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Hace justo un año, en mayo de 2020, arrancó una campaña impulsada por el Ministerio de Trabajo para inspeccionar "casos de explotación laboral" o "incluso esclavitud" en las explotaciones agrarias. Los entrecomillados son de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fue amenazada por patronales como Asaja con "sacar los tractores a la carretera" si no detenía las visitas de la Inspección de Trabajo. Y la realidad es que los números le dan la razón, si acaso no se queda corta, como apuntan UGT o CCOO.
En lo que va de 2021, Yolanda Díaz ha quintuplicado las inspecciones de trabajo en el campo con relación a los siete primeros meses de 2020 (de mayo a diciembre). Entonces se habían producido 1.647 inspecciones y ahora, en los cinco primeros meses del año, la cifra se ha disparado hasta las 9.155 visitas. La Inspección de Trabajo ha crecido 455% más, lo que da buena cuenta tanto del esfuerzo realizado por el organismo autónomo como de la realidad agraria en España.
Prácticamente una de cada tres visitas de la Inspección termina en multa. Esto es, detectándose casos de fraude laboral: en total, 2.862 infracciones de enero a mayo de 2021 frente a 1.178 sanciones de mayo a diciembre de 2020. Un 140% más.
Son datos confirmados por Trabajo. "No todas las inspecciones [de las 9.155 iniciadas hasta ahora] han finalizado, algunas todavía siguen en marcha", informan en el ministerio. El importe de las sanciones arroja que la labor de la Inspección ha dado sus frutos. A finales de diciembre se habían recaudado 7,2 millones (7.274.540,03 euros) por infracciones debido al fraude laboral. Ahora la cuantía asciende a 17,1 millones de euros (17.138.663,93 euros). Más del doble.
La campaña, explican en Trabajo, persigue detectar "la economía irregular" e incluye "diferentes aspectos como seguridad laboral y de salud o las condiciones de los alojamientos puestos a disposición por los empresarios, entre otros, con el objetivo de perseguir un trabajo decente".
Otra manera de comprobar el aumento de las visitas del ministerio es yendo a las noticias que se publican, la mayoría en medios locales o regionales. La esclavitud a la que apuntaba Yolanda Díaz hace un año en ocasiones es un hecho patente. En febrero un empresario fue detenido en Murcia por tener a jornaleros 13 horas al día por 15 euros y sin contrato. En abril fue detenido el responsable de una ETT en la misma región. Dada la importancia de la agricultura en la Región de Murcia, los casos de fraude proliferan, como la detención del jefe de una cuadrilla agrícola por explotación laboral de inmigrantes ilegales, también de abril. Y a veces se producen no solo casos de explotación laboral, sino además agresiones sexuales. El pasado 5 de mayo un empresario de Almería fue detenido por acoso sexual. Este último pagaba tres euros la hora.
En la provincia de Valladolid, un matrimonio sexagenario fue detenido en marzo por tener a extranjeros sin papeles 18 horas diarias bajo un techo de uralita sin agua ni luz. Hace un mes fue desarticulada en Albacete una trama dedicada a la trata de seres humanos que afectaba a dos familias con fincas agrícolas y a una gestoría especializada en trámites de extranjería
Son noticias escogidas al azar que revelan que en España no solo hay fraude laboral o contratación irregular, sino directamente explotación de personas, cuando no esclavitud. "Las inspecciones son bienvenidas, son un paso adelante", proclama el responsable del sector agrario de UGT en Andalucía, Emilio Terrón, por teléfono desde Valencia, donde se celebra el 43º congreso federal de su sindicato.
"Y aun así, son insuficientes", añade el sindicalista. "Se están visitando solo determinados centros, los que abusan más de los contratos. Pero hay una gran cantidad de empresas donde se produce fraude laboral masivamente y donde los trabajadores temporales podrían ser fijos discontinuos, en vez de eventuales. Ahí hay que ir también".
Episodios de tensión
El Ministerio de Trabajo sufre un ciberataque
Las tensiones en el campo son cada vez más evidentes, y no solo por el precio de los productos, lo que provocó una serie de protestas a nivel nacional justo antes de la irrupción de la pandemia, el año pasado. Una huelga del sector del campo y del manipulado convocada en diciembre pasado en Vícar (Almería) dejó episodios en los que la violencia estuvo a punto de estallar por parte de algunos empresarios.
Emilio Terrón denuncia la "necesidad de mano de obra extranjera" por parte de los empresarios agrícolas y la falta de inspecciones. "En la huelga de Almería estuve yo. Se nota que no están acostumbrados". Pide que las inspecciones sean "permanentes y no esporádicas". Y que se intensifiquen según la campaña: "Ahora estamos con los frutos rojos en Huelva, luego la aceituna, después el melón, a continuación la fresa. Y todo eso mueve a decenas de miles".
UGT y CCOO defienden las inspecciones, pero las patronales o colectivos agrarios como Asaja o Coag despotrican contra el Gobierno a pesar de los datos. Portales agrarios como este titulan piezas así: Inspección de trabajo: están pidiendo la presentación de 11 documentos en cinco días. Expertos jurídicos de Asaja hablan de "persecución", a pesar de los datos que arrojan las inspecciones. Este medio ha pedido a Asaja una valoración de las visitas de los inspectores, pero no ha obtenido respuesta.
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