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CCOO y UGT esperaban este miércoles que el Gobierno les proporcionara detalles sobre las medidas laborales que va a enviar antes de fin de mes a Bruselas dentro del Plan de Recuperación que presentó el pasado martes. Son 11 reformas que aparecen poco más que enunciadas y apenas varían respecto del documento publicado el pasado diciembre. El Ejecutivo debería haberlas concretado durante la reunión que a última hora de la tarde mantuvieron los dirigentes de ambos sindicatos y de la CEOE con las responsables de todos los ministerios económicos. Aunque ya antes los sindicatos habían dejado claro que el conflicto está servido si salen adelante las propuestas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la jubilación anticipada y sobre la ampliación del periodo de cómputo de la pensión.
No obstante, tras tres horas de explicaciones de las ministras de Economía, Trabajo y Hacienda, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, seguían reclamando al Gobierno que “desarrolle” los aspectos “más conflictivos” del documento, que consideran “muy genéricos”, en palabras del segundo, tanto en lo que se refiere al mercado de trabajo como a la Seguridad Social. El primero dio su aprobado al documento pero con prudencia: “En principio, las reformas asociadas al plan responden, al menos en el guión, a los planteamientos sindicales en materia laboral, de pensiones y de fiscalidad”. Después matizó que lo publicado es “una declaración de medidas a adoptar, pero falta concretarlas, desarrollar esos espacios de negociación y de diálogo social”. Y éstos van a ser, “indiscutiblemente”, subrayó, muy complejos. “En principio”, reiteró Sordo, “no apunta mal”.
Por su parte, Pepe Álvarez pidió al Gobierno también que aclare cómo se van a distribuir los fondos europeos. Quiere que los sindicatos participen en la elaboración de los proyectos, tanto de las empresas como de las comunidades autónomas: “Queremos saber qué repercusión van a tener en el empleo, hay que conseguir que las empresas que accedan a esos fondos no sólo no destruyan empleo, sino que también creen empleo y que sea empleo de calidad”, declaró al término de la reunión.
Antes de la cita, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, había vuelto a instar al Gobierno a no utilizar la “supuesta condicionalidad” de los fondos europeos como “forma de chantaje en la mesa de negociación” para derogar la reforma laboral. Mientras el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, reprochaba al Ejecutivo –no sólo a la parte socialista, sino también a la de Unidas Podemos, precisa– que recurra de forma reiterada a la palabra “modernizar” en el documento. “¡Si se llama derogar…! En el acuerdo de gobierno de ambos partidos se habla de derogar [la reforma laboral]”, se queja a infoLibre. El plan se queda sólo en la mención a “modernizar” tanto las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesional– y la negociación colectiva, como la subcontratación y el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). En parte porque la mayor parte de esos asuntos están aún pendientes de las negociaciones abiertas en el Diálogo Social, y en parte para aunar planteamientos divergentes y enfrentados entre los propios agentes sociales.
Otro tanto ocurre con las tres modalidades de contratos a los que el Gobierno quiere reducir el actual abanico de formatos: uno temporal, otro de formación y un tercero “estable”, el que hasta ahora se conocía como indefinido. “Si van a alterar la naturaleza del indefinido, tendrán que explicarlo”, advierte Pino.
Por su parte, fuentes de la CEOE se limitaron a calificar de “positivo” que se haya “concretado” algo más el Plan de Recuperación, “una oportunidad única para “transformar y modernizar la economía española”, no sólo por los proyectos “tractores de inversión empresarial” que se pondrán en marcha, sino también por las “reformas estructurales” exigidas para recibir los fondos.
Cuatro reuniones, pocos avances
Mientras tanto, la mesa donde se discute el detalle de lo que sólo se esboza en el Plan de Recuperación continúa reuniéndose sin progresos apreciables. Gonzalo Pino habla de “atasco”. La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tampoco aprecia “avances”. Ésta es la cuarta cita de patronal, sindicatos y Trabajo, en la que la CEOE ha presentado su primera propuesta por escrito. Los sindicatos acusan a los empresarios de negarse a negociar, parapetados en su rechazo a cambiar el Estatuto de los Trabajadores tal y como quedó tras las reformas que siguieron a 2012 y a la penúltima crisis económica. La patronal, recuerda Mari Cruz Vicente, llegó a defender que era mejor esperar a que transcurrieran las elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo para evitar “distorsiones”. Pero, este miércoles, “al menos ya han pasado de hablar del ‘perímetro’ de la negociación y han entrado en materia”, revela.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avisó la semana pasada de que la patronal no va a negociar “a cachitos ni a trocitos las cosas”. “Si hay que negociar, hablemos de todo para saber dónde está el principio y el final, porque si no, nos estarán haciendo una trampa”, invitó. Los empresarios insisten en definir primero un “perímetro” de discusión en el que se incluyan todos los asuntos, no sólo la negociación colectiva y la subcontratación, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y los descuelgues salariales –es decir, los aspectos “más lesivos” de la reforma de 2012–, sino también la reducción de tipos de contratos o la lucha contra la dualidad del mercado laboral –el abuso del empleo temporal–.
Fuentes del Ministerio de Trabajo desmienten la falta de voluntad negociadora de la patronal. “Se han comprometido a mandar esta semana sus propuestas sobre flexibilidad interna, siempre que no redunden en una devaluación de los salarios, que es lo que hemos pedido, y a enviar sus observaciones respecto al último documento sobre la mesa, que incluye la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la reforma de la subcontratación”, precisan. Según las fuentes consultadas, sin embargo, la CEOE no ha presentado aún ese documento sobre flexibilidad interna.
