Los primeros órganos consultivos avalan la ley trans y piden que sea más ambiciosa

La Ley de Igualdad LGTBI avanza con sigilo, en contraste con el sobredimensionado ruido que ocasionó su negociación. Después de que el pasado verano fuera aprobada por el Consejo de Ministros, la polémica norma está siendo estudiada por los distintos órganos consultivos. Por el momento, ya ha pasado el filtro del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo LGTBI. El primero tiene encomendada la tarea de emitir un dictamen preceptivo sobre el anteproyecto, mientras que el segundo tiene entre sus funciones "exponer criterios y observaciones" sobre los proyectos que conlleven políticas LGTBI. Ambos organismos no solo han dado el visto bueno a la propuesta, sino que han sugerido la elaboración de un texto más ambicioso.

La conocida como ley trans, formalmente Ley para la igualdad de las personas LGTBI, fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado verano, después de una ardua negociación entre los dos socios de coalición. Las desavenencias entre socialistas y morados eran palpables e hicieron saltar por los aires cualquier voluntad de discreción. En el centro, la libre determinación del género, las dudas jurídicas que suscitaba el texto y un movimiento feminista profundamente dividido. Tras pasar por el Consejo de Ministros el 29 de junio, el anteproyecto fue enviado a los ministerios el 15 de diciembre y al Consejo Fiscal, al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 15 de diciembre. El dictamen del CGPJ debía haber sido remitido el 16 de enero, pero el organismo todavía no ha dado traslado al Ministerio de Igualdad.

Tras pasar por los órganos consultivos y aterrizar por segunda vez en el Consejo de Ministros, el texto irá a parar al Congreso, donde los grupos prevén introducir enmiendas para mejorar el proyecto normativo. Con la salida de Carmen Calvo de la negociación, parece que los dos socios de Gobierno empiezan caminar a la par. En esta nueva andadura que afronta la ley, los dos actores principales coinciden en dejar atrás debates teóricos e ir a lo primordial: las necesidades materiales del colectivo.

El Consejo Económico celebra los avances

El informe del Consejo Económico y Social ha sido, aunque contundente, bastante escueto en sus observaciones. El organismo elogia el sentido del anteproyecto, por incorporar "novedades sustantivas" que constituyen "avances importantes" para la comunidad LGTBI. Y destaca en positivo uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto: la despatologización de las personas trans, que posibilita "la libre determinación de la identidad de género". 

¿Dónde vienen los peros? Aunque de manera más superficial en comparación con el Consejo LGTBI, el organismo sugiere algunas modificaciones al texto, como el fomento de estudios e investigaciones desde las universidades, medidas específicas para las personas LGTBI con discapacidad o abordar con mayor rigor la situación de "desprotección de aquellas personas LGTBI migrantes" solicitantes de asilo, especialmente aquellas internadas en los CIE. El Consejo se posiciona también en uno de los debates más importantes dentro del movimiento feminista, aquel que atañe al lenguaje, al defender la inclusión del término "personas trans gestantes" en el Estatuto de los Trabajadores.

Es en el ámbito laboral donde el organismo se fija con especial detenimiento. Cree que abordar la discriminación que sufre el colectivo en el mercado de trabajo debe ser objeto de un abordaje riguroso y siempre de la mano de los sindicatos. El Consejo echa en falta un papel más activo de los agentes sociales, también los representantes de los empresarios. "Las organizaciones sindicales y empresariales son sujetos de relevancia constitucional que cumplen con una función trascendente y que deben ser consultados previamente a la elaboración de las normas", señala en su análisis, y considera que "se ha perdido la oportunidad de enriquecer el texto" con sus aportaciones.

El Consejo LGTBI pide mayor ambición

El Consejo de Participación LGTBI echó a andar el año pasado de la mano del Ministerio de Igualdad. En abril de 2021, la catedrática Marina Echebarría Sáenz fue nombrada presidenta por la ministra Irene Montero, a propuesta de la ex secretaria de Estado de Igualdad Noelia Vera. El Consejo lo integran, además, representantes de otros diez ministerios, vocalías en representación de las comunidades y entidades locales, así como sindicatos.

El dictamen del Consejo LGTBI, consultado por infoLibre, coincide con el anterior a la hora de valorar positivamente el anteproyecto, pero resulta mucho más exhaustivo en cuanto a los puntos débiles del texto y las sugerencias de mejora. El Consejo abre su análisis reparando en algunas incoherencias técnicas –como el uso del término transexual y trans a modo de sinónimos–, para a continuación hacer un examen a fondo de cada bloque que estructura el anteproyecto. 

Mercado laboral

En la esfera laboral pide mayor concreción en sus medidas, pues la actual propuesta "no se formula en términos imperativos", sino que desliza "disposiciones de carácter general". Igualmente, sostiene que hablar de incentivos en lo que respecta a las empresas, en general y "sin concretar dónde y por quién se han de implementar, corre el riesgo de convertirse en un enunciado vacío". En cuanto a la discriminación en el empleo, el análisis apuesta por la formación y la sensibilización, pero cree insuficiente dejarlo en manos exclusivamente de la negociación colectiva: "Quizás la previsión del anteproyecto se queda corta".

