España quiere que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) se ponga en marcha con la máxima celeridad posible. Es uno de los Estados del club comunitario –junto a Suecia, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Holanda, Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Letonia, Estonia y Lituania– que ven con mejores ojos el tratado. Y así quedó demostrado en la reunión que el Comité de Política Comercial del Consejo Europeo celebró el pasado 15 de julio, donde esta docena de países coincidieron en que el CETA "es fundamental, excelente o incluso el mejor tratado comercial jamás negociado", según el acta de la reunión a la que ha tenido acceso infoLibre.
Durante la cita, la representación española se enrocó en la necesidad de que el acuerdo con el país norteamericano quede sellado "rápidamente" durante el próximo mes de octubre, coincidiendo con la cumbre Unión Europea-Canadá, en la que se espera que se cierre "simbólicamente", según señalan fuentes del Parlamento Europeo. Además, se mostró partidaria de una "rápida" aplicación provisional del acuerdo –que se pueda aplicar antes de que sea ratificado por todos los países miembro– que incluya el apartado de acceso al mercado recogido en el capítulo de inversiones. Algo que también pidió Portugal, aunque los lusos remarcaron por su parte que, "en cualquier caso", es necesario que exista un respaldo legal en este punto.
Tom Kucharz, portavoz de la Campaña contra el TTIP, CETA y TiSA, califica de "muy preocupante" la posición defendida por la Representación Permanente de España ante la UE (REPER) en las reuniones del Comité de Política Comercial. "Según se desprende de las actas confidenciales de la cita del pasado 15 de julio, a las que hemos tenido acceso, el Gobierno en funciones es uno de los Ejecutivos que defiende las posiciones más alarmantes en el seno del Consejo Europeo", sostiene en conversación con infoLibre el también portavoz de Ecologistas en Acción.
Además, califica de "inquietante" que España defienda la "rápida" firma y aplicación provisional del tratado, sin que se haya "debatido y analizado" en el Congreso de los Diputados y Senado, del mismo modo que considera "inadmisible" que el Ejecutivo en funciones "no haya informado" sobre los pasos que se están dando en torno al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. "Es enormemente preocupante (...). Es un tratado que tendría amplias y muy negativas consecuencias para los procesos legislativos, la justicia y las políticas públicas más allá de la presente legislatura", sostiene Kucharz vía email.
Algo que critica también Ernest Urtasun, diputado de ICV en el Parlamento Europeo. Lamenta que no se esté dando "explicación" sobre la postura que mantiene la representación española en estas negociaciones. "Es bastante bestia... En Bélgica hay un debate sobre el tema", señala, añadiendo a renglón seguido que el CETA es para el Ejecutivo en funciones "un tema ideológico", y recuerda que el PP es partidario de "tratados comerciales neoliberales". Una línea que comparte también el portavoz de Equo –partido integrado en el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea– en la Eurocámara, Florent Marcellesi: "Al Gobierno le interesa que se firmen cuanto antes esos acuerdos –TTIP, TiSA y CETA– de comercio e inversiones".
Sobre la aplicación provisional, Marcellesi la califica como "artimaña" de la Comisión Europea para que el acuerdo con Canadá "pueda aplicarse antes de que lo firmen todas las partes" –los 28 Estados miembro y el país norteamericano–. El pasado mes de julio, el órgano ejecutivo de la UE decidió dar al acuerdo la condición de mixto ante la presión de países como Alemania y Francia, lo que obliga a que sea ratificado por los Veintiocho –no solo vale con el visto bueno de la Comisión y el Consejo–. Pero mientras se completa el proceso, el CETA comenzaría a caminar gracias a la aplicación provisional. Algo que rechaza Urtasun: "Hay que esperar a que se complete todo el proceso".
El acceso al mercado del capítulo de inversiones
El activista de Ecologistas en Acción también carga contra la posición de la representación española en el Comité de Política Comercial del pasado 15 de julio sobre el mantenimiento del acceso al mercado del capítulo de inversiones en la aplicación provisional. En su opinión, esto muestra que el Ejecutivo conservador "defiende únicamente los intereses del poder económico y financiero y las grandes empresas multinacionales", las "únicas" interesadas en que se mantenga esta parte del acuerdo.
