"Se espera que todos los Estados miembros actúen de manera responsable para preservar los valores y logros comunes de la Unión, y que dichos valores y logros son inestimables y no pueden llevar pegada una etiqueta en la que se indique su precio". Así de contundente se mostraba la Comisión Europea en una resolución, de carácter no vinculante, que aprobada por mayoría el 13 de enero de 2014 por el Parlamento Europeo. El texto, subido al hemiciclo por las socialdemócratas Kinga Göncz y Sylvie Guillaume criticaba con dureza los programas impulsados por varios Estados miembro que desembocaban "directa o indirectamente en la venta de la ciudadanía de la UE a nacionales de terceros países, incluso sin exigirles el requisito de la residencia". "Medidas que pueden conducir a una verdadera venta de la ciudadanía", añadían en la resolución.
El comercio con los permisos de residencia y nacionalidad en diferentes países a lo largo del mundo se ha convertido en una tónica habitual. En la actualidad, más de una veintena de países ofrecen la posibilidad de obtener un permiso de residencia, cuando no directamente la ciudadanía, a cambio de una serie de requisitos que incluyen grandes inversiones en su propio territorio. Unos más estrictos en las condiciones, otros menos, algunos por menos dinero, otros por más, pero todos negocian con uno de los bienes más preciados en la actualidad, sobre todo si se tiene en cuenta a los millones de personas que cada año se juegan la vida a través de rutas no seguras para tratar de alcanzar algunos de estos Estados. Países en los que otros muchos, con el beneplácito de normativas, consiguen integrarse a golpe de chequera.
Es lo que se llama, en la inmensa mayoría de estos lugares, programas de residencia por inversión. Una estrategia migratoria y económica que ha llegado a convertirse en un auténtico negocio. Y así lo avalan las decenas de firmas que han nacido para aconsejar y gestionar la tramitación de estos permisos, o nacionalidades en algunos Estados, a grandes fortunas e inversores –La Vida Golden Visas o Henley&Partners, son algunos de los nombres que aparecen con una simple búsqueda en Internet–. Alguna de ellas, como por ejemplo Citizenship Invest, está incluso avalada, según aseguran en su página web, por el Gobierno del país que vende la nacionalidad.
Una nueva modalidad de comercio que está en alza. Por eso, algunas de estas firmas intentan darse a conocer como las mejores y más experimentadas del sector. "Henley & Partners es el líder mundial en la residencia y la ciudadanía de planificación. Cada año, cientos de individuos ricos, las familias y sus asesores se basan en nuestros conocimientos y experiencia en esta área. (...) La residencia y la ciudadanía se han convertido en temas de interés entre el creciente número de empresarios con movilidad internacional y los inversores", se presenta en su página web la compañía, dedicada en exclusividad a la planificación en sus 20 oficinas repartidas por todo el mundo. Incluso llegan a editar y ponen a la venta, a un precio cercano a los 80 dólares, informes anuales sobre la situación a nivel global. infoLibre hizo llegar a la firma varias preguntas, que no recibieron respuesta.
A Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Política en la Universidad de Valencia e investigador del Instituto de Derechos Humanos del mismo centro, la idea le "repugna" porque, en su opinión, la ciudadanía no es "un bien jurídico que se pueda poner en venta". Y más cuando consiste "pura y simplemente en la compra a través de una determinada cantidad de dinero". Además, añade, este tipo de programas dinamitan "el principio de igualdad y de no discriminación", algo "imposible de justificar". Y llegado a este punto pone como contraposición la actual crisis de refugiados que se agolpan en Turquía esperando su entrada a raíz del pacto entre el país dirigido por Recep Tayyip Erdogán y la Unión Europea: "Resulta imposible de justificar esa desigualdad en la vía de acceso", apunta.
