"Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 28 de diciembre de 2004". Hace 18 años, el rey estampó su firma en una nueva ley que cambiaría la vida de la mitad de la población. Fue la principal promesa electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la primera norma que impulsó su Gobierno. La Ley contra la Violencia de Género situó a España en la vanguardia sin mayor oposición, sin apenas ruido, fruto del consenso y del empuje feminista.
¿De dónde partíamos el año en que nació una de las leyes feministas más importantes del país? Veníamos, en aquel 2004, de un nombre: el de Ana Orantes. Lo recuerda Miguel Lorente, quien en aquel momento ejercía como médico forense y profesor asociado de Medicina Legal, especializado en violencia machista. Esta forma de violencia específica, rememora, empieza a tener "una trascendencia diferente con el caso de Ana Orantes, en 1997. Veníamos de los celos, la violencia pasional… y entonces se produce una convulsión". A pesar de las resistencias. Lorente recuerda las palabras del entonces vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos, tras el asesinato de Orantes: "Un caso aislado obra de un excéntrico".
Veníamos de ahí: de los casos aislados. Y del rechazo explícito de los conservadores a una proposición de ley socialista registrada en 2002, cuando el Partido Popular contaba con mayoría absoluta. El proyecto no salió adelante, pero sembró la posibilidad de un cambio a futuro. La realidad evidenciaba la urgencia: "En esos dos años habían seguido asesinando a mujeres y la movilización social se hacía eco", expone Lorente. El inmovilismo no parecía una opción.
El mismo recuerdo lo atesora Soledad Murillo, entonces secretaria general de Políticas de Igualdad. La primera persona que planteó la ley, concede, fue Micaela Navarro a través de la proposición parlamentaria que si bien se desestimó, fue el "punto de partida". "El propósito era hablar con los operadores jurídicos, pero también con psicólogos y otros agentes para acabar con la indefensión de las mujeres", y en ese camino se desarrolló un proceso de audiencia con "personas expertas". Algunos, rememora, se manifestaron en contra; otros como Montserrat Comas "hablaron del machismo como agravante".
Esas voces fueron capaces de "describir los huecos en términos de legislación, pero también de estructura". Murillo recuerda la importancia que tuvo hablar entonces de poder, en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres: "Fue muy debatido, muy discutido y al final logrado", dice en conversación con este diario. Aquella victoria quedó plasmada en el primer artículo de la ley: "La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".
La perseverancia de las organizaciones de mujeres
Las organizaciones de mujeres, desde donde las activistas feministas venían haciendo un trabajo de hormiga constante, empezaron a hacerse más visibles. Y la población a comprender que aquello que pregonaban tenía sentido. "Eso fue aglutinando una movilización y una preocupación que empezaba a ser también recogida por los medios y que iba aumentando poco a poco", analiza Lorente. Para Murillo, las asociaciones "merecen un capítulo aparte". Entre sus frentes de batalla, "venían exigiendo que el Gobierno se orientara hacia políticas concretas contra la violencia". Llevaban, recuerda la socialista, "muchos años defendiendo a las mujeres, a pesar de la vergüenza que comportaba declararse víctima".
En la redacción del diario El País se encontraba la periodista Charo Nogueira, quien recuerda aquellos años como un momento clave para las asociaciones de mujeres, desde donde el feminismo venía "alzando la voz contra la violencia de género, sin tener gran repercusión". Hasta que encuentran una alianza fundamental en la izquierda parlamentaria, representada fundamentalmente por el PSOE. Los socialistas "toman esa bandera de una manera evidente" y esto coincide con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del partido, recuerda Nogueira. Por el contrario, los conservadores practican una "política de minusvalorar el problema y tratarlo como algo privado".
Es precisamente la alianza entre la política militante de las organizaciones feministas y la política institucional representada por los socialistas lo que introduce el problema de la violencia de género en la agenda pública. "El asesinato de Ana Orantes en el 97 supone un empujón, pero también otros casos como el de Mar Herrero", asesinada por su expareja en 1999 a pesar de la docena de denuncias que la víctima interpuso contra su agresor.
