Los fenómenos atmosféricos extremos afectan a casi 190 millones de personas en países en desarrollo

Cada año 189 millones de personas se ven afectadas por fenómenos meteorológicos extremos en los países en desarrollo desde 1991, el año en que se propuso por primera vez crear un mecanismo para responder a los costes de los efectos del cambio climático en los países de ingresos bajos, según informa Europa Press.

Así se desprende del informe The Cost of Delay, elaborado por Loss and Damage Collaboration, un grupo de más de 100 investigadores, activistas y responsables de políticas, entre los que se encuentra Oxfam Intermón. Este documento destaca cómo los países de ingreso alto han ido posponiendo repetidamente los esfuerzos para proporcionar a los países en desarrollo financiación específica para soportar los costes de una crisis climática de la que no son responsables.

En este contexto, estima que desde 1991, el 79% de las muertes provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos se han producido en los países en desarrollo, donde se encuentra igualmente el 97% del total de personas afectadas.

El análisis muestra asimismo que el número de fenómenos meteorológicos extremos y acontecimientos relacionados con el clima se ha más que duplicado en este periodo, y el número de personas fallecidas asciende a 676.000.

Además, incide en que todo el continente africano produce menos del 4% de las emisiones totales, si bien el Banco Africano de Desarrollo informó recientemente de que el continente estaba perdiendo entre 5 y 15% de crecimiento del PIB per cápita por efecto del cambio climático.

En este sentido, el análisis también muestra que, en la primera mitad de 2022, seis empresas de combustibles fósiles se embolsaron tanto dinero como para cubrir completamente el coste de los fenómenos meteorológicos extremos y acontecimientos relacionados con el cambio climático en los países en desarrollo, y todavía les quedarían casi 70.000 millones de dólares de beneficio (más de 71.000 millones de euros).

Además, el informe revela que las pérdidas económicas provocadas por el cambio climático que han sufrido 55 de los países más vulnerables durante los primeros veinte años de este siglo ascienden nada menos que a más de 500.000 millones de dólares (más de 508.000 millones de euros). Entretanto, los beneficios de los combustibles fósiles se han disparado, dejando que las comunidades de los lugares más pobres del mundo paguen la cuenta.

Según el estudio, con los mega beneficios del sector de los combustibles fósiles entre 2000 y 2019 se podría cubrir sesenta veces el coste de las pérdidas provocadas por el cambio climático en 55 de los países más vulnerables. Precisamente, la financiación para los daños provocados será la cuestión central de la COP27 que se celebrará en Egipto en noviembre.

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La asesora de políticas en materia de clima de Oxfam y coautora del informe, Lindsay Walsh, ha calificado de "injusticia que los países contaminadores, que son desproporcionadamente responsables del aumento de los efectos climáticos devastadores, sigan cosechando mega beneficios, mientras dejan que los países vulnerables al cambio climático paguen la cuenta de sus repercusiones".

No obstante, Walsh cree que "no es demasiado tarde" para actuar, por lo que ha apelado a la COP27 a "pactar la financiación para responder a las pérdidas y daños". "Un resultado ambicioso será fundamental, no solo para quienes lidian con los impactos del cambio climático en los países en desarrollo, sino también para mantener la confianza y la credibilidad", ha sentenciado.

Por su parte, el profesor Saleemul Huq, director del International Centre for Climate Change and Development en Bangladesh, que ha asistido a todas las COP de las tres últimas décadas, ha lamentado "la resistencia de los países desarrollados a todos los intentos de los países vulnerables de debatir sobre las pérdidas". De este modo, ha llamado a la Conferencia a "cumplir sus responsabilidades".

Cada año 189 millones de personas se ven afectadas por fenómenos meteorológicos extremos en los países en desarrollo desde 1991, el año en que se propuso por primera vez crear un mecanismo para responder a los costes de los efectos del cambio climático en los países de ingresos bajos, según informa Europa Press.

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