Romper con la violencia machista conlleva no sólo dejar atrás al agresor, sino salir por la puerta de lo que hasta el momento había sido un hogar. La emancipación de las víctimas no es una tarea sencilla: a la dependencia económica que muchas veces las atraviesa, a la falta de recursos y a la ausencia de una red sólida, se suma un problema global en aumento: la crisis de la vivienda. Las víctimas asumen, como condición necesaria para construir una vida libre de violencia, la búsqueda de espacios seguros, autónomos y propios. Pero la hostilidad que les espera fuera las disuade de dar el paso. La consecuencia última es el sinhogarismo: casi una de cada cuatro mujeres sin hogar acaba en situación de calle tras haber sufrido, ella o sus hijos, violencia machista.
La escalada de los precios, la práctica imposibilidad de acceder a una vivienda sin un colchón detrás y la expulsión de los vecinos de sus propios barrios afecta de lleno a las víctimas, en todas las fases de la ruptura con la violencia y a pesar de estar, teóricamente, protegidas por las instituciones.
Una crisis que se ceba con las mujeres
Lo que les espera al grueso de las víctimas que salen en busca de un techo, es un panorama adverso que se ensaña con las mujeres. Así lo avalan los datos. Hoy día, quienes adquieren vivienda en propiedad son mayoritariamente hombres y quienes alquilan son mayoritariamente mujeres. Seis de cada diez inquilinos son mujeres, una predominancia que se reproduce en casi todos los tramos de edad. Entre las personas de dieciocho a veinticuatro años, el 84% de quienes alquilan son mujeres. Son datos del portal Fotocasa. Pero además, las mujeres tardan tres años y nueve meses más de media que los hombres en adquirir una vivienda, según UGT. Y hay más: según estima Provivienda, los hogares encabezados por mujeres tienden en mayor medida a rozar el umbral de pobreza cuando asumen los gastos relativos al hogar: el 60% tras pagar el alquiler y el 25% en el caso de las hipotecas.
Laura Barrio, socióloga y activista por el derecho a la vivienda, cree importante dejar claro que "el problema de acceso a la vivienda, como cualquier derecho social, tiene perspectiva de género: las mujeres están en desventaja porque existe un correlato del mercado de trabajo en el mercado de vivienda". Si ellas tienen peores salarios y menos capacidad para generar ingresos, tienen también menos recursos para acceder a una vivienda.
Esta fotografía es si cabe más lacerante en el caso de las víctimas de violencia machista. Según la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, el 11,5% de las mujeres mayores de dieciséis años ha sufrido violencia económica de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. Es la tercera manifestación más frecuente de violencia de género, por detrás de la violencia emocional y la psicológica de control. Acercando más la lupa, un 4,9% de las víctimas de violencia económica reseña que su agresor no le deja trabajar fuera del hogar.
Según un estudio sobre violencia económica publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, "la violencia tiene un efecto devastador sobre la empleabilidad de las mujeres y el mantenimiento de la actividad laboral. Al mismo tiempo, el empleo es una condición indispensable para el empoderamiento económico de las mismas, para la salida de la relación violenta o para hacer frente a las consecuencias de violencia económica tras la separación".
La inmensa mayoría de las víctimas que decide no denunciar a su agresor, asegura que el motivo principal es haberlo resuelto sola o no darle importancia a la violencia sufrida. Pero hay otra razón: un 5,4% de quienes sufren violencia por parte de su actual pareja no da el paso de denunciar por carecer de recursos económicos, un 4,2% en el caso de la violencia en relaciones pasadas. Las mujeres encuentran ahí uno de los primeros grandes lastres para dejar atrás la violencia: sin recursos económicos y en un contexto de crisis habitacional, hacerse con un espacio seguro se convierte en una odisea.
