Un total de 2.832.857 mujeres están llamadas a las urnas el próximo 12 de mayo en Cataluña. Suponen el 51,8% del electorado catalán. Quizá algunas de ellas se pregunten cómo es posible que en lo que va de año, cinco menores hayan sido asesinados en su comunidad a manos de sus padres. O por qué la mayoría de los juzgados del territorio deniegan sistemáticamente las órdenes de protección en contextos de violencia machista. Tal vez, esas mujeres estén interesadas en conocer los recursos a su disposición en caso de sufrir violencia sexual. Son muchas las preguntas que en clave de género sobrevuelan alrededor de los próximos comicios autonómicos. ¿Cuáles son los avances en la lucha contra violencia de género? ¿Cuáles los retos y las tareas por hacer? ¿Qué políticas públicas de igualdad se han desarrollado en los últimos años?
En lo que va de año, cinco menores han sido asesinados a manos de sus padres en Cataluña. La violencia vicaria ha marcado el inicio del año y ha hecho saltar las alarmas de los gobiernos. La Generalitat anunció a mediados de abril la constitución de un grupo de expertas capaz de confeccionar, antes de septiembre, un informe destinado a identificar medidas y políticas para combatir esta forma de violencia. El equipo está compuesto por psicólogas, pediatras, criminólogas y educadoras sociales. La consellera de Igualtat i Feminismes –departamento, por cierto, creado al inicio de la legislatura–, Tània Verge, reconoció hace un mes que apenas existen herramientas para detectar, evaluar y combatir esta forma de violencia que ya ha dejado a diez menores asesinados por sus padres en suelo catalán desde que existe recuento, en 2013.
Pero hay pasos en positivo. Hace apenas unos días, de un juzgado barcelonés emergió una sentencia pionera: la decisión de impedir a un maltratador acercarse a su hija de once años para prevenir la violencia vicaria. "Así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo. Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que le haga otra vez daño a tu mamá", escribía la jueza que tomó la decisión, en una carta dirigida a la menor.
Lo cierto es que Cataluña puede presumir de haber ido marcando el camino en lo que respecta a la violencia que sufren los más pequeños. Por ejemplo, con el llamado modelo Barnahus. En 2023 fue inaugurado el primer centro Barnahus del Estado en Tarragona, después de consolidar en el mismo territorio una prueba piloto puesta en marcha años antes. Se trata de una iniciativa que replica el proyecto original islandés y que busca atender bajo un mismo techo a los menores víctimas de violencia sexual. Un centro pionero que no sólo ha demostrado su eficacia –desde su implementación en la provincia catalana "se ha multiplicado por cuatro el número de menores víctimas de abusos sexuales protegidos por el sistema", según la Generalitat–, sino que prevé extender sus servicios a todo el territorio. El pasado mes de marzo el actual president, Pere Aragonès, anunció la apertura de otros trece en los "próximos meses".
Atender todas las violencias
En 2023, un total de 4.027 mujeres presentaron en Cataluña 3.759 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 33,5% más que en 2022. El de la violencia sexual es un problema central y también en suelo catalán se han ido fraguando avances para contenerlo. Lo cierto es que la responsabilidad en este punto es compartida entre la administración local y autonómica. Son los ayuntamientos los responsables de haber sacado adelantes protocolos específicos contra la violencia sexual en los entornos de ocio, como el No callem obra del Ayuntamiento de Barcelona, aquel que se activó durante la agresión de Dani Alves a una mujer en una discoteca de la ciudad condal. Sin embargo, también existen herramientas a nivel autonómico, como el Plan de acción contra las violencia sexuales en entornos de ocio, desarrollado por los Mossos d’Esquadra en 2022, o el Protocolo de seguridad contra la violencia sexual en entornos de ocio, trazado por el Departament d'Interior.
En enero, el Govern anunció la puesta en marcha de un servicio integral de atención a víctimas, formado por una treintena de psicólogas que atenderá de forma presencial las urgencias de las víctimas de violencia machista, también las de violencia sexual, en todo el territorio y en un máximo de dos horas. Se trata del Servicio de Intervención en Crisis (SIC), pensado para la atención ante agresiones con "potencial traumático" y que ya actuaba de forma puntual desde hace más de una década, pero que ahora amplía su capacidad de actuación.
En esa misma línea, la Ley del sólo sí es sí mandata la apertura de un centro de crisis de atención especializada a las víctimas de violencia sexual en cada provincia. ¿Ha cumplido Cataluña? Laia Rosich Solé, directora general para la erradicación de las violencias machistas, defiende su modelo. Lo cierto es que la ley catalana contra la violencia machista –en vigor desde 2008 pero reformada en 2020– contiene una definición amplia de la violencia de género, más allá del ámbito de la pareja o expareja. Por eso, insiste la directora general, los recursos disponibles son extensivos a las víctimas de violencia sexual. "Los servicios abordan todas las violencias, así que no podíamos crear dos redes paralelas para atender tipologías distintas", razona.
Algunas expertas sostienen que agrupar todas las violencias en un mismo recurso tiene sus desventajas, pues se suele priorizar la violencia dentro del marco de la pareja y desplazar todas las demás. "No es nuestra experiencia. Casi el 40% de las violencias que atendemos son sexuales", rebate Rosich.
