Las cifras de la prostitución: 114.576 mujeres, un 51% latinas y el 80% en riesgo de trata

Una de las grandes ausencias en el enquistado debate en torno a la prostitución son los datos. Las conversaciones y los proyectos políticos han resultado estériles en parte por estar atravesados por ese gran vacío: la ausencia de datos capaces de trazar un retrato fidedigno de la realidad en suelo español. Hasta ahora. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado este martes los principales resultados de lo que será el primer gran estudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres a nivel cuantitativo. Y los datos son claros: 114.576 mujeres ejercen la prostitución, la mayoría son extranjeras, jóvenes y están en riesgo de trata.

La metodología estadística empleada, reseñan los autores del informe, se basa en la extracción de datos provenientes de páginas web de prostitución. Concretamente, han analizado un total de 204.433 anuncios activos en 2023, a partir de los que se identificaron a 114.576 mujeres. El análisis parte de anuncios publicados en internet, por lo que deja fuera a la publicidad física que se reparte en algunos barrios, y sólo toma en cuenta los anuncios que ofertan servicios presenciales, excluyendo las webs o anuncios de cibersexo. El estudio, por tanto, aporta una visión parcial de la industria del sexo.

Según las conclusiones del análisis, 55,62 mujeres por cada 10.000 mayores de edad estaban en situación de prostitución en el país a través de anuncios online. La inmensa mayoría, son mujeres jóvenes: el 60,25% tiene entre 18 y 36 años. Sólo un 6,59% tiene entre 37 y 45 años; un 1,66% entre 46 y 55 años y un 0,24% entre 56 y 65 años. Un ínfimo 0,02% es mayor de 66. Sin embargo, el informe señala que un 31,23% no identifica su edad. 

Más de la mitad son extranjeras. Concretamente, el 51,3% se identifica como latinas –no siempre se concreta, pero el estudio observa que el 28,22% son colombianas, el 4,98% brasileñas y el 4,86% venezolanas– y el 16,32% como europeas –siendo un 13,47% de nacionalidad española–. Un 0,7% son asiáticas, un 0,39% son árabes, un 0,16% africanas y un 0,06% anglosajonas. 

Illes Balears es la comunidad con una mayor tasa de prostitución a través de anuncios web: 121,38 mujeres por cada 10.000 mayores de edad. Le siguen Cataluña (103,86), Comunitat Valenciana (73,5) y Cantabria (72,78). Cabe destacar que todas esas comunidades, salvo la última, cuentan con ayuntamientos adheridos a la red de municipios contra la trata y la prostitución. En las islas, son tres los municipios integrados en la red; en suelo catalán son cuarenta y en Comunitat Valenciana ascienden a 54. Formar parte de la red es fundamentalmente una declaración simbólica de intenciones –materializada en las mociones que sacan adelante los consistorios–, pero a veces conlleva también acciones legales, como la aprobación de ordenanzas para perseguir la prostitución. Es el caso del Ayuntamiento de Massamagrel o del Ayuntamiento de Silla, ambos en Valencia, con ordenanzas –aquí la del primero y aquí la del segundo– aprobadas el año pasado.

Ordenanzas como estas han sido elogiadas en reiteradas ocasiones por los socialistas, quienes insisten en sacar adelante una ley abolicionista antes del término de la legislatura. Pero también han sido ampliamente criticadas por colectivos de trabajadoras sexuales, quienes advierten del estigma y la persecución de las mujeres que ejercen prostitución. Un estudio realizado en 2017 por el grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) concluyó que las ordenanzas municipales no son el instrumento idóneo para regular el trabajo sexual en las calles, ya que las multas empeoran las condiciones de vida de las prostitutas.

Riesgo de trata

El informe del Ministerio de Igualdad habla también del riesgo de trata de las mujeres en prostitución y determina que el 80,73% "podrían estar en riesgo de estar siendo víctimas de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual". Es decir, hasta 92.496 podrían estar siendo explotadas sexualmente. La medición del riesgo, informa el ministerio, se ha hecho a raíz de una serie de criterios trazados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), entre los que figuran cuestiones como la "disponibilidad", el "exotismo" o los "rasgos de personalidad". 

En un documento elaborado por la organización europea, se presta especial atención a cuestiones como el comportamiento de las mujeres o su etnia. La entidad menciona, como red flags o factores de riesgo, comportamiento "ansioso, deprimido, sumiso, tenso o nervioso/paranoico", así como "señales de consumo de sustancias o adicción", la "disociación" o las dificultades para "hablar el idioma local". También incluye como indicador de riesgo el origen de las prostitutas y cita concretamente aquellas "etnias con mayor riesgo de ser objeto de trata en esa región".

La OSCE también señala la existencia de riesgo en aquellos casos en los que los datos de contacto de una mujer que ejerce la prostitución se repiten en otros muchos anuncios, "un claro indicador de que las personas anunciadas forman parte de un grupo y pueden no tener el control de sus circunstancias". En este punto también se ha detenido el ministerio: el macroestudio repara en la concentración de mujeres en situación de prostitución publicitadas bajo un mismo número de teléfono. El estudio detecta hasta 363 mujeres que se anuncian a travésde la misma línea telefónica, una "cifra espeluznante" en palabras de la ministra.

Un primer paso

Una de las ausencias del estudio tiene que ver con un pilar básico de la prostitución: la demanda. "Aunque es importante conocer el perfil y el número de mujeres en contextos de prostitución, ellas están ahí porque hay demanda de prostitución. Al menos en este avance, no aparece siquiera nombrada". Habla Beatriz Ranea, socióloga y autora de Puteros (Catarata, 2023).

No obstante, la investigadora celebra el estudio, una iniciativa que, resalta al otro lado del teléfono, "parte del Ministerio de Igualdad previo". "Para problematizar la prostitución desde los distintos enfoques y plantearla como un asunto público, objeto de debate en las instituciones, es necesario contar con datos y los datos con los que contábamos hasta ahora eran estimaciones o información desactualizada", reflexiona.

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Aunque el informe ofrece una "fotografía bastante amplia, al menos en términos numéricos", la socióloga recuerda que la prostitución es "una cuestión a veces oculta, que se mueve en los márgenes o que sucede de forma ocasional", por lo que la cifra "nunca va a ser exacta", advierte. Aún así, recalca un hecho que considera "alarmante" y que avala el análisis que las organizaciones especializadas habían hecho hasta ahora: "Hay un número elevado de mujeres en contextos de prostitución que podrían estar en situación de trata". Mujeres, añade la experta, tanto "cis como trans en los márgenes de la sociedad, la mayoría migrantes, racializadas o quizá en situación administrativa irregular", un punto que espera sea abordado en el informe final, con el propósito de analizar si existe una "relación directa entre la legislación de extranjería y los contextos de prostitución".

En este asunto se han detenido también organizaciones de trabajadoras sexuales, como el Colectivo de Prostitutas de Sevilla: "Cada día recrudecen más la Ley de extranjería con políticas punitivas, además de seguir negándose a aprobar la ILP de Regularización Ya. Medio millón de personas en irregularidad y sin derechos, no es democracia es racismo de Estado", han denunciado en redes, tras la presentación de los datos.

A nivel legislativo, la titular de Igualdad ha puesto dos cuestiones sobre la mesa. La primera y más urgente, es la aprobación de la esperada ley contra la trata, una promesa heredada de la anterior legislatura. La norma fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo y el compromiso gubernamental pasa por aprobarla en segunda vuelta antes de que finalice el año. La otra pata de la estrategia abolicionista que defienden los socialistas, es la propuesta de ley contra el proxenetismo que encalló en la Cámara Baja a finales de mayo. Redondo ha insistido en un ambicioso objetivo: terminar la legislatura con "una ley abolicionista similar a la francesa".