Amnistía Internacional publicó este jueves cuatro informes en los que se reflejan las graves violaciones de los derechos humanos que sufren los trabajadores y las trabajadores sexuales en el mundo. Fundamentalmente, los informes se centran en las penosas condiciones que soportan en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea.
“Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y las medidas de reparación con que cuentan son escasas o inexistentes", según explicó Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
Por ello, desde la ONG se instó a los gobiernos a "tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual, en su mayoría mujeres", quienes tienen el añadido de sufrir desigualdades de género.
Entre las medidas sugeridas por Amnistía Internacional se encuentra la de despenalizar el trabajo sexual consentido, así como "la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales", según informó la organización en una nota de prensa. “Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, puesto que algunas trabajadoras sexuales contaron que la criminalización permite a las autoridades acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad", añadió Tawanda Mutasah.
En Noruega, los trabajadores y trabajadoras sexuales corren riesgo de desalojo forzoso
La legislación de Noruega penaliza la compra de servicios sexuales, pero no considera ilegal el acto directo de venderlos. Además, su justicia condena el desarrollo de otras actividades relacionadas con el sexo, como el alquiler de establecimientos para ejercer la prostitución.
En el país nórdico, la tasa de violaciones y violencia hacia los trabajadores y trabajadoras sexuales es muy alto pero, sin embargo, como declaró Amnistía Internacional, las denuncias son escasas. “Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, declaró a Amnistía Internacional una trabajadora sexual.
El principal problema de denunciar estos actos es que la policía puede obligar a la víctima a abandonar su domicilio, pues sus arrendadores pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella. "Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos [...] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos”, según explicó una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
Argentina no distingue entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos
Buenos Aires considera legal la compra y venta de servicios sexuales pero, sin embargo, como explicó Amnistía Internacional, "en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos".
Al igual que ocurre en Noruega, el grado de resistencia de los trabajadores y trabajadoras sexuales a denunciar la violencia ante la policía es muy elevado. “[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que trabaja en la calle, quien declaró más tarde que no denunció porque le parecía una pérdida de tiempo.
En la capital argentina, además, la policía suele abordar en la calle a quienes están vendiendo servicios sexuales, además de inspeccionar y allanar las viviendas en las que se desarrollan este tipo de actividades, aunque se trate de domicilios particulares. Además de estos abusos, los trabajadores y trabajadoras sexuales declararon sufrir una enorme discriminación y estigmatización a la hora de acceder, por ejemplo, a servicios de salud. "Realmente no teníamos acceso a los servicios de salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar", dijo a Amnistía Internacional una persona transexual que se había dedicado al trabajo sexual.
En Hong Kong es legal vender servicios sexuales en un domicilio particular
Mientras se desarrolle en un domicilio particular, la legislación de Hong Kong no penaliza la venta directa de servicios sexuales. Por el contrario, trabajar el lugares aislados expone a los trabajadores y trabajadoras sexuales a sufrir agresiones físicas o robos.
Como ocurre en Argentina y Noruega, este tipo de agresiones no suelen denunciarse por miedo a que sea la propia policía la que ejerza el acoso sobre estas personas. La investigación de Amnistía Internacional reveló que se permite que agentes de policía de incógnito reciban, en el curso de su trabajo, determinados servicios sexuales para conseguir pruebas.
Además, las personas transexuales suelen ser objeto de un trato especialmente denigrante, como humillantes e invasivos cacheos integrales. Tras su detención, pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.
Papúa Nueva Guinea penaliza la homosexualidad
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. Además, la homosexualidad, que es ilegal en el país, es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.
La investigación de Amnistía Internacional determinó que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual. Así, estas personas sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, fueron violadas por clientes o por la policía.
“Cuando nos atrapa o nos retiene la policía, si nos encuentran preservativos nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades como el VIH. La policía pide dinero o nos amenaza. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no”, explicó a Amnistía Internacional Mary, trabajadora sexual.
Amnistía Internacional publicó este jueves cuatro informes en los que se reflejan las graves violaciones de los derechos humanos que sufren los trabajadores y las trabajadores sexuales en el mundo. Fundamentalmente, los informes se centran en las penosas condiciones que soportan en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea.