La bandera arcoíris entra en las instituciones en forma de pancartas y lonas para esquivar la cruzada ultra

"Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía". Son palabras de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI. El alcalde al que se refiere, es el madrileño José Luis Martínez Almeida. Y la enseña a la que alude, la arcoíris, que lleva sin ondear en la fachada del consistorio desde 2019. Tampoco lo hará en la sede del Gobierno regional, aunque Isabel Díaz Ayuso sí iluminará la Casa de Correos. Y no estarán presentes sus colores en las Cortes de Castilla y León, después de que la extrema derecha, que preside la cámara autonómica, rechazase homenajear al colectivo en su día. La presidencia del parlamento de la comunidad llegó a pedir este martes a los socialistas que quitaran la bandera de las ventanas de sus despachos.

La batalla contra la bandera, símbolo del colectivo LGTBI, se libra en el campo político y en el judicial, gracias a la perseverancia de los partidos conservadores y las entidades ultracatólicas. Tienen la repulsa de los colectivos y la sociedad general –este lunes, un centenar de personas se concentraron por la noche ante las Cortes de Castilla y León para iluminarlas con los colores del colectivo–, pero también la perspicacia de los regidores que no quieren renunciar a presumir de los colores del arcoíris. Ya no ondean banderas, cuelgan lonas y pancartas.

Una de las claves está en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una reciente sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza. Este dictamen lo cita la propia Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, en una circular remitida a los distritos de la ciudad, donde indica la posibilidad de colgar pancartas en los edificios oficiales, pero no banderas. ¿Por qué? La sentencia aragonesa deja claro que una pancarta y una bandera "no son equiparables", abriendo así una oportunidad para los colores arcoíris: quizá no como bandera, pero sí podrán entrar en los edificios públicos adoptando otras formas. 

El razonamiento lo hace tomando como base una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2020. Aquel fallo condenaba al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por colgar frente a su sede la bandera nacional de Canarias, con siete estrellas verdes. La sentencia concluía que este acto contravino el ordenamiento jurídico porque "no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario". Aquella resolución judicial sentó doctrina y Abogados Cristianos no tardó en usarla para su batalla en los tribunales contra el símbolo multicolor.

El TSJA viene a cuestionar que la argumentación del Tribunal Supremo sea válida para todos los supuestos. "La sala no puede" equiparar "pancarta a bandera", sostienen los magistrados. "Si no queremos caer en una interpretación que nos lleve al absurdo, hemos de convenir" que una cosa "es una bandera y otra muy distinta una pancarta", abundan. El tribunal apela a una definición puramente semántica y descriptiva de la enseña: "Una tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a una asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución". Además, completan los jueces, "si observamos la ley de banderas, la misma no confunde en ningún momento bandera con otro tipo de señal o emblema" y en todos los preceptos "habla de enarbolar y ondear, algo que solo puede hacer una bandera". 

Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional, cree que la sentencia aragonesa "puede ser buena para el objetivo" de mantener el guiño hacia el colectivo en estas fechas esquivando la confrontación con las entidades ultracatólicas, pero las conclusiones de los jueces se le quedan cortas. El TSJ de Aragón cree que la colocación de la bandera no contraviene el principio de neutralidad ideológica, porque se apoya sobre una ley autonómica que llama a las instituciones a proteger al colectivo LGTBI. Este razonamiento, sin embargo, no sería aplicable en todas las regiones por igual: aquellas donde no existan leyes específicas contra la LGTBIfobia, quedarían desprotegidas.

"No hace falta buscar amparo en una ley: es un símbolo de apoyo a un colectivo tradicionalmente estigmatizado", así que el gesto tendría cobijo en la propia Constitución, estima el catedrático. Además, la administración "no tiene que ser neutral en términos de discriminación: no hablamos de política, sino de derechos humanos y ahí los poderes públicos no son meros espectadores". 

Por otro lado, considera que el concepto de bandera ha de aplicarse desde una perspectiva más estricta, en base a la propia ley de banderas. La LGTBI no es la bandera de un país, ni de una ciudad, ni de una comunidad, sino que se utiliza la palabra "bandera como término coloquial", interpreta el constitucionalista. 

Lonas y pancartas

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La enseña que colgó el Ayuntamiento de Zaragoza de su balcón no era, según los tribunales, exactamente una bandera: ni ondeaba agarrada a un mástil, ni estaba al mismo nivel que las oficiales. El mismo formato lo han seguido este año muchas otras instituciones: el Consell de Mallorca luce una enseña idéntica, también la Delegación del Gobierno de Extremadura, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Teruel, el de Toledo y el de Palma. Otros directamente han omitido la palabra "bandera", para no dejar lugar a dudas. "Hoy he tenido el honor de desplegar esta bonita pancarta por el Orgullo en el Ayuntamiento de Móstoles", decía en redes sociales el diputado socialista de la Asamblea de Madrid Santiago Rivero. El Ministerio de Igualdad comunicó, a través de una nota de prensa, haber colocado en la fachada del ministerio "lonas con los colores LGTBI y trans". Este mismo 28 de junio, día oficial del Orgullo LGTBI, dos vistosas telas colgaron de la fachada de la Moncloa: el Ministerio de la Presidencia "luce ya los colores del Orgullo LGTBI", publicaba el departamento en redes sociales, una vez más esquivando la palabra "bandera".

A Uge Sangil le hiere la cruzada ultra contra una bandera que, entiende, pertenece a toda la ciudadanía. "La homofobia institucional existe", dice en conversación con infoLibre. El símbolo "representa los derechos humanos" y lanza un mensaje claro: las instituciones están con el colectivo. Rechazar colgarla de las fachadas, lanza a su juicio un mensaje peligroso. "¿Madrid no es una ciudad respetuosa?", se pregunta. "No me vale con iluminar la Cibeles, quiero mi bandera en el Ayuntamiento, que es mi casa", subraya. 

Sangil no termina de entender la diferencia entre bandera y pancarta. "Si miro al ministerio, veo banderas", asiente y pide que "las instituciones sean valientes". Charo Alises, abogada de la FELGTBI, cree que echar mano de trucos para esquivar la cruzada ultra no solo es "injusto", sino que se trata de simples "parches". "El verdadero argumento debería ser que la libertad sexual no es una ideología, que ser LGTBI no es pertenecer a ningún partido. Es una cuestión de derechos humanos. Hasta que no se diga eso lo demás son parches", zanja.