La condena a La Manada no se toca: fue ejemplar y tiene encaje en la 'ley del solo sí es sí'

La condena a uno de los cinco agresores de La Manada, Ángel Boza, se mantiene intacta. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Navarra, en un auto dictado el pasado jueves 2 de febrero y hecho público este lunes. Boza tendrá que asumir la pena de quince años impuesta en 2019 por el Tribunal Supremo, a pesar de la pretensión de su defensa de apelar a la recién aprobada ley del solo sí es sí para lograr una reducción de la pena. Los tribunales lo dejan claro: la condena tiene encaje en el nuevo texto legal y por tanto no cabe reducción alguna. 

A mediados de noviembre, cuando comenzaron a trascender las primeras rebajas de penas a agresores sexuales, el abogado de los condenados por la violación de los Sanfermines ocupó titulares y minutos de televisión. Aseguraba estar ultimando un recurso para solicitar una rebaja, amparada en la nueva legislación, según su razonamiento. La justicia ha decidido, tres meses después, no darle la razón, si bien todavía cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Ninguno de los otros cuatro agresores de La Manada podrá solicitar una rebaja, dado que suman penas muy superiores por los abusos sexuales cometidos en Pozoblanco (Córdoba).

¿Y qué es lo que argumentan los jueces? Las claves son dos: la condena impuesta no se trataba de una pena mínima –donde los jueces han venido realizando el grueso de las reducciones– y los quince años de prisión sí pueden ser impuestos por la legislación actual.

La defensa argumentaba, en su recurso, que la pena acordada por los jueces sí se acercaba al mínimo legal, situado en 14 años, 3 meses y 1 día, por ser un delito continuado. Ahora, el mínimo para el mismo supuesto se encuentra en 13 años, permaneciendo el máximo invariable. Así que el abogado del agresor solicitaba bajar la pena a 13 años y 9 meses. A juicio de la Fiscalía, lo que planteaba la defensa era "reducir matemáticamente la pena a imponer": ya que anteriormente "se le impuso nueve meses más que el mínimo legal, considera que debe hacerse la misma operación matemática y por tanto imponerle nueve meses más de prisión respecto de la mínima". Precisamente la excesiva automatización a la hora de examinar posibles rebajas de penas es una de las cuestiones que más se han criticado desde el Ministerio de Igualdad desde que se iniciaron las revisiones. 

La misma pena podría ser impuesta por el 'sí es sí'

Los jueces de la Audiencia Provincial razonan, en primer lugar, que existe una "concreta doctrina jurisprudencial" sobre la "acomodación de la pena al nuevo texto legal" tras la entrada en vigor de la Ley de garantía de libertad sexual. Apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo, recuerdan que procede la revisión de las penas siempre que el reo pueda resultar beneficiado, pero subrayan que si la pena "fuera imponible también en el nuevo texto, en este supuesto la pena no se modificaría", siempre y cuando "no se vea afectada por el juego de la pena mínima". Es decir, si el agresor ha sido condenado a una pena mínima, la condena es susceptible de ser rebajada siempre y cuando la nueva ley contemple nuevos mínimos más bajos. Pero no es el caso: aunque la defensa argumente que se encuentra "muy próxima" al mínimo, la pena de quince años de prisión está por encima del suelo de la horquilla. 

Así, los magistrados reconocen que la defensa tendría razón "si la pena en concreto impuesta hubiera sido la mínima imponible", pero no lo fue. Los jueces decidieron imponer quince años, una pena "muy cercana" al mínimo para mantener la proporcionalidad y ajustar el reproche penal a la gravedad de los hechos. El Alto Tribunal tuvo en cuenta, para valorar dicha gravedad, aspectos como la actitud de los condenados tras la agresión, incluyendo su colaboración y su actitud hacia la víctima. "Los hechos son muy graves, y la actitud de los acusados posterior a los mismos que se describe en la sentencia" son suficientes para justificar "la imposición de una pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo", argumentaban hace cuatro años los magistrados. 

Superado el debate de la pena mínima, cabe preguntarse si la condena es susceptible de ser replicada en base a la nueva legislación. Es decir, si los quince años encajarían como castigo según lo dispuesto por el sí es sí. Los jueces recuerdan que la doctrina jurisprudencial "avala la inmodificabilidad de la pena impuesta, como lo es en el presente caso en sentencia ejecutoria, cuando la misma fuera imponible también por aplicación del nuevo texto penal", un criterio que además ya fue acordado en Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra el pasado 24 de noviembre. Así que la respuesta es sí, la condena de quince años sigue teniendo sentido con arreglo al actual Código Penal.

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Los magistrados realizaron en 2019 una "minuciosa labor de individualización", reconoce ahora la Audiencia de Navarra, por lo que tomando en cuenta los criterios utilizados entonces la pena de quince años impuesta "resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual".

Una ley simbólica y una brecha en el Gobierno

Una eventual revisión de la condena impuesta a uno de los cinco agresores de La Manada no era una cuestión trivial. Fue precisamente la violación cometida en los Sanfermines de 2016 la que llenó las calles de una consigna: "Solo sí es sí". La que da nombre a la ley enarbolada por el Ministerio de Igualdad, que nació como un reflejo pretendido de lo que un día fue clamor en las calles. Poner en el centro el consentimiento, deshacerse de la violencia e intimidación como vara de medir y eliminar la distinción entre abuso y violación eran algunas de las pretensiones de la norma, en lo que respecta a su vertiente penal. 

La ley que nació del consenso social, es ahora el mayor quebradero de cabeza del Gobierno. Tras el goteo de rebajas desde su entrada en vigor, el debate en torno a sus "efectos indeseados" ha ido ganando terreno, hasta el punto de abrir una brecha que parece irreparable entre los socios de coalición. Este lunes, el PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta en solitario que busca acotar las horquillas y elevar las penas mínimas, recuperando para ello los criterios de violencia e intimidación. Un planteamiento que los morados rechazan de plano. Igualdad advierte de una posible vuelta al modelo anterior si los socialistas optan por reconfigurar el marco de la ley, pero alertan además de una segunda ola de revisiones en caso de que la reforma salga adelante.