Las alarmas saltan cada vez que las estadísticas escupen los mínimos históricos de la tasa de natalidad y el elevado envejecimiento el elevado envejecimientode los españoles. El INE acaba de publicar que en los seis primeros meses de 2018 se registró la cifra más baja de nacimientos desde 1941, cuando se midió por primera vez esa variable. Cada vez nacen menos españoles: de enero a junio, sólo 179.794, un 35,5% menos que en ese intervalo hace 77 años. También se sitúa en mínimos la cifra de nacidos cuando se pone en relación con el número de defunciones: 927,09 por cada 1.000 fallecidos en 2017, un dato que no ha dejado de caer desde 2008, cuando gracias a la inmigración se alcanzaron los 1.349,57 nacimientos. Desde 2016 en España muere más gente que nace.
Aun así, la población no para de aumentar desde 2013 y en el país viven ahora 46,73 millones de personas, unos pocos menos que en enero de 2012, momento en el que alcanzó un máximo de 46,8 millones, pero muchos más que 10 años antes, cuando el INE contaba sólo 41,03 millones de personas sobre territorio nacional.
El problema es que ese crecimiento no es ni mucho menos uniforme. El litoral aumenta su población mientras las zonas del interior se vacían. Las mayores ciudades atraen habitantes, pero las áreas rurales son abandonadas. En realidad, se trata de un fenómeno que lleva décadas produciéndose en todo el mundo, aseguran los demógrafos. Aunque en ciertas zonas de España es mucho más acentuado y acuciante. Teruel y Soria claman desde hace años en el desierto demográfico y el libro La España vacía, de Sergio del Molino, devolvió a los titulares a los habitantes de pueblos que se quedan sin médico, sin escuela, sin sucursal bancaria y apenas tienen cobertura de móvil o de internet. Hacia el oeste, toda una franja que se extiende desde Asturias hasta Cáceres va encogiendo año a año consumida por el envejecimiento de quienes se quedan y la emigración de su cada vez menor número de jóvenes.
Sin embargo, la despoblación no es un fenómeno que padezcan sólo los núcleos más pequeños. “Desde 2011 entre el 70% y el 75% de los municipios españoles pierden población”, corrige Ignacio Molina, geógrafo y director de Análisis del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Es más, 35 de las 50 capitales de provincia llevan una década perdiendo vecinos, “algunas porque sus habitantes se mudan a su contexto periurbano, pero en otras es toda el área urbana la que se reduce”, añade. También las cabeceras comarcales de entre 5.000 y 20.000 habitantes pierden residentes de forma generalizada. Y no hay ninguna comunidad autónoma que se quede al margen de la crisis demográfica, destaca Molina: bien por el envejecimiento, bien por la despoblación, bien por una mezcla de los dos problemas, bien porque, como sucede en dirección contraria, en Baleares, 1,5 millones de habitantes tienen que hacer frente a los efectos de una población flotante y estacional de 15 millones de personas.
Diego Ramiro, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, recuerda que los niveles de urbanización en Europa y Norteamérica alcanzan el 80%; el 60% en los países en desarrollo. En España es un proceso que se retrotrae a los años 20 y tuvo su apogeo en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo. Incluso no tiene por qué afectar sólo a los pueblos pequeños. Ramiro cita el ejemplo de Detroit, en Estados Unidos, donde ya hay zonas deshabitadas dentro de la misma ciudad, hoy un fantasma de la gran capital del automóvil que fue tras perder el 60% de su población en los últimos 50 años.
1.360 pueblos con menos de 100 vecinos
En España, son 12 las provincias que han perdido habitantes desde 2002 hasta el pasado mes de julio, último registro publicado por el INE. Las que más, en números absolutos, Asturias, cuya población se ha reducido en 38.415 personas, y Ourense, con 30.050 vecinos menos. Les siguen Lugo –27.349 residentes menos– y Zamora –23.763–. León ha perdido una cifra parecida –23.755–. Palencia y Salamanca, casi los mismos habitantes: 12.571 y 12.331, respectivamente. Completan la lista, bajando de los 10.000, Cáceres, Teruel, Ávila, Jaén y Soria. Porcentualmente, en cambio, Zamora es la provincia que más moradores ha perdido desde 2002, un 12%. Ourense, casi un 9%.
Pero también hay otras maneras de medir la España deshabitada. Bruselas considera áreas escasamente pobladas aquéllas con una densidad por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ésas son Teruel, Soria y Cuenca. Sin embargo, según las investigaciones de Pilar Burillo, de la Universidad de Zaragoza, en realidad hay ocho áreas con una densidad aún menor, de 9,35 habitantes por kilómetro cuadrado: 2,55 millones de personas diseminadas en 273.232 kilómetros cuadrados. O dicho de otro modo, el 5% de la población española se dispersa en el 53% del territorio nacional. Burillo incluye zonas de Burgos, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Castellón, Valencia, La Rioja, Valladolid y Badajoz. Y destaca que en áreas de Soria y Teruel la densidad desciende a 7,2 habitantes/km2 y en otras de Ourense, Zamora o Salamanca, a 7,58 habitantes/km2. Es decir, por debajo de los ocho habitantes/km2 que han colocado a Laponia como la región más deshabitada de Europa.
La pérdida de músculo de la España rural queda patente, además, cuando el foco se pone en el tamaño de los municipios. La mitad de los 8.124 que existen en España tienen menos de 500 habitantes, un número que ha crecido un 47% desde 2000. Además, de esos 3.991 pueblos, 1.364 no superan los 100 vecinos. Son 406 más de los que había en 2000. Y si se reparten esas cifras por provincias, el paisaje se revela desolador. En Soria, el 89,6% de sus pueblos tienen menos de 500 habitantes; en Teruel, el 83%; en Burgos, Salamanca y Guadalajara, superan el 85%; en Ávila representan el 84,7%.
Teniendo en cuenta que la edad media de los vecinos de los pueblos de menos de 100 habitantes de Zamora es de 62,2 años, la mayor de España –cuatro años superior a la media de los pueblos zamoranos de entre 100 y 500 habitantes–, y que en Ávila y León alcanza los 60 años, resulta clara la urgencia del problema. En la provincia de Ourense, el 38% de sus habitantes supera los 60 años. En la de Lugo, los mayores de esa edad equivalen al 36% de la población.
Cómo poner freno al fenómeno
Pese a que los demógrafos consideran un proceso “natural” el desplazamiento de los humanos a los lugares donde pueden encontrar mejores condiciones de vida, hay quien se ha empeñado en poner freno al vaciamiento de las zonas rurales.
Hace dos años las patronales de Teruel, Soria y Cuenca crearon SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, por sus siglas en inglés), un lobby o grupo de presión al uso, para intentar convertir sus provincias en territorios “atractivos donde vivir, trabajar, invertir y crecer”. Porque sin vecinos no hay servicios ni oportunidades laborales, y sin servicios ni infraestructuras no hay actividad económica o la que sobrevive es poco competitiva. Un círculo vicioso que expulsa a los habitantes de los pueblos y disuade a los urbanitas que podrían querer trasladarse en busca de un entorno más tranquilo o más natural. El resultado es el abandono del patrimonio histórico y monumental de miles de pueblos, pero también de valiosísimos recursos naturales. “Las zonas rurales de España son tremendamente ricas y no podemos permitirnos tanto potencial baldío, con un 80% del territorio sin poner a funcionar”, protesta José Guillén, responsable de Despoblación de la CEOE de Teruel.
El enfoque de la SSPA se centra en generar las condiciones para que se desarrolle actividad económica y ésta, a su vez, cree empleo. “Entonces llegarán los servicios”, asegura Guillén. El lobby tiene como modelo la agencia de desarrollo rural creada en Escocia en 1965, Highlands and Islands Enterprise, que ha conseguido aumentar un 22% la población en las Tierras Altas. En ese mismo plazo, lamenta el responsable de CEOE, los habitantes de Teruel han disminuido un 34%. Se trata de una agencia autónoma, con un presupuesto pequeño –75,7 millones de euros–, dirigida por técnicos, – por tanto, no sujeta a vaivenes políticos, destaca José Guillén– y que aglutina todas la políticas de desarrollo rural, desde la vivienda hasta el medioambiente y la economía.
En cambio, Ignacio Molina cree que ningún modelo extranjero es “directamente exportable” a las zonas más deshabitadas de España. “En Escocia no hay nada parecido al efecto que tiene Madrid aquí, por ejemplo”, rebate, y en Laponia “nunca hubo mucha gente, no ha sufrido despoblación”. Luis del Romero, investigador de la Universidad de Valencia y autor del libro Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido, tampoco considera trasladable el modelo escocés. “Los países del norte hacen trampas”, replica, “porque sus sistemas rurales no operan en el capitalismo, no compiten en el mercado global por tantas subvenciones e incentivos como reciben”.
Por contra, prefiere las políticas desarrolladas en Francia, Canadá o incluso Austria. “Cuando aquí se critica el excesivo número de municipios y se pide que se fusionen, resulta que en Francia hay 30.000, la presencia del Estado en las zonas rurales es mucho más potente”, explica Del Romero, “de hecho, el medio rural francés está totalmente mimado y su capacidad de movilización es mucho mayor”, como se ha visto con las protestas de los chalecos amarillos, que prendió en las regiones con menos población y servicios. “En España, en cambio, el sector rural ha sido maltratado históricamente”, critica.
Más allá de la economía y del empleo
Para este investigador de la Universidad de Valencia, el problema de la despoblación rural va más allá del factor meramente económico o laboral. “Es cultural y educativo”. Los jóvenes también se marchan de zonas rurales con turismo, trabajo, infraestructuras y servicios, apunta. Y aquí coinciden la CEOE, el comisionado del Gobierno y el demógrafo del CSIC: hace falta un cambio de mentalidad que haga desaparecer el estereotipo de que “sólo se queda en el pueblo el tonto, el que no estudia y los más listos o preparados huyen”. “Eso no lo escuchas en Francia, sino todo lo contrario: el más afortunado es quien se evita los inconvenientes de vivir en una gran ciudad”, sostiene Luis del Romero, y lo corrobora Ignacio Molina: “En Francia y Países Bajos el medio rural está vinculado al éxito y al prestigio”.
Del Romero reclama que se incluya una “perspectiva rural” en las políticas y en las leyes, del mismo modo que ya se incluye una perspectiva de género. Ignacio Molina lo llama “perspectiva demográfica”. A su juicio, habría que adaptar las políticas y las normas a la “realidad del territorio”. Da igual cuántas ayudas ofrezca la Unión Europea si en un pueblo pequeño “el alcalde es un señor que no cobra y el secretario no tiene conocimientos suficientes para solicitarlas”, advierte. José Guillén habla tanto de normativa o de hándicaps burocráticos como de impuestos. “No puede tener el mismo tratamiento fiscal una pyme rural que fabrica mermeladas artesanas que una multinacional”, se queja.
La patronal pide incentivos a la inversión, pero también mecanismos eficaces de gestión. Millones en subvenciones han fluido “a raudales” desde la Unión Europa hacia la España rural en las últimas tres décadas, pero se utilizaron para “construir polideportivos, piscinas o polígonos industriales ahora vacíos”, recuerda Luis del Romero. Infraestructuras sin sentido que no han redundado en un aumento de la población o en la mejora de las condiciones de vida. O subvenciones para abrir casas rurales que, o no prosperaron o “a los seis meses eran propiedad de quien las arregló”, censura.
Guillén lamenta que la mala gestión llegara incluso más allá, con un uso incorrecto de los fondos de cohesión territorial. Mientras la Comunidad Valenciana recibía un 75% de financiación al ser considerada Objetivo 1 –las regiones con una renta per cápita inferior al 75% de la media europea–, Teruel sólo optaba al 50% por estar situada en una comunidad autónoma considerada “rica”, gracias al empuje de Zaragoza. “Lo mismo le ha ocurrido a Castilla y León”, asegura el responsable de CEOE Teruel, quien critica la inexistencia de mecanismos de compensación interna para evitar estos desajustes. Por eso pide también que se cambien los indicadores utilizados para medir este desequilibrio porque, a su juicio, no son “ilustrativos” ni el PIB per cápita ni la densidad de población.
El Gobierno ha anunciado una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para la próxima primavera y promueve un Pacto de Estado para combatir el declive de la España rural. Molina propone coordinar a todas las administraciones y a la sociedad civil con una visión “transversal” para aplicar medidas concretas. “Hacen falta respuestas ya”, apremia. Incentivos fiscales para favorecer el empleo y la implantación de internet en todo el territorio son algunas de ellas. Guillén y Del Romero aprueban que se proponga una estrategia nacional y transversal. “La banda ancha es fundamental, es como el agua corriente de hace 80 años”, resalta el responsable de la CEOE. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la penetración de la banda ancha de internet en municipios con menos de 1.000 habitantes es sólo de 17,1 líneas por cada 100 vecinos, mientras que en Barcelona se alcanzan las 45,2 líneas. La media nacional es de 29,8.
El investigador de la Universidad de Valencia critica que sólo exista política de vivienda en las ciudades. Y que la grandes empresas estén “ausentes” en el debate, pese a considerarlas “responsables del vaciamiento demográfico por sus políticas hidráulicas y forestales”. Las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, no se construyeron gracias a expropiaciones con precios justos, después generan muy pocos empleos y no pagan por el impacto que producen en la zona, reprocha. A Telefónica cuesta convencerla de que cubra áreas donde no hay una masa suficiente de vecinos, continúa. Y los bancos están dejando sin sucursales a buena parte de los pueblos.