El caso español
Tras el verano de 2015, ante la masiva llegada de personas que escapan de los conflictos armados, y que todavía continúan intentando alcanzar suelo europeo, la UE pareció ponerse las pilas y aprobó el reparto de 160.000 refugiados, de los que España aceptó reubicar en su territorio a un total de 17.680 personas entre 2016 y 2017. Un reasentamiento que, por el momento, avanza lento. Sin ir más lejos, el pasado 12 de abril Bruselas reprochó a España su falta de compromiso en esta materia, sobre todo si se tiene en cuenta que en marzo ya tendrían que haber estado en suelo español 467 de estas personas, tal y como se comprometió el Gobierno.
A pesar de la "falta de voluntad" que critica Bruselas en esta materia, España es uno de esos países en los que existen, desde el año 2013, estas Golden Visa. En concreto, está regulada a través de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, una normativa a la que se pueden acoger los inversores extranjeros que quieran obtener un visado de residencia para que puedan vivir en nuestro país durante un año o una autorización de residencia de dos años, que se podrá renovar si la inversión se mantiene y si se ha realizado al menos una visita a españa durante ese periodo.
Las condiciones dejan claro el poder adquisitivo de las personas que podrán acogerse a esta normativa: adquirir propiedades por valor de 500.000 euros; acciones, depósitos bancarios o participaciones sociales de empresas españolas por valor de 1 millón de euros; o la compra de deuda pública por valor de 2 millones de euros. También recoge la posibilidad de acogerse a este Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE) aquellos "proyectos empresariales" considerados "de interés general" siempre y cuando creen puestos de trabajo, se realice "una inversión con impacto socioeconómico" y que suponga una "aportación relevante a la innovación científica y tecnológica".
Según los datos recogidos durante el primer año de aplicación de la ley (de septiembre de 2013 a diciembre de 2014), un total de 531 inversores extranjeros han conseguido el visado acogiéndose a esta normativa. La inmensa mayoría, un 92% –490–, fueron recibidos a través de la adquisición de un inmueble, mientras que 29 se expidieron a través de la vía de las acciones o depósitos bancarios y en 12 casos fue por invertir en "proyectos de interés general". Ni un solo visado por comprar bonos del Estado. En total, 446,8 millones de euros de inversión. Rusia, China y Ucrania son las nacionalidades de la mayoría de ciudadanos que se han acogido a este método de obtención exprés del permiso de residencia.
infoLibre ha solicitado datos más actualizados a la Secretaría de Estado de Comercio, pero a cierre de esta edición no ha obtenido respuesta. Sin embargo, parece que la vía de la vivienda no está resultando lo atractiva que se esperaba para los inversores extranjeros que quieren hacerse con un visado de residencia, a pesar de que algunas inmobiliarias de lujo lo anuncien junto a sus ofertas.
"Lo único que nos interesa es que pongan los billetes encima de la mesa. Supone una mala propuesta y un desmentido de que quienes hacen esas medidas tengan un sentido mínimamente noble", señala De Lucas, que le parece una medida "inmoral" y que supone "una discriminación que no tiene sentido": "Tratamos con un rasero absolutamente discriminatorio a personas que necesitan el acceso a la ciudadanía para escapar del horror, a los que ponemos todo tipo de problemas. Ahora bien, si es una persona que llega con una cantidad de dinero, se la damos", apunta.
Carmen González Enríquez, investigadora de migraciones en el Real Instituto Elcano, recalca que en el caso de España esta norma "no va sobre la nacionalidad" sino "sobre el permiso de residencia". "No tiene nada que ver, aunque un permiso de residencia puede convertirse a lo largo de los años en un acceso a la nacionalidad", añade. Preguntada sobre el Programa de Inversores y Emprendedores en nuestro país, la investigadora apunta que "habría que revisar" los "límites que han puesto respecto a la cantidad a invertir": "En mi opinión son demasiado altos", añade. Además, insiste en que este programa que el Ejecutivo español puso en marcha en el año 2013 "también es para personas muy cualificadas que son demandadas por empresas".
Una tónica generalizada en Europa
"El Gobierno de Rajoy no es el único que ha puesto en marcha este tipo de medidas", afirma el investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. En la misma línea se posiciona González Enríquez: "No son extrañas las leyes de emprendedores e inversores en Europa", afirma en conversación telefónica con este diario.
