La acción climática sigue en 'impasse' en la cumbre de Bangkok tres años después del Acuerdo de París

"Cada vez que se avanza un paso, se retroceden dos". Es el sentir general de activistas y actores de la acción climática ante la última gran cumbre mundial contra el cambio climático, que esta semana se celebra en Bangkok (Tailandia), planteada como paso intermedio entre la pasada COP de Bonn (Alemania), de noviembre de 2017, y la próxima, en noviembre de 2018 en Katowice (Polonia). El objetivo, tres años después, sigue siendo el mismo: pasar el histórico Acuerdo de París de las palabras a los hechos.

Y tres años después, parece que la puesta en marcha real del pacto está lejos, igual que la meta de contener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados. La cita en Tailandia acaba el domingo, y ese día deberán presentar los acuerdos alcanzados, que deben orbitar en torno a tres puntos esenciales: las reglas que definan cómo se contabilizan los objetivos de reducción de emisiones, los procesos de revisión de los avances y la financiación climática, un recurrente punto de desencuentro entre los países. Aún no hay nada, y no hay muchas esperanzas de que se llegue a acuerdos relevantes.

En diciembre de 2015 se adoptaron los Acuerdos de París, que, según los firmantes, estaban llamados a significar un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Se consensuó limitar a 2 grados la subida de los termómetros en 2100. Lo que no se acordó fue lo más importante: el cómo. Y en eso llevan los negociantes 3 años, y lo que queda. La cumbre de Marrakech de 2016 no trajo consigo ningún gran paso, igual que la de Bonn de 2017, a pesar de que la Comisión Europea insistió a los europarlamentarios, en un documento filtrado, que tenían que centrarse en vender los avances. La razón de ser de esta reunión en Tailandia es adelantar trabajo que, en teoría, tiene que estar listo para la COP de 2018. 2020 es la fecha límite para que los pactos de 2015 se apliquen: lo que significa compromisos vinculantes y medibles de cada Estado participante –todos los del mundo salvo Estados Unidos–.

"Hay tímidos avances en algunas discusiones", explica Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, que está cubriendo la cumbre para la organización con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica –cuya titular, Teresa Ribera, lamentaba en 2017 la poca ambición de Bonn–. Pero en todos los puntos de relevancia parece repetirse la misma dinámica: se llegan a acuerdos en cuestiones burocráticas, menores, y cuando hay que abordar la política, en toda su extensión, llegan los desencuentros. No solo no hay visos de aumentar la ambición, sino que hay pocas posibilidades de llegar a la cumbre de Polonia de 2018 con los deberes hechos.

Los dos puntos calientes son los más importantes: las contribuciones de cada país (NDC’s, por sus siglas en inglés) a la reducción de emisiones y la financiación climática. Tres años después, está por definir qué modelo es el que se va a imponer para medir las emisiones de cada Estado, cómo se van a contabilizar los avances y cómo se va a revisar el proceso. Lo importante. En cuanto a la financiación climática, no se trata tanto de cómo se va a pagar el tránsito a un sistema menos contaminante, sino de cómo lo van a pagar los países más pobres. Entronca con el concepto de justicia climática, ya que los más desarrollados industrialmente son los más culpables del cambio climático, y los menos desarrollados entienden que no tienen ni recursos ni la obligación de cargar con los bultos más pesados de la acción climática.

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En este sentido, es vital el Fondo Verde para el Clima: un mecanismo financiero donde cada Estado pudiente aporta dinero que se invierte en proyectos limpios en países del Sur global. Puesto en cuestión por ONG’s desde el principio porque el dinero acababa en manos y proyectos privados en vez de en las arcas públicas, el Fondo ha vivido meses de luchas internas que desembocaron en julio en la dimisión de su presidente, Howard Bamsey. Los fondos se agotan cada vez más rápido y los países ricos y pobres se enfrentan en su sistema de gobernanza: no se ponen de acuerdo sobre cómo se destina lo recaudado. La congelación de la ayuda de Estados Unidos, cuyo Gobierno coquetea con el negacionismo climático, desencadenó la ristra de problemas. Las normas del fondo establecen que debe reabastecerse cuando el 60% de lo donado en un principio se gaste. Esa cifra está cerca de alcanzarse y, en un panorama de desconfianza mutua entre todos los agentes, es difícil que se llegue a un consenso satisfactorio sobre cómo dotar de nuevos millones a la herramienta.

A dos días de terminar la cumbre de Bangkok, no se esperan acuerdos de relevancia y vinculantes sobre las contribuciones de cada país y sobre la financiación climática. Y si no hay acuerdo sobre lo firmado en 2015, que debe aplicarse en 2020, es más difícil que se vaya más allá. Según explica Andaluz, en el encuentro se ha abierto la posibilidad de ampliar los compromisos de cara a 2025. "Pero en cuanto sale este tema, los países vuelven a insistir en normas de procedimiento que ya estaban acordadas", asegura.

Hasta el momento, los estudios que toman como referencia los compromisos de los países presentados en la web de Naciones Unidas llevarían al planeta a un calentamiento de unos 3,7 grados a finales de siglo, explica Ecologistas en Acción. Una auténtica catástrofe, de consecuencias tan imprevisibles como extremas. A pesar de que el Acuerdo de París ya tiene sus años, hay un desajuste entre su objetivo principal (no más de 2 grados de aumento) y lo que los Estados, que ratificaron el pacto, hacen en su nombre. Este sábado hay una manifestación convocada en decenas de lugares de todo el planeta para protestar contra lo que ha pasado de sospecha a realidad: la inacción climática sigue reinando y los intereses particulares siguen marcando la agenda.