El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno seguirá actuando contra los oligarcas rusos para evitar que puedan continuar "disfrutando de nuestro modo de vida" mientras las bombas caen en Ucrania.
Así lo ha indicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que el Gobierno incautara este lunes en el puerto de Barcelona un yate propiedad de un oligarca ruso y valorado en unos 140 millones de euros.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recibido este martes en la capital, Kiev, la visita del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki; de Eslovenia, Janez Jansa, y de República Checa, Petr Fiala. Zelenski ha compartido en sus redes sociales un vídeo de la reunión y ha catalogado la visita a Kiev de estos mandatarios europeos como "un poderoso testimonio de apoyo".
Durante la reunión, el presidente ucraniano ha remarcado que el país vive una situación complicada y ha lamentado los bombardeos de este martes sobre la capital, así como sobre otras zonas en el oeste del país, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform. Sin embargo, Zelenski ha puesto en valor el coraje de la ciudadanía ucraniana y ha apuntado su sospecha de que Moscú pensaba en un primer momento que en su ofensiva contra Ucrania contaría con cierto apoyo de la población de esta nación.
Por otro lado, el mandatario ha puesto en duda el origen de algunas de las tropas que Rusia ha enviado al país. "Hablan un idioma que no entendemos. Es decir, o son de Siria o se los están sacando de otro lado", ha advertido. Morawiecki, Fiala y Jansa, que previamente habían mantenido una reunión independiente en Kiev, se encuentran en la capital de Ucrania para trasladarle al Gobierno que la Unión Europea "apoya a Ucrania", según el primer ministro polaco.
De hecho, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, previo al encuentro de Zelenski con estos mandatarios europeos, ha definido a los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia como "verdaderos amigos".
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha elevado a 691, 48 de ellas menores, los civiles muertos en Ucrania en el marco del conflicto con Rusia.
El organismo de la ONU ha explicado que 135 de los fallecidos son hombres y 99 son mujeres, si bien aún no se ha logrado conocer el sexo de la mayoría de las víctimas, pues 409 adultos y 30 menores están aún por identificar.
Asimismo ha situado en 1.143 los civiles heridos, 62 de ellos menores de edad. Con esto el balance de personas heridas supera ya los 1.800 civiles, muchos de ellos de ellos en las regiones de Donetsk y Lugansk, que acumulan ya más de 170 fallecidos y cerca de 580 heridos, especialmente en las zonas controladas por el Gobierno ucraniano.
Bielorrusia ha informado este martes de que ha restaurado "completamente" el suministro eléctrico en la antigua central nuclear de Chernóbil, después de que el lunes la empresa ucraniana Ukrenergo informara de un corte que atribuyó a ataques perpetrados en las inmediaciones por las fuerzas rusas, que ya dominan la zona.
El Ministerio de Economía de Bielorrusia ha indicado que el suministro eléctrico proviene del sistema de energía bielorruso por el momento.
La zona de exclusión de Chernóbil, escenario en 1986 del peor desastre atómico de la historia, fue capturada por las tropas rusas el mismo 24 de febrero, horas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciase formalmente el inicio de la invasión de Ucrania.
Las comercializadoras de energía eléctrica que forman parte de la Asociación de empresas eléctricas (Aseme) plantean limitar de manera temporal el precio máximo de casación del mercado mayorista a 180 euros por megavatio/hora (MWh) y que, en caso de que se superase esa barrera, las ofertas pasasen "a ser gestionadas en el mercado de restricciones técnicas".
En un comunicado dirigido a la Secretaría de Estado de Energía, la organización pone sobre la mesa una batería de medidas ante el "tremendo" impacto que está teniendo en las comercializadoras la coyuntura actual de precios energéticos elevados, lo que les ha llevado a encontrarse en una "situación claramente comprometida".
Rusia ha comunicado este martes al Consejo de Europa su retirada de este organismo, que ya había dejado en suspenso la integración como represalia por la invasión de Ucrania y tenía sobre la mesa una expulsión definitiva.
Los grupos políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) se habían posicionado este martes a favor de la salida de Rusia, bien sea de forma volutaria o forzada por el Comité de Ministros. Moscú se ha adelantado con una carta firmada por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Así lo ha anunciado el jefe de la delegación rusa en la PACE, Petr Tolstoi, quien ha alegado que Rusia sale "por propia voluntad", adelantándose a posiciones "rusófobas" que, en su opinión, "no tienen nada que ver con la realidad", informa la agencia Interfax.
La salida implica que Rusia no cubrirá la parte del presupuesto comprometido para 2022 y la salida de la Convención Europea de Derechos Humanos, que regula también el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según el presidente de la Comisión de Exteriores de la Duma rusa, Leonid Slutski.
