En su último libro, Beatriz Gimeno (Madrid, 1962) da cuenta de la frustración feminista ante la violencia contra las mujeres, del golpe que asesta cada asesinato y la impotencia ante los fracasos del sistema. Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022) es capaz de retratar el dolor colectivo de la violencia machista precisamente porque va a la raíz del problema: la violencia instalada en lo más profundo de las instituciones.
La escritora, activista y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid publica un ensayo que recoge algunas de las más indignantes muestras de violencia institucional contra las mujeres, especialmente aquellas que se reproducen en los tribunales. Habla de violencia vicaria, abusos sexuales y estereotipos de género. Para ello desempolva algunas sentencias y maniobras judiciales que parecen casi rozar la ficción. También desempeña, en las algo más de 200 páginas del libro, un ejercicio de memoria y reconocimiento a las víctimas que no siempre ocupan titulares.
¿En qué consiste la violencia institucional?
Hay violencia institucional en cualquier actuación de las instituciones en la que no se reconozca la perspectiva de género. Eso es una definición simple de violencia institucional, obviamente hay distintos grados, hay violencia económica, simbólica, cultural, etc.
¿Por qué existen tantas resistencias a la hora de reconocerla?
Es grave reconocer que es el propio Estado el que ejerce esta violencia. Eso implicaría tener que tomar medidas para abolirla y las instituciones se resisten a hacer cambios radicales, siempre son conservadoras y siempre tienden –a no ser que se las presione mucho– a proteger poderes conservadores y el statu quo. Hay miedo a reconocer que las instituciones puedan ejercer esa violencia porque implicaría que hay que combatirla.
Hay miedo a reconocer que las instituciones puedan ejercer violencia contra las mujeres porque implicaría que hay que combatirla.
En el libro afirma que los recortes presupuestarios son violencia institucional. Frente a eso, existe un sector importante de la sociedad y la política que clama al cielo con asuntos como los 20.000 millones de presupuesto anunciado por el Ministerio de Igualdad.
Para superar la desigualdad hay que aplicar la perspectiva de género y eso implica invertir. Si los recortes terminan agrandando la desigualdad, es obvio que es una violencia que se ejerce contra las mujeres. ¿Por qué las críticas? El feminismo está produciendo una herida en la subjetividad masculina. En esta época de desigualdad económica y de rapiña neoliberal, en la que muchos hombres ven que el suelo se mueve debajo de sus pies y que hay una precarización de la vida material, el feminismo contribuye a agrandar una herida subjetiva en el yo. Si no tienes nada, por lo menos una identidad masculina reconocida como superior te daba cierta consistencia vital. Que el feminismo precarice también esas identidades masculinas produce una herida y los hombres reaccionan. Parte del antifeminismo que estamos viviendo tiene que ver con que la precarización neoliberal, sumada a esa herida, genera odio y miedo en muchos hombres.
Habla de violencia vicaria y de violencia de género contra los menores. ¿Qué nos enseñan casos como el de Sueca?
No es muy distinto que otros que ha habido. Puede que hubiera una falta de coordinación, pero lo que hay desde luego es una falta de interés. Jueces y juezas que estén a cargo de casos en los que haya una sospecha de violencia de género tienen que ser especialmente cuidadosos y saber que los niños y las niñas son víctimas de violencia de género. Sobre todo no dejarse llevar por el prejuicio y el estereotipo de que es mejor cualquier padre, aunque sea un maltratador. Que un niño o una niña necesita tener relación con su padre. Esto es falso y además es peligroso. Es mejor no tener padre a tener un padre maltratador. Eso es lo que más está costando. Este caso es igual que otros tantos por los que la ONU ha condenado a España.
Habla precisamente de la importancia de introducir la perspectiva de género en los tribunales. ¿Por qué no está? ¿Es un problema individual de algunos operadores jurídicos o estamos ante un problema estructural?
Es un problema estructural, porque además no son solo los operadores jurídicos, hay muchos en el camino. Desde pediatras, médicos, servicios sociales, fiscales… hay un patrón, la falta de perspectiva de género en las instituciones en general. Desde luego es estructural que el Estado no se haya preocupado por formar a todo el personal que entre en contacto con mujeres o niños que denuncien maltrato o abuso. Ya tenemos las leyes, pero hay que ir más allá.
Una vez que se prohibió en la nueva Ley de infancia dar custodias compartidas a hombres maltratadores, hubo un caso en que la jueza dijo que como no podía otorgar la custodia compartida, porque tenía una condena por maltrato, se la daba entera. Las leyes que vayamos aprobando no son todo lo útiles que podrían ser si el Estado no se preocupa de que se apliquen adecuadamente. Los poderes públicos tienen que obligar a que la formación sea extensa y obligatoria para impedir tomar decisiones que no tengan en cuenta la perspectiva de género, pero también una visión de los derechos de la infancia, sobre todo en los casos de los abusos sexuales.
Usted es muy crítica con la idea de "aplicar la norma por igual a todo el mundo". ¿Qué hay de erróneo en esa premisa?
Va en contra de lo básico del feminismo, pero también del antirracismo y de los derechos humanos. En realidad esa idea va en contra de la igualdad, que consiste en tratar a la gente también según sus necesidades y su situación. Pero hay mucha gente que lo ve así, claro. El decano del Consejo de Abogados de Madrid dijo a la ministra [de Igualdad, Irene Montero] que la ley no tiene que ser feminista, la ley tiene que ser justa. Pero sin feminismo no hay ley justa, eso está claro. La norma tiene que tener perspectiva de género o no será justa. Eso lo dicen los tratados y convenios internacionales que hemos firmado.
La norma tiene que tener perspectiva de género o no será justa.
Además de los juzgados, muchas mujeres han hablado de desconfianza en las autoridades. El último informe del Defensor del Pueblo menciona las reiteradas quejas de víctimas que acuden a la Policía, por el cuestionamiento de las fuerzas de seguridad. ¿Hay un problema también en ese ámbito?
No es toda la policía, como no son todos los jueces. No tendría ni que decirlo. Hay policía especializada y que se deja la piel. Siendo directora del Instituto de las Mujeres, pero también como diputada y feminista, he conocido a muchos policías especializados que lo hacen muy bien. Pero hay muchos policías que no, igual que hay muchos pediatras. Si un policía tiene la idea de que las mujeres tienden a exagerar, que pueden ser mentirosas, manipuladoras, que denuncian para perjudicar a los hombres, que la violencia está sobredimensionada… evidentemente luego no van a ser los más amigables ni los más útiles a la hora de proteger a las mujeres. No creo que sea un problema de la policía, pero es verdad que sigue habiendo montones de prejuicios que se transmiten, van creciendo y la gente se los acaba creyendo.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo pone en cuestión la práctica de los vientres de alquiler. En España es ilegal, pero seguimos teniendo agencias que la promocionan y una instrucción permite registrar a los bebés nacidos a partir de la gestación subrogada en otros países. ¿Qué más hace falta para desterrar del todo los vientres de alquiler?
Que haya voluntad política. Hay muchos intereses. Hace años, una ministra socialista se tomó en serio el tema de los vientres de alquiler y quiso prohibirlos. Quiso prohibir las ferias y revertir la famosa instrucción que permite la inscripción. Yo la conozco y me contó cómo le fue imposible. El Gobierno estaba dividido y hubo una presión enorme por parte de todas las empresas que tienen intereses, no solo las dedicadas a los vientres de alquiler específicamente, hay empresas de medicina reproductiva con muchos intereses. Ella me contó que hubo una presión horrorosa de un lobby económicamente muy potente con muchas relaciones con el ámbito sanitario y eso funcionó, ella tuvo que echarse para atrás. Dentro de los Gobiernos hay personas que están claramente en contra, sobre todo las que tienen más formación feminista, y luego hay otras que les da más igual y son más sensibles a las presiones. Lo que tiene que ocurrir es que el Gobierno entero esté claramente en contra y haya voluntad política. No hay más que eso.
Imagino que el nombre de esa ministra queda para el ámbito privado…
Sí.
Usted misma denunció recientemente un curso sobre el Síndrome de Alienación Parental en Madrid. ¿Gobiernos como el de Ayuso ponen en riesgo los avances en igualdad?
Sí. El curso se retiró, pero desde luego no se han retirado los conciertos que tiene la Comunidad de Madrid para formaciones con la escuela de coordinación de parentalidad, así como apoyos y subvenciones a universidades privadas que siguen promocionando eso como un título con futuro. Mucha gente que no tiene formación feminista cree que ahí hay trabajo. Además muchos tribunales siguen haciendo uso de la coordinación de parentalidad. Si los tribunales la usan, la gente puede pensar que es un título útil. Los gobiernos del PP, especialmente los que son más proclives a dejarse influenciar por Vox, ponen en riesgo los avances de las mujeres. Es una obviedad, lo hemos visto en Castilla y León. Vienen tiempos duros para los derechos de las mujeres. El PP había aceptado un cierto consenso básico en cuestiones de igualdad, pero ha habido un retroceso, yo lo he visto como diputada. Compartíamos un suelo y unos básicos sobre igualdad pero ahora escuchamos cosas completamente estrambóticas que no nos hubiéramos podido imaginar. Eso va creando un caldo de cultivo, va normalizando el antifeminismo militante, se está dando la razón a los sectores más ultra.
