El secretario general adjunto del PDeCAT, Marc Solsona, ha pedido este lunes explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre su postura sobre el Sáhara, que "cambian el hilo histórico" de su posicionamiento, y ha recordado que han pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso junto a otros partidos.
El Gobierno ha presentado este lunes a la patronal y a los sindicatos los "ocho objetivos concretos a corto y medio plazo" que articularán el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, como ha informado tras el encuentro la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, informa Europa Press.
El Plan, pendiente de definición a la espera del Consejo Europeo del 24 y el 25 de marzo, buscará bajar el precio de la luz, la electricidad y de los carburantes y atender así a los colectivos más vulnerables como primer objetivo. También apoyará a los sectores y empresas más afectados, reforzará la estabilidad de los precios para evitar una espiral inflacionista y garantizará los suministros.
Los otros objetivos citados por Calviño en la rueda de prensa posterior a la reunión son la protección de la estabilidad financiera a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la aceleración del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el impulso de la eficiencia energética y el refuerzo de la ciberseguridad.
"Estamos unidos en los fundamental, que es dar una respuesta eficaz", ha dicho la vicepresidenta, al tiempo que ha agradecido "la actitud leal y constructiva" de CCOO y UGT, así como de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), presentes en la reunión.
Calviño también ha señalado que el Gobierno está trabajando en el ámbito europeo, además de con los agentes sociales, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para conseguir un "gran acuerdo".
La vicepresidenta primera ha reconocido que "la situación no es fácil", como consecuencia del alza de los precios de la energía, y ha insistido en que los ciudadanos y las empresas no pueden pagar el coste de "la guerra de (Vladimir) Putin", en alusión al conflicto bélico de Rusia contra Ucrania. A pesar de las conversaciones nacionales, el Gobierno esperará hasta el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo para tomar decisiones, ya que como ha recalcado Calviño esas reuniones serán "clave" para frenar la escalada de los precios energéticos y para determinar el alcance del plan español.
Calviño confía en que el Ejecutivo logrará "recabar el máximo apoyo" de los partidos políticos, agentes sociales y demás actores con los que está conversando antes del día 29, cuando se espera la aprobación del Plan de Respuesta.
Además de la vicepresidenta primera, el Gobierno también ha estado representado en esta reunión por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por parte de los agentes sociales, el Ejecutivo ha citado al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al de CCOO, Unai Sordo, al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Olaf Scholz; Italia, Mario Draghi, y Reino Unido, Boris Johnson, en la que han abordado las "brutales tácticas" de las fuerzas rusas durante la invasión de Ucrania.
"Han expresado su grave preocupación por las brutales tácticas de Rusia en Ucrania, como los ataques contra civiles", ha informado la Casa Blanca en un comunicado oficial.
"Han subrayado que continúan apoyando a Ucrania con ayuda de seguridad para los valientes ucranianos que están defendiendo su país de la agresión rusa y ayuda humanitaria para los millones de ucranianos que han huido de la violencia", ha añadido Washington.
Por último, los dirigentes aliados de Estados Unidos han "revisado las últimas iniciativas diplomáticas para apoyar los esfuerzos de Ucrania para lograr un alto el fuego".
El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que España "no contradice" una solución a la cuestión del Sáhara Occidental basada en el acuerdo mutuo y en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, como defiende la Unión Europea.
"La posición de la UE sigue siendo la misma. Pleno respeto y apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas y cualquier solución al problema tiene que encontrarse en el marco de estas resoluciones, que por cierto también es lo que dice la carta del Gobierno español a Marruecos", ha señalado Borrell en rueda de prensa desde Bruselas, tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque.
El jefe de la diplomacia comunitaria ha indicado que España ha expresado una "preferencia" en la misiva a las autoridades marroquíes, en la que respaldó el plan de autonomía de Rabat, pero no se desvía de la tesis de lograr un acuerdo mutuo en el seno de la ONU.
Según ha dicho, ha podido tratar la cuestión de manera informal con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aunque no se ha discutido abiertamente entre los ministros de los Veintisiete.
Después del giro de España en relación con el Sáhara Occidental y de respaldar un plan que dejaría al Sáhara dentro de Marruecos, Albares ha evitado en rueda de prensa menciones al plan de autonomía de Rabat y ha defendido que el apoyo de España a las tesis marroquíes supondrá "garantizar la integridad territorial".
El Gobierno ha acordado con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas.
Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras mantener una reunión con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 80% de las empresas del sector. En concreto, la principal medida acordada será la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado 'gasóleo profesional', que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos.
Aunque el Gobierno y las organizaciones empresariales han acordado volver a reunirse el próximo viernes para especificar la nueva cuantía de esa bonificación, Sánchez ha estimado que su alcance será de 500 millones de euros.
Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro.
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD) han criticado duramente la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que han tachado de "irresponsable", y le han pedido que rectifique.
En un comunicado, han denunciado que el cambio se ha producido "de un día para otro y sin previo aviso" y que con la decisión "rompe con la legalidad internacional y elude las responsabilidades que España tiene como potencia administradora garante del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui".
"Condenamos tal postura y llamamos al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar", ha reclamado las ONGD que integran la Coordinadora, subrayando que "España tiene una responsabilidad que no puede eludir" y defendiendo que "la dejación que todos los gobiernos españoles han demostrado sobre esta situación debe finalizar".
