La dirección de RTVE ha comunicado este jueves su decisión de no optar a la compra de los derechos de emisión de la Supercopa de España, que se disputará durante los próximos tres años en Arabia Saudí, al considerar que no sería coherente teniendo en cuenta que la corporación pública apuesta por el deporte femenino mientras el anfitrión del evento deportivo es conocido por su "historial de vulneraciones de derechos humanos", en concreto de las mujeres, como señala Amnistía Internacional. Atresmedia y Mediaset España no tienen previsto tampoco, según informa Europa Press, pujar por los derechos de emisión de la Supercopa que se disputará en la ciudad de Yeda a principios de enero de 2020 con la participación de cuatro equipos: Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid.
A pesar de que antes de 2019 las mujeres sauditas no podían ni siquiera entrar en un estadio de fútbol en su propio país, el presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, ha defendido en numerosas ocasiones la decisión de celebrar la competición en Arabia Saudí e incluso ha asegurado que el objetivo es que se trate de "una herramienta de cambio social" con la que "las mujeres acaben teniendo los mismos derechos que los hombres".
Esta misma semana, las autoridades de Arabia Saudí se han visto obligadas a retirar un vídeo publicado por el Directorio General para Combatir el Extremismo en el que se calificaba el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad como delito. En el vídeo, difundido a través de Twitter, se mostraba un triángulo relleno con palabras como feminismo, ateísmo, fanatismo deportivo o pornografía, al mismo tiempo que una voz femenina alertaba de que "sobrepasar la moderación" a la hora de adoptar o rechazar una ideología era "extremismo". Y no solo es, sino que también sostenía que adoptar una opinión y luchar contra las demás era radicalismo. Tras varios días de polémica y horas después de que el vídeo fuera borrado, la Presidencia de la Seguridad del Estado aseguró que la persona responsable de la publicación actuó de forma "individual e incorrecta", y anunció la apertura de una investigación al respecto.
Por si hace falta más informaciónpara que entender la decisión de RTVE, infoLibre repasa ese "historial de vulneraciones de derechos humanos" por el que es conocido Arabia Saudí:
Discriminación sistemática de las mujeres
En Arabia Saudí, las mujeres y las niñas están desprotegidas ante la violencia sexual mientras jurídicamente están subordinadas a los hombres en relación al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia, etcétera. Asimismo, todavía necesitan la autorización de un tutor varón –ya sea su padre, esposo, hermano o hijo– para matricularse en un centro de enseñanza superior, buscar empleo o viajar, es decir, un hombre decide todo por una mujer. En lo que respecta a la libertad de las mujeres, según el Informe Global de Diferencias de Género de 2018, Arabia Saudí está situada en la posición 141 en relación a 144 países de todo el mundo.
Hasta junio de 2018, Arabia Saudí era el único país del mundo en el que las mujeres no podían conducir, ni siquiera con el permiso de alguno de los varones de su familia. Poco después, el Gobierno anunció nuevas reformas con las que las mujeres podrán solicitar un pasaporte sin la autorización de un hombre, informar sobre la muerte de un familiar o registrar el nacimiento de sus hijos. Todo ello forma parte de las medidas que el príncipe heredero Mohamed bin Salam ha impulsado durante los últimos años con el objetivo de que la comunidad internacional piense que el país está realizando avances en materia de derechos y libertades de las mujeres.
Solo como ejemplo del trato a la mujer, a principios de año se conoció el caso de la joven saudí Rahaf Mohamed al Qunun, que huyó de su familia –su padre es gobernador de Al Sulaimi, una ciudad de la provincia norteña de Hail– aprovechando un viaje familiar a Kuwait. Víctima de abusos por parte de su progenitor, decidió huir y pasó una semana atrincherada en la habitación de un hotel del aeropuerto de Bangkok antes de poder sortear la deportación dictada por las autoridades tailandesas y conseguir llegar hasta Canadá, país que le proporcionó asilo tras recibir el amparo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
La tortura como práctica habitual y represión contra los críticos al Gobierno
Las "confesiones" en las que se basan los tribunales saudíes para condenar a muerte a sus súbditos muchas veces han sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, denuncia Amnistía internacional en su informe de 2017/2018. La ONG asegura que es frecuente que los juicios se lleven a cabo sin que el acusado cuente con asistencia o representación de un abogado, y sin servicios de traducción en caso de ser extranjeros. También denuncia la impunidad con la que los agentes de seguridad torturan a las personas detenidas.