Moscú acusa al Consejo de Europa de plegarse a los criterios de los países de la OTAN en relación a la ofensiva rusa sobre Ucrania. El organismo continental había decidido apartar a Rusia temporalmente el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado que el Ejecutivo espera poner en marcha "en las próximas semanas" una bolsa de familias españolas que se han ofrecido a acoger a desplazados por la guerra en Ucrania.
En este sentido, ha señalado que se reforzará la acogida mediante esta red que "canalizará la solidaridad" demostrada por las familias españolas y cuyas solicitudes han llegado a través de distintas vías.
Según ha explicado durante la presentación del plan Ucrania Urgente para gestionar la acogida y la tramitación de los expedientes de todos los ucranianos que lleguen a España, el Ejecutivo colaborará con las ONG para determinar qué hogares son más propicios para acoger a estas personas y que en ellos se cumplan todos los derechos.
También ha explicado que se aprovecharán los conocimientos de las familias que acogen a menores pero se adaptará la acogida a la distinta tipología de los ciudadanos ucranianos que han llegado a España, como personas mayores.
El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha lamentado este martes que a pesar de haber escuchado "durante años" que "las puertas" de la OTAN estaban "supuestamente abiertas" en realidad no lo están y ha pedido a sus compatriotas que en la guerra con Rusia confíen en ellos mismos.
"Ha quedado claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente comprensiva. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas, pero ya hemos visto que no podemos entrar", se ha resignado el presidente ucraniano durante una reunión por videoconferencia con alto mandos militares de la Alianza.
"Esto es así y debo admitirlo", ha reconocido Zelenski, quien a pesar de todo se ha mostrado esperanzado por el papel que los ucranianos están desempeñando en este conflicto bélico iniciado por Moscú hace ya poco más de veinte días.
"Me alegra que nuestra gente esté comenzando a entender esto y confíen en ellos mismos y en los socios que nos ayudan", ha dicho Zelenski, quien al mismo tiempo ha pedido a estos aliados que intensifiquen el volumen de la asistencia militar, en especial en lo que respecta a la flota aérea, informa la agencia Ukrinform.
La periodista rusa Marina Ovsiannikova, detenida tras protestar contra la invasión de Ucrania durante la emisión el lunes de un informativo de una cadena pública rusa, ha comparecido este martes por primera vez ante el juez, en un tribunal de Moscú.
Tras varias horas sin noticias sobre el paradero de Ovsiannikova, ésta ha reaparecido en un tribunal, como consta en una imagen difundida por el abogado Sergei Badamshin y que muestra a la periodista junto a su supuesto defensor, Anton Gashinski, informa el periódico Novaya Gazeta.
La organización OVD Info, que recoge informaciones sobre la disidencia en Rusia, ha asegurado que esta primera vista se celebra en una corte del barrio moscovita de Ostankino.
El Comité de Investigación ha abierto una causa para determinar si ha cometido un delito, en particular el que castiga la difusión de informaciones falsas sobre la actividad de las Fuerzas Armadas, susceptible de ser castigado hasta con 15 años de cárcel, según fuentes citadas por la agencia TASS.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho este martes que confía que la Comisión Europea dé luz verde en las próximas semanas a limitar el precio del mercado mayorista de la electricidad y desacoplarlos de la evolución de los precios del gas.
"Confío en que en próximas semanas se va a producir una repuesta positiva por parte de la Unión Europea que nos permita inmediatamente adoptar la medida a nivel nacional y topar los precios en los mercados mayoristas", ha explicado Calviño en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.
Calviño ha hablado con sus homólogos de la UE sobre poner límite a los precios de la energía en los mercados mayoristas y ha explicado que hay consenso tanto por parte de las instituciones como los socios europeos en "abordar medidas que pongan fin" a los altos precios de la electricidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pedir formalmente al fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, que investigue si se han cometido crímenes de guerra en Ucrania desde el año 2013, incluidos los que se puedan producir en el marco de la invasión por parte de Rusia.
El Artículo 14 del Estatuto de Roma por el que se crea el TPI contempla que cualquier Estado parte, como España, puede remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes bajo la jurisdicción de dicho tribunal y pedirle que lo investigue para determinar si se pueden presentar cargos contra una o varias personas, ha explicado el Gobierno.
La semana pasada, el propio Khan había informado de que 39 países, entre ellos España, ya le habían mandado una carta consensuada en ese sentido, a los que posteriormente se sumaron Macedonia del Norte y Japón, según su oficina.
Ahora, a propuesta conjunta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, el Gobierno procederá a remitir la petición formal al fiscal del TPI a través de la Embajada en La Haya, donde tiene su sede la corte.