Los pactos políticos entre conservadores y extrema derecha, tras las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo, ponen el punto de mira sobre un objetivo común: las políticas de igualdad. No es necesario elucubrar sobre los daños que podrían sufrir los avances feministas, basta con echar la vista a los precedentes de la presencia ultra en los gobiernos autonómicos. El avance de la ofensiva reaccionaria en territorios como Andalucía o Castilla y León dan buena cuenta de ello.
El lenguaje, la primera señal, nunca es inocente: violencia intrafamiliar y no machista, concejalías de familia y no de igualdad. Una a una, las políticas de igualdad se van diluyendo, cuando no desapareciendo, para dar paso a una oleada de medidas regresivas.
Andalucía, puerta de entrada de la extrema derecha a las instituciones, es uno de los ejemplos más nítidos, tal vez por ser el primero en dar rienda suelta a discursos negacionistas de la violencia de género y sus consiguientes políticas reaccionarias. ¿De qué manera? A nivel presupuestario, la doble dirección que tomó el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla puso en evidencia el sesgo de sus políticas: por un lado, partidas destinadas a la implementación de "actuaciones de fomento de la natalidad", dirigidas fundamentalmente a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, algunas ejecutoras del acoso frente a las clínicas acreditadas. Estas ayudas responden a una concesión a la extrema derecha pactada por vez primera para los Presupuestos de 2021.
Y mientras la Junta de Andalucía nutría sus partidas de ayudas a los grupos ultracatólicos, las subvenciones a las organizaciones de mujeres fueron languideciendo en los últimos años. El Gobierno de Moreno Bonilla dejó en 2020 sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas que sí habían sido preseleccionadas para recibir un subsidio público, pero que finalmente vieron cómo se desvanecían proyectos que se quedaron sin financiación. Aquello dio como resultado el Tren de la Dignidad, una movilización de miles de mujeres en todo el territorio andaluz.
En noviembre de 2020, Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género a través de un acuerdo con PP y Cs que incluía la realización de una "auditoría" de los informes de impacto de género, para valorar su coste y la eventual consecución de los objetivos marcados. Los dos partidos de gobierno lo justificaban diciendo que no hay nada malo en comprobar y fiscalizar. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de extrema derecha de venderlo: "Auditar los inútiles informes de impacto de género".
El mismo año se puso en marcha, como respuesta a una exigencia del partido ultra, el teléfono para alertar de la violencia intrafamiliar. La línea recibe una media de dos llamadas diarias y más del 80% de las alertas son derivadas a otros recursos que ya existían previamente.
En 2022 se materializó la iniciativa aprobada en el Parlamento de Andalucía de una moción para "impulsar la supervisión de los libros de texto y los materiales complementarios con el objeto de eliminar el llamado lenguaje inclusivo". Otro tanto que se apuntan los de Santiago Abascal.
El último movimiento en la comunidad se define por sí mismo: la disolución de la Consejería de Igualdad en otra más amplia. Hace un año, Moreno Bonilla decidió desdibujar las competencias en políticas de igualdad para introducirlas en una cartera de nueva creación: la Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad. Es, precisamente, lo que ya han comenzado a fraguar los pactos alcanzados en territorios como Valladolid, Burgos y Toledo tras el pasado 28M.
PP y Vox imponen el negacionismo de la violencia machista en las instituciones
El discurso ultra en Castilla y León, centrado fundamentalmente en el ataque a las políticas de igualdad, ha ido marcando el camino en el últimos años, incluso cuando no ha llegado a materializarse en acciones concretas. En enero del presente año, el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) anunció su medida estrella para fomentar la natalidad y reducir la tasa de aborto en la comunidad: escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D como forma de disuasión dirigida a las mujeres que quieran abortar. Las medidas antiabortistas son fruto de la obstinada batalla del partido ultra contra los derechos reproductivos de las mujeres, a pesar de que el líder ultra reconoció entonces no saber mucho de embarazos. La medida nunca llegó a desarrollarse, pero sirvió de pretexto para imponer el discurso reaccionario de los líderes de la extrema derecha y para consolidar, una vez más, la amenaza perpetua sobre el cuerpo de las mujeres.
También desde Castilla y León se ha alimentado, con creces, el manido concepto de violencia intrafamiliar. Y se ha hecho a través de una ley específica. La Junta ya ha comenzado a tramitarla: "La violencia intrafamiliar es un problema social, es una realidad que está ahí y que muchas veces está oculta", en palabras de la consejera de Familia, Isabel Blanco. Otra forma de diluir la violencia ejercida específicamente contra las mujeres: la decisión de convocar minutos de silencio por cualquier tipo de violencia. "A partir de ahora, la Junta de Castilla y León recordará a la todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni de parentesco", subrayó el vicepresidente hace ahora un año y después de que se confirmase un crimen machista en la comunidad. La idea no es nueva: tan sólo un año antes fue la Asamblea de Madrid la que decidió guardar un minuto de silencio por cada víctima de violencia intrafamiliar. A propuesta de Vox, claro.
Mientras esta idea se hace fuerte en la Junta de Castilla y León, las medidas pensadas específicamente para la lucha contra la violencia de género no dejan de menguar. En julio de 2022, el Gobierno decidió suprimir la ayuda económica dirigida a las empresas para fomentar la contratación de víctimas de violencia machista. "La violencia no tiene género", volvió a resonar en los pasillos de la Junta, esta vez en boca de Óscar Villanueva, en aquel momento viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral. Castilla y León es además la única comunidad que se ha opuesto a la derivación de las víctimas de violencia machista a los servicios sociales y especializados, tal y como publicó elDiario. Es, con toda probabilidad, el preludio de lo que puede estar por venir allá donde la extrema derecha consiga hacerse con un pedacito de poder.
Los pactos políticos entre conservadores y extrema derecha, tras las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo, ponen el punto de mira sobre un objetivo común: las políticas de igualdad. No es necesario elucubrar sobre los daños que podrían sufrir los avances feministas, basta con echar la vista a los precedentes de la presencia ultra en los gobiernos autonómicos. El avance de la ofensiva reaccionaria en territorios como Andalucía o Castilla y León dan buena cuenta de ello.