El Parlamento Europeo trata de impulsar su propio ‘sólo sí es sí’ ante la amenaza de la derecha
En los pasillos del Parlamento Europeo apenas hay lugar para la pausa. Los ecos de la investidura que está abriendo los telediarios a más de mil kilómetros se diluyen entre trílogos, informes, negociaciones maratonianas y ponentes en la sombra. Alguien menciona que a Isabel Díaz Ayuso le gusta la fruta y otro alguien comenta algo de Alberto Núñez Feijóo, Antonio Machado e Ismael Serrano. Pero en la sede del poder legislativo en Bruselas, los tiempos no los marca Madrid.
Este miércoles y jueves, es la violencia machista la que ocupa la agenda. Concretamente, dos puntos marcados en rojo que mantienen en vilo a las feministas ligadas a la institución europea: la reforma de la Directiva contra la trata y la nueva Directiva de violencia contra las mujeres. Ambas se ponen sobre la mesa en las jornadas Violencia contra las mujeres: análisis de las novedades jurídicas en la UE. Entre el público, asiste y participa activamente una treintena de mujeres de organizaciones especializadas y el mundo académico.
La primera directiva busca mejorar la ya existente. La española María Eugenia Rodríguez Palop, que coorganiza las jornadas junto a su grupo parlamentario, The Left, ha sido la ponente principal del informe del Parlamento Europeo y se prepara para comenzar las negociaciones con el Consejo y la Comisión. La previsión es que la modificación salga adelante antes de que finalice la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En caso de prosperar, los efectos en suelo español serían diversos, pero el más inmediato tendría que ver con acelerar la ley orgánica contra la trata que se quedó en un cajón la legislatura pasada.
En cuanto a la segunda, la ambición de la directiva es la de trasladar los mandatos del Convenio de Estambul, el texto europeo de referencia en materia de violencia contra las mujeres. La propuesta se encuentra en fase final, pero se enfrenta a un gran escollo: el Consejo está en contra de incluir la violación como delito específico basado en el consentimiento. En este punto, se replica un debate que resulta conocido ya en España y que tiene que ver con priorizar el consentimiento frente a la violencia y la intimidación. No sólo los países más conservadores se oponen a esta perspectiva de los delitos sexuales, sino también otros como Alemania y Francia. Una confrontación que inquieta a la izquierda europea y las organizaciones de mujeres, dado que en junio del año que viene se celebran las elecciones y la amenaza de la derecha pone en peligro la viabilidad de las políticas de igualdad. Incluso la propia existencia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Europarlamento está en juego.
“A pesar de que España preside el Consejo, hay muchos otros estados que no tienen esta visión”, lamenta Palop. En declaraciones a infoLibre, la eurodiputada señala que “es una obviedad legislativa y política que en la violación están incluidas todas las relaciones que se practican con ausencia de consentimiento, independientemente de la existencia de violencia o intimidación”.
Irene Rosales, miembro del Lobby Europeo de Mujeres, recuerda durante su intervención en el evento que “el modelo que funciona es el afirmativo”, tal y como lo han ido constatando los países que han apostado por él. El caso más paradigmático es el de Suecia: “Según las evaluaciones hechas por organismos imparciales, se han registrado más denuncias” desde la puesta en marcha de este modelo, por lo que “las víctimas tienen mayor confianza en el sistema”. Además, la policía y la justicia “están muy de acuerdo con la norma y se han registrado un 75% más de condenas”.
Sobre violencia e intimidación, sobre consentimiento en positivo, lleva mucho tiempo haciendo pedagogía Teresa Peramato. La fiscal de Sala de la Violencia sobre la Mujer va anotando a mano en su cuaderno, pacientemente, todos los datos relativos a la violencia contra la mujer. Por ejemplo: que sólo alrededor del 10% de las víctimas de violencia sexual es quien de dar el paso de denunciar. Y por eso, defiende este miércoles en una de las muchas salas que atesora el Europarlamento, es tan valioso contar con una ley como la del sólo sí es sí. Porque se acabó la revictimización: “No vamos a interrogar a las víctimas de la misma manera, no les tendremos que hacer sentir culpables”.
No es la revictimización un fenómeno específicamente español. Lo cuenta Thelma Fardin, actriz argentina y superviviente de violencia sexual. “Hay una altísima tasa de impunidad y eso lanza el mensaje de que pueden hacer lo que quieran con nosotras, porque no va a haber ningún tipo de consecuencias”.
Fardin cuenta que denunció haber sido víctima de una agresión sexual nueve años después de haberla sufrido. Primer obstáculo: el descrédito. “Se nos pregunta por qué tardamos tanto en hablar, cuando es evidente que nadie quiere someterse a este juicio”. A lo largo del proceso, las víctimas conviven con la sensación de “estar sentadas siempre en el banquillo de los acusados”. Cuando la actriz presentó la denuncia, fue sometida a una prueba pericial física, a pesar de haber trascurrido nueve años desde que sucedieran los hechos. “Si te niegas, te dicen que puede ser usado en tu contra. Ahí te das cuenta de cómo va a ser todo lo demás”.