Asimismo, han advertido de las consecuencias de la reactivación del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, sobre la población. "La situación de escalada de violencia y conflicto en la zona exige garantizar el cuidado de las personas más vulnerables", han valorado, subrayando que "la medida que acaba de tomar el Gobierno, sin contar con la población saharaui, es irresponsable y no ayuda a mitigar la vulneración de derechos ni el aumento de la crispación en la zona".
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que solo aceptarán un ultimátum ruso "cuando todos hayamos muerto", en respuesta al plazo puesto por Moscú para que los combatientes ucranianos de Mariúpol abandonaran la ciudad.
"Ucrania no puede cumplir jamás un ultimátum de la Federación Rusa. Tendríamos que estar todos muertos y solo entonces se cumpliría su ultimátum para entregar Járkov, Mariúpol o Kiev. No podemos hacerlo", ha afirmado Zelenski en una entrevista con prensa europea.
Este domingo, Moscú anunció una propuesta de evacuación para Mariúpol, rodeada por fuerzas rusas, que incluía que los combatientes dejaran las armas y a cambio tuvieran paso libre hacia territorio controlado por el Ejército ucraniano.
El Ministerio de Defensa ruso ha reconocido este lunes el ataque sobre un centro comercial de Kiev, pero ha asegurado que estaba vacío y que era utilizado como base para un vehículo lanzamisiles MLRS y para almacenar munición y proyectiles autopropulsados. Ucrania ha denunciado al menos ocho muertos en el ataque y el uso de munición prohibida por parte de Rusia.
Como consecuencia del ataque no solo ha quedado destruido este centro comercial, sino que también las viviendas de alrededor y los vehículos de un aparcamiento adyacente han quedado dañados.
"Unidades nacionalistas ucranianas han ocupado durante días edificios residenciales del barrio Vinohradar de Kiev para disparar contra militares rusos utilizando lanzamisiles", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Igor Konashenkov, citado por la agencia de noticias rusa TASS.
Los Estados miembro de la Unión Europea han dado luz verde este lunes a la estrategia común de Defensa con la que el bloque ganará capacidad militar y coordinará mejor los esfuerzos nacionales en el campo de la Defensa, durante la próxima década.
El último borrador de la 'brújula estratégica' ha sido acordada por los ministros de Exteriores y de Defensa en su reunión conjunta en Bruselas, según informan fuentes diplomáticas. Se trata de un plan que establece un entendimiento común de la Defensa, con objetivos como tener la capacidad de desplegar fuerzas de respuesta rápida a nivel de la UE ante situaciones de crisis.
En concreto, el documento consultado por Europa Press que será ahora avalado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de este jueves, plantea que en 2025 los Veintisiete estén en disposición de desplegar estas fuerzas. Sin una estructura fija, se espera que los Estados miembros aporten medios para una fuerza modular de hasta 5.000 soldados.
Antes, para finales de este año, los países de la UE se comprometen a acordar los escenarios operativos y planes de Defensa, con la idea de empezar a hacer maniobras militares europeas en 2023 con las que aumentar la preparación y la interoperabilidad de estas fuerzas.
El nuevo impulso a la seguridad y Defensa de la UE responde, según la estrategia europea, a "un entorno más hostil y tendencias geopolíticas que exigen que el bloque asuma una mayor parte de la responsabilidad de su propia seguridad", una realidad que la guerra en Ucrania ha puesto si cabe más de manifiesto.
Asimismo, la UE se compromete a reforzar sus misiones militares y civiles en el exterior, dando mandatos "más flexibles", con la idea de promover la toma de decisiones más rápida y asegurar mejor la solidaridad financiera con las operaciones.
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha anunciado que se retira de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con Japón, pendiente desde la Segunda Guerra Mundial, tras las sanciones impuestas por Tokio en respuesta a la invasión rusa del territorio ucraniano.
La cartera rusa ha tildado las "restricciones unilaterales" de Japón como medidas de "naturaleza hostil", por lo que ha informado de que el Gobierno "no tiene la intención de continuar con las negociaciones" para lograr un tratado de paz ante la "imposibilidad" de alcanzar acuerdos con una nación "que abiertamente mantiene posiciones hostiles" contra Rusia.
De igual modo, el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que explica que Rusia también se retira del diálogo con Japón para el establecimiento de actividades económicas conjuntas en las Curiles -un archipiélago de islas rusas reclamadas por Tokio-.
En el marco de la respuesta de Moscú a las sanciones japonesas, Rusia también bloqueará la designación de Japón como socio de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro, una estructura creada a comienzos de la década de los 90 para impulsar la cooperación económica de los países de dicha zona.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha recordado este lunes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuesta por la celebración de un referéndum y "rechaza soluciones para el conflicto del Sáhara Occidental prescindiendo de la voluntad y derechos del pueblo saharaui", todo ello a raíz del cambio de posición expresado el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación ha incidido en que "la salida a esta situación, enquistada desde hace más de 40 años, pasa por el respeto a la legalidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco del Plan de Arreglo de 29 de abril de 1991 y la MINURSO", la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental.
En este contexto, JJpD recuerda que el pasado 29 de septiembre de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó la gestión de los recursos del Sáhara Occidental eludiendo la intervención de la población afectada. "En el actual contexto de crisis internacional, no ha de quedar en el olvido la penosa situación de los refugiados saharauis", añade la asociación.
JJpD ha reaccionado así después de que el pasado viernes se diera a conocer una carta al rey Mohamed VI en la que Sánchez aseguraba que "España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo".