"No es un punto de partida ni un punto de llegada, es una herramienta que nos tiene que permitir erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres". Las palabras son de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la herramienta a la que se refiere es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo fue diseñado con un propósito claro: la lucha coordinada, organizada e integral contra la violencia de género. Tras cinco años de vigencia, el balance es positivo: el 65% de las medidas han sido totalmente implementadas y el 30% está en proceso. "Es el único Pacto de Estado que ha seguido desarrollándose durante esta legislatura, el único que se ha actualizado y reforzado", presumió la ministra este jueves. ¿Cuáles son los resultados que deja la gran estrategia en materia de violencia machista? ¿Ha servido realmente para mejorar la vida de las víctimas?
Un primer vistazo, dadas las circunstancias actuales, podría no invitar al optimismo. Este ha sido uno de los peores veranos de la serie histórica y hasta hoy son 51 mujeres las que han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas. Y eso, a pesar del Pacto de Estado. ¿Por qué? "Quien diga que hay una respuesta, está mintiendo". Bárbara Tardón, experta en violencias sexuales y asesora del Ministerio de Igualdad, es categórica. Cualquier respuesta basada en la evidencia científica requiere décadas de estudio. "Estamos hablando de una discriminación estructural profunda, con muchas raíces y que lleva ejerciéndose miles de años", recalca la asesora al otro lado del teléfono. "Cambiar una estructura tan asentada en cinco años o en una década es complicadísimo", pero lo que sí es cierto es que "se está invirtiendo más que nunca en esta lucha".
Son, en efecto, cinco años de políticas públicas, avances legislativos y un despliegue económico sin precedentes. ¿Y cuál es la foto fija?
Durante los cinco años previos a la entrada en vigor del Pacto de Estado (2013-2017), los crímenes mortales registrados fueron 268. Es decir, una media de 53,6 al año. En cambio, los cinco años en los que se desarrolló el Pacto de Estado (2018-2022) dejaron 258 asesinatos, una media de 51,6 al año. Son dos asesinatos menos cada año, diez en un lustro.
Más datos: a lo largo de los cinco años previos, el 25,7% de las víctimas mortales había presentado denuncia previa. El porcentaje cae al 24,8% en el lustro posterior. La lectura es positiva: la denuncia protege cada vez más a las mujeres.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los cinco años anteriores al acuerdo estatal fueron un total de 689.982 las denuncias registradas, una media de 137.996 al año. La suma de los cinco años posteriores es de 830.691, una media anual de 166.138. Es, según las voces expertas, una buena noticia que las mujeres sean capaces de acudir a las instituciones para denunciar a sus maltratadores.
En 2017, último año sin el Pacto de Estado, el 10,41% de las mujeres que habían denunciado malos tratos se acogieron a su derecho a la dispensa de declarar contra su agresor. En 2022, fueron el 9,58%. Y en 2017, los juzgados dictaron 38.501 órdenes de protección; una cifra que se elevó a 39.874 en 2022.
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, repara en estos datos. "Si no hubiera habido Pacto de Estado, probablemente la situación habría sido peor", señala el también médico forense, quien recuerda que las medidas han tenido impacto en un contexto "más convulso" debido al auge de los discursos negacionistas de la extrema derecha. Es este, precisamente, un lastre con el que los poderes públicos no contaban hace cinco años.
La extrema derecha
El aumento de la inversión y el avance de las políticas feministas, analiza Bárbara Tardón, tiene consecuencias. Implica una mayor "toma de conciencia por parte de las mujeres", no sólo en un sentido de "autopercepción" de la violencia, sino también "en el hartazgo, la denuncia y la puesta de límites". Sin embargo, en un sistema en el que "la estructura patriarcal discriminatoria está tan asentada", ese avance genera también una "evidente reacción".
Miguel Lorente comparte diagnóstico. "La sociedad ha dado un retroceso ideológico, de posicionamiento y de conciencia a raíz de la llegada de Vox", afirma. El auge del discurso ultra ha supuesto un cambio de paradigma. El Pacto de Estado salió adelante en 2017 gracias al impulso de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos, quien se abstuvo por considerarlo poco ambicioso. Hoy, las políticas feministas tienen ya la firme oposición de la ultraderecha en las instituciones. Y a veces, la tibieza de los conservadores. "Vox no está y el PP se ha alejado", analiza Lorente. Conviene no olvidar que las políticas implantadas pueden ser revertidas. Los gobiernos de PP y Vox, fraguados al calor de las elecciones del 28M, dan buena cuenta de ello.
Al fervor contra las políticas de igualdad se une la resignación y el descrédito. La convicción de que por más que se invierta, siempre habrá crímenes machistas. La idea de la violencia machista como un fenómeno inevitable "no es tanto la aceptación del resultado como la confirmación de las causas", analiza Lorente. "Piensan que la violencia de género es producto de unos pocos hombres y que por tanto es muy complicado abordarla", por lo que interpretan las políticas feministas como un dedo acusador que "criminaliza" al conjunto del género masculino. Y en ese contexto, otra vez, la reacción.