Salud: la transexualidad "en tierra de nadie"

En el ámbito sanitario, el Consejo LGTBI celebra la necesaria prohibición de las terapias de conversión, pero critica la ausencia de sanciones más duras, "a la vista de la trascendencia de la conducta". El dictamen echa en falta también asuntos como el impulso a la investigación científica sobre las necesidades específicas de las personas con VIH, o de protocolos para la atención a la salud ginecológica de las mujeres lesbianas.

Al Consejo LGTBI le preocupan también las posibles asimetrías en cuanto a la atención sanitaria, consecuencia de las competencias transferidas. El anteproyecto, sostiene, no "garantiza un tratamiento uniforme por territorios a todos los pacientes" y "no modifica la cartera general de servicios de la seguridad social para incluir la transexualidad", por lo que continúa "en tierra de nadie" y en manos de las comunidades. Tampoco "garantiza la solución de los conflictos existentes en torno a la atención de los menores transexuales".

Educación y menores de doce años

El anteproyecto prevé también sembrar en las aulas un entorno de integración y tolerancia que destierre el acoso contra el alumnado del colectivo. Sin embargo, el Consejo LGTBI cree que la futura ley puede ser más ambiciosa y fomentar una mayor formación entre los cargos directivos y la inspección. El organismo cree preocupante que solo los menores de más de doce años, una vez obtengan el cambio de nombre en el registro, opten a un trato conforme a su nombre en todas las actividades del ámbito educativo. "Deja a los menores de doce años, especialmente vulnerables, sin amparo alguno", señala. El anteproyecto permite el cambio registral a los menores de entre catorce y dieciséis años, siempre que estén asistidos por sus representantes legales. Según lo dispuesto sobre el papel, las personas de doce y trece años podrán acometer el cambio bajo "aprobación judicial". Por debajo de los doce años, el cambio de nombre o sexo registral no está permitido.

Cambio registral y tiempo de reflexión

En este punto emerge la columna vertebral del texto. Para el Consejo LGTBI, limitar el cambio registral del nombre a los doce años "carece de una justificación objetiva". El Consejo sugiere eliminar cualquier edad barrera para el acceso a la libre determinación del género.

La versión actual de la ley propone una doble comparecencia ante el Registro Civil con un período de tres meses de reflexión. Una fórmula que "implica una dilación temporal asumible en comparación con otros ejemplos cercanos", señala el organismo. Sirve, además, para garantizar un "consentimiento informado y una reflexión más que suficiente frente a decisiones frívolas o irreflexivas". El Consejo difiere, sin embargo, en añadir un mes más como plazo máximo para que la persona encargada del Registro Civil dicte resolución.

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El Consejo critica el exceso de celo a la hora de garantizar los derechos vinculados a las leyes de igualdad y contra la violencia de género, fruto de una "polémica artificialmente suscitada" durante la confección de la ley. Cree que los preceptos vinculados a la Ley de Igualdad de 2007 –por los que se establece que los hombres transexuales no pueden acceder a ayudas exclusivamente articuladas para mujeres, incluso habiéndolas disfrutado antes del cambio registral– está construida sobre "una redacción atormentada y poco clara" que genera incluso "dudas sobre si afectaría la medida a las mujeres transexuales, lo que sería inaceptable". En cuanto a la Ley 2004 contra la violencia de género, el Consejo LGTBI cree evidente que un cambio de sexo registral "no evitaría la aplicación de la ley a las situaciones generadas antes del cambio de sexo registral". El blindaje de los derechos de las mujeres a través de la mención explícita a estas dos leyes clave demuestra, a juicio de la institución, la vulnerabilidad del anteproyecto "a los miedos infundados y bulos que se han esparcido en torno al debate legislativo". El Consejo Económico y Social sí elogia las garantías que introduce el anteproyecto para la protección de las "víctimas de violencia de género ante un posible uso fraudulento".

El encaje de las personas no binarias

En la resolución del Consejo también hay lugar para las ausencias. Una de ellas fue también objeto de disputa durante la negociación del texto: las personas no binarias. Una primera versión de la ley planteaba la elaboración de un estudio que determinase su encaje legal, pero finalmente las personas no binarias quedaron fuera del actual texto. La sociedad civil, plasma el dictamen, expresa un "sentimiento de insatisfacción por algunos retrocesos frente a formulaciones previas del proyecto o borradores anteriores del mismo". Queda "totalmente ausente" la existencia de "realidades no estrictamente binarias", pero además el régimen de la ley en el tratamiento de las personas intersexuales "se encamina hacia un encaje forzoso en el modelo binario", obviando que estas personas "no tienen por qué ser forzadas a dicho encaje".

El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a tener listo, en la primera mitad del año, un estudio sobre la realidad de las personas no binarias.