La Comisión Europea prosigue su ofensiva contra los trajes fiscales a medida en el Viejo Continente. Esta semana, el Ejecutivo presidido por Jean-Claude Juncker ha concluido que varias resoluciones fiscales ilegales otorgadas por las autoridades tributarias de Gibraltar permitieron a multinacionales ahorrarse 100 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2013. Es la sexta investigación sobre tax rulings finalizada por Bruselas en la presente legislatura. En cinco de esos expedientes, la Comisión concluyó que durante varios años un total de 40 empresas se ahorraron 14.510 millones de euros aprovechándose de las resoluciones fiscales ventajosas que firmaron con cinco Estados diferentes, a los que ha exigido recuperar el dinero. En el sexto, que afectaba a McDonald’s y Luxemburgo, no se detectó ninguna ilegalidad. Además, tienen abiertas a día de hoy una investigación sobre los acuerdos entre Países Bajos e Inter IKEA y otra relativa a un régimen fiscal para las empresas multinacionales en el Reino Unido.
Bruselas comenzó a indagar en 2013 sobre el régimen de exención del impuesto de sociedades aplicado desde 2011 a los ingresos por intereses y por cánones en el Peñón. Un año después, ampliaron la investigación e incluyeron otras 165 resoluciones fiscales emitidas por las autoridades tributarias gibraltareñas. En relación con el primer pilar del expediente, el Ejecutivo europeo ha determinado que el régimen de exención “favoreció significativamente” a un conjunto de compañías “pertenecientes a grupos multinacionales” dedicadas a determinadas funciones, como la concesión de préstamos intragrupo. “La exención se había concebido para atraer a empresas multinacionales a Gibraltar”, sostiene Bruselas, que destaca que dicho “trato fiscal selectivo” concedía a todas esas firmas “una ventaja” con respecto a otras y “falseaba la competencia” en el mercado único de la UE, algo que va en contra de lo dispuesto en las normas sobre ayudas estatales europeas.
Por todo ello, Bruselas obliga ahora a las autoridades tributarias del Peñón a ponerse manos a la obra para determinar qué firmas se beneficiaron del régimen de exención del impuesto de sociedades aplicado a los ingresos por intereses y cánones, así como para calcular los importes concretos del tributo que deben recuperarse de cada una de las compañías beneficiadas. En relación con los denominados tax rulings, la Comisión ha detectado que son ilegales cinco resoluciones fiscales selladas con media decena de compañías –Ash (Gibraltar) One Ltd., Ash (Gibraltar) Two Ltd., Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd., Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd. y MJN Holdings (Gibraltar) Ltd.–, trajes a medida que les permitieron ahorrarse unos 100 millones de euros en el pago de tributos, según estima la Comisión Europea. “Gibraltar debe ahora recuperar los impuestos impagados”, aseveró en rueda de prensa la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Fiat, Amazon y Engie en Luxemburgo
Aunque la Comisión Europea se haya negado a incluir países europeos en su lista oficial de paraísos fiscales, lo cierto es que Luxemburgo siempre ha sido considerado un Estado offshore dentro del Viejo Continente. Los tax rulings siempre han estado a la orden del día en el Gran Ducado. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicada en 2014 desveló acuerdos tributarios entre el fisco luxemburgués y más de 300 empresas –Apple, Amazon, Verizon, Heinz, Pepsi, Ikea, BNP Paribas o Axa, entre otras–, pactos sellados entre 2002 y 2010 que permitieron a las compañías beneficiadas dejar de pagar cientos de millones de euros en impuestos, a menudo gracias a la creación de sociedades pantalla en Luxemburgo o mediante las prácticas contables más enrevesadas y todo ello con la aquiescencia de los dirigentes de ese país. Durante todos aquellos años, el primer ministro luxemburgués era el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Un año después del estallido del caso LuxLeaks, la Comisión Europea dio el primer varapalo a las prácticas del Gran Ducado. En octubre de 2015, las autoridades de Competencia comunitarias concluyeron que una resolución fiscal emitida por Luxemburgo en 2012 supuso una “ventaja selectiva” para Fiat Finance and Trade, una sociedad con sede en suelo luxemburgués que prestaba servicios financieros a otras empresas del grupo automovilístico y que llevaba a cabo numerosas operaciones con firmas de Fiat en Europa. Teniendo en cuenta que las actividades de la sociedad eran comparables a las de un banco, los beneficios imponibles de la firma deberían haberse determinado del mismo modo que en el caso de una entidad financiera. Sin embargo, la resolución fiscal aprobó “un método artificial y sumamente complejo” inadecuado para calcular los beneficios imponibles “con arreglo a las condiciones del mercado”, lo que permitió a la empresa reducir “de forma indebida” su carga fiscal desde 2012 entre 20 y 30 millones de euros.