Arbitraje obligatorio para resolver bloqueos
En cualquier caso, los debates siguen anclados en dos de los tres puntos que los sindicatos consideran fundamentales: la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa –que la reforma de 2012 invirtió–, la subcontratación y la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan y mientras se negocia su renovación–. “No vamos a ir a un acuerdo sin recuperar la prevalencia del convenio sectorial, tampoco si no se reconoce la responsabilidad de la empresa principal en la subcontratación”, subraya el dirigente de UGT. El Gobierno ha planteado que se reconozca la prioridad del convenio sectorial sólo en materia salarial, pero la patronal no quiere que se toque una coma de la actual prevalencia del convenio de empresa. Para Gonzalo Pino, lo importante es “recuperar la estructura de la negociación colectiva: manda el convenio sectorial, que marca los mínimos; el de empresa sólo podrá mejorar las condiciones del sectorial”. “Si queda claro así, da igual cómo lo llamemos”, concede. Pero hasta ahí.
CCOO, no obstante, respalda el planteamiento de Trabajo, porque considera que lo fundamental es dejar para el convenio de sector salarios, horas extraordinarias y pluses, mientras que la jornada de trabajo y las categorías profesionales pueden precisarse en los convenios de empresa.
Con la subcontratación, los sindicatos quieren aumentar la responsabilidad de la empresa madre, que ésta no pueda externalizar su actividad principal e igualar las condiciones laborales de los trabajadores de contratista y subcontratada. La patronal entiende estos cambios como una amenaza para la flexibilidad y la viabilidad de las empresas.
Sobre la ultraactividad, que la reforma laboral limitó a un año desde que caducan los convenios, está sobre la mesa la idea de que, para romper posibles bloqueos durante la renovación, se acuda con carácter obligatorio al arbitraje. UGT, de nuevo, se opone a “introducir elementos que condicionen la negociación”, indica Gonzalo Pino. Los sindicatos defienden los sistemas de mediación para resolver conflictos laborales, ante las comisiones paritarias y los servicios autonómicos y el estatal SIMA, pero siempre se han opuesto al arbitraje obligatorio, aplicado en España sólo para acabar con huelgas en sectores como el aéreo, por ejemplo.
El “empujón” de Moncloa
Para la reunión del próximo miércoles, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a hacer una síntesis de las propuestas que se han discutido hasta ahora sobre la prioridad aplicativa de los convenios. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz se felicitan por la redacción final del Plan de Recuperación, donde han salido adelante sus posiciones frente a las del Ministerio de Economía, según apuntan. Y porque, además, “Moncloa empujó” para que Nadia Calviño cedieraNadia Calviño cediera. A su juicio, el acuerdo es posible “por muy lejanas que aparentemente estén ahora las posiciones”, en referencia sobre todo a los empresarios.
CCOO, en cambio, no ve tan fácil el acercamiento. Tanto el sindicato como Trabajo juegan con el plazo del mes de junio para llegar a un acuerdo sobre los aspectos que consideran prioritarios: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la subcontratación e incluso la ultraactividad y los descuelgues. “Si hay margen, también la reducción de los tipos de contrato”, apunta el departamento de Yolanda Díaz. “No podemos entrar en el intento de la patronal de dilatar las reuniones, no tenemos tiempo”, rechaza Mari Cruz Vicente. Por eso insta al Gobierno a legislar si finalmente no hay consenso: “Están obligados a cumplir el acuerdo de gobierno”. También por los tiempos exigidos por la tramitación parlamentaria, que urgen al acuerdo antes del verano. Díaz ya ha conseguido el apoyo del PNV y está a la espera de sentarse a hablar con ERC.
Críticas de UGT
Yolanda Díaz destaca la "buena acogida" que ha tenido la reforma laboral en sus reuniones en Bruselas
Por su parte, UGT no está muy satisfecha con la estrategia de negociación del Ejecutivo en la mesa que debe derogar la reforma laboral. Le falta “contundencia”, critica Gonzalo Pino. “No veo al Gobierno legislando solo”, advierte, “no se atrevió con el teletrabajo ni con las plataformas digitales, aunque pudo haberlo hecho”teletrabajoplataformas digitales. Yolanda Díaz repite que el Ejecutivo aprobará una norma para hacer realidad la derogación de los “aspectos más lesivos” de la reforma de 2012, si no hay acuerdo en el Diálogo Social, pues ninguna de las partes puede tener derecho de veto. A diferencia de los cinco acuerdos laborales previos, la negociación en curso está resultando mucho más correosa, dado el calado de las materias, y más ardua la tarea de conseguir el sí de la CEOE.
“Parece que el Gobierno quiere contentar a los sindicatos y a la patronal al mismo tiempo”, se queja Gonzalo Pino. Dice que se evita el verbo derogar “como si fuera cometer un crimen” y se habla de “modernizar” el mercado de trabajo “para no herir sensibilidades, contentar a la CEOE y no alarmar a Europa”.
En ese afán cree que se concede ventaja a los empresarios. Ocurrió cuando se negociaban las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales y después también la ultraactividad: “El ministerio debería mantener hasta el final su planteamiento y no dejar su discusión para más adelante [la ultraactividad] o retirarlo [las plataformas digitales] cuando la CEOE dice que por ahí no entra”. El resultado de ese comportamiento, lamenta el dirigente de UGT, es que la patronal “ya sabe lo que tiene que hacer” para conseguir lo que quiere.
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