Así funciona el modelo francés para abolir la prostitución que el PSOE quiere implantar en España

El Partido Socialista refuerza su apuesta por la abolición de la prostitución. Este fin de semana, en su 40º Congreso Federal, el partido define las líneas del modelo abolicionista que aspira a desarrollar a lo largo de la legislatura y que bebe de precedentes como el francés y el sueco. Las feministas "abolicionistas y socialistas son la punta de lanza", pero el fin de la prostitución "tiene que ser la lucha decente de la democracia entera y de los hombres", señaló Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara Baja, este miércoles durante unas jornadas sobre prostitución organizadas por su grupo parlamentario. El mismo planteamiento reiteró la exvicepresidenta este viernes durante el primer día del congreso federal celebrado en València.

Calvo cree que no hay que "irse por las ramas" y defiende "salir ya del bucle" que de forma "tramposa" cuestiona una y otra vez los caminos hacia la abolición: el debate se resolverá con "leyes que obliguen, leyes que prohíban, leyes que ordenen y pongan a cada partido ante su propio espejo". Los socialistas, añadió la exvicepresidenta, están dispuestos a zanjar el debate "en esta legislatura" aun a sabiendas de que "esta ley es muy difícil". "Hicimos otras muy difíciles y haremos esta", garantizó. La secretaria general del PSOE en el Congreso, Rafaela Crespín, se comprometió a dar "un paso valiente" en esa dirección y a "tomar decisiones sin titubeos". "Es el momento de actuar y aprobar una ley abolicionista que debería tener el apoyo mayoritario". La diputada Laura Berja se alineó con sus compañeras para defender que "los derechos humanos no se debaten" y lanzó el compromiso de "ratificar el posicionamiento" de su partido y "definir de qué manera" se abolirá la prostitución. Lídia Guinart, parlamentaria socialista, apuntó directamente al modelo francés como principal referente.

Uno de los invitados a la jornada fue precisamente el francés Jonathan Machler, al frente de la Coalición Internacional por la Abolición de la Prostitución (CAP International), una plataforma que congrega a 35 organizaciones de 27 países distintos. Durante su intervención, el francés expuso los pilares de la ley puesta en marcha hace ahora cinco años en el país galo. La norma se asienta sobre el princicpio de "proteger a las personas que están expuestas y atacar a la demanda", un modelo que sigue la estela del precedente sueco. "La francesa es la ley que de manera más ambiciosa encarna el modelo abolicionista, con un enfoque integral que modifica nueve códigos legislativos", expuso el experto.

El primer pilar que vertebra la ley es la despenalización total de las mujeres que ejercen prostitución. Durante los diez años anteriores a la ley, casi 2.500 personas en situación de prostitución fueron detenidas de media al año. Desde la entrada en vigor de la norma, la cifra se ha reducido a cero. El "mayor logro" de la ley, insistió el ponente, está precisamente en la "eliminación de toda forma de penalización" contra las prostitutas.

El segundo pilar, ligado a esta dinámica, es el reconocimiento del estatus de víctima. Según lo dictado por la legislación francesa, las mujeres tienen "acceso a una vía de salida", un programa de reinserción de dos años que despliega ayudas económicas y permisos temporales de residencia para las víctimas extranjeras. Entre 2017 y abril de 2020, las comisiones –organismos creados para gestionar los itinerarios de salida– aceptaron 395 expedientes para dar salida a las mujeres, una cifra que a día de hoy alcanza ya, según datos oficiales, los 564. De acuerdo a la información de las asociaciones involucradas en el proceso, en junio de 2020 el 87,5% de las personas que completaron su itinerario de la mano de las organizaciones tienen ahora un trabajo estable.

La ley logró que la persecución de los proxenetas creciera con el paso del tiempo: el número de investigaciones penales aumentó un 54% en cuatro años y las indemnizaciones a las prostitutas se multiplicaron por siete. "La Policía suele decir que cuando se deja de penalizar a las personas en prostitución la lucha contra los proxenetas es más difícil", pero la ley francesa ha demostrado lo contrario: la despenalización conlleva "vínculos de confianza" entre las víctimas y las fuerzas de seguridad y por tanto se "facilita la lucha contra el crimen organizado".

