El proxenetismo "aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno". El PSOE presenta, con estas palabras, su proposición de ley orgánica abolicionista de la prostitución, que además de combatir al proxenetismo "en todas sus formas" pretende castigar a los clientes de la prostitución. Con la proposición de ley, registrada en solitario este jueves, el Grupo Socialista zanja el debate que enquistó la continuidad de la ley del solo sí es sí, atravesada por una enmienda sobre la prostitución que enfrentó a los grupos parlamentarios y que finalmente fue retirada para garantizar la supervivencia de la norma.
"Por responsabilidad", los socialistas decidieron retirar el miércoles sus enmiendas a la ley, centradas en el endurecimiento del articulado relativo a la prostitución, pero anunciaron que el mismo jueves volcarían su contenido en una proposición de ley "con el mismo texto". Así ha sido. La proposición, presentada por las socialistas Susana Ros, Andrea Fernández y Laura Berja, introduce una modificación del Código Penal que castigaría el proxenetismo "de manera general, sin exigir relación de explotación". Esa exigencia, razona la iniciativa, actualmente conduce en la práctica a una "restricción interesada" del ámbito de aplicación del tipo delictivo.
La propuesta establece además un endurecimiento de la tercería locativa, una figura que sanciona a los propietarios de inmuebles en los que se ejerce la prostitución y que fue retirada del Código Penal en 1995 bajo el Gobierno de Felipe González. La propuesta socialista la recupera y aumenta las penas relativas a este delito.
La principal novedad, un aspecto que no estaba incluido en las enmiendas socialistas a la ley del solo sí es sí, es el reproche penal de los clientes. "Las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos", argumenta el grupo. "El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de 12 a 24 meses", detalla el texto. Con esta medida, los socialistas se aproximan a la legislación de los países nórdicos y al modelo francés, a los que siempre han mirado como referentes.
Finalmente, el texto equipara a las mujeres prostitutas con las víctimas de cualquier delito, así que les otorga los derechos y prestaciones previstos en el Estatuto de la víctima del delito, una norma que data de 2015.
El debate que ha brotado a lo largo de esta semana en torno al encaje de la prostitución en la legislación española no se entiende sin un contexto: la apuesta decidida del PSOE por el abolicionismo, un propósito que tiene su origen en el Congreso Federal y que ha sido enarbolado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Abolicionismo, aunque nos quedemos solas", han repetido de manera reiterada distintas voces socialistas en los últimos meses. Y así lo defendieron este mismo miércoles. "Nos hemos quedado solas, pero con nuestros principios intactos", remachó en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.
Un debate no resuelto
Así funciona el modelo francés para abolir la prostitución que el PSOE quiere implantar en España
Los grupos parlamentarios que posibilitaron la investidura no han ocultado en ningún momento su incomodidad ante un debate no resuelto: el choque entre las posiciones proderechos y las tesis abolicionistas ha impedido llegar a consensos. El mismo miércoles, en el seno de la Comisión de Igualdad que dio luz verde a la continuidad de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la diputada de Esquerra Republicana Pilar Valluguera reconocía sentir "vergüenza" ante la forma en que se ha abordado el debate sobre la prostitución. "Esta ley es muy importante y hemos sido tan poco inteligentes que hemos entrado en una batalla campal entre feministas", sostuvo.
Adriana Lastra, por su parte, tachó de "irresponsables" a los grupos que amenazaron con retirar su apoyo a la ley en caso de mantener el articulado sobre la prostitución, e incluso deslizó que las fricciones con su socio de coalición tienen como origen que se trata de "un debate que no tienen resuelto internamente".
Este mismo jueves, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que la proposición de ley socialista "suma a los esfuerzos abolicionistas del Gobierno". La ley del solo sí es sí, remarcó la titular de la cartera, "reconoce por primera vez en la historia la explotación sexual como una forma de violencia sexual y por tanto de violencia contra las mujeres y otorga derechos a la atención integral especializada". Esto, junto a medidas como el plan de inserción sociolaboral para las mujeres en contextos de prostitución y la atención especializada de las víctimas de violencia sexual en el 016, constituyen el "paquete de medidas abolicionistas más importante que se ha desplegado por ningún gobierno en democracia", zanjó la ministra.
El proxenetismo "aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno". El PSOE presenta, con estas palabras, su proposición de ley orgánica abolicionista de la prostitución, que además de combatir al proxenetismo "en todas sus formas" pretende castigar a los clientes de la prostitución. Con la proposición de ley, registrada en solitario este jueves, el Grupo Socialista zanja el debate que enquistó la continuidad de la ley del solo sí es sí, atravesada por una enmienda sobre la prostitución que enfrentó a los grupos parlamentarios y que finalmente fue retirada para garantizar la supervivencia de la norma.