Mohamed Bin Hammam, un exalto responsable del fútbol en Catar, pagó cinco millones de dólares (3,7 millones de euros) a la FIFA para que los representantes de la organización apoyaran la candidatura del país árabe en el Mundial 2022, según afirma el dominical británico The Sunday Times.
Según afirma este medio, disponen de documentos y correos electrónicos que demuestran los pagos que Bin Hammam, expresidente de la Confederación de Fútbol Asiático, habría realizado a sus homólogos de 30 asociaciones de fútbol africanas, además de la organización de eventos benéficos en ese continente.
Estos papeles confirman que el exvicepresidente de la FIFA y expresidente de Concacaf (Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe), Jack Warner, recibió 1,6 millones de dólares por parte de Bin Hammam. The Sunday Times informa del ingreso de 450.000 dólares en una cuenta de Warner horas antes de que se celebrase la votación en la que se designó Catar como país organizador del Mundial 2022.
Mohamed Bin Hammam fue declarado culpable de corrupción por el comité de ética de la FIFA y suspendido de por vida en 2012. La polémica se aviva después de las declaraciones del actual presidente de la federación, Joseph Blatter –contra quien Bin Hammam compitió por el cargo-, que reconoció que había sido un “error” confiar la organización del torneo deportivo a Catar.
1.200 muertos en la construcción de los estadios
La construcción de los estadios que albergarán el Mundial ha dejado ya más de mil fallecidos. Un estudio de la Confederación Sindical Internacional hizo público el pasado mes de marzo que 1.200 inmigrantes habían muerto hasta el momento en la preparación de los estadios.
Según el informe, los inmigrantes trabajan en condiciones de “semiesclavitud”. Los empleadores retienen sus pasaportes y cobran tan solo un 20% del sueldo acordado. A esto se suman los cálculos de la CSI que asegura que, si las condiciones no cambian, otros 4.000 obreros morirán en los años que quedan de preparación del Mundial.
Estas cifras tan solo pertenecen a los emigrantes de India y Nepal Nepal que facilitaron a la confederación sus cifras, pero casi un millón y medio de inmigrantes trabajan en Catar llegados desde países como Filipinas o Paquistán.
Empresas españolas participan en la construcción
El pasado mes de noviembre Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno control sobre empresas como OHL Construcción, para comprobar que se respetan los derechos humanos. La organización también pidió a la constructora que estableciera mecanismos con las empresas subcontratadas y proveedoras para prevenir la explotación laboral.
Catar es un país que infringe reiteradamente los Derechos Humanos. Organizaciones como Human Right Watch y Amnistía Internacional denuncian con asiduidad casos de tortura, abusos policiales y restricciones de libertades, así como un trato discriminatorio hacia la mujer. En materia de libertad de prensa ocupa el lugar 113 entre 180 países.
Además, Amnistía denuncia una polémica ley de Catar de 2009 por la que los emigrantes extranjeros no pueden salir del país sin el permiso de su empleador, lo que aumenta las probabilidades de abusos sistemáticos.
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“Tanto las empresas constructoras como las autoridades cataríes están incumpliendo sus obligaciones para con los trabajadores migrantes. En Catar, los empleadores han mostrado un lamentable desprecio por los derechos humanos básicos de los trabajadores migrantes. Muchos se aprovechan de un entorno permisivo y de una aplicación laxa de las salvaguardias laborales para explotar a los trabajadores de la construcción”, lamentó entonces el secretario general de AI Salil Shetty.
Sin embargo, y pese a las reiteradas denuncias internacionales, su posición entre los países más ricos del mundo y su dinamismo económico convierten al país en aliado frecuente de los gobiernos occidentales, que tratan de estrechar lazos políticos y económicos a través de acuerdos empresariales. El país árabe fue uno de los visitados por el rey Juan Carlos el pasado mes de abril, cuando recorrió la región acompañado de varios ministros y empresarios para “reforzar la cooperación”.
Las relaciones entre estos países van más allá de las instituciones públicas. Son un recurso habitual en equipos de fútbol, como es el caso de Qatar Airways, patrocinador del Barça, Fly Emirates del Real Madrid o Azerbaiyán del Atlético de Madrid. Naciones Unidas y Amnistía Internacional denunciaron los contratos de patrocinio entre estas empresas estatales y las entidades deportivas. Ni la Liga de Fútbol Profesional ni la Real Federación de Fútbol ni los equipos implicados quisieron hacer declaraciones sobre estos vínculos económicos con países donde los derechos humanos son papel mojado.
Mohamed Bin Hammam, un exalto responsable del fútbol en Catar, pagó cinco millones de dólares (3,7 millones de euros) a la FIFA para que los representantes de la organización apoyaran la candidatura del país árabe en el Mundial 2022, según afirma el dominical británico The Sunday Times.