Reforzar la lucha contra la violencia, blindar el aborto y acabar con la trata: la agenda feminista de 2023
El año terminó de la peor manera imaginable: once mujeres asesinadas a manos de hombres que eran sus parejas o exparejas. La dimensión de las cifras quiebra la confianza de las víctimas en las instituciones y lanza un grito de auxilio dirigido directamente a las autoridades. Repensar la estrategia no solo de lucha, sino también de prevención y atención ante la violencia machista es la tarea más urgente que asume la agenda feminista, pero no la única. En el listado, un puñado de compromisos, deberes y aspiraciones a las que el feminismo se niega a renunciar.
Blindar el aborto en la red pública y registro de objetores
El pasado 2022 terminó, también, con tareas a punto de materializarse a nivel legislativo, como la ley del aborto y la ley trans.
Sobre la primera hay evidentes retos, además de su aprobación en el Senado: su implantación y puesta en práctica. Sobre el papel, las promesas son de peso: garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos y concretamente en los centros más cercanos al domicilio, con el objetivo de evitar los desplazamientos entre provincias o comunidades.
La garantía de un aborto accesible en la red pública está estrechamente ligada a la objeción de conciencia. En su artículo 19 bis, la ley permite la objeción de conciencia como un "derecho individual" que en ningún caso puede "menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo". A continuación, el artículo 19 ter, introduce las condiciones para establecer registros de personas objetoras de conciencia "a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación". El registro se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Este será uno de los grandes pasos que deberá dar la ley tras su aprobación.
Recta final para la ley trans
Está a un paso de ser una realidad, pero a la ley trans todavía le queda un peldaño: pasar por el Senado. El pasado 21 de diciembre, la norma salía adelante en la Cámara Baja, con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones, entre ellas la de la socialista Carmen Calvo, una de las voces críticas de mayor autoridad.
El texto pasó su gran prueba de fuego a finales de diciembre y tras casi dos años de debates, exámenes, atascos, cambios y trámites interminables. Ahora asumirá el tramo final de su tramitación en la Cámara Alta y echará a andar, como la consolidación de una de las principales promesas de los socios de coalición en materia de igualdad.
El eje central de la norma es el de la autodeterminación de género, pero el texto recoge importantes avances para la comunidad LGTBi en su conjunto. Contempla, por ejemplo, el fin del matrimonio entre parejas de mujeres como requisito obligatorio para que puedan filiar a sus hijos, así como la prohibición de prácticas como las terapias de conversión y la elaboración en el plazo de un año de un estudio sobre el "sexilio", entendido como el abandono de los lugares de origen por motivos LGTBIfóbicos.
La ley de trata y el debate sobre la prostitución
La que todavía tiene un largo recorrido por delante es la ley contra la trata, una norma integral que aspira a combatir distintas tipologías de trata de seres humanos, no solo aquella con fines sexuales, sino también otras como la esclavitud laboral y el tráfico de órganos.
El anteproyecto fue aprobado a finales de noviembre en Consejo de Ministros y está ahora siendo examinado por distintos órganos que emitirán sus informes, preceptivos pero no vinculantes. Entre otras cuestiones, se castigará con entre uno y cuatro años de prisión a quien haga uso de servicios sexuales prestados por una víctima de trata y también se perseguirá a quienes faciliten la explotación sexual mediante la cesión de locales para tal fin.
Meses antes de que se aprobara la ley de trata, salía adelante en el Congreso la proposición contra el proxenetismo registrada por el PSOE. La propuesta socialista plantea, entre otras cuestiones, perseguir a todo el que se lucre de la prostitución ajena y castigar también a los clientes, un punto no exento de polémica. El debate parlamentario de la proposición constató la complejidad de resolver en las instituciones un debate que lleva décadas siendo abordado en el seno del movimiento feminista, con algunos puntos de encuentro y lugares comunes, pero también diferencias sustanciales entre las partes.
A cuenta de la prostitución y el horizonte abolicionista del Gobierno se libró otro de los principales debates entre los socios de coalición, esta vez durante la tramitación de la ley del solo sí es sí. Una primera versión de la ley incluía una serie de artículos relativos a la prostitución no coercitiva y a la tercería locativa, lo que sembró de nuevo la discordia entre morados y socialistas, llegando a poner en riesgo la ley. Aunque finalmente el articulado fue apartado de esta norma, una vez más quedó demostrado que el debate tiene todavía mucho camino por delante.
Hacia un nuevo 8M para llenar las calles
Si los retos son numerosos, no son menos los motivos para dar respuesta a uno de los principales mandatos del movimiento feminista: llenar las calles. Las primeras asambleas de la Comisión 8M en ciudades, barrios y pueblos empiezan a tomar forma. En Madrid, la cita está marcada para el próximo 15 de enero, pero las activistas feministas no han dejado de batallar. El pasado 29 de diciembre se concentraron de urgencia ante el Ministerio de Justicia, para denunciar los últimos asesinatos machistas.
En València, las activistas de la Assemblea Feminista llevan años peleando por las multas impuestas a las feministas que participaron en piquetes informativos durante la huelga general feminista celebrada el 8 de marzo de 2019. El último juicio, celebrado el pasado 13 de diciembre, se cerró con una nueva victoria: la anulación de la multa. Con esta, son ocho las sentencias favorables a las feministas de los doce procedimientos judiciales que se prolongan desde finales de 2020. Este año, las valencianas asumirán otros cuatro juicios más derivados de las sanciones impuestas.
Y en Zaragoza, la última vez que las activistas que se agrupan en torno a la Comisión 8M se han visto las caras ha sido este mismo martes, durante la concentración mensual contra la violencia machista organizada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Solo un día antes, también con los crímenes machistas en el horizonte, se concentró la Plataforma Feminista de Girona para exigir las medidas necesarias para aplacar la escalada de la violencia.
Alerta ante la violencia machista
La ley contra la violencia de género sopla 18 velas evocando un consenso que "hoy sería impensable"
Ver más
Combatir la violencia machista será precisamente otro de los principales retos que deberán asumir las instituciones en su conjunto, especialmente tras el diciembre negro que dejó 2022. El Ministerio de Igualdad ya ha pedido una reunión urgente con el departamento de Fernando Grande Marlaska para valorar estrategias conjuntas ante la alarma que han generado las cifras. "Ante cualquier indicio o signo de violencia, todos y todas podemos hacer algo. Debemos redoblar esfuerzos desde el conjunto de la sociedad para evitar más asesinatos y más violencia", decía Irene Montero en redes sociales el pasado 29 de diciembre. Tan solo un día antes, su cartera convocaba la primera reunión del comité de crisis para evaluar la situación.
Ya en verano de 2021 Igualdad activó todas sus alertas tras un récord de crímenes machistas en junio que no se veía desde hacía una década. Entonces, el Consejo de Ministros aprobó una batería de quince medidas enfocadas en la prevención y el refuerzo de la protección.
Desde el año 2003, un total de 1.182 mujeres han sido asesinadas a manos de varones que eran su pareja o expareja. El 78% no había presentado denuncia previa.