Más allá del compromiso sobre el papel
Desde que existen datos en el año 2003, en Cataluña han sido asesinadas 202 mujeres a consecuencia de la violencia machista. Es el territorio donde más feminicidios se registran, sólo por detrás de Andalucía. En lo que va de año, son cuatro las mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres que eran sus parejas o exparejas. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un total de 6.431 mujeres denunciaron violencia machista durante el cuarto trimestre de 2023. El último año completo, 2022, registró 23.021 denuncias en la comunidad. Y sin embargo, en Cataluña se concentra, junto a Madrid, la mayor tasa de rechazo de órdenes de alejamiento, según publicó elDiario.
En este punto, la directora general reconoce el trabajo por delante y lo enfoca a un elemento clave: el acompañamiento en el momento de interponer una denuncia. "Desde hace un año y medio se ofrece acompañamiento letrado en sede policial en un máximo de una hora", destaca. Precisamente un estudio sobre la concesión de órdenes de protección, elaborado por el grupo de investigación Antígona de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), determinó que la ausencia de asistencia jurídica a la hora de interponer la denuncia da como resultado relatos que tienden a dejar fuera parte de la violencia sufrida, dificultando de esta forma la interpocisión de medidas.
Dolo Pulido, activista en el seno de la organización Novembre Feminista, reconoce que tradicionalmente sí ha existido un compromiso notable a nivel institucional, especialmente en lo que respecta a la violencia machista. Sin embargo, entiende que no siempre han sido suficientes los recursos para dotar de sentido ese compromiso previo. "Está muy bien poner negro sobre blanco, pero falta llevarlo a cabo", dice al otro lado del teléfono. Pone un ejemplo: a principios del año pasado, las universidades catalanas lanzaron un protocolo marco para trabajar contra las violencias machistas, "pero no hay recursos para implementarlo" y las feministas que miran con lupa los pasos andados desconocen "qué medidas se tomarán para verificar que se está cumpliendo".
Pero si en algo pone el acento la activista, es en la necesidad de transversalizar la agenda feminista. La privatización de la sanidad, argumenta, es también un problema para las mujeres. También la concesión de ayudas a la educación privada, mucho más a las escuelas religiosas que "vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Y lo mismo sucede con las políticas de empleo y de vivienda. Los partidos tienen ahora dos semanas para demostrar que existe un compromiso real por integrar en su proyecto la agenda feminista, más allá de las palabras.
¿Qué proponen los partidos?
Recién estrenada la carrera hacia las elecciones, los partidos comienzan a definir cuáles serán sus líneas de trabajo. ¿Y qué proponen en términos de igualdad? ERC dedica buena parte de su programa electoral a su proyecto de "país feminista". Por un lado, saca pecho de las políticas desarrolladas durante la presente legislatura. Por otro, traza sus objetivos a futuro. Entre ellos, desplegar una "red lila de país" para abordar la prevención de las violencias machistas desde una perspectiva "comunitaria y que implique a toda la sociedad", con la participación de "comercios, mercados, centros comerciales, transporte público o espacios vecinales" entre otros.
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Creen importante, igualmente, profundizar en el "derecho a la reparación de las violencias machistas con unos servicios más fuertes y especializados" y tejer una "estrategia nacional de cuidados". Entre las páginas de su programa tienen presencia también medidas feministas vinculadas a la sanidad –por ejemplo, el desarrollo pleno de la estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos– y a la educación –en el horizonte, una estrategia por la coeducación–. Cuestiones menos habituales como la necesidad de combatir la presión estética o la urgencia de confrontar con los discursos antifeministas en las redes sociales encuentran también acomodo entre las propuestas de los republicados.
El PSC, por su parte, dedica el quinto eje de su programa a la construcción de una Cataluña feminista. Entre las principales medidas, la implantación de planes de coeducación en todos los niveles, la creación de nuevas casas de acogida para víctimas, la aprobación de un pacto catalán contra la violencia machista y la persecución de "cualquier iniciativa privada que ofrezca servicios de prostitución o pornografía".
El partido de Carles Puigdemont, en cambio, no incluye ninguna propuesta relacionada con la igualdad de género, el feminismo o la lucha contra la violencia machista en el documento marco presentado este viernes y que pivota sobre cinco ejes clave. La CUP, por último, ha decidido centralizar su primer acto de campaña en una propuesta feminista liderada por su candidata, Laia Estrada, con el objetivo de visibilizar su compromiso por desarrollar políticas públicas "desde una perspectiva de género de forma transversal" y que se instalen no sólo en la lucha específica contra la violencia, sino también en asuntos como "las particularidades de la salud femenina" o la garantía de vivienda social "inmediata para mujeres solas, familias monomarentales y mujeres vulnerables".
Un total de 2.832.857 mujeres están llamadas a las urnas el próximo 12 de mayo en Cataluña. Suponen el 51,8% del electorado catalán. Quizá algunas de ellas se pregunten cómo es posible que en lo que va de año, cinco menores hayan sido asesinados en su comunidad a manos de sus padres. O por qué la mayoría de los juzgados del territorio deniegan sistemáticamente las órdenes de protección en contextos de violencia machista. Tal vez, esas mujeres estén interesadas en conocer los recursos a su disposición en caso de sufrir violencia sexual. Son muchas las preguntas que en clave de género sobrevuelan alrededor de los próximos comicios autonómicos. ¿Cuáles son los avances en la lucha contra violencia de género? ¿Cuáles los retos y las tareas por hacer? ¿Qué políticas públicas de igualdad se han desarrollado en los últimos años?