El cuarto pilar es un dardo directo contra la demanda. Este punto legislativo lanza un mensaje: el cuerpo "no puede ser objeto de mercantilización". Busca "responsabilizar" a los clientes con multas de entre 1.500 y 3.000 euros o penas de siete años de prisión. Asimismo, existen también talleres específicos para los clientes. "Cerca del 90% de los compradores de sexo dicen haber cambiado de opinión cuando terminan estos talleres", expone Jonathan Machler. Hasta mayo del año pasado, en torno a 400 clientes habían participado en cursos de sensibilización.

La última gran clave de la norma está en la sensibilización. La legislación francesa bebe directamente de la sueca, donde el 70% de la opinión pública apoya su ley. En Francia, tres años después de la entrada en vigor de la norma, una encuesta de CAP-Internacional constató que el 78% de los franceses tenían una visión positiva de la norma, el 84% de las personas de hasta 24 años estaba de acuerdo con la ley y el 81% de las mujeres consideraba la prostitución como una forma de violencia contra ellas. "La opinión pública es más abolicionista de lo que pensamos", zanja el activista francés.

Luces y sombras

Si bien los datos expuestos por el activista muestran el potencial de la ley, lo cierto es que la legislación también tiene sus sombras. El propio informe oficial de evaluación reconoce que la aplicación de la ley "se ha visto considerablemente obstaculizada por la falta de apoyo político y de compromiso de los poderes públicos". Su correcto desarrollo, afirma el texto, depende de la coordinación de distintos ministerios y adolece de una falta de "dirección nacional", por lo que existe una "escasa aplicación" de determinadas medidas. En esta línea, han sido "muy pocos" los mecanismos se sensibilización desplegados desde su entrada en vigor, el número de consumidores que accede a los talleres sigue siendo mejorable y la formación sobre el fenómeno de la prostitución ha sido "demasiado escasa" entre los responsbales de la aplicación de la ley, como las fuerzas de seguridad y la judicatura.

Según una pregunta registrada por la senadora socialista Laurence Rossignol en abril del presente año, el número de itinerarios de salida de la prostitución es "muy bajo en relación con las necesidades" de las víctimas y las "desigualdades territoriales son flagrantes", puesto que el 25% de los departamentos no dispone de la comisión encargada de validar los expedientes de las víctimas para iniciar su salida. "Las asociaciones lamentan que el rechazo de expedientes en muchos casos no esté justificado ni se notifique a los particulares", reza la senadora, quien recalca que "las denegaciones de solicitudes son casi sistemáticas".

Jonathan Machler comenta a preguntas de infoLibre que estas vías "han tardado mucho en implantarse" pero "están funcionando en la mayoría de los casos". A día de hoy, indica, hay cerca de 600 personas que "han tenido acceso a una ruta de salida" y muchas que todavía están completándolas. La lectura que hace el experto y activista es doble: por un lado, estima, conviene aplaudir las cifras porque "estamos hablando de 600 personas a las que les ha cambiado la vida". Pero al mismo tiempo, concede, "es demasiado poco en relación con el número de personas que ejercen la prostitución", –entre 30.000 y 40.000, según las estimaciones– por lo que es fundamental poner en marcha "más recursos" para desarrollar las vías de salida.

La abolición de la prostitución, un debate abierto (e incómodo) en Unidas Podemos

Ver más

El precedente sueco y otros modelos

La ley francesa bebe directamente del conocido como modelo nórdico, inaugurado por Suecia. A finales de los noventa, el Gobierno sueco puso en marcha una ley contra la trata de seres humanos, centrada en la protección de las mujeres. Suecia se convirtió en el primer país del mundo en perseguir, con la ley en la mano, a la industria proxeneta. En 2008, una investigación sobre sus efectos dio cuenta de los resultados: la prostitución callejera se redujo a la mitad y el 70% de los ciudadanos defienden a ultranza la normativa.

Según un informe del Parlamento Europeo, los datos confirman el "efecto disuasorio del modelo nórdico" sobre la trata de personas. A la luz del citado estudio, las prostitutas en Suecia son "una décima parte" de las identificadas en Dinamarca, país vecino donde "la compra de sexo es legal y su población es menor". El modelo sueco fue reproducido posteriormente en países como Noruega, Islandia, Irlanda y Canadá, entre otros. La dinámica es la misma: penalizar a los clientes y proteger a las víctimas. La misma idea que los socialistas quieren introducir en España.