La atención especializada, integral y centralizada a las víctimas de violencia sexual tendrá que esperar. Una de las grandes promesas en materia de igualdad esta legislatura fue la creación de centros de atención a las víctimas de violencia sexual, los conocidos como centros de crisis. Sobre el papel, cada provincia tendría que construir y poner en funcionamiento al menos un centro de estas características antes del próximo mes de diciembre, pero el plazo concedido no ha sido suficiente y las comunidades han pedido prorrogarlo un año más.
A dos meses de que finalice tiempo acordado, la Comisión Europea ha aprobado "una adenda que ha prorrogado la puesta en funcionamiento de los centros de crisis a diciembre de 2024", señalan fuentes del Ministerio de Igualdad. Es la respuesta a una "petición en cadena que hicieron las comunidades" y que el Estado ha negociado con la Unión Europea. "Para Igualdad no es una buena noticia que tengamos que esperar un año más para que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a su derecho a la atención especializada", han reconocido las mismas voces, quienes en cambio admiten que en caso de vencer el plazo inicial sin que las comunidades hayan cumplido, los fondos transferidos a tal efecto se perderían.
Desde 2021, se han transferido alrededor de 83 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de estos centros de crisis. Se trata de una medida prevista en el Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, contenido en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
A pesar de ser un evidente contratiempo, el equipo de Irene Montero considera justificada la petición de las comunidades. No es sólo una cuestión de falta de voluntad, conceden, sino que se entrecruzan elementos de peso como problemas con los suministros o la carestía debido a la inflación.
Cuatro años del primer centro
En 2019 nació en Madrid el primer centro de crisis y en un año está previsto que existan, al menos, cincuenta y cuatro. Quizá más: Canarias, por ejemplo, planea abrir cinco, según fuentes de Igualdad. Algunas comunidades sí han cumplido ya. Madrid inauguró a finales de septiembre su segundo centro y han abierto sus puertas otros en Cantabria y Navarra. Aragón planea hacerlo próximamente y en Cataluña se están adaptando los centros propios que ya existían al modelo reglado de centro de crisis.
La ley del sólo sí es sí expone que los citados centros brindarán "atención psicológica, jurídica y social", pero además, bajo criterios de "atención permanente y actuación urgente, proveerán apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno". Contarán con un equipo multidisciplinar de profesionales y podrán llamar a sus puertas no sólo las víctimas de agresiones recientes, sino también mujeres que hayan sufrido ataques en el pasado.
Aunque es la ley la encargada de oficializar la existencia de estos recursos, lo cierto es que se trata de una demanda que lleva años planteándose. El Consejo de Europa lleva años instando a que se ponga en marcha al menos un centro de crisis por cada 200.000 mujeres o uno en cada provincia, mientras que Amnistía Internacional ya denunció hace un lustro la ausencia de políticas públicas en la lucha contra la violencia sexual, poniendo de relieve la necesidad de caminar hacia una red de centros de estas características.
La atención especializada, integral y centralizada a las víctimas de violencia sexual tendrá que esperar. Una de las grandes promesas en materia de igualdad esta legislatura fue la creación de centros de atención a las víctimas de violencia sexual, los conocidos como centros de crisis. Sobre el papel, cada provincia tendría que construir y poner en funcionamiento al menos un centro de estas características antes del próximo mes de diciembre, pero el plazo concedido no ha sido suficiente y las comunidades han pedido prorrogarlo un año más.