Este no ha sido el único traje fiscal a medida confeccionado por Luxemburgo que Bruselas ha declarado ilegal. En octubre de 2017, las autoridades europeas tiraron por tierra otro tax ruling que había permitido a Amazon ahorrarse en impuestos entre mayo de 2006 y junio de 2014 alrededor de 250 millones de euros. La ingeniería fiscal se hizo a través de Amazon EU –“empresa de gestión” que adoptaba decisiones y realizaba actividades relacionadas con el negocio minorista de la compañía en el Viejo Continente– y Amazon Europe Holding Technologies –“sociedad de cartera” que actuaba como intermediaria entre la primera y la matriz en Washington–. La firma tecnológica registraba mediante la primera sociedad –sujeta a tributación– los beneficios por su actividad en el continente, pero los transfería casi por completo en concepto de canon por derechos de propiedad intelectual a la "sociedad cartera", que no estaba sujeta al pago del impuesto de sociedades en el Gran Ducado.
Ocho meses después de este segundo varapalo, el Ejecutivo comunitario declaró ilegales dos acuerdos fiscales que Engie cerró con Luxemburgo y que permitieron a la firma francesa reducir “artificialmente” sus obligaciones tributarias durante una década sin “ninguna justificación válida”. “De hecho, estos acuerdos permitieron a Engie evitar el pago de cualquier impuesto sobre el 99% de los beneficios generados por Engie LNG Supply y Engie Treasury Management en Luxemburgo”, señaló la Comisión, que instó al Gran Ducado a recuperar unos 120 millones de euros que la compañía gala había logrado esquivar durante esos años. El procedimiento de devolución de esa cantidad, explica Bruselas, “está aún en curso”. Sí que se han recuperado ya las cantidades escabullidas en las otras dos investigaciones. Amazon ya ha abonado 282,7 millones de euros –cantidad impagada más intereses–, mientras que Fiat ha depositado ya al Estado 23,1 millones –cantidad impagada más intereses–.
Starbucks en Países Bajos y 35 empresas en Bélgica
El mismo día que el Ejecutivo comunitario tumbó la resolución de la que se había valido Fiat para reducir al máximo el pago de impuestos en Luxemburgo, el departamento que dirige Vestager también declaró ilegales las ayudas fiscales que Países Bajos concedieron al gigante Starbucks en el año 2008 y que le habían permitido ahorrarse desde entonces entre 20 y 30 millones de euros, según estimó entonces la Comisión. En este caso, el acuerdo sellado facilitó que “la mayor parte de los beneficios” de la única empresa de torrefacción de café de la cadena estadounidense en Europa –Starbucks Manufacturing EMEA BV– se trasladaran al extranjero, donde no se gravaban. Según señalan desde Bruselas, la firma de café ya ha devuelto las cantidades en concepto de impuestos que consiguió ahorrarse durante todos aquellos años. En concreto, ha ingresado en las arcas holandesas 25,7 millones de euros –lo escabullido más los intereses–.