En cuanto a la represión contra personas que critican al Gobierno, según Amnistía Internacional, los activistas saudíes detenidos se enfrentan a penas de prisión por ejercer su libertad de expresión y por su activismo pacífico. En noviembre de 2018, la ONG publicó varios informes en los que se detallaba la tortura, malos tratos y abusos sexuales contra al menos 10 activistas que se encontraban bajo custodia desde mayo de 2018, y que incluían a varias defensoras de los derechos humanos. La organización pidió a las autoridades que permitieran el acceso de observadores independientes a los y las activistas detenidos. A lo largo de este año también se han llevado a cabo detenciones arbitrarias en que no se ha permitido a los detenidos comunicarse con nadie durante meses ni contar con la asistencia legal de un abogado.
Además, un año después del asesinato del periodista Yamal Jashogi en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul todavía no se ha condenado a nadie y tampoco se han hallado los restos del periodista crítico con el príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salmán, a quien las pruebas de la investigación apuntarían, junto a otros altos cargos saudíes, como responsables del asesinato.
Ejecuciones
Arabia Saudí es uno de los países que más ejecuciones realiza y la técnica más utilizada es la decapitación: en 2018, se llevaron a cabo 149 ejecuciones, de las cuales 50% fueron a extranjeros, mientras que, en lo que va de año se tiene constancia de la ejecución de al menos 120 personas, de las que por lo menos 58 eran extranjeras. Según el informe La falsa promesa de Arabia Saudí elaborado por la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos en 2018, las tasas de ejecución entre 2015 y 2018 están entre las más altas registradas en el Reino desde la década de 1990 y coinciden con el ascenso del rey Salman al trono. El año 2015 fue el más violento del reinado de Salman, con más de 150 personas ejecutadas.
En abril de este año, Amnistía Internacional denunció la ejecución masiva de 37 personas, la mayoría de ellas eran hombres chiíes que fueron declarados culpables "en simulacros de juicio en los que se violaron las normas internacionales de imparcialidad procesal y que se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura".
Segregación religiosa y persecución de la homosexualidad
La minoría chií es la principal víctima de una discriminación que limita su derecho a la libertad de expresión religiosa y su acceso a la justicia, y restringe arbitrariamente otros derechos, como el acceso a los servicios del gobierno y al empleo. Amnistía Internacional denuncia que decenas de activistas chiíes han sido condenados a muerte o a largas penas de prisión por su presunta participación en protestas antigubernamentales en 2011 y 2012.
Por su parte, las relaciones homosexuales están estrictamente prohibidas con arreglo a la ley islámica (sharia), en la que Arabia Saudí basa su marco jurídico, aunque en sí las penas por mantener este tipo de relaciones no están codificadas en su legislación. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido y, de acuerdo a la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, no se conoce de la existencia de grupos u organizaciones LGBT en el país.
Guerra de Yemen
Según la ONU, la guerra de Yemen, en la que Arabia Saudí es su principal combatiente, es la mayor catástrofe humanitaria de nuestros días, en la que más del 80% de una población de 29 millones de personas necesita ayuda para sobrevivir. También asegura que más de 17.640 personas han muerto entre marzo de 2015 y agosto de 2018 a causa del conflicto, aunque señala que es probable que la cifra real sea mucho mayor. Por su parte, Armed Conflict Location and Event Data Project registró, entre enero de 2016 y finales de noviembre de 2018, más de 60.000 muertes de civiles y combatientes, sin contar las víctimas del cólera y de la hambruna.
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A finales de 2018, con motivo de la visita del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salma a Argentina para asistir a la cumbre del G20, Human Rights Watch presentó una denuncia ante la Justicia de ese país en la que detallaba una serie de violaciones al derecho internacional por parte de Arabia Saudí en la guerra en Yemen desde 2015. A consecuencia de esto, el poder judicial de Argentina decidió poner en marcha los mecanismos penales que podrían derivar en una investigación formal sobre la posible responsabilidad penal del príncipe heredero saudita por crímenes de guerra en Yemen y denuncias de tortura de ciudadanos saudíes.
Con motivo de las elecciones del pasado mes de abril, Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace, Oxfam Intermón y Save the Children denunciaron que, entre 2015 y junio de 2018, el Gobierno de España autorizó la exportación de armas a la coalición saudí que interviene en Yemen por valor de 2.071 millones de euros.
La dirección de RTVE ha comunicado este jueves su decisión de no optar a la compra de los derechos de emisión de la Supercopa de España, que se disputará durante los próximos tres años en Arabia Saudí, al considerar que no sería coherente teniendo en cuenta que la corporación pública apuesta por el deporte femenino mientras el anfitrión del evento deportivo es conocido por su "historial de vulneraciones de derechos humanos", en concreto de las mujeres, como señala Amnistía Internacional. Atresmedia y Mediaset España no tienen previsto tampoco, según informa Europa Press, pujar por los derechos de emisión de la Supercopa que se disputará en la ciudad de Yeda a principios de enero de 2020 con la participación de cuatro equipos: Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid.