por lo que no van a ser los más interesados en ponerles coto: las inversiones de EEUU en Irlanda ascendían a 311.000 millones de euros en 2014, más de lo que las compañías norteamericanas invierten en el conjunto de los BRICS (China, India, Rusia, Brasil y Suráfrica).
La directiva de julio de 2016 ya deja claro que sólo establece “un nivel mínimo de protección frente a las prácticas de elusión fiscal” de las multinacionales. Y María Villanueva, responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón, lo corrobora: “La UE casi se ha limitado a calcar las recomendaciones de la OCDE, así no garantiza que vaya a acabar con los agujeros por donde se cuelan las grandes compañías”, advierte. Según el comisario Pierre Mostovici, entre 50.000 y 70.000 millones de euros dejan de pagar por sus beneficios las multinacionales en Europa gracias a esas lagunas fiscales. De hecho, María Villanueva cree que la directiva del pasado verano se redactó pensando más en los países del centro y el este de Europa, que no tienen ni medidas mínimas contra la ingeniería fiscal de las compañías, que en poner fin a estos mecanismos paralegales dentro de la UE como reza su encabezado.
A juicio de David Palomera, coordinador de ATTAC Acordem, el problema básico es la falta de voluntad política. “Se tomaron medidas sólo después de que saltara el escándalo de los papeles de Panamá y sólo sobre elusión fiscal, no se ataca directamente la evasión”, protesta. Como ejemplo cita la lista de paraísos fiscales que la UE tiene previsto acordar para este mismo año, quizá después del verano. Para la OCDE sólo hay dos paraísos fiscales: Nauru y Niue, dos pequeñas repúblicas de la Polinesia. Y la UE ha descafeinado su propia lista antes incluso de haberla elaborado. María Villanueva critica que Bruselas vaya a utilizar “como indicador, pero no como criterio” para definir qué es un paraíso fiscal el hecho de que un país aplique un tipo cero en el impuesto de sociedades. Lo decidieron los ministros de Finanzas de los Veintiocho el pasado noviembre.
Albert Sagués también considera decepcionante que la UE quiera “redefinir” ahora el concepto de paraíso fiscal, “que siempre ha sido un país con baja o nula tributación que no quiere compartir información con otros”. También desaprueba que Gibraltar no esté en el índice. La última lista preliminar, publicada el pasado mes de septiembre, incluía 81 paraísos fiscales, entre ellos las islas británicas del Canal. Está por ver cómo influirá el Brexit en las negociaciones para delimitar la lista negra definitiva. Para elaborarla, la UE atenderá sólo al nivel de transparencia fiscal y a las medidas que el país en cuestión aplique para evitar las prácticas de elusión fiscal.
“No se atreven”
El proyecto de directiva aprobado el pasado martes se centra en lo que la UE conoce como “asimetrías híbridas”: las disparidades fiscales entre dos o más países son aprovechadas por las multinacionales para no pagar impuestos. Un “híbrido” es una empresa o un mecanismo que resulta transparente para un país pero opaco para otro. En la directiva de julio, que actuaba sobre las disparidades fiscales dentro de la UE, ya se mencionaban medidas contra estas asimetrías. El proyecto recién aprobado –aún debe pasar por el Parlamento Europeo antes de ser ratificado por el Consejo de la UE– se centra exclusivamente en las asimetrías híbridas en países no comunitarios.
El paquete de medidas contra estos mecanismos es básico en la lucha contra la evasión fiscal de las grandes compañías, pero peca de falta de ambición, destaca José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El proyecto de directiva deja fuera de su ámbito de aplicación, por ejemplo, a los bancos y las instituciones de inversión colectiva –Sicav, fondos de inversión–. También excluye los mecanismos que las compañías utilicen si se demuestra que su objetivo es absorber pérdidas y no eludir impuestos. “¿Quién y cómo se determina que el fin es absorber pérdidas y no evitar al fisco?”, se pregunta David Palomera.
Para Alberto Sagués, no es razonable que el proyecto de directiva eleve hasta el 50% la participación en el capital de una empresa necesaria para considerarla asociada a otra cuando se trate de una entidad híbrida. Si no lo es, basta con un 25% de participación para que se le apliquen las medidas de la directiva. Tampoco ve lógico que se excluya a los bancos. “Lo que harán las compañías será precisamente utilizar bancos para seguir eludiendo el pago de impuestos”, advierte. “Han apretado”, dice sobre los responsables europeos, “pero aún no han puesto barreras definitivas contra la elusión fiscal”. “No se atreven”, concluye.
Otro dato que señala en esa misma dirección es el plazo que se ha dado Bruselas para que las medidas se hagan realidad. Los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasladarlas a sus respectivas legislaciones nacionales. Excepto uno de sus artículos, que tardará aún más: el 31 de diciembre de 2021. “Los negocios van mucho más rápido”, opone María Villanueva. “No tiene sentido”, coincide Albert Sagués, “para entonces las empresas ya le habrán sacado hasta la última gota a esos mecanismos”.
Reforma fiscal mundial, sanciones, informes públicos
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El profesor de la Pompeu Fabra cree que sólo una reforma mundial de la fiscalidad podrá terminar con el problema. De otro modo, siempre quedarán agujeros por tapar. “En un mundo globalizado, las soluciones también tienen que ser globales”, propugna. Pese a que la nueva política de Donald Trump camina en sentido contrario, el de emplear las diferencias fiscales para hacer de EEUU un país atractivo donde radicarse. Sagués también defiende una fiscalidad única en la UE, aunque advierte de la dificultad de implantar un sistema que obligaría a los Estados a renunciar a legislar en materia fiscal.
Por su parte, José María Mollinedo recuerda que de las 15 recomendaciones de la OCDE sólo se ha puesto en marcha, y no completamente, una tercera parte. Los portavoces de Oxfam y ATTAC coinciden a la hora de pedir sanciones a las compañías que eludan el fisco gracias a la ingeniería fiscal, y de prohibirles participar en concursos públicos. También reclaman que se hagan públicos los informes sobre su actividad –ingresos, beneficios, impuestos, capital, plantilla– país por país, que la UE les obliga a presentar desde el pasado ejercicio. David Palomera, además, pretende que se recupere la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, a su juicio una herramienta útil contra la especulación.
Sagués no desprecia el diálogo con las malas de la película, las multinacionales, “escucharlas antes de legislar”, para garantizar ese “consenso mundial” que él considera necesario: “Tenemos una fiscalidad del siglo XIX y necesitamos una del siglo XXI”.
“La Unión Europea encabeza la lucha contra la elusión fiscal”, sacó pecho el pasado martes el presidente del Consejo de la UE, Edward Scicluna, al anunciar la aprobación de un proyecto de directiva que debería impedir a las multinacionales utilizar sofisticados mecanismos de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Siempre son instrumentos legales, por lo que no llegan a considerarse evasión fiscal, pero aprovechan los agujeros de los sistemas impositivos nacionalesagujeros para tributar el mínimo por sus beneficios. Este último paquete de medidas se suma a una directiva aprobada en julio de 2016; ambas normas trasladan al ámbito europeo las 15 recomendaciones contra la ingeniería fiscal de las multinacionales elaboradas por la OCDE en 2013.