"La obligación de dar 'Acceso a los mercados' a empresas e inversores extranjeros se remonta a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y forman parte de la arquitectura de la impunidad del derecho comercial internacional, porque es una especie de pase VIP para las grandes multinacionales en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno español del Partido Popular defiende con ello únicamente los intereses económicos de grandes empresas", sostiene Kucharz. Para el portavoz de Ecologistas en Acción, esto es "similar", aunque en este caso "legal aunque sea ilegítimo", a los negocios del exembajador Arístegui y del exdiputado del PP Gómez de la Serna.
España se posiciona así del mismo modo que la Comisión Europea. Según consta en el documento Analysing the impact of exclusions from provisional application of CETA [consulta aquí en PDF], fechado el 13 de julio de 2016 y al que también ha tenido acceso infoLibre, el órgano ejecutivo y legislativo de la UE sostiene en el texto preparatorio de la reunión celebrada dos días después que aunque es necesario retirar de la aplicación provisional el tema del sistema judicial y protección de la inversión de este capítulo –por las enormes discrepancias entre algunos Estados miembro–, no es recomendable hacer lo mismo con la parte relacionada con el acceso al mercado. "Esto desalentaría considerablemente la inversión canadiense en la UE", sostiene la Comisión en el escrito.
Además, el órgano presidido por el conservador Jean-Claude Juncker trata de presionar a través del documento de trabajo a los Estados miembro asegurando que esta exclusión tendría un "impacto claro en la creación de empleo", principalmente porque la Unión Europea es el "destino preferido" para las inversiones canadienses. Y alerta de que el país americano también podría poner restricciones "equivalentes" para las multinacionales europeas que quieran invertir en Canadá, tanto "para los servicios como para los no servicios". "De hecho, los funcionarios canadienses ya han indicado que si la UE no aplica provisionalmente la totalidad del CETA, Canadá no tendría más remedio que reflejar el mismo tratamiento", sentencia en este sentido.
Esto último es, en opinión de Kucharz, lo que "más preocupa" tanto al órgano legislativo de la UE como al Ejecutivo español en funciones. "Todo parece indicar que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho promesas a grandes empresas españolas del sector servicios, tales como ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr-Vallehermoso, con el fin de 'mejorar' las condiciones de inversión en Canadá", sostiene el portavoz de la Campaña contra el TTIP, CETA y TiSA. Para Kucharz, la posición que mantiene la Comisión en este sentido "sólo se entiende si se han hecho ya promesas a las grandes multinacionales europeas". "En algunos casos significa también el acceso a servicios regulados como públicos en la UE. Esta liberalización es la que defiende el PP", sostiene por su parte el eurodiputado de ICV.
La reunión del Comité de Política Comercial
La reunión del Comité de Política Comercial del Consejo Europeo del pasado 15 de julio arrancó a eso de las 9.30 horas en Bruselas. Sobre la mesa, cinco puntos a discutir, según se desprende de la agenda provisional marcada para ese día: Programa de la Presidencia, Post Nairobi, CETA, Reporte de la decimocuarta ronda de negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y, de cierre, Otros Negocios –de los que no se dan más detalles al respecto–. La cita, según el acta a la que ha tenido acceso este diario, arrancó con la posición de la Comisión Europea, que hizo hincapié en la "importancia extraordinaria" del tradado con Canadá, que calificó como "una prueba de fuego" para la política comercial del Viejo Continente: "Si la UE no está en condiciones de ratificar este acuerdo, la política comercial europea tendría un gran problema de credibilidad".
Todos los Estados miembro pidieron la palabra. Algunos defendieron que el CETA "es fundamental, excelente o incluso el mejor tratado comercial jamás negociado". Otros, como Francia, Italia, Luxemburgo o Estonia, mantuvieron que la ratificación del tratado "es muy importante" para la "credibilidad y funcionamiento de la política comercial europea. Alemania, por su parte, celebró que finalmente la Comisión haya dado al acuerdo la categoría de tratado mixto, algo que permite a los parlamentos nacionales tener voz en esta decisión, lo que, según puntualizó la representación germana, "garantizaría una amplia aceptación del acuerdo". Además, los alemanes recordaron que todavía queda "mucho trabajo por hacer" y propusieron celebrar una reunión extraordinaria a finales de verano o comienzos de otoño.
