No hace tanto tiempo, el feminismo se dejaba los pulmones en las calles. La mirada violeta impregnaba todas las capas de la sociedad y las políticas de igualdad eran estudiadas con lupa fuera de las fronteras estatales. El movimiento feminista presumía de músculo y la lucha contra la violencia machista era refrendada por una amplísima mayoría. Pero la irrupción de la extrema derecha en el tablero político ha agrietado los pilares que sostenían lo que hasta hace poco era un claro consenso social. Ya no se trata sólo de irreverencias discursivas ni de guerras culturales: el negacionismo se ha instalado en las instituciones y los efectos materiales empiezan a ser palpables. El pacto entre el Partido Popular y Vox para gobernar en la Comunitat Valenciana da cuenta de ello. En su acuerdo, la medida cuadragésimo tercera expresa con total claridad su intención de "erradicar la violencia intrafamiliar" garantizando la igualdad "entre todas las víctimas".
La violencia de género no existe
La ofensiva del partido ultra es clara y no deja de sumar tantos. El número dos del partido de Santiago Abascal en las listas por Valencia el pasado 28M, José María Llanos, ha sentenciado este viernes que "la violencia de género no existe". Llanos ha puesto palabras al ideario que atraviesa a su formación y que no es, en realidad, ningún secreto. Quizá la expresión más dolorosa de ello la personifica Carlos Flores, cabeza de lista por Valencia de cara al 23J y condenado por violencia machista.
Al fervor negacionista de la extrema derecha se une la connivencia de los conservadores. Si bien los principales líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, se han apresurado en demostrar su rotunda condena a la violencia machista, lo cierto es que las palabras pierden fuerza frente a los pactos sellados en los despachos. Tampoco ha pasado desapercibido para el Partido Socialista, cuyas filas no sólo han criticado las palabras del número dos de Vox, sino que han censurado el "cinismo" de los conservadores.
No es la primera vez que se hace evidente el ataque ultra contra el feminismo y las políticas de igualdad. Fue durante el verano pasado cuando el entonces consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), defendió que el término de violencia intrafamiliar podía ser preferible al de violencia de género. Y fue precisamente en la misma comunidad donde se puso en marcha un teléfono contra este tipo de violencia, con apenas dos llamadas diarias. Fue también el PP el partido que en 2019 sugirió "ampliar las garantías y protección a las víctimas de todo tipo de violencia en el ámbito familiar". Tímidamente, el discurso en torno a la violencia intrafamiliar como prioridad frente a la violencia machista ha ido calando en la política y en el imaginario colectivo.
149 feminicidios en la Comunitat Valenciana
Todas las miradas se posan ahora en la Comunitat Valenciana. Aunque algunos se pueden permitir el lujo de descansar la vista: el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado al negacionismo manifiesto de la extrema derecha con un significativo "veremos lo que pasa".
En el extremo opuesto, la actual vicepresidenta y consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives en la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, ha sido tajante: la comunidad, ha expresado este mismo viernes, "no puede convertirse en una tierra franca para el machismo". Mas considera que "se han cruzado líneas rojas" y entiende que la negociación entre conservadores y extrema derecha "silencia el fenómeno discriminatorio de la violencia machista", al conceder protagonismo a la violencia intrafamiliar y centrarse "literalmente en la igualdad entre todas las víctimas". El mismo viernes, el Consell del Botànic ha aprobado una declaración institucional contra el "negacionismo de la violencia machista".
Pero, ¿qué es lo que hay en juego en la comunidad? Para empezar, conviene recordar algunas cifras. A día de hoy, según la última estadística del Ministerio del Interior, son 12.444 las mujeres que residen en la Comunitat Valenciana víctimas de violencia de género y cuyos casos están activos en el sistema VioGén –la herramienta de seguimiento integral en los casos de violencia de género–. Entre ellas, 5.464 están en riesgo bajo; 2.050 se encuentran en riesgo medio; 266 en riesgo alto y una convive con el riesgo extremo. La suma de todas ellas, 7.781, cuenta con algún tipo de medida de protección. Hay 168 chicas menores de dieciocho años víctimas de violencia de género en la comunidad, cuatro expuestas a un riesgo alto. Del total, 6.201 tienen menores a su cargo: 1.455 en situación de vulnerabilidad, 219 en situación de riesgo y 1.762 en situación de especial relevancia.
