El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves los recursos presentados por cuatro empresas del grupo español Celsa contra la sentencia que confirmó la multa de 54,3 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por pactar precios en el sector del acero pretensado durante las décadas de los ochenta y noventa.
Bruselas decidió en junio de 2010 sancionar con 54,3 millones de euros a las sociedades Moreda-Riviere Trefilerías (MRT), Trefilerías Quijano (TQ), Trenzas y Cables de Acero PSC (Tycsa PSC) y Global Steel Wire (GSW) como parte de una multa a un cartel mayor.
El Tribunal General de la UE desestimó en primera instancia en junio de 2016 los recursos presentados por las compañías al tiempo que declaró que el Ejecutivo comunitario "no cometió ningún error al atribuir la responsabilidad a las sociedades" y confirmó el "carácter único" de la infracción.
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Las cuatro siderúrgicas presentaron entonces ocho recursos de casación contra esta sentencia del Tribunal General y contra el director general de Competencia de la Comisión Europea, que se negó a reevaluar la capacidad de pago de las empresas con el fin de reducir el montante de las multas.
En la sentencia publicada este jueves, el tribunal con sede en Luxemburgo ha desestimado de nuevo los recursos de casación y ha desechado "todos y cada uno de los motivos alegados por ellas en las dos series de asuntos".
La decisión de 2010 contra el cartel en el sector del acero para pretensado (que se utiliza, por ejemplo, en la construcción de puentes, voladizos o tuberías), en el que los proveedores de este material fijaron cuotas, se repartieron clientes y pactaron precios y el intercambio de información comercial sensible sobre precios, volúmenes y clientes a escala europea y regional, en este caso con 'clubes' específicos en España e Italia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves los recursos presentados por cuatro empresas del grupo español Celsa contra la sentencia que confirmó la multa de 54,3 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por pactar precios en el sector del acero pretensado durante las décadas de los ochenta y noventa.