El 28 de febrero de 2023 entraba en vigor la reforma de la Ley del Aborto, una de las principales promesas políticas en materia de igualdad durante la anterior legislatura. En su articulado, la norma fijaba la dispensación gratuita de métodos anticonceptivos de urgencia en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ni Murcia, ni Castilla-La Mancha, ni Canarias cumplen con la ley: ninguna de estas comunidades dispensa la píldora del día después en sus centros de salud.
Es una de las conclusiones contenidas en el informe Desniveles en la ruta. El estado de la atención a la anticoncepción en las comunidades autónomas, elaborado por la Federación de Planificación Familiar y presentado este martes. Según el mapeo elaborado por la organización, el acceso a los distintos métodos anticonceptivos es heterogéneo a nivel territorial y presenta una serie de lagunas en función de cada comunidad.
Uno de los puntos que han analizado los autores del estudio tiene que ver con la dispensación gratuita de anticoncepción de urgencia, la llamada píldora del día después. El informe da cuenta de una disminución considerable de la demanda de este tipo de anticonceptiva, sin embargo la señala como "clave de cara a la garantía de la accesibilidad a la anticoncepción". Como ejemplo de buenas prácticas, la federación señala a trece comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Navarra. Todas ellas, además de ofrecer la píldora de forma gratuita, cumplen a la hora de ofrecer acompañamiento a las usuarias.
Por el contrario, reseña el análisis, en la Región de Murcia, las Islas Canarias y Castilla-La Mancha la anticoncepción de urgencia "no se dispensa de forma gratuita en ninguno de los servicios" del sistema público de salud, "a excepción de las urgencias hospitalarias en casos de agresión sexual". En la Comunidad de Madrid, la píldora sólo se dispensa sin coste alguno en los Centros Municipales de Salud Comunitaria de Madrid Salud.
Raquel Hurtado, subdirectora de Planificación Familiar, confirma el incumplimiento por parte de las tres comunidades: la ley no se está cumpliendo en ese sentido, asiente en conversación con este diario, igual que tampoco se cumple en otros como en el registro de objetores o en la educación afectivo sexual en las aulas.
Coste y listas de espera, trabas en el acceso a los métodos de larga duración
¿Y qué hay de los métodos anticonceptivos de larga duración? Son, según reseña el estudio, los métodos reversibles "más eficaces y coste-efectivos para evitar embarazos no planificados y disminuir la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo". Sin embargo, apuntan los expertos, existen diversas barreras que dificultan su accesibilidad, como el coste y las listas de espera para su colocación y retirada.
"La eliminación del coste es una medida que claramente puede ayudar a mejorar, y mucho, la calidad de la atención anticonceptiva prestada en un determinado territorio", asienten los autores, si bien es cierto que para conseguir el impacto que promete "necesita verse acompañada de una accesibilidad integral".
Por ejemplo, en Castilla y León la eliminación del coste depende de cada centro hospitalario e igualmente su colocación y retirada están ligados a la "atención especializada, siendo la media de las listas de espera" casi de diez meses. En Aragón, todos los métodos son gratuitos, mientras que la colocación y retirada del implante se realiza a través de la atención primaria, y el dispositivo intrauterino (DIU) corre a cargo del servicio especializado de ginecología. "Este reparto de la carga asistencial ha permitido reducir las listas de espera y acelerar los procesos de colocación, con todos los beneficios que esto supone", recoge el informe. En Castilla-La Mancha, son gratuitos los dispositivos intrauterinos hormonal y de cobre, pero su coloración es competencia de la atención especializada. "En consecuencia, aunque la accesibilidad financiera es parcial, las listas de espera son relativamente largas". Otro ejemplo de la heterogeneidad en lo que respecta a los métodos anticonceptivos de larga duración: en Cataluña, el coste cero está exclusivamente dirigido a colectivos específicos, así que el acceso a los mismos no es universal.
La Federación de Planificación Familiar llama a universalizar el acceso a todos los métodos anticonceptivos de larga duración, ampliar el perfil de profesionales competentes para su colocación y retirada, así como priorizar la formación de matronas, cuyo perfil dicen es clave dentro del circuito de atención a la anticoncepción. La organización también cree fundamental incluir dentro de la cartera de servicios de atención primaria las intervenciones relacionadas con estos métodos. "Con esta medida se conseguiría reducir las listas de espera para la realización de intervenciones en el segundo nivel asistencial y, con ello, el riesgo de las personas usuarias de tener un embarazo no planificado durante el periodo de espera".
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Según la última encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (CEP), el 75,7% de las españolas en edad fértil utiliza algún métido anticonceptivo. La mayoría (35,7%) se decanta por el preservativo, seguido por el anillo vaginal (19%) y la píldora (17%). Un 4,7% de las mujeres afirma que su pareja tiene la vasectomía, mientras que la ligadura o extirpación de trompas es mencionada por el 3,8% de las encuestadas. Otro 3,8% se inclina por el DIU hormonal y un 2,9% por el DIU de cobre. Al implante subcutáneo recurre el 1,7%, al parche un 0,7%, un 0,4% se decanta por inyecciones trimestrales y un 0,1% utiliza diafragma.
Siete comunidades tienen estrategias específicas de anticoncepción
Lo cierto es que, por norma general, la anticoncepción sí tiene reservado un lugar dentro de la cartera de servicios de las diferentes comunidades, pero si aproximamos un poco la lupa veremos que las desigualdades territoriales se instalan en la letra pequeña. Sólo siete comunidades cuentan con estrategias o planes específicos sobre anticoncepción: Aragón, Asturias, Cataluña, Canarias, Comunitat Valenciana, La Rioja y la Región de Murcia. Paralelamente, otras como Galicia y la Comunidad de Madrid "han tratado de estandarizar la práctica clínica en anticoncepción en sus territorios, aunque sin llegar a emprender el proceso de planificación en salud que sí han llevado a cabo las comunidades autónomas antes mencionadas".
Mientras, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Islas Baleares y Navarra "se encuentran a la espera de que se despierte en sus correspondientes gobiernos la voluntad política necesaria para poder poner en marcha un grupo de motor que desarrolle su tan deseado plan o programa en anticoncepción".
El 28 de febrero de 2023 entraba en vigor la reforma de la Ley del Aborto, una de las principales promesas políticas en materia de igualdad durante la anterior legislatura. En su articulado, la norma fijaba la dispensación gratuita de métodos anticonceptivos de urgencia en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ni Murcia, ni Castilla-La Mancha, ni Canarias cumplen con la ley: ninguna de estas comunidades dispensa la píldora del día después en sus centros de salud.