Participar y decidir para que el futuro en paz de Colombia no se quede en el papel. Este es el principal objetivo de la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que se celebrará en Bogotá a partir de este lunes y que durante tres jornadas reunirá a más de 500 mujeres de diversas organizaciones y territorios. Un encuentro que busca situar la perspectiva de género en el eje de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC el pasado 24 de agosto. Y que tiene su origen en una primera cumbre, en octubre de 2013, que impulsó la creación en junio del 2014 de una subcomisión de género inédita en otros procesos de paz.
El siguiente reto es movilizar el voto de las mujeres en favor del Sí a los acuerdos, que se ratificarán en referéndum el próximo 2 de octubre. Y, acto seguido, perfilar estrategias para una construcción de la paz con justicia, paz, reparación y garantías de no repetición. infoLibre ha conversado con algunas de estas líderes de organizaciones femeninas sobre la perspectiva de una Colombia sin armas.
Violencia sexual como artefacto de guerra
Sisma Mujer, fundada en 1998 y con una delegación en Alicante, fue una de aquellas entidades que impulsaron la Subcomisión de Género, presidida por María Paulina Riveros (Gobierno) y Victoria Sandino (FARC). Creada en 1998, Sisma ha centrado su trabajo en la denuncia del abuso sexual como arma de guerra contra las mujeres. “Esta violencia es el crimen de la guerra, pero también el de la paz, ya que está relacionada con la discriminación contra la mujeres”, señala Claudia Mejía, presidenta de Sisma, para quien “la erradicación de la violencia a las mujeres debe ser el paso definitivo hacia la paz”.
De hecho, las cifras son tan terribles como elocuentes. Según el Registro Único de Víctimas (RUV) entre 1985 y 2015, hubo 12.092 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual de los que un 90% se perpetraron contra mujeres, lo que significa un promedio de 29 hechos criminales al mes. Y según la Fiscalía General de la Nación, entre 2013 y 2015, este tipo de casos alcanzan un impunidad de entre el 89 y 91%. Por ello, Colombia está en entre los primeros 10 países en tasas de feminicidio. Y solo en 2014, según el RUV, hubo 221 agresiones a defensoras de derechos humanos, de las cuales 6 acabaron en muerte.
En abril de 2015, Sisma Mujer se unió a Humanas, la Red Nacional de Mujeres y la plataforma No es Hora de Callar para presentar “cinco claves para una reconocimiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos de paz”. Destaca tanto la justicia como la reparación diferenciada, es decir, desde el punto de vista de género. Y para ello proponen que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sea paritaria y cuente, al menos, con una víctima de violencia sexual o una defensora de los derechos de las mujeres. También que estas agresiones “no pueden ni deben ser amnistiadas ni indultadas”, exige Mejía.
Pero la incidencia de la Subcomisión ha ido más allá de cuestiones sobre violencia, ya que logró la revisión de acuerdos cerrados con anterioridad como el de participación política, el de la solución al problema de las drogas ilícitas y, especialmente, el de la reforma rural integral. En este último caso, el futuro Fondo de Tierras prevé acceso especial para las campesinas y el plan de formalización masiva de la tierra dispondrá de medidas concretas para que las mujeres formalicen la propiedad.
Paridad y retorno con garantías
El Congreso de la República está integrado por 55 mujeres, el 21% de los escaños. “Es un papel muy escaso y hace falta una mayor inclusión para que la agenda de las mujeres tenga mayor presencia en la agenda democrática del país”, sostiene Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, una apuesta feminista nacida en 1992 tras una activa participación en el proceso de la Asamblea Constituyente de 1991. Según Quintero, “debemos empezar a abrir la puerta a la paz tras 50 años de conflicto armado”, aunque algunas de las propuestas, sobre todo en materia de género, “se quedan cortas”. “Se utilizan verbos muy blanditos: buscar, aumentar o hacer efectiva. Que se conviertan en verbos concretos y que la participación de las mujeres no solo aumente, sino que sea paritaria en todos los espacios”, demanda Quintero, quien valora que la palabra “género” aparezca más de 70 veces en las casi 300 páginas de los acuerdos de paz.
Un sentimiento ambivalente con el que coincide Alba Teresa Higuera, portavoz de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, que agrupa a una trentena de colombianas en España, buena parte de ellas líderes que abandonaron su país tras serias amenazas de muerte y que encontraron su punto de encuentro en la Mesa de apoyo a los derechos humanos de las mujeres y la paz en Colombia, fundada en 2007 e integrada por 24 organizaciones de España y Colombia, y de la que también forman parte Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres.
“Buscamos un enfoque de género que incluya qué significa el exilio y el refugio para las mujeres en su vida económica, social, política, psicosocial, familiar y de afectos”, explica Higuera. Una visión integral con proyección de denuncia pública, ya que la Colectiva aboga porqué sus experiencias sedimenten en el futuro Museo Nacional de la Memoria y a través de una cátedra en el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Y plantean una gran Audiencia Pública en España que ayude a cerrar heridas. Según los datos oficiales existen más de 6 millones de personas desplazadas. Entre ellas, señala Naciones Unidas, al menos 420.000 refugiadas y exiliadas políticas.
Mujeres y derechos humanos: la paz en Colombia desde abajo
Otro aspecto determinante es el retorno con garantías. “En muchos casos persisten la amenazas de los paramilitares, que se han disfrazado”, denuncia Higuera. De hecho, el punto relativo al acuerdo sobre el fin del conflicto recoge cinco medidas para el esclarecimiento y la persecución del paramilitarismo. “¿Volver?”, se pregunta Higuera, refugiada en Albacete desde 2003, sobre la dificultad de afrontar nuevas rupturas: “Muchas, cuando llegamos, nuestros hijos eran bebés y ahora este es su espacio cultural y de compromisos sociales. No queremos quebrar los afectos como nosotras lo tuvimos que hacer en su momento”.
Las asociaciones colombianas de mujeres conforman una tupida red con gran capacidad de incidencia social. “Tenemos que ganar por un sí contundente, como 70 a 30”, reclama Quintero, volcada desde hace semanas en un trabajo ingente de calle y en las redes sociales para procurar que el eslogan “Las mujeres decimos sí a la paz” alcance todos los rincones del país. “No es un punto de llegada, sino de partida para poner fin a una guerra con 220.000 muertos y 45.000 desparecidos”, repasa Higuera.
¿Y si triunfa el no? El expresidente colombiano Álvaro Uribe se ha lanzado a una agria campaña contra unos acuerdos que define como “gran impunidad hacia las FARC”. “No me planteo el no”, sopesa Higuera, quien ve en el voto favorable “una oportunidad para volver a empezar y resolver las consecuencias sociopolíticas del conflicto”. Y más lejos va Quintero, para quien la victoria del no “sería desastroso”. E insiste en la claridad de una pregunta con una respuesta, a su juicio, aún más diáfana: “¿Está de acuerdo en que empecemos a construir la paz? Es casi imposible contestar que no”.
Participar y decidir para que el futuro en paz de Colombia no se quede en el papel. Este es el principal objetivo de la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que se celebrará en Bogotá a partir de este lunes y que durante tres jornadas reunirá a más de 500 mujeres de diversas organizaciones y territorios. Un encuentro que busca situar la perspectiva de género en el eje de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC el pasado 24 de agosto. Y que tiene su origen en una primera cumbre, en octubre de 2013, que impulsó la creación en junio del 2014 de una subcomisión de género inédita en otros procesos de paz.