Los protocolos en los colegios solo destapan un 6% de la violencia sexual contra menores
La violencia sexual contra menores es casi invisible y sus secuelas siguen pasando desapercibidas allí donde más sentido cobra la detección: las aulas. Así lo advirtió este jueves el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de un informe sobre el peso de la violencia sexual. En su análisis, el organismo alerta de las fallas en el sistema de prevención y señala que solo un 6% de los casos de violencia sexual contra menores que llegaron a los tribunales en 2020 fueron detectados por los protocolos escolares.
El Observatorio, liderado por Ángeles Carmona, elabora el análisis a partir de un documento publicado el pasado noviembre sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2020 en casos de violencia sexual. El órgano de gobierno se detiene en el impacto de la violencia contra los más pequeños y sus conclusiones son rotundas: los mecanismos de detección previstos no están funcionando como deberían.
"La existencia constatada de una mayor indefensión de los menores, debería llevarnos a analizar por qué motivo solo el 6% de los hechos fueron detectados en aplicación de protocolos escolares", desliza la institución. Y establece una analogía con la violencia machista: "Si en violencia sobre la mujer sostenemos que la actuación médica es imprescindible a la hora de detectar un posible maltrato, en relación a los menores el centro escolar debería ser punta de lanza en esa detección", una premisa que no se ve reflejada en los datos obtenidos del estudio. En ese sentido, apuesta por una análisis individualizado del perfil de las víctimas más vulnerables, precisamente con el propósito de "establecer indicadores que permitan una detección precoz del riesgo de sufrir violencia sexual". El Observatorio cree fundamental, en la misma línea, reforzar el "especial deber de vigilancia y tutela hacia los menores" por parte de los operadores jurídicos, fortaleciendo además la coordinación con "pediatras y médicos de atención primaria y colegios".
Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en Save the Children, coincide en el diagnóstico. La existencia de protocolos en los centros escolares es necesaria para detectar la violencia, pero su mera presencia no es suficiente. "Necesitamos profesionales formados y una sociedad concienciada", resume. Su experiencia le ha enseñado que hay "padres y madres que detectan la violencia y no quieren denunciar", pero también ocurre que algunos profesores "no se atreven a poner el protocolo en marcha", por lo que no basta con la mera existencia de pautas de actuación sobre el papel.
El informe de los jueces abunda precisamente en que "ante el silencio en el hogar", los protocolos escolares "ayudan a la detección temprana" de la violencia que, en añadido, "causa un grave daño a los menores por la perpetuación en el tiempo".
Perazzo pone el ejemplo del acoso escolar: "Siempre ha habido medidas en marcha", pero no se ha empezado a avanzar hasta que se ha hecho "una intervención más integral". ¿Y cómo se construye una intervención integral? Tiene que ver, explica la especialista, con que "los padres y madres sepan que puede ocurrir y que tienen la obligación de proteger a sus hijos", también con que los niños y niñas tengan "información adecuada", accedan a educación afectivo sexual "para identificar la violencia" y con la promoción de "mecanismos de denuncia" que allanen el camino hacia la activación de esos protocolos.
El Observatorio detectó en su análisis que apenas existen sentencias relativas a delitos en alza como el contacto con menores con fines sexuales a través de las tecnologías. Es "necesario hacer un análisis de las razones por las que tales fenómenos no están siendo denunciados o no están siendo investigados correctamente, pese a estar tipificados como delitos desde hace años", reza el comunicado, para a renglón seguido llamar a la puesta en marcha de actividades formativas específicas sobre delitos sexuales con víctimas menores de edad.
Las lagunas y carencias en lo relativo a la violencia sexual no eclipsa las conquistas que sí se han producido. Perazzo las sitúa, fundamentalmente, en el plano legislativo. Cita la ley contra la violencia en la infancia y la adolescencia, pero también la inclusión de la educación afectivo sexual en la nueva ley educativa. Los avances formales son palpables, ahora es necesario ir un paso más allá: "Falta hacer todo esto realidad con fondos y recursos", señala.
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El estudio confeccionado por el órgano de gobierno de los jueces pone de relieve que un tercio de las agresiones sexuales sufridas por menores (33,6%) son cometidas por alguien que pertenece al ámbito doméstico: los agresores son habitualmente personas del entorno cercano de la víctima, como progenitores (9,3%), parejas de las madres (16%), amigos de los padres (6,7%), profesores (4%) o abuelos (1,3%). Además, el 64,8% de los hechos delictivos tuvieron lugar en el domicilio común de la víctima y el autor. Los expertos "consideran necesario abordar" esta realidad a través de un "estudio específico".
El Observatorio lo subraya como un "dato preocupante y con unas consecuencias emocionales y en el desarrollo de la personalidad del menor muy graves". La persona que tiene la responsabilidad de proteger al menor es precisamente el que perpetra su agresión, un hecho "delictivo fácil de cometer" dado que los niños y niñas se encuentran en una situación de "completa indefensión frente a sus agresores".
En pleno escándalo por los posibles casos de violencia sexual contra menores tutelados, el informe elaborado por los expertos señala que solo el 3% de los delitos cometidos sobre menores fueron denunciados por la víctima, muestra de que no existen todavía las condiciones necesarias para aplacar los miedos de los más pequeños e insuflarles la confianza suficiente para poder denunciar.