En primera línea se encontraba también Ana María Pérez del Campo, fundadora y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, pionera en el recuento autónomo de víctimas mortales de violencia de género, cuando las cifras no llegaban a las estadísticas oficiales. "Llevábamos mucho tiempo trabajando y sabíamos que el poder lo tenía quien lo tenía, así que convertir en realidad lo que queríamos nos llevaba a trabajar con quien tenía ese poder", razona la histórica feminista al otro lado del teléfono. Así llegaron las primeras conversaciones con el equipo de Rodríguez Zapatero, a través de grupos de expertos donde las asociaciones feministas tuvieron un papel protagonista. "Nos encontramos con un presidente capaz de comprender y practicar el entendimiento, el debate, la discusión", elogia Pérez del Campo.
La victoria del PSOE en las urnas implica un mandato inesquivable para el partido: cumplir con su promesa electoral. Y así fue. Entonces la entrada de la violencia machista "en la agenda pública se sitúa en primerísima línea", recuerda Nogueira. Tras una "votación muy emocionante", la norma se aprueba por unanimidad y empieza por fin a abordarse como "un problema de Estado". En parte, insiste la periodista y escritora, gracias al papel "determinante y poco reconocido" de las asociaciones de mujeres.
Unanimidad
El 22 de diciembre de 2004 la norma era aprobada sin oposición y el 28 del mismo mes echaba a andar. Rodríguez Zapatero la definió desde la tribuna como un "poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal". Entre los aplausos de los diputados resonaba con especial fuerza la ovación de las activistas feministas que ocupaban las bancadas de la Cámara Baja en representación de las asociaciones de mujeres y que configuraron una fotografía que pasaría a la historia.
Un "momento muy emotivo", define Nogueira, con el Congreso "puesto en pie y un aplauso de varios minutos que trasladaba la impresión de que todo el arco parlamentario, y por tanto toda la sociedad, estaba en contra de la violencia de género".
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¿Congregaría tal ovación una ley similar en los tiempos que corren? Las voces consultadas niegan sin pensarlo. "Hoy sería impensable", asiente Lorente, no solo por el clima de crispación en la política parlamentaria, sino "porque no hay una política dirigida a resolver los problemas de fondo como la que había entonces". Pérez del Campo reconoce observar con gran pesar la polarización actual: "El Parlamento tendría que cambiar de nombre, porque significa templo de la palabra. Ellos se llaman parlamentarios y tienen que llegar a objetivos a través del convencimiento y de argumentos. Hoy no sería posible volver a ese escenario", lamenta. Hoy, añade, "no se pretende construir, sino vencer destruyendo".
Murillo destaca que la norma fue "una proeza" y se reconoce "muy afortunada de haber estado ahí". Aunque cree que la ley se ha reforzado gracias al desarrollo de políticas públicas (cita el Pacto de Estado, la ley del solo sí es sí y la labor del Ministerio de Igualdad porque entiende la política "como continuidad y acumulación de logros, no como un ring"), coincide en que hoy "todos los partidos sin excepción piensan en clave electoral: hoy no pensarían en la ley, sino en el intercambio de favores para sus propios intereses".
Han pasado 18 años desde aquella ley aclamada por el movimiento feminista y la comunidad internacional. Un total de 1.179 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando se inició el recuento oficial. Pero otras muchas han salvado la vida gracias a las herramientas desplegadas al calor de la ley integral. Para Lorente, es tiempo de defender la norma en dos sentidos: protegiéndola del negacionismo y no dejando de revisarla para hacer de ella una norma amplia que proteja a todas las mujeres, sin excepciones.
"Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 28 de diciembre de 2004". Hace 18 años, el rey estampó su firma en una nueva ley que cambiaría la vida de la mitad de la población. Fue la principal promesa electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la primera norma que impulsó su Gobierno. La Ley contra la Violencia de Género situó a España en la vanguardia sin mayor oposición, sin apenas ruido, fruto del consenso y del empuje feminista.