Espiral de abuso
"Cualquier situación que dificulte que las mujeres puedan romper con sus agresores, abre la puerta a la continuidad de la violencia", especialmente la de control, expone el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. Esta dinámica quedó retratada durante los confinamientos consecuencia de la pandemia sanitaria: "La violencia de control evita el homicidio, pero después se dispara cuando pueden salir". Lo que evidencian estas situaciones, es que cualquier fenómeno de carácter social puede funcionar como "factor añadido" a la violencia. "La pandemia, las crisis, la vivienda, el trabajo, cualquier elemento que dificulte la autonomía incide como factor de dependencia con el agresor", abunda Lorente.
En su artículo El papel de la vivienda en la recuperación de las víctimas de violencia de género, la socióloga Alexia Canto señala la vivienda como un "factor fundamental" en la ruptura con la violencia, y va un paso más allá al reseñar que las problemáticas derivadas de su acceso "pueden imposibilitar que la mujer abandone la convivencia con el maltratador, entrando en una espiral de abuso".
La socióloga enumera tres factores determinantes: el exceso de burocratización para los trámites que dan acceso a la vivienda protegida, las listas de espera y el riesgo de pérdida de las redes de apoyo debido a la búsqueda de vivienda. "Para las mujeres supervivientes de violencia de género, el tener una red personal de apoyo puede marcar la diferencia entre tener que acceder a un recurso habitacional o no. Estas redes se ponen en riesgo ante la necesidad de salir de sus barrios y, algunas veces, de sus pueblos o ciudades para poder acceder a una vivienda asequible", asiente la experta.
Y en ese contexto, el maltratador "se encarga de generar un clima de aislamiento" para distanciar a las mujeres de sus "redes de apoyo externas", un obstáculo que impide su emancipación. Sucede entonces que las mujeres echan un vistazo afuera y no encuentran ninguna tabla de salvación, así que renuncian a la ruptura. "Uno de los elementos que hace fracasar la salida, es la percepción de que la situación que tienen que afrontar es más compleja que la que viven con el maltratador", exclama Lorente.
Entrada en la red… ¿y después?
Ante una crisis de la vivienda enquistada, existe una red de recursos que busca dar cobijo a las víctimas. En ese compendio de medidas, es central la alternativa habitacional. Elena Fernández forma parte de la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Madrid. En conversación con este diario, explica que el primer escalón de protección consiste en un alojamiento temporal para todas aquellas que no tengan un sitio seguro donde ir. "Tenemos a muchas mujeres que se están planteando romper la relación, pero no tienen alternativa habitacional porque los alquileres están como están", describe.
El primer problema desde la entrada misma en el sistema de protección es la saturación de los recursos. En un contexto de crisis, cada vez son más las mujeres demandantes de alojamiento, así que lo que hace el Ayuntamiento es "poner criterios de acceso más restrictivos", así que muchas se quedan fuera. La administración ha llegado incluso a recurrir a hoteles para dar resguardo a las víctimas.
A partir de ahí, las mujeres transitan por distintos recursos, desde centros de acogida hasta pisos tutelados. Pero la temporalidad sigue siendo el gran obstáculo. ¿Qué sucede con las víctimas una vez se agotan los recursos? Las profesionales tienen que "trabajar una salida autónoma para las mujeres vulnerables", relata la trabajadora, un camino muchas veces "inviable porque las ayudas económicas que reciben son insuficientes". Y aunque las víctimas tienen acceso prioritario a la vivienda social, los tiempos no acompañan: "Puede tardar años en resolverse, pero la urgencia es ahora, cuando toda su vida se ha resquebrajado".
Ocurre además que los albergues y los recursos habitacionales, en cierto modo, "son contrario a la forma en que las mujeres entienden un hogar", estima Barrio, por lo que suelen suscitar rechazo. "Son pocas plazas, temporales, las mujeres apenas pueden llevar sus enseres y se sienten institucionalizadas" porque en parte supone "un recorte de su libertad y de cómo gestionan su hogar". Existe además cierta sensación de injusticia cuando las mujeres atraviesan las puertas de un centro de acogida. "Estoy peor que en mi casa, por qué tengo que irme yo en lugar de mi agresor", ejemplifica Lorente.