Una mujer ha sido asesinada en lo que va de año en el territorio, 149 desde que comenzó el registro hace dos décadas. Es la tercera comunidad con más feminicidios de toda la serie histórica, por detrás de Andalucía y Cataluña. Sólo en el primer trimestre del presente año, se han presentado más de 7.000 denuncias por violencia de género en los juzgados valencianos, lo que supone más de 80 denuncias al día.
Recursos pioneros y retos por delante
La Comunitat Valenciana ha venido desarrollando una serie de políticas que buscan combatir esta forma de violencia estructural y que quedan amenazadas por el discurso de la extrema derecha. Los logros no son pocos, pero su éxito, su impacto y su continuidad depende de las cartas que juegue quien ocupe el poder. Y los nuevos rostros que tomarán el timón no parecen augurar un futuro prometedor para las políticas de igualdad.
La Comunitat Valenciana es la tercera con más feminicidios de toda la serie histórica, por detrás de Andalucía y Cataluña
El 18 de septiembre de 2017, un conjunto de instituciones, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil sacaban adelante el primer Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. La hoja de ruta de la que se ha servido la administración para implementar algunas de sus políticas más importantes en la materia. Este año, precisamente, el calendario pronosticaba la firma de la segunda edición del pacto en el mes de noviembre. El compromiso queda ahora en el aire.
No son pocas las medidas que se han ido desarrollando al calor del acuerdo y que expresan sin ningún tipo de matiz qué es lo que está en juego tras la entrada del discurso negacionista. A día de hoy, según la última evaluación, son 105 las medidas desarrolladas, 148 en ejecución permanente, 27 en proceso y 18 pendientes de implementar.
En abril de 2019, la Ciudad de la Justicia de Valencia vio nacer su primera Oficina de denuncias y asistencia a las víctimas de violencia de género, un centro especializado y pionero en todo el país que se crea con la intención de evitar la "doble victimización" de las mujeres, a través de atención y acompañamiento integral. Algo así como una suerte de comisaría específica de violencia machista. Hasta junio de 2022, la oficina atendió a 2.370 mujeres. El año pasado se replicó la experiencia en Castelló y Alicante, mientras que este año pretendía seguir la estela Elche. Vox ostentará la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana. Precisamente esta misma cartera sería la responsable de "ampliar la red de oficinas de atención multidisciplinar a las víctimas" a todos los juzgados, con especial atención al ámbito rural.
Siguiendo el camino marcado por el Pacto, la actual Vicepresidencia y Conselleria d'Igualtat se comprometió el año pasado a "ampliar la red de centros de emergencia [recursos especializados de corta estancia] en las tres capitales de provincial de forma diferenciada", con el fin de reforzar los cuatro que ya existen a día de hoy. La misma Conselleria aprobó en 2018 un decreto por el que se equiparaba la indemnización de las víctimas de violencia sobre la mujer con las que reciben las víctimas del terrorismo, una medida anunciada recientemente a nivel estatal por el Ministerio de Igualdad. Desde la implantación de la indemnización y hasta el año pasado, la comunidad ha resuelto un total de quince expedientes, de los cuales trece beneficiarios han sido hijos de mujeres asesinadas y dos expedientes han sido resueltos en favor de madres de hijos asesinados como consecuencia de la violencia vicaria.
El presupuesto para Conselleria d'Igualtat no ha dejado de crecer en los últimos años: si en 2016 era de 1.528 millones, en 2023 se instaló en los 2.308 millones
Otra de las medidas desarrolladas en suelo valenciano y que podría estar en riesgo con la entrada al poder de la ultraderecha, tiene que ver con la inclusión del impacto de género en las partidas presupuestarias. "Si mujeres y hombres parten de una situación y posición desiguales, cualquier actuación pública que no lo tenga en cuenta sólo conseguirá perpetuar o incluso agravar dichas desigualdades", razona la administración. La Generalitat diseñó su primer informe en este sentido en el año 2015, pero la experiencia en Andalucía no augura un buen futuro: en 2020, Vox consiguió acordar una "auditoría" de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. La carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido ultra de venderlo: "Auditar los inútiles informes de impacto de género".
La educación es otra de las esferas en el punto de mira de la ultraderecha, si bien la Conselleria d'Educació quedará finalmente en manos del Partido Popular. Actualmente, todos los centros sostenidos con fondos públicos cuentan con la figura de coordinación de igualdad y convivencia, desde su creación en el curso 2016-17, una herramienta que el pacto contra la violencia llama a reforzar. La entrada de la extrema derecha y su perseverancia a la hora de imponer el veto parental en las escuelas, suponen una clara amenaza a este tipo de políticas.