En concreto, un total de doce países europeos, incluido España, tienen programas de residencia a cambio de inversión, según se recoge en el estudio Investment-based citizenship and residence programmes in the EU, elaborado por la European University Institute en agosto de 2015. Un dato que contrasta con la cifra de refugiados que han sido reasentados hasta el momento en todo el territorio comunitario: 1.683 personas desde que quedó cerrado el reparto el pasado mes de septiembre, lo que supone un escaso 1% del total de 160.000 refugiados que tienen que haber sido acogidos en suelo europeo antes de septiembre de 2017.
El tiempo de residencia en estos doce países –incluyendo España– varía entre uno y diez años, con posibilidad de renovar los permisos. Las condiciones, y sobre todo los niveles de inversión requeridos, varían en función de cada país. Bulgaria (ofrece el permiso de residencia de un año) requiere una inversión de 306.000 euros en bonos del Estado o en acciones de compañías, pero también da la posibilidad de que inviertas 127.000 euros en una compañía radicada en una región pobre y facilites cinco puestos de trabajo a ciudadanos búlgaros. En Francia se necesita una inversión de 10 millones de euros en un negocio en el país –o bien de forma personal o bien adquiriendo acciones de una empresa– y que se generen 50 puestos de trabajo para gozar de una Golden Visa durante diez años.
En el caso de Grecia, uno de los países más baratos en esta línea, tan sólo es necesario realizar una inversión en bienes inmuebles por valor de 250.000 euros –a los que hay que añadir tasas que elevarían el coste final a los 300.000 euros– para tener un permiso de residencia durante cinco años, al que también tiene derecho el resto de la familia (niños hasta 21 años)–. Un precio similar se establece en Hungría, donde es necesario invertir en bonos del Estado por un valor de 300.000 euros, un capital que le será reintegrado pasados cinco años, para tener derecho durante ese periodo de tiempo a una Golden Visa junto a su familia.
En Irlanda, los requisitos del programa de residencia para inversores son mucho más amplios: 1 millón de euros en bonos de inversión inmigrante; 500.000 euros de inversión en una empresa irlandesa durante 3 años; 500.000 euros en fondos de inversión "aprobados"; una inversión de al menos 2 millones de euros en REITs irlandesas en la bolsa del país, una cifra que puede distribuirse entre varias; inversión mixta, adquiriendo una propiedad residencial por valor de 450.000 euros y metiendo otros 500.000 euros a bonos de inversión inmigrante; o una donación filantrópica individual por valor de 500.000 euros. Varias posibilidades a elegir para hacerte con un permiso de residencia de dos años.
Malta (permiso de 1 año), por su parte, apuesta por las propiedades. Por ello, las condiciones para acogerte a su Global Residence Programme son las siguientes: tener una propiedad por valor de 275.000 euros en la isla –220.000 euros si es en el sur de la isla o 250.000 euros en el caso de Gozo– o alquilar un inmueble por 9.600 euros anuales –8.750 euros en el sur o en la isla de Gozo–. En el extremo opuesto se encuentra Reino Unido, que pide tener o bien propiedades por valor de 2,24 millones de euros o bien 1,21 millones en suelo británico a través de inversiones en empresas o bonos. El permiso, en este caso, es de un año.
Durante 365 días también pueden los inversores gozar de residencia en Holanda, Portugal y Rumanía. En el primer caso se necesita invertir 1,25 millones de euros en una compañía asentada en suelo holandés. En territorio luso, es necesario comprar un inmueble por medio millón de euros, invertir un millón en capital o invertirlo en una empresa que genere 10 puestos de trabajo. Por último, en Rumanía, es necesario meter 100.000 euros a un negocio que cree 10 puestos de trabajo. El permiso puede ser de cinco años en territorio rumano si la inversión es de 500.000 euros y se crean 50 puestos.
Cierra la lista de países que ofrecen la residencia temporal por un periodo de cinco años a cambio de inversiones Letonia, que permite obtenerla a través de la adquisición de un inmueble –varía en función de dónde lo adquiera, pero estaría en torno a los 71.000 euros–.