En el libro habla de la persecución de las madres protectoras. ¿Cree que el tiempo acabará dándoles el reconocimiento que merecen?
No me cabe duda. Por una parte porque los propios hijos e hijas van a crecer y van a hablar, como está haciendo la hija de María Salmerón, que es muy clara. Va a pasar con los hijos de víctimas de abusos sexuales y maltrato como pasó con las víctimas de pederastia en la Iglesia. Llegará un momento en que se pregunten: cómo nos dejasteis, cómo nos entregasteis a maltratadores. También a eso hemos llegado tarde. En la Transición a ningún juez se le ocurría en una sentencia de separación que no fuera la madre quien cuidara, porque el estereotipo era el de la madre cuidadora. Cuando se presenta el feminismo y las madres se enfrentan a los padres, es cuando eso se emplea como un arma contra ellas. Pero el feminismo va a mirar a las madres protectoras porque es uno de los temas más sangrantes.
Llegará un momento en que los hijos e hijas de las madres protectoras se pregunten: cómo nos dejasteis, cómo nos entregasteis a maltratadores.
En el libro habla extensamente de violencia sexual y el concepto de consentimiento. En este momento la ley del 'solo sí es sí' está pendiente de debate en el Congreso. ¿Cree que se ha entendido la propuesta del ministerio sobre poner el consentimiento en el centro?
Ha habido debate por dos lados: quienes dicen que el consentimiento es decir que sí todo el rato y luego quienes dicen que hay que medir el deseo. Estoy de acuerdo con que el deseo es lo importante, pero no se puede medir jurídicamente, así que es importante poner el límite en el consentimiento. Y evidentemente no es decir solo que sí. Nadie tiene el baremo, pero cualquiera entiende cuando existe consentimiento, se puede expresar con palabras, con gestos y de muchísimas maneras, creo que cualquiera lo entiende. En cualquier caso, da la sensación de que en cada relación sexual se fuera a medir si hubo consentimiento y eso es mentira: se va a medir en aquellas relaciones en las que las mujeres denuncien. Nadie se va a meter en tu cama. Solo hay debate cuando hay una denuncia, cuando una mujer dice: yo no consentí.
Eso está ligado a la idea de que las mujeres denuncian mucho para vengarse.
Y ocurre lo contrario, las mujeres denuncian muy poco. Es un porcentaje ínfimo respecto a la realidad, así que aunque solo fuera por una cuestión de probabilidad, es muy posible que la mayoría de las denuncias sean reales.
Precisamente sobre la idea de consentimiento, hace unos días se criticaron comentarios como el del Xokas y se enmarcó dentro de la cultura de la violación. Parece que las mujeres tienen cada vez más conciencia feminista, pero seguimos teniendo este tipo de ejemplos, con muchísimo impacto. ¿Es optimista o pesimista con las generaciones más jóvenes?
Por días. Unos días soy más optimista y otros menos. Por una parte hay una mayor conciencia feminista en las chicas jóvenes, pero por otra hay muchas resistencias y también muchas resistencias políticas. El ambiente político cuenta. Los chicos antes se cortaban en decir ciertas cosas, ahora sienten que están legitimados. Como viene la ultraderecha, en muchos aspectos no soy optimista. Es evidente que hemos avanzado mucho y algunos avances parecen irreversibles. A mí me preocupa mucho el aborto, porque creo que es la piedra de toque de los derechos de las mujeres. Sin aborto, no hay derechos de las mujeres. Que te impidan abortar es como ser esclava, poner tu cuerpo a disposición de un sistema que decide cómo usarlo. Me preocupa mucho cómo está la ultraderecha con esto y que algunos gobiernos vuelvan a ponerlo en cuestión, como hace Ayuso. Antes el PP decía que no le interesaba, ahora Ayuso te dice que una cosa es el derecho al aborto y otra cosa es abortar por gusto. Eso conecta con la opinión de mucha gente, la derecha ve un nicho ahí.
Parece un tema de gran consenso social. Incluso cuando Alberto Ruiz Gallardón propuso su reforma había mujeres del Partido Popular contrarias a esa posición…
Hay muchas mujeres favorables al derecho al aborto, pero ahora no dirían nada. La consigna es lo que vaya dictando el de arriba y Ayuso ha demostrado tener capacidad de ganar.
En su último libro, Beatriz Gimeno (Madrid, 1962) da cuenta de la frustración feminista ante la violencia contra las mujeres, del golpe que asesta cada asesinato y la impotencia ante los fracasos del sistema. Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022) es capaz de retratar el dolor colectivo de la violencia machista precisamente porque va a la raíz del problema: la violencia instalada en lo más profundo de las instituciones.