Los vientres de alquiler se cuelan en Portugal gracias a una izquierda que en España ve "explotación reproductiva"
A favor, los votos del Bloco de Esquerda (BE), el Partido Socialista (PS), los animalistas del PAN, Iniciativa Liberal y los Verdes. En contra, el Partido Comunista Português (PCP), el Partido Social Democrata (PSD), el CSD-Partido Popular y la extrema derecha Chega! El resultado: la Asamblea de Portugal da luz verde a los vientres de alquiler en el país, coloquialmente conocidos en suelo luso como barrigas de aluguer. La decisión parlamentaria bebe de un profundo debate que lleva años dividiendo a los líderes políticos del país y que se zanja ahora marcando un importante precedente. El camino que recorre el país vecino es diametralmente opuesto al que pretende andar el nuestro, donde los vientres de alquiler serán incluidos en la reforma de ley del aborto como una forma de "explotación reproductiva".
El pasado 26 de noviembre la Asamblea de Portugal aprobaba un texto legislativo que daba vía libre a la llamada gestación por sustitución en el país, bajo unas circunstancias muy concretas. El texto, una reforma de la Ley de 2006 de reproducción asistida, tuvo que ser afinado después de que el Tribunal Constitucional considerase hasta en dos ocasiones que la anterior propuesta legislativa, aprobada en 2016, no era lo suficientemente garantista respecto a derechos básicos, como la posibilidad de arrepentimiento por parte de la madre gestante. El nuevo texto incluye un periodo de veinte días después del parto en los que la mujer puede decidir revocar el contrato y quedarse con su bebé.
¿Qué dice el texto aprobado este noviembre en el país vecino? Marca algunas precisiones que hacen de la reforma una propuesta restrictiva respecto a otros países como Ucrania. En su artículo segundo, determina que sólo podrán acceder a esta técnica los ciudadanos portugueses o extranjeros con residencia permanente en el país, una forma, dicen sus partidarios, de evitar el negocio en torno a la maternidad subrogada. Igualmente, los requisitos son claros: la práctica se realizará "a título excepcional y con naturaleza gratuita, en los casos de ausencia de útero, de lesión o de daño de este órgano u otra situación clínica que impida de forma absoluta y definitiva el embarazo de la mujer".
Se entiende, por tanto, que las parejas de hombres homosexuales no podrían acceder a los vientres de alquiler, al no existir ninguna "situación clínica" que impida el "embarazo de la mujer". Los vientres de alquiler sólo serán una opción para parejas heterosexuales o lesbianas siempre que medie alguna razón clínica que lo justifique. Asimismo, la ley exige que se recurra a gametos de por lo menos uno de los dos futuros beneficiarios y prohíbe el uso de ovocitos de la mujer gestante. El contrato también tiene que determinar la forma de proceder en situaciones de malformación, daño fetal o una eventual interrupción voluntaria del embarazo, aunque la norma no especifica qué debe estipular el acuerdo contractual al respecto.
La legislación establece además que preferiblemente las mujeres gestantes habrán sido madres con anterioridad. Será necesario una evaluación del Colegio de Psicólogos antes de iniciar la operación, además de uno del Colegio de Médicos. El pasado 29 de noviembre, tres días después de la votación, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgó el texto normativo, que entró en vigor un día después.
Debate político
Entre la izquierda portuguesa, la única oposición explícita proviene del Partido Comunista. La formación teme que, pese a quedar explícitamente prohibida toda remuneración, existan pagos no declarados entre quienes recurren a la práctica. Además, la maternidad subrogada tiene "implicaciones físicas y psíquicas que no pueden ser ignoradas", defendía el partido a raíz del primer debate, hace ahora cinco años. Así, la intervención directa de una tercera persona, una mujer, introduce "un conjunto de potenciales conflictos y cuestiones éticas que tienen que ser consideradas" y que tienen que ver con la "instrumentalización de la vida y del cuerpo humano".
La exdiputada conservadora Vânia Dias da Silva defendía en un debate el limbo en el que quedan los bebés nacidos a partir de esa práctica. La ley "se centra en la mujer que desea tener hijos", pero deja a un lado "el interés superior del menor", decía en televisión. Su partido, del mismo modo que los socialdemócratas, ha centrado el grueso de su oposición en la defensa de los menores. El objeto del contrato es el niño, completaba Dias da Silva y se preguntaba qué ocurriría con él si el contrato fuese nulo. Su partido ha defendido otros "caminos que sí protejan los intereses de los niños, como el transplante de útero".