Lorente aporta un dato más: en los cinco años previos al Pacto de Estado, el porcentaje de agresores que se suicidaron tras cometer el crimen fue del 24,2%; mientras que en los cinco años posteriores fue del 23,2%. Ha disminuido un punto. ¿Qué significa? El suicidio en contextos de violencia de género se produce "cuando el agresor entiende que su entorno, la sociedad, es crítica respecto a la conducta que ha llevado a cabo", por lo que "no quiere enfrentarse a esa crítica", expone Lorente. Por el contrario, cuando el maltratador percibe que la sociedad y el entorno son tendentes "a justificar lo que ha sucedido", la tasa de suicidio disminuye.
Hay "un cambio de actitud social, institucional, político que justifica la violencia y es más receptiva, basándose en mitos y justificaciones, a la hora de entender lo que ha hecho un agresor". Es la generalización del "divorcio duro" que blandió Alberto Núñez Feijóo para referirse a la condena por violencia psicológica que recae sobre el ultra Carlos Flores Juberías.
Rendición de cuentas
Sobre los efectos concretos, materiales, del Pacto de Estado, Marisa Soleto echa en falta un análisis más riguroso. La fundadora de la Fundación Mujeres cree que "técnicamente hablando" no se trata tanto de una evaluación, "sino de una memoria de cumplimiento que no aporta información valorativa". No basta sólo con celebrar el fin del falso síndrome de alienación parental, es necesario hacer un seguimiento capaz de determinar si algún juez lo está aplicando todavía o ha quedado completamente desterrado de los tribunales.
"Estamos ante un documento [disponible en este enlace] que refleja las actuaciones de la Administración General del Estado en aras de mejorar la política pública de medidas, pero no hay información acerca de los resultados", valora Soleto. "Todas la medidas de formación se dan por cumplidas y sin embargo sigue viva la percepción de que se sigue necesitando formación", pone como ejemplo.
Este jueves, el Tribunal de Cuentas presentó su propio informe de fiscalización. El análisis concluye que las dotaciones presupuestarias previstas se han aplicado y que, efectivamente, la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso. Sin embargo, añade, "para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del pacto".
Según el informe, la financiación ha "consolidado los servicios de las comunidades autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño". En esta línea, también cree necesario un refuerzo de los servicios de atención y prevención en las zonas rurales "debido a la falta de recursos".
Persistir en la lucha contra la violencia
Bárbara Tardón cree honesto reconocer que, a pesar de "la gran inversión" realizada, las instituciones "no están dando una respuesta suficientemente adecuada a las víctimas". Los comités de crisis puestos en marcha el verano pasado permiten trazar "una foto dolorosa de la realidad" que así lo demuestra. "Hay que seguir invirtiendo en recursos de todo tipo" y caminar hacia un "cambio estructural social", advierte la asesora. "Ahí empezaremos a ver cómo se reduce el número de asesinatos, que es la punta del iceberg".
El 65% de las medidas del Pacto contra la Violencia Machista se han cumplido y el 29% están en proceso
En ese extremo se detiene también Marisa Soleto. "La aplicación de las políticas públicas contra la violencia de género en España es una historia de éxito, desde el año 2004" con la Ley integral contra la violencia de género. A partir de ahí, concede, se ha podido constatar una "mejora de contenidos" que ha dado "resultado sobre la vida real de las mujeres". Es ahí donde hay que mirar, insiste, en la cotidianidad de las mujeres atravesadas por la violencia.
"La mayor parte de la violencia de género no sale en los medios, no son solo esas 51 mujeres asesinadas que nos quiebran el alma", sino las mujeres que declaran haber sido víctimas y "a las que probablemente sí hemos protegido". Precisamente es ahí donde está la clave, entiende la experta: la disminución de la violencia tiene que ver "con la erradicación del riesgo cotidiano" al que las víctimas se ven "sometidas diariamente en este país".
Miguel Lorente cree que el Pacto de Estado "tiene que ser reactualizado". La situación social y política en la que se puso en marcha, repara el exdelegado, era "muy diferente de la que tenemos ahora", por lo que se hace necesario un cambio de mirada. Como punto de partida, el médico forense sugiere un nuevo enfoque: caminar hacia un gran acuerdo no contra la violencia, sino contra el machismo. Una estrategia que vaya al corazón de la desigualdad y sea capaz de combatir el negacionismo que ya echa raíces en todas las esferas.
"No es un punto de partida ni un punto de llegada, es una herramienta que nos tiene que permitir erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres". Las palabras son de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la herramienta a la que se refiere es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo fue diseñado con un propósito claro: la lucha coordinada, organizada e integral contra la violencia de género. Tras cinco años de vigencia, el balance es positivo: el 65% de las medidas han sido totalmente implementadas y el 30% está en proceso. "Es el único Pacto de Estado que ha seguido desarrollándose durante esta legislatura, el único que se ha actualizado y reforzado", presumió la ministra este jueves. ¿Cuáles son los resultados que deja la gran estrategia en materia de violencia machista? ¿Ha servido realmente para mejorar la vida de las víctimas?