Que vengan, de la ciudad o del extranjero
Además, José Guillén sostiene que será “imprescindible” hacer “trasvases de población”. Con los nacimientos actuales no es suficiente. Mientras en Zamora no se registran más que 335,19 nacimientos por cada 1.000 defunciones, en Almería se disparan hasta 1.452,55 y en Murcia hasta 1.309,49. En Madrid ascienden a 1.286,52. “Da igual que [el repoblador] sea un español que venga de la ciudad o un extranjero”, continúa. Del Romero le secunda. “Hace falta una nueva Carta Puebla”, indica, en referencia a los documentos donde los señores feudales fijaban las condiciones para la repoblación de las zonas que conquistaban a los musulmanes. Aunque para captar vecinos es necesario garantizar que los habitantes de los pueblos tienen los mismos derechos y deberes que los de las ciudades. “Ahora se encuentran a años luz”, reprueba.
La edad media de la población en España supera por primera vez los 43 años
Pero cómo atraer familias a los pueblos, por muy idílicos que sean sus paisajes y muy tranquila la vida cotidiana, si para un médico –o cualquier otro profesional– el traslado supone una pérdida de oportunidades laborales y cobrar lo mismo que otro de la ciudad pese a que quizá deba recorrerse cuatro o cinco pueblos y más de 100 kilómetros para visitar a sus pacientes, se pregunta Del Romero. También apunta que muchos de losneorrurales, más que atraídos por el campo, están huyendo de las ciudades porque se quedaron sin trabajo, se divorciaron, tenían deudas u otro tipo de problemas “que no se resuelven en el pueblo”. Vivir en estas zonas no es tan idílico como pueda parecer. La agricultura y la ganadería, que suelen ser casi la única actividad, son actividades duras y las oportunidades de ocio y entretenimiento, limitadas. Muchos lo intentan y desisten. También ha habido proyectos para repoblar con inmigrantes zonas muy envejecidas y aisladas. No siempre han dado buenos resultados. Luis del Romero entiende que quienes mejor se adaptan son los inmigrantes que proceden de áreas rurales en sus propios países.
José Guillén cuenta la historia de un astrofísico que dejó el Instituto de Astrofísica de Canarias para trabajar en el del Pico del Buitre en Teruel. El cambio le supuso un recorte del 30% en el sueldo, además de tener que prescindir de las ventajas en el IVA y otros beneficios de que gozan los residentes en las islas. “Pero se trata del puesto que necesito para mi carrera profesional”, le dijo al dirigente empresarial. “Pues éste es el neorrural que nos hace falta”, aplaude Guillén, quien acude de nuevo al ejemplo escocés. Las Tierras Altas se han convertido en referente universitario en Reino Unido para asistencia médica y diagnóstico telemáticos, así como en atención geriátrica. También la España rural despoblada, invita el responsable empresarial, debe encontrar sus propios nichos de desarrollo.
En opinión de Ignacio Molina, el regreso al pueblo tiene una “capacidad limitada” para resolver un problema que es histórico. “Primero habrá que conseguir que los que están se queden; entonces la vida rural también será atractiva para los que quieran trasladarse”, resume. Las comunidades más afectadas reclaman que la despoblación y la dispersión demográfica cuenten a la hora de repartir los fondos del sistema de financiación autonómica, que se encuentra pendiente de reforma. Además, el año que viene se abre el próximo periodo de programación de los fondos europeos. Combustible doble para combatir el vaciamiento de amplias zonas de España, una tarea titánica. El demógrafo Diego Ramiro admite que, pese a los esfuerzos institucionales y debido a las cada vez mayores facilidades para desplazarse, la España rural “nunca volverá a contar con la población que tenía en los años 50”.
Las alarmas saltan cada vez que las estadísticas escupen los mínimos históricos de la tasa de natalidad y el elevado envejecimiento el elevado envejecimientode los españoles. El INE acaba de publicar que en los seis primeros meses de 2018 se registró la cifra más baja de nacimientos desde 1941, cuando se midió por primera vez esa variable. Cada vez nacen menos españoles: de enero a junio, sólo 179.794, un 35,5% menos que en ese intervalo hace 77 años. También se sitúa en mínimos la cifra de nacidos cuando se pone en relación con el número de defunciones: 927,09 por cada 1.000 fallecidos en 2017, un dato que no ha dejado de caer desde 2008, cuando gracias a la inmigración se alcanzaron los 1.349,57 nacimientos. Desde 2016 en España muere más gente que nace.