El hombre al que la actriz argentina acusó fue absuelto el pasado mes de mayo. La defensa ha apelado, pero las secuelas hacen mella. El proceso judicial “es doloroso, revictimizante y tiene un gran coste a nivel de salud mental”, lamenta la actriz.
No sólo el testimonio de las víctimas acredita la doble victimización en los tribunales, sino que las propias sentencias judiciales dan buena cuenta de ello. Fue un juez quien dijo que era “realmente peligroso” dictar una condena basándose únicamente en la “evidencia provista por una mujer o una niña”, pues en muchas ocasiones “cuentan una historia completamente falsa, muy fácil de inventar pero muy difícil de desmontar”. Ocurrió en 1968, en Reino Unido. El magistrado juzgaba una violación contra una niña. Sus palabras resuenan en el Parlamento Europeo con la voz de Glòria Poyatos, magistrada especializada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Medio siglo después, recuerda la jueza, otra sentencia dio la vuelta al mundo: aquella bautizada como el caso contra La Manada. “Siete magistrados vieron concurrencia de violencia e intimidación, cinco de ellos no y uno vio jolgorio”. El resultado no sólo fue la revuelta masiva en las calles, sino la constatación de que “la estereotipación en la justicia es una forma de violencia contra las mujeres”. Los roles sexistas, subraya Poyatos, “se cuelan sutilmente y de forma opaca en la justicia, en la legislación y en las cabezas de quienes dictan sentencias”.
Si las víctimas de violencia machista tienen que enfrentarse a una carrera de obstáculos, las mujeres que caen en las garras de la trata son las desterradas a los márgenes del sistema. Lo recuerda Andrea Salvoni, coordinador en funciones para la lucha contra la trata de seres humanos en la OSCE. “La explotación sexual comercial se alimenta de la vulnerabilidad”, por lo que es urgente una “estrategia crítica” capaz de “hacer frente a la demanda que la incentiva”.
Asunto polémico: el papel de la demanda y su forma de abordarla. La directiva contra la trata propone una estrategia encaminada a desincentivar el consumo a través de la persecución no sólo de aquellos clientes que consumen conscientemente explotación sexual, sino para aquellos que lo hacen diciendo desconocer la existencia de una red delictiva detrás. “Comprar sexo no sólo incentiva la explotación, sino que es explotación”, añade Salvoni. Entre el público, una mujer le interpela. Pertenece al sindicato OTRAS y le reprocha dejar fuera la voz de las prostitutas. Su discurso, lamenta la feminista, “criminaliza el trabajo sexual”. El diálogo excederá, poco después, a la formalidad de la jornada y ambos se apartarán discretamente para prolongar el debate. Quién sabe si habrán acercado posiciones.
Ofensiva ultra
El debate es bienvenido cuando se aborda desde una óptica de derechos humanos. Pero no siempre es así: tanto en España como en Europa, la ofensiva ultra se hace fuerte. En algunos de los países que conforman la Unión Europea, la reacción machista ha ido dando sutiles pasos. Entre sus estrategias, dar alas a la “neutralidad de género”, en palabras de Susana Pavlou, directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Género. “Hemos visto surgir la neutralidad de género a través de leyes neutras o ciegas al género que tienen impactos muy concretos en la disposición de recursos”.
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¿De qué manera? Por ejemplo, a través de la idea de que la violencia no tiene género, un discurso que ya resulta tristemente familiar en España. Se trata de dar alas “a la idea errónea de que cualquier persona es susceptible de ser víctima”, expone Pavlou. En países como Bulgaria, Croacia o Hungría, los gobiernos “se han sumado al cambio hacia la vaguedad y en contra de la igualdad entre hombres y mujeres”.
Mientras la ponente pronuncia estas palabras, algunas personas se manifiestan a más de mil kilómetros, en la madrileña sede del PSOE. Salen a la calle con muñecas hinchables marcadas como las ministras socialistas. O con el nombre de Irene Montero. La ofensiva reaccionaria avanza, pero en una sala del Parlamento Europeo decenas de mujeres hablan entre ellas para pensar cómo contenerla. Eliana Jimeno, miembro de la organización Mujeres contra la violencia en Europa (Wave), recuerda el jueves que “las organizaciones de mujeres” han estado presentes “todas las veces” y van a “estarlo siempre” que los estados “no estén a la altura”.
En medio del análisis, alguien da la noticia: Pedro Sánchez, investido presidente. “¡Seguimos siendo de izquierdas!”, dice una de las mujeres asistente a las jornadas. Y feministas, se sobreentiende.
