La línea dura del chavismo gana poder mientras se aleja cada vez más una posible transición pactada

Nicolás Maduro sigue sin mostrar las actas que demuestren su victoria –incumpliendo la ley de la República Bolivariana de Venezuela, a más de un mes del día de las elecciones presidenciales– y ya ha modificado esta semana la estructura de poder. El giro ha sido hacia la línea más dura, nombrando nuevos ministros y mostrando al mundo que las actas no le importan lo más mínimo. Los últimos cambios en el Gobierno dan una imagen clara de que las negociaciones para una posible transición pactada, ante la ausencia de pruebas de que Maduro ganase las elecciones, se terminaron. Entre otras cosas, la presión de China para recuperar sus más de 65.000 millones de dólares en préstamos a Venezuela, la de Rusia para mantener vivos los casi 300 acuerdos comerciales, y la de Irán para retener un espacio de influencia privilegiado en la región ganaron la partida.

El nombramiento de la figura más intransigente del chavismo, Diosdado Cabello, como vicepresidente y ministro del Interior, responsable del orden público, confirma el endurecimiento del Gobierno. Que haya pasado de ser diputado a vicepresidente de la República, y a tener en sus manos el ministerio que da órdenes a la policía y que dirige la inteligencia, indica claramente que esa es la prioridad del núcleo que realmente manda en Venezuela.

Y que la mano más dura del chavismo tome decisiones sobre dónde, cuándo y contra quién se ejerce la represión policial quiere decir que la mano que negociaba, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, pierda peso en la influencia política que pudiese ejercer es una consecuencia directa. Ese espacio se cerró.

Esa posible negociación para una transición pactada dibujaba un escenario con participación de todas las ramas del chavismo y de la oposición en una futura Asamblea Nacional, que cumpliese con estándares democráticos como los que cumplen Brasil, Chile, Colombia o México, por poner solamente cuatro ejemplos. Para ello sería obligatoria la salida del país de la cúpula de Maduro con todo el dinero que hubieran acumulado en los últimos 10 años, en un exilio dorado y sin imputación de cargos delictivos. Ese escenario se esfumó, Cabello siempre se opuso a la negociación, y con el peso que ha ganado en el nuevo Ejecutivo parece evidente que las acciones policiales ganan terreno.

De momento se puede afirmar que, como consecuencia de las protestas de la oposición del pasado miércoles se detuvo a cuatro personas, y ya van más de 2.400 desde las elecciones. Son Biagio Pilieri (político y periodista), su hijo Jesús y dos acompañantes, que se llevaron de la propia casa del político. El Comité de Derechos Humanos del partido de la oposición Vente Venezuela manifestó en la red social X: “Denunciamos el secuestro de Biagio Pilieri, coordinador de Convergencia y miembro del Comando con Venezuela, junto a su hijo Jesús Pilieri”. El Comando con Venezuela es el equipo de campaña de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. Este equipo aseguró que, siguiendo la última ubicación del teléfono de Pilieri pueden confirmar que estaba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Y el martes, también de esta semana, se denunció la detención de Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición y uno de sus testigos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de las elecciones.

Si revisamos las detenciones de periodistas tenemos que contabilizar once. Antes de las elecciones se detuvo a dos, en plena campaña electoral a otros dos, y desde el día de las elecciones presidenciales al menos arrestaron a siete. Como si esto no fuese suficientemente grave, la situación se complica con las acusaciones que se les imputan, porque son de terrorismo, instigación al odio y/o asociación para delinquir. Todo esto ha generado gran preocupación en el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP). Su secretario general, Edgar Cárdenas, en un ejercicio de valentía, declaró el pasado lunes desde Caracas al canal de televisión Univisión Noticias que “en un país en el que reina la democracia, lo primordial es el respeto a los valores fundamentales de la misma, entre ellos la libertad de expresión, prensa y opinión. Aquí se está criminalizando la labor periodística, imputándoles delitos de los cuales no tienen pruebas, y sobre todo delitos que ameritan unas penas muy elevadas, de 10 a 20 años. Esto causa mucha preocupación y busca silenciar la labor que cumplen los periodistas”.

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El ala dura que se hace fuerte en el poder en Venezuela es celebrada por los aliados internacionales de Maduro, que apuestan por la posibilidad, que no por la seguridad, de que puedan recuperar sus inversiones en el país. China no tiene garantías de que le sean devueltos los más de 65.000 millones de dólares de préstamos en metálico y en infraestructuras, pero con la oposición en el poder posiblemente tendrían que renegociar esta devolución, incluidos sus intereses.

Rusia necesita que se cumplan los acuerdos comerciales, que superan los 300. Aunque debe asumir que algunos proyectos estrella, como por ejemplo la fábrica de fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela, sufran retrasos. Este en concreto desde 2022.  Dmitry Shugayev, del Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar (FSVTS), dijo a la agencia de noticias rusa Sputnik el 14 de agosto que el proyecto avanzaba según lo que tenían planeado, pero de momento no parece arrancar. Su ejecución consiste en montar una instalación militar en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, para fabricar rifles de asalto AK-103 y AK-104 y su munición bajo licencia rusa; esto incrementaría las arcas venezolanas con su venta en el mercado internacional y ayudaría a pagar la deuda que Venezuela tiene con Rusia. Con la oposición en el poder estas iniciativas correrían un enorme peligro de no continuar.

Respecto a la República Islámica de Irán, hay que recordar que Venezuela es su país preferido para tener una presencia más firme en la región, y su posibilidad más clara de incrementar la presión a Estados Unidos, posicionando la influencia iraní a menos de 2.000 kilómetros de Miami. Acuerdos comerciales y militares afianzan esta alianza. Maduro ofrece ventajas al régimen de Teherán aplicando una realpolitik evidente, asumiendo que los iraníes, entre otros casos, mantienen en la cárcel de Evin con una condena de 12 años, 11 meses y 154 latigazos a la premio nobel de la paz 2023 Narges Mohammadi; su delito es defender los derechos humanos en el país persa. Amnistía Internacional informó que la activista sufrió agresiones muy graves el pasado 13 de agosto dentro de la cárcel causadas por las fuerzas de seguridad, provocando que en estos momentos su vida esté en peligro. Es difícil suponer que este tipo de socios se mantuvieran con otro panorama político en Venezuela.