Algunas sólo encuentran una única salida: volver con sus maltratadores. "Casi nunca lo dicen, aunque lo pueden manifestar en la intervención", subraya Fernández. "Cuando salen voluntariamente de los centros, te dicen que van con una amiga, pero luego nos enteramos de que están con los agresores porque meses después vuelven", completa. Así que "no tener una vivienda adecuada para una salida autónoma rompe todo el proceso". También lo constata así Barrios: todo ello "empuja al mal menor, quedarte con el agresor". Especialmente cuando hay hijos de por medio, las mujeres deciden "absorber la violencia, sacrificarse para mantenerse bajo el techo que les proporciona el padre sustentador".
¿Protegidas?
Sobre el papel, las víctimas no sólo tienen acceso a recursos habitacionales, sino que existe además un abanico de ayudas diseñadas específicamente para acomodar su incorporación a un mundo libre de violencia: desde la vivienda protegida, hasta las ayudas para el alquiler, pasando por el escudo social que teóricamente las protege de eventuales desahucios. Sin embargo, la excesiva burocratización y la falta de información son señaladas por las expertas como los principales lastres para las víctimas.
"La vivienda sólo forma parte del sistema de bienestar de manera simbólica, pero las políticas de acceso a la vivienda y las medidas antidesahucios están definidas quirúrgicamente para gastar lo menos posible", expone Barrio. La infinidad de condiciones para obtener el certificado que acredita la condición de víctima "te disuade de definirte como tal, porque son requisitos muy extremos". Al final, observa la socióloga y activista, las instituciones "son violentas con las personas vulnerables y disuaden de pedir ayuda", por lo que "pelearte con la administración supone un desgaste tal" que las víctimas optan por tirar la toalla.
Lo que sucede, a juicio de Miguel Lorente, es que "la mayoría no tiene la información" necesaria, pero además "son recursos escalonados". Es decir, aquello que dicta el Gobierno, lo desarrollan las comunidades y lo aplican los municipios, lo que redunda en un "caos" a nivel político y burocrático. "La sensación es que el sistema hace más para justificarse a sí mismo, que para abordar la realidad de las mujeres", lamenta el exdelegado.
Lo sabe bien Aurora (nombre ficticio). Hace un año decidió romper con su maltratador, marcharse de su localidad y buscar un nuevo hogar en Barcelona. "Regresé a casa de mi hermana, me acogió temporalmente. No tenía ingresos ni trabajo fijo, así que fui de un lado para otro", señala en conversación con este diario. Sin una nómina que diera cuenta de una estabilidad económica, la víctima encontró una solución que le pareció razonable: un local donde podía iniciar un proyecto laboral y a la vez construir un hogar. "Pero no tenía licencia como vivienda, así que mi maltratador lo utilizó contra mí. Como no tengo casa, me quitaron la custodia de mi hijo", lamenta.
Aurora reconoce no saber bien cómo romper "el círculo vicioso" de la ausencia de vivienda y falta de oportunidades laborales. Tampoco ha encontrado auxilio en las administraciones: "Siempre falta algún requisito o te dicen que no das el perfil. Yo no tengo lesiones físicas visibles y todavía no hay una sentencia en firme", así que todas las puertas están cerradas para ella.
La última consecuencia: el sinhogarismo
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La vivencia de Aurora no es excepcional. "Los llamados criterios de vulnerabilidad son un laberinto burocrático que permite una alta arbitrariedad a los juzgados y a los servicios sociales", señalan las organizaciones antidesahucios, quienes denuncian la frecuencia de los desalojos que dejan a víctimas de violencia en la calle.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre sinhogarismo, el 22% de las mujeres sin hogar señala que la principal razón por la que abandonó su casa y terminó en la calle es haber sufrido violencia machista, ella misma o sus hijos. La organización Hogar Sí advierte que "las dimensiones que apuntan otros estudios específicos sobre violencia de género sufrida por mujeres en situación de sinhogarismo" son todavía más alarmantes.
La Universitat de Barcelona (UB) reseñó en 2019 que el 70% de las mujeres en situación de calle ha sufrido violencia de género y otra investigación de la Asociación Aires, publicada el mismo año, calculó que un 60% de las mujeres señalan los episodios de violencia como la causa directa de su situación.