Tras esto, pasaron a analizar los aspectos relativos a los cambios en el texto del acuerdo con Canadá y a la firma del mismo. En el primer punto, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Estonia y Dinamarca apoyaron la propuesta de la Presidencia de enmendar algunos aspectos del tratado, mientras que Hungría, Grecia, Eslovenia, Austria, Alemania y Francia dejaron claro que tendrían que evaluar esos cambios con posterioridad y abrieron la puerta a proponer nuevas modificaciones. Sobre el segundo de los puntos tratados en esta parte de la reunión, varios Estados –entre ellos España– mantuvieron que tenía que ser firmado en octubre de este año. Alemania sostuvo que las condiciones "necesitan ser creadas". Bélgica y Rumania –a la espera de que se resuelva la cuestión de los visados– señalaron que en las condiciones actuales no podían apoyar la firma.
Y, con todo esto tratado, se pasó a uno de los aspectos que más discrepancias genera: la aplicación provisional. Aunque ninguna de las representaciones la rechazó –sólo Eslovenia hizo una crítica suavizada–, todas pusieron de relieve sus exigencias en este sentido. España y Portugal quieren incluir la parte de acceso a los mercados. Francia y Austria quieren excluir tanto el capítulo de transportes de la aplicación provisional como el que trata el tema de la sostenibilidad. Por separado, los austriacos también buscan dejar fuera el capítulo de las subvenciones al cultivo, mientras que los galos quieren hacer lo mismo con el de mediación y las sanciones penales para proteger la propiedad intelectual. Alemania, Finlandia, Luxemburgo y Portugal buscan excluir la protección de la inversión. Hungría y Lituania tratan de hacer lo mismo con el capítulo general de inversión.
La reunión se cerró con la respuesta de la Comisión Europea, que llamó a los Estados miembro a ser "pragmáticos" a la vista de los conflictos de competencia. Y se muestra contundente: "Si la Comisión fue capaz de proponer un acuerdo mixto –en contra de su criterio–, entonces este pragmatismo debe ahora reflejarse en los Estados miembro". Esta parte del acta molesta especialmente a Kucharz, que la define como un "intento de chantaje", llamándole la atención que ninguno de los Veintiocho "rechace o se queje" de estas palabras. Además, tilda de "preocupante" que países como Austria o Hungría, a pesar de haber recibido "instrucciones claras" de sus respectivos Parlamentos nacionales de rechazar la aplicación provisional, no se mostrasen en contra durante la reunión.
Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra el CETA
El caballo de Troya del TTIP
El CETA comenzó a negociarse en 2009. Mucho antes de que el TTIP saltase a la palestra. Ambos eran, hasta hace poco, completos desconocidos. Sin embargo, las constantes protestas contra los tratados que pretende cerrar la Unión Europea, así como las críticas feroces de los movimientos sociales y organizaciones ecologistas, han conseguido que el foco se ponga sobre estos acuerdos comerciales que están siendo negociados en la más absoluta opacidad. Sólo las filtraciones que se están produciendo en los últimos meses permiten a la sociedad europea conocer los entresijos de las conversaciones que mantienen los representantes comunitarios.
El acuerdo con Canadá es similar al que se negocia con Estados Unidos. "Es el TTIP 1.0, el caballo de Troya del TTIP", sostiene Marcellesi. Lo llama así porque "todo lo que se ha criticado con dureza del TTIP y se ha conseguido retirar, ha quedado incluido en el CETA, que empezó a construirse mucho antes". "Es una especie de globo sonda del tratado con EEUU que se quiere colar por la puerta trasera", afirma Kucharz, que recuerda que "restringiría las competencias gubernamentales en la gestión de servicios y contratación pública", abriría mayores posibilidades para "la privatización de los servicios públicos", se "perdería" en la "protección a la salud, los derechos laborales y el medio ambiente" y se crearían "nuevos órganos" que darían lugar a una estructura gubernamental "controlada con mano de hierro por "actores económicos". Veremos qué pasa en otoño.
España quiere que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) se ponga en marcha con la máxima celeridad posible. Es uno de los Estados del club comunitario –junto a Suecia, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Holanda, Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Letonia, Estonia y Lituania– que ven con mejores ojos el tratado. Y así quedó demostrado en la reunión que el Comité de Política Comercial del Consejo Europeo celebró el pasado 15 de julio, donde esta docena de países coincidieron en que el CETA "es fundamental, excelente o incluso el mejor tratado comercial jamás negociado", según el acta de la reunión a la que ha tenido acceso infoLibre.