Más de tres años después del devastador terremoto de Haití, que se cobró la vida de más de 200.000 personas y dejó a sin hogar a unos 2,3 millones, decenas de miles de familias viven todavía en refugios construidos con lonas raídas o láminas de estaño. La mayoría de estas personas son mujeres y niños. Miles de familias han abandonado los campamentos y aceptado otras formas de alojamiento proporcionado por distintos proyectos y programas internacionales. Desde Amnistía Internacional afirman, no obstante, que los desalojos forzosos están cada vez más a la orden del día.
Según las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a finales de marzo de 2013, un total de 16.104 familias habían sido desalojadas por la fuerza y actualmente no tienen acceso a un alojamiento alternativo. La gran mayoría de estos lanzamientos corren por parte de personas que afirman que la tierra era de su propiedad antes del desastre o terratenientes que los reclaman, mediante la intimidación y la violencia.Otros están ligados a los proyectos oficiales que prevén restaurar los espacios públicos.
La OIM cifra que más de las 21.000 familias –aproximadamente 75.000 personas– han sido amenazados con el desalojo forzado, bien por parte de los propietarios anteriores o incluso por las autoridades locales. “El Gobierno haitiano no sólo no ha puesto fin a los desalojos, sino que incluso ha permitido que aumenten desde comienzos de este año”, manifiesta Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Casi un millar de familias han sido desalojadas a la fuerza de su hogares entre enero y marzo de este año, lo que supone un giro radical con respecto a 2012, cuando descendió el número de desalojos forzosos. Estas 977 nuevas familias se suman a las al menos 60.978 personas que fueron desalojadas a la fuerza entre julio de 2010 y el final de 2012. “Los desalojos forzosos amenazan a casi la cuarta parte de las más de 320.000 personas que siguen viviendo en campamentos más de tres años después del terremoto”, indica el portavoz de ONG.
“Comenzaron a derribar nuestras tiendas y la policía nos intimidó”
Es la situación en que viven personas como Cléane Etienne, a quien la policía desalojó a la fuerza en enero del campamento de Fanm Koperatif, en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Perdió no sólo su refugio, sino también todas sus pertenencias, incluido el material que necesitaba para llevar un pequeño negocio.
Suze Mondesir, quien residía también en el campamento de Fanm Koperatif, cuenta así la terrible experiencia que vivió su familia: “Alrededor de las diez de la mañana llegaron al campamento un grupo de agentes de policía acompañados de hombres armados con machetes y cuchillos. Nos insultaron y comenzaron a derribar nuestras tiendas. Los hombres nos zarandearon, y la policía nos intimidó con sus armas para que no hiciéramos nada".
Violación constante de los derechos humanos
“Estamos ante una situación de violaciones continuas de derechos humanos, que causan gran sufrimiento. Quienes más han padecido los efectos del terremoto han sido las personas que vivían en condiciones de extrema pobreza. Residen en campamentos, donde soportan terribles condiciones de vida y, por si esto fuera poco, corren el riesgo de sufrir desalojos forzosos y, a la larga, de quedarse una vez más de sin hogar. Cada vez les cuesta más encontrar un lugar nuevo donde rehacer su vida y medios para ello”, asegura Zúñiga.
Las normas internacionales de derechos humanos disponen que sólo deben llevarse a cabo desalojos como último recurso y tras haber establecido una lista completa de garantías de procedimiento, entre ellas: consulta genuina con las personas afectadas para buscar alternativas factibles al desalojo, aviso previo adecuado e indemnización y vivienda alternativa adecuada a quienes no puedan conseguirla por sus propios medios. En Haití no se está aplicando ninguna de estas garantías, recalcan desde Amnistía.
Más de tres años después del devastador terremoto de Haití, que se cobró la vida de más de 200.000 personas y dejó a sin hogar a unos 2,3 millones, decenas de miles de familias viven todavía en refugios construidos con lonas raídas o láminas de estaño. La mayoría de estas personas son mujeres y niños. Miles de familias han abandonado los campamentos y aceptado otras formas de alojamiento proporcionado por distintos proyectos y programas internacionales. Desde Amnistía Internacional afirman, no obstante, que los desalojos forzosos están cada vez más a la orden del día.