En el mismo debate, la actual diputada socialista Antonia de Almeida Santos justificaba su defensa apelando a las mujeres que "no pueden tener un embarazo" y que tradicionalmente han acudido "a la gestación por sustitución fuera de Portugal". La parlamentaria ponía sobre la mesa las "garantías" que atraviesan la propuesta y recalcaba que la mujer gestante inicia un “acto de amor tremendamente altruista” y que en ningún caso sería la madre biológica, puesto que el material genético empleado provendría de los demandantes. Poco antes de que fuera aprobado el proyecto, la diputada socialista reiteraba en redes sociales que la gestación subrogada es un "avance que la ciencia permite" y un "acto altruista".
En julio de 2016, el diputado del Bloco Moisés Ferreira sostenía que la ley no “resta derechos”, sino que los “incrementa” y que permite “la realización de proyectos de vida a todas las personas”. El mismo parlamentario señaló un año después que el "Estado no debe negar" a mujeres en situación de infertilidad el "derecho a la maternidad". La izquierda portuguesa, salvo los comunistas, conciben los vientres de alquiler como una técnica reproductiva más.
El movimiento feminista, en contra
¿Y qué dice el movimiento feminista? La Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres publicó en mayo de 2016, al calor del debate de la primera propuesta normativa, un comunicado en el que expresa su más firme rechazo a la práctica y defiende otro tipo de técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres, independientemente de su estado civil o de su orientación sexual. Incluso aunque la gestación subrogada esté construida sobre un enfoque altruista, las feministas se reconocen "preocupadas" en lo que atañe a la "explotación" y el riesgo de la "integridad física" de las mujeres gestantes. "Se engaña quien piensa que un embarazo no deja marcas. Y se engaña quien idílicamente juzga que no siempre estará presente la tentación de hacer de esto un negocio en el que las personas socialmente más favorecidas exploten las fragilidades de personas socialmente más desfavorecidas", sentencia la plataforma. Para el feminismo portugués, "la explotación de los cuerpos de las mujeres en general y de sus órganos reproductivos en particular no puede ser tolerada, legalizada ni regulada en estados que se proclamen democráticos y defensores de los derechos humanos".
Es este, el enfoque trazado por el movimiento feminista, el que más se aproxima a los planteamientos del Gobierno de España. El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha anunciado ya que la reforma de la Ley de 2010 del aborto, cuyos primeros pasos están previstos precisamente para este mes de diciembre, incluirá los vientres de alquiler como una forma de "explotación reproductiva". infoLibre preguntó al Instituto de las Mujeres su opinión sobre la ley portuguesa y los avances en la reforma de la Ley del aborto, pero no obtuvo respuesta.
Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, señalaba en entrevista con infoLibre el 25N que se trata de un "problema difícil de abordar desde el punto de vista jurídico", pero aseguraba que tanto su partido como el Ejecutivo "trabajan en la línea de que estas prácticas no sean posibles en nuestro país".
Sobre el papel, no lo son. Los vientres de alquiler no están permitidos en España, pero las familias españolas sí tienen la posibilidad de acceder a esta práctica en el extranjero –algunas clínicas han llegado a lanzar ofertas de Black Friday– e inscribir a los pequeños en el Registro Civil. Entretanto, existen decenas de agencias que llevan años sorteando la legalidad para publicitar los vientres de alquiler y mediar en el proceso.
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El debate político en Portugal es diametralmente opuesto al que existe en España. A día de hoy, ningún partido salvo Ciudadanos ha propuesto de manera sólida legalizar los vientres de alquiler, aunque algunas formaciones como ERC y el PNV han reconocido que no se cierran a debatir su regulación.
En la última propuesta de Ciudadanos, el partido naranja sugería que la mujer gestante pudiera ser familiar de los demandantes, mayor de 25 años y de nacionalidad española o residente en el país, igual que las personas que accedan a la práctica. La gestante tampoco podría contar con antecedentes penales, ni "haber sufrido desórdenes de depresión" y estaría limpia de cualquier indicio "de abuso de drogas o alcohol", requisitos que no se les pediría a los "progenitores subrogantes". Ellos, los demandantes, serán quienes "tras haber agotado o ser incompatible con otras técnicas de reproducción humana asistida, decide acudir a la gestación por sustitución". La propuesta de la formación sí iría dirigida a las parejas de hombres homosexuales y de hecho la iniciativa parlamentaria fue registrada durante la semana del Orgullo de 2019.
Los de Inés Arrimadas también hablan de altruismo, contrato mediante, y defienden la gestación subrogada como un "derecho" de las familias. En todas las iniciativas presentadas, tanto a nivel estatal como en el plano municipal, el partido se ha quedado solo en sus pretensiones.