Venta de la ciudadanía
Además de un visado para residir temporalmente en un país, algunos otros países venden, directamente, la nacionalidad. En el caso de los Estados europeos, vender la nacionalidad implica que ese inversor se convierta automáticamente en un ciudadano de pleno derecho del Viejo Continente, con todas las ventajas que esto implica. "Son países muy pequeños que pueden estar necesitados de inversión y están dispuestos a conceder la nacionalidad a quien haga el ejercicio de invertir allí su dinero. A mí no me parece algo grave"
Así, Chipre, Malta, Bulgaria y Rumanía otorgan el pasaporte a cambio de un puñado de billetes que beneficien a sus respectivas economías. Sin embargo, el precio varía según el Estado. En Chipre, es necesario realizar una inversión individual de cinco millones de euros en activos del país, ya sean invirtiéndolos en propiedades, compañías radicadas en la isla, bonos del Estado o empresas estatales. Una cifra que comenzó situándose en los 28 millones de euros y se ha ido reduciendo con el paso del tiempo a los 10 millones y a la cifra actual. Además, es necesario tener limpio el historial criminal, no estar en la lista de personas cuyas propiedades han sido congeladas en la Unión Europea y haber realizado al menos una visita a Chipre.
Detenidas 188 personas por defraudar casi seis millones de euros ofreciendo permisos de residencia
Malta, por su parte, te permite obtener el pasaporte a cambio de 1,15 millones de inversión. Esta cifra quedó fijada después de que se hiciese pública la intención de concederla por 650.000 euros, algo que provocó un fuerte escándalo a nivel intracomunitario. Por ello, también añadieron a la cláusula la necesidad de haber residido en la isla durante un año. Un plan que fue administrado por la empresa líder del sector: Henley & Partners. También después de residir doce meses, y con una inversión que ronda los 500.000 euros, tienes la opción de adquirir el pasaporte en Bulgaria. Cierra la lista Rumanía, donde es necesario invertir un millón de euros, según recoge el estudio del European University Institute.
Pero estas dos prácticas, venta de permiso de residencia y de ciudadanía, se expanden por todo el mundo. El precio del pasaporte en Dominica, San Cristobal y Nieves y Antigua y Barbuda, por ejemplo, oscila entre los 100.000 y los 400.000 dólares. En el caso de un permiso de residencia, las cifras varían mucho entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Ronda el medio millón de dólares en suelo americano –sólo se aprueban unas 10.000 visas anuales que se acogen a este programa de inversiones–. Sólo 700 se reparten al año en Canadá, donde es requisito indispensable tener un patrimonio de 1,6 millones de dólares canadienses, experiencia como gerente e invertir 800.000 dólares en el territorio.
También piden experiencia en Australia, donde el permiso de residencia es concedido siempre que inviertas 1,5 millones de dólares y tengas un patrimonio de 2,25 millones. En Nueva Zelanda, por último, hay dos vías, que dependen de la edad y el idioma: si sabes hablar inglés, tienes experiencia en gerencia de al menos 3 años y tienes menos de 65 años de edad, es suficiente una inversión de 1,5 millones; y si no cumples los requisitos, el precio asciende hasta los 10 millones.
"Se espera que todos los Estados miembros actúen de manera responsable para preservar los valores y logros comunes de la Unión, y que dichos valores y logros son inestimables y no pueden llevar pegada una etiqueta en la que se indique su precio". Así de contundente se mostraba la Comisión Europea en una resolución, de carácter no vinculante, que aprobada por mayoría el 13 de enero de 2014 por el Parlamento Europeo. El texto, subido al hemiciclo por las socialdemócratas Kinga Göncz y Sylvie Guillaume criticaba con dureza los programas impulsados por varios Estados miembro que desembocaban "directa o indirectamente en la venta de la ciudadanía de la UE a nacionales de terceros países, incluso sin exigirles el requisito de la residencia". "Medidas que pueden conducir a una verdadera venta de la ciudadanía", añadían en la resolución.