Dos meses después de aquel varapalo a Países Bajos, el tirón de orejas se lo llevó Bélgica. En enero de 2016, y después de un año de pesquisas, las autoridades de Competencia europeas sentenciaron que 35 multinacionales se habían ahorrado durante una década casi 700 millones de euros en concepto del impuesto de sociedades gracias al denominado régimen fiscal de beneficios extraordinarios. En virtud de ese sistema, se calculaba el beneficio real de una multinacional en base al beneficio medio hipotético que una empresa independiente habría tenido en situación similar. El resto se consideraba “beneficio extraordinario” y no tributaba. Por ejemplo, si el beneficio total de una multinacional por sus actividades en Bélgica había sido de 10 millones y el beneficio real de una empresa independiente en un contexto similar era de promedio 4 millones, la multinacional sólo pagaba impuestos por esa cantidad y esquivaba la tributación de los otros seis millones restantes.
Al conocerse la decisión, Vestager no quiso desvelar ante los medios el listado de firmas que se habían aprovechado de este sistema. Sin embargo, tras la apertura al público del expediente, quedaron al descubierto nombres como el de la petrolera BP, la química alemana BASF, la cervecera AB InBev y la sueca de equipamiento industrial Atlas Copco. Con los intereses, la cantidad total que estas 35 empresas tienen que devolver a las arcas belgas asciende, según el Ejecutivo comunitario, a unos 900 millones de euros, de los que ya se han recuperado más del 90% –es decir, más de 810 millones de euros–.
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Apple bate el récord en Irlanda
Pero el mayor golpe dado a una multinacional por ventajas fiscales ilegales se conoció el 30 de agosto de 2016. Ese día, las autoridades de Competencia europeas concluyeron que el gigante tecnológico Apple se había beneficiado de dos acuerdos fiscales ilegales en Irlanda que le habían permitido “pagar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 1% sobre beneficios generados en Europa en 2003, que se redujo hasta el 0,005% en 2014”. Es decir, que en ese último año abonó tan solo 50 euros por cada millón que tenía de beneficio. Para conseguirlo, la “práctica totalidad” de los beneficios por ventas que obtenían las sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple –Apple Sales International y Apple Operations Europe, únicas autorizadas para fabricar y vender productos de la marca fuera de América– se distribuían internamente a una “administración central”, que sólo existía “nominalmente”. Dichas ganancias “no fueron objeto de gravamen en ningún país”.
La Comisión Europea calculó que con este mecanismo la firma dirigida por Tim Cook se ahorró durante los años investigados –de 2003 a 2014– alrededor de 13.000 millones de euros. Bruselas instó a Irlanda a recuperar dicha cantidad. Apple criticó con dureza la decisión de la UE, señalando que provocaría “un profundo daño en las inversiones y la creación de empleo”. El Gobierno irlandés aseveró, por su parte, que apelarían porque no se habían concedido “ventajas fiscales” al gigante tecnológico. Sin embargo, el Ejecutivo europeo se mostró inflexible un año después de concluir la investigación y avisó al Estado miembro de que llevaría el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no tomaba de una vez las medidas necesarias para recuperar las cantidades impagadas. A las pocas semanas, el Gobierno de Irlanda anunció un acuerdo con Apple para ello. A día de hoy, señala Bruselas, ya se han depositados en las arcas irlandesas 14.300 millones –13.000 por los impuestos no abonados y 1.300 en concepto de intereses–.
La Comisión Europea prosigue su ofensiva contra los trajes fiscales a medida en el Viejo Continente. Esta semana, el Ejecutivo presidido por Jean-Claude Juncker ha concluido que varias resoluciones fiscales ilegales otorgadas por las autoridades tributarias de Gibraltar permitieron a multinacionales ahorrarse 100 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2013. Es la sexta investigación sobre tax rulings finalizada por Bruselas en la presente legislatura. En cinco de esos expedientes, la Comisión concluyó que durante varios años un total de 40 empresas se ahorraron 14.510 millones de euros aprovechándose de las resoluciones fiscales ventajosas que firmaron con cinco Estados diferentes, a los que ha exigido recuperar el dinero. En el sexto, que afectaba a McDonald’s y Luxemburgo, no se detectó ninguna ilegalidad. Además, tienen abiertas a día de hoy una investigación sobre los acuerdos entre Países Bajos e Inter IKEA y otra relativa a un régimen fiscal para las empresas multinacionales en el Reino Unido.