Superada la crisis institucional ligada a las rebajas de penas que conllevó la ley del sólo sí es sí, todas las voces especializadas en violencia sobre las mujeres parecen estar de acuerdo en algo: las muchas virtudes de la ley integral. La norma vino a cambiar el paradigma sobre la definición misma de violencia sexual, pero trajo consigo además una batería de medidas encaminadas a prevenir, detectar y combatir este tipo de violencia, hasta entonces relegada a un segundo plano. Un conjunto de iniciativas que requieren de desarrollo e implantación. Y ahí es donde la ley no está dando los frutos esperados. Un ejemplo claro: los centros de crisis de atención a la violencia sexual tendrán que estar implementados en todas la provincias antes de que termine el año. A día de hoy, casi nadie ha hecho los deberes.
Antes de que la ley obligara a construir al menos un centro en cada provincia –es decir, un total de cincuenta y dos–, había dos territorios donde ya funcionaba este modelo: Madrid y Asturias. El año pasado, a esas dos provincias se sumaron otras tres: Cantabria, Bizkaia y Murcia. Y desde entonces, en lo que va de año sólo otras cinco provincias han inaugurado sus propios centros: Huesca (Aragón), Albacete (Castilla-La Mancha), Araba (Euskadi), Iruña (Navarra) y la ciudad autónoma de Melilla. La tarea es urgente: en diciembre finaliza el plazo para consolidar al menos 52 centros de atención a víctimas de violencia sexual.
Sin posibilidad de prórroga
No hacerlo tiene consecuencias de peso: la devolución inmediata de los fondos europeos pensados para tal cometido. El anterior Ministerio de Igualdad solicitó dedicar parte de los fondos europeos a tal efecto y la Unión Europea aceptó. Entre 2021 y el primer semestre de 2023, se aprobó el reparto de un total de 83.058.700 euros para dar impulso al proyecto.
Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia instaba a la creación de "centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las ciudades autónomas, con atención presencial, telefónica y telemática". La ley del sólo sí es sí, en su artículo 35, emplaza igualmente a construir centros de crisis en todas las provincias. La norma concedía inicialmente un plazo de seis meses, pero el ministerio decidió ampliarlo hasta finales de 2023 porque era el tiempo fijado para liquidar los fondos europeos. Tampoco esa concesión fue suficiente y hoy la tarea sigue sin cumplirse.
Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, detalla en conversación con infoLibre que uno de los principales deberes del Ministerio de Igualdad es precisamente estar en contacto constante con las comunidades para cumplir con el mandato. La delegada no tiene duda alguna de que el objetivo se materializará en estos dos meses. "Trabajamos codo a codo con todas las comunidades, cada día", asiente. Esta misma semana abrió sus puertas el centro oscense y el ministerio prevé aperturas "inmediatas" en Gipuzkoa, Teruel y Madrid –con un segundo centro–. No está sobre la mesa, dice tajante, una nueva prórroga.
La delegada habla de prórroga porque el equipo pilotado por la exministra Irene Montero ya concedió un tiempo extra a las comunidades para ejecutar su obligación. Fue a finales del año pasado, poco antes de que el cronómetro marcara cero. El compromiso no terminaba de arrancar, así que las autonomías decidieron solicitar una prórroga. Lo hicieron de manera abrumadora: la inmensa mayoría estaba de acuerdo. A dos meses de que finalizara el tiempo concedido, la Comisión Europea aprobó una adenda para prorrogar la puesta en funcionamiento de los centros a diciembre de 2024.
María Naredo, abogada y una de las redactoras de la ley del sólo sí es sí, recuerda que la primera prórroga se realizó "a petición de las comunidades y con mucho miedo", porque lanzaba un mensaje a las víctimas: sus problemas no eran urgentes. La situación no puede repetirse este año, asegura la delegada del Gobierno.
Martínez reconoce como principales barreras para la construcción de los centros aquellas relacionadas con la adquisición de inmuebles. "Ya sabemos el problema inmobiliario que hay en este país. Tenemos concursos públicos desiertos, otros que tuvieron que repetirse y casos en los que ha habido que idear con creatividad otras formas, como aprovechar los centros propios de la comunidad", expone. Para Naredo, no obstante, el hecho de que las regiones aleguen falta de recursos es en realidad una excusa. "Las comunidades tienen posibilidades para construir esos centros. No hacerlo es una dejación de un calibre que avergüenza", sentencia.
Los centros para menores
La de los centros de crisis no es la única tarea pendiente de la Ley de libertad sexual. El texto legal también introduce otro recurso imprescindible en el marco de la violencia sexual: los centros de atención a niñas y niños, conocidos como Barnahus. La norma establece "las bases para la implementación en España del modelo Children’s House anglosajón o Barnahus escandinavo (Casa de Niños y Niñas), que desde hace una década se está extendiendo a otros países europeos. Este modelo sitúa en el centro de la intervención a la niña o al niño víctima de violencias sexuales, lo cual requiere la participación conjunta y coordinada, en un lugar específico, adaptado y adecuado a sus necesidades, del conjunto de profesionales que intervienen en la ruta de atención y de obtención de justicia", recoge la ley.
Existe todo un "itinerario específico para la atención de niños y niñas", así como la construcción de unos centros que "ni están, ni se les espera", lamenta Naredo. Al menos, no de manera homogénea por todo el mapa. Territorios como Cataluña, Euskadi y Madrid sí han ido implementando estos modelos, pero lo cierto es que las casas "han ido brotando a modo de pilotos y con desigualdades territoriales", expone la jurista. Algunos, señala, tampoco incorporan "en absoluto una perspectiva de género, así que no están garantizando los postulados de la ley".
Ni fiscalía ni juzgados especializados
Amparo Díaz, abogada especializada en violencia sexual, estima que la "vocación transformadora" de la ley del sólo sí es sí cae en saco roto si no es "desarrollada descendiendo al detalle, articulando servicios y dando una respuesta eficaz" a las mujeres. Y en ese sentido, se está "avanzando muy lentamente". En este punto entra en juego la especialización de la justicia, implementaciones que "requieren de leyes orgánicas" en muchos casos, recuerda Naredo.
La ley, en vigor desde septiembre de 2022, concede un año para que el Gobierno modifique dos leyes clave: la del Poder Judicial y la del Estatuto del Ministerio Fiscal. El objetivo es introducir la violencia sexual como especialización en los juzgados de violencia y en la fiscalía de sala. El mandato legal es que ambos órganos, especializados en violencia de género, atiendan también la violencia sexual sobre las mujeres en los términos que contempla la ley.
Aumentan un 15% los delitos de violencia sexual en 2023 y el 42% de las víctimas era menor de edad
"Es fundamental que las víctimas tengan una fiscalía" cuya especialización "vaya más allá del propio nombre", argumenta Díaz. Es necesaria una "formación amplia en victimología, violencia machista, psicología de la memoria, en cómo entrevistar a las víctimas e intervenir en situaciones de crisis", enumera la letrada. Lo mismo ocurre con los tribunales: la ley obliga a regular la composición y funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer, para incorporar en su seno la violencia sexual. Sin embargo, el hecho de que la justicia esté especializada en violencia en el marco de la pareja, excluye a buena parte de las víctimas, critican las expertas.
La norma fija un año de plazo también para modificar la Ley de asistencia jurídica gratuita, con el fin de incoportar a las víctimas de violencia sexual, equiparándolas a otras como las víctimas de terrorismo o violencia de género dentro de la pareja, sin atender a la renta. Sobre todas estas ausencias ha puesto la lupa Podemos en el Congreso, mediante una iniciativa parlamentaria pensada para impulsar su aplicación.
"Tenemos una ley pionera que supuso un cambio de paradigma muy importante en el abordaje de las violencia sexuales, no sólo en relación con el significado del consentimiento, sino en la percepción de las violencias sexuales que sufren las mujeres y que excede el ámbito privado", elogia la actual delegada. Martínez enfatiza en que se trata de un cambio profundo, cuyos frutos no se recogen "en un día ni en dos" y que requiere de una "intervención por parte de todas las administraciones". Queda trabajo por hacer, reconoce la delegada, pero no renuncia a poner en valor los muchos cambios que ya se han materializado gracias a la ley, desde la introducción de la violencia sexual en el teléfono 016 hasta la puesta en funcionamiento de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios).
Superada la crisis institucional ligada a las rebajas de penas que conllevó la ley del sólo sí es sí, todas las voces especializadas en violencia sobre las mujeres parecen estar de acuerdo en algo: las muchas virtudes de la ley integral. La norma vino a cambiar el paradigma sobre la definición misma de violencia sexual, pero trajo consigo además una batería de medidas encaminadas a prevenir, detectar y combatir este tipo de violencia, hasta entonces relegada a un segundo plano. Un conjunto de iniciativas que requieren de desarrollo e implantación. Y ahí es donde la ley no está dando los frutos esperados. Un ejemplo claro: los centros de crisis de atención a la violencia sexual tendrán que estar implementados en todas la provincias antes de que termine el año. A día de hoy, casi nadie ha hecho los deberes.