"Con una herida ya se puede probar que hubo violencia". Lejos de resolverlo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha avivado este martes en una entrevista en la cadena Ser el debate en torno al modelo penal que debe regir en los delitos contra la libertad sexual. A los desencuentros entre los socios de Gobierno, al debate jurídico sobre las revisiones producto de la ley del solo sí es sí y a la discusión teórica alrededor del consentimiento, se suma ahora un interrogante: ¿son las secuelas físicas, las heridas, determinantes para probar la existencia de violencia en una agresión sexual?
El punto de partida del análisis viene necesariamente de la mano de un elemento: los datos. Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer, elaborada en 2019 por el Ministerio de Igualdad y una de las principales radiografías sobre la violencia machista, el 83,5% de las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja declara no haber sufrido lesiones físicas como consecuencia de esta violencia. El paradigma cambia cuando se trata de secuelas psicológicas: el 52,9% dice haber experimentado alguna.
En el caso concreto de las víctimas de una violación –el estudio fue realizado cuando aún existía distinción entre abuso y violación, basada precisamente en la existencia de violencia e intimidación–, el 61,3% declara no haber sufrido ninguna lesión física, mientras que el 78,9% sí reconoce consecuencias psicológicas y solo el 16% dio el paso de interponer una denuncia. Los datos relativos a la violencia sexual dentro de la pareja no han sido tenidos en cuenta para este análisis porque la Macroencuesta no distingue entre las secuelas que son fruto de la violencia de género y las que son consecuencia específicas de la violencia sexual.
Sumado al testimonio de las víctimas recogido en la Macroencuesta, los datos que emanan de los tribunales ayudan a configurar el paisaje. De los 3.881 delitos contra la libertad e indemnidad sexual registrados en 2021 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 491 fueron calificados de agresión sexual. Es decir, únicamente en el 12,6% se apreció la existencia de violencia e intimidación, un dato que ha sido recuperado este martes por la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra: "Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento", publicó en redes sociales.
La Manada, Nagore Laffage y las heridas
"Apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra y se describen en el informe médico forense de 11 de julio de 2016 (...) no revelan la existencia de violencia, que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual". Son palabras que quedaron plasmadas en la sentencia de la Audiencia Provincial que, en el año 2018, concluyó que lo sucedido en los Sanfermines de 2016 no había sido un delito de agresión, sino de abuso sexual. Sería el inicio de un caso, el de la agresión de La Manada, que marcaría un cambio de paradigma. A pesar de que sí existían lesiones, los magistrados no vieron rastro de violencia ni de intimidación, un análisis que sería corregido posteriormente por el Tribunal Supremo.
Quien sí sufrió la violencia en sus carnes, también en otros Sanfermines, fue Nagore Laffage. La joven se resistió ante su agresor y se convirtió en víctima de homicidio. En el verano de 2008, la estudiante de Enfermería perdía la vida a manos de José Diego Yllanes, el hombre que la invitó a su casa con intención de mantener relaciones sexuales y que, tras encontrarse con su negativa, terminó con su vida golpeándola y estrangulándola. Lo recuerda Tere Sáez, quien aquel mismo año fundó la organización feminista Lunes Lila, en suelo navarro. "Las secuelas de una violación van muchas veces más allá de lo físico" y casi nunca "hay manera de mostrar las heridas más graves", razona en conversación con infoLibre. A su juicio, el "retroceso" que plantean introducir los socialistas con su propuesta de recuperar la violencia e intimidación es "volver al mismo marco que ya teníamos, volver a Nagore".
Amparo Díaz Ramos, abogada especializada en violencia machista, sí defiende la necesidad de repensar el marco penal y sí considera que la iniciativa socialista puede ser un acierto a la hora de "combinar la parte preventiva de la ley con medidas disuasorias penales". Sin embargo, explica a este diario, "una herida física no siempre es determinante para probar la existencia de una agresión sexual", aunque lo cierto es que "suele ser un medio de prueba muy relevante".
La condena a La Manada no se toca: fue ejemplar y tiene encaje en la 'ley del solo sí es sí'
Por el contrario, en aquellos casos en los que "la víctima se paraliza y no hay muchas evidencias físicas, o prácticamente ninguna, igual que aquellos casos en los que la víctima tarda en denunciar y se pierden los vestigios físicos", es más difícil contar con "material probatorio". Lo cual no significa que no haya existido violencia. Cuando la agresión sexual no deja huellas físicas pero sí existen "amenazas o coacción ambiental", entonces la violencia "se tiene que probar a través del relato de la víctima y pruebas periféricas que lo apoyen", señala la jurista.
"¿Qué heridas físicas te deja un retorcimiento de brazo, un tirón de pelo, una llave de arte marcial de bloqueo físico, estamparte contra la pared y bloquear tu movimiento, un agarrarte de la ropa, una inmovilización?", se preguntan desde el despacho jurídico Olympe Abogados. Precisamente la primera sentencia contra La Manada, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, descarta la existencia de violencia e intimidación a pesar de que los jueces consideraron probado que la víctima permaneció "acorralada y agazapada contra la pared".
Victoria García, activista feminista en la Comisión 8M de Madrid, no da crédito al debate. "El avance feminista" se materializó en "ese cambio de mirada sobre cómo entendemos la violencia" y que venía a impugnar el cliché de la víctima "apaleada en una esquina y con un trauma de por vida", una imagen que trató de apuntalar la defensa de La Manada cuando presentó un informe elaborado por detectives sobre la vida privada de la víctima tras la agresión. Entonces, recuerda la activista, las mujeres salieron "a las calles" para poner sobre la mesa todas las formas de violencia que recaen sobre los hombros de la mitad de la población. El movimiento feminista batalló, con un apoyo social masivo, por "llamar a las cosas por su nombre" y por un "reconocimiento de todas las violencias". El debate actual, sostiene la activista, no solo supone un "paso hacia atrás", sino que despoja a las mujeres de ese reconocimiento.
"Con una herida ya se puede probar que hubo violencia". Lejos de resolverlo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha avivado este martes en una entrevista en la cadena Ser el debate en torno al modelo penal que debe regir en los delitos contra la libertad sexual. A los desencuentros entre los socios de Gobierno, al debate jurídico sobre las revisiones producto de la ley del solo sí es sí y a la discusión teórica alrededor del consentimiento, se suma ahora un interrogante: ¿son las secuelas físicas, las heridas, determinantes para probar la existencia de violencia en una agresión sexual?