¿Y qué hay de los fondos públicos? El presupuesto que ha ido a parar a la Conselleria d'Igualtat no ha dejado de crecer en los últimos años: si en 2016 era de 1.528 millones, en 2023 se instaló en los 2.308 millones de euros.
"La política también se hace en las calles"
La fiscal Susana Gisbert, especializada en violencia machista y exportavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, afirma al otro lado del teléfono que las palabras que emanan del partido ultra no sólo son "preocupantes" sino que "van en contra de nuestra propia legislación". La negación de "un problema como la violencia de género", teme la experta, tendrá un impacto enorme en la vida de las mujeres, en tanto que "podemos presumir que la inversión para atajarlo será mucho menor". Pero además, alerta, el mensaje "está calando en la gente y ese es parte del problema". No hace tanto tiempo, expone, la condena social al terrorismo machista "estaba clara y era unánime, pero los partidos políticos que niegan la violencia han entrado en las instituciones y eso ha hecho que un discurso que antes se rechazaba, ahora esté normalizado".
Nuestros peores temores se han cumplido
"Como mujer valenciana y feminista radical, me preocupa un Gobierno del PP y Vox: nuestros peores temores se han cumplido". Habla Yolanda Díaz Serra, portavoz de la Plataforma Feminista de Alicante y secretaria general de UGT en l'Alacantí-la Marina. "Llevan años negando sistemáticamente la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres" y ahora han cumplido "sus amenazas" a través de los pactos rubricados en la comunidad. "Es un insulto a las mujeres y a los hombres feministas", recalca la activista y sindicalista, quien tilda lo sucedido en el territorio como una forma de "violencia institucional".
Feijóo desprecia la existencia del Ministerio de Igualdad en un país con 1.205 crímenes machistas
Las feministas confían en lo que ha sido históricamente su tabla de salvación: las calles. "Vamos a salir cada vez que nieguen la violencia, vamos a confrontar", insiste Díaz Serra, "nunca nos lo han puesto fácil, pero sabremos afrontarlo".
La misma confianza en la sociedad civil organizada la refleja Silvana Cabrera, activista en la Assemblea Feminista de València y miembro del movimiento antirracista en la comunidad. "No ha habido un freno al discurso de odio de Vox durante estos años", lamenta en conversación con este diario, en parte porque "hay una idea muy equivocada sobre las libertades y con ese pretexto se ha dado una amplia cabida a este tipo de políticas".
La gran mayoría de la sociedad todavía no es consciente de todo lo que va a suponer que personas con una ideología como la de Vox estén en el poder
Cabrera no concede indultos: la izquierda parlamentaria e institucional, afirma, también es responsable. Por no haber confrontado directamente los discursos de odio, por haberlos tolerado. "Al fascismo no se le discute, es una ideología que va en contra de los derechos fundamentales de las personas", reitera. Y las consecuencias recaerán directamente sobre los cuerpos de las mismas: las mujeres, las personas migrantes, las precarizadas, las que están en situación administrativa irregular, enumera la activista. "La gran mayoría de la sociedad todavía no es consciente de todo lo que va a suponer que personas con una ideología como la de Vox estén en el poder", mientras la izquierda consume sus fuerzas en batallas por "ocupar un puesto en los gobiernos y tener un sillón asegurado". Ante esta coyuntura, sentencia la feminista, sólo hay una certeza: "La política también se hace en las calles".
No hace tanto tiempo, el feminismo se dejaba los pulmones en las calles. La mirada violeta impregnaba todas las capas de la sociedad y las políticas de igualdad eran estudiadas con lupa fuera de las fronteras estatales. El movimiento feminista presumía de músculo y la lucha contra la violencia machista era refrendada por una amplísima mayoría. Pero la irrupción de la extrema derecha en el tablero político ha agrietado los pilares que sostenían lo que hasta hace poco era un claro consenso social. Ya no se trata sólo de irreverencias discursivas ni de guerras culturales: el negacionismo se ha instalado en las instituciones y los efectos materiales empiezan a ser palpables. El pacto entre el Partido Popular y Vox para gobernar en la Comunitat Valenciana da cuenta de ello. En su acuerdo, la medida cuadragésimo tercera expresa con total claridad su intención de "erradicar la violencia intrafamiliar" garantizando la igualdad "entre todas las víctimas".