La falta de cobertura legal, la ineficacia política y unos "arraigados estereotipos" de género permiten que en Túnez, el país árabe teóricamente más avanzado en materia de igualdad, las mujeres víctimas de agresiones y abusos terminen convirtiéndose en "delincuentes" a ojos de las autoridades, denunció Amnistía Internacional.
La ONG publicó el informe Agredida y acusada: la violencia sexual y de género en Túnez para advertir de que, cinco años después de la Primavera Árabe, el país magrebí sigue sin proteger a las mujeres víctimas de la violencia. "El informe pone al descubierto la escalofriante subversión de la idea de delito y castigo en Túnez", resumió el director adjunto para Oriente Próximo y el norte de África, Said Boumedouha.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Amnistía recordó que "la combinación de unas leyes arcaicas, una actuación policial ineficaz y unos arraigados estereotipos de género hace difícil que las mujeres acudan a la justicia por delitos cometidos contra ellas". La situación llegó a tal punto que "en ocasiones (las víctimas) son procesadas como si fueran las delincuentes".
Boumedouha consideró "perturbador" que las personas que sobreviven a la violencia "deben enfrentarse a enormes obstáculos para conseguir justicia y en la práctica son abandonadas por las autoridades". De hecho, en el Túnez actual, los violadores y secuestradores pueden quedar impunes si se casan con su víctima y las personas homosexuales tienen más probabilidades de ser procesadas que sus agresores.
La Constitución supuso un avance en materia de igualdad, aunque se estancaron los trabajos para la redacción de una nueva ley que combata específicamente la violencia contra mujeres y niñas y que despenalice las relaciones entre personas del mismo sexo.
"Espeluznantes" abusos
El 47% de las mujeres tunecinas reconoció que en algún momento de su vida sufrieron violencia, según la única encuesta nacional realizada hasta la fecha –elaborada en el año 2010–. La ONG entrevistó a decenas de personas para elaborar un retrato de los "espeluznantes abusos".
"Mi marido me pegaba todos los días (...). Cuando lo denuncié en 2009, después de que me rompiera la nariz y me cortara la cara, la Policía me culpó a mí", contó una de estas víctimas. En 2014, esta mujer volvió a denunciar y, entonces, el marido sólo tuvo que firmar un compromiso de que no volvería a golpearla, algo que no cumplió.
Uno de los testimonios cuenta la primera relación sexual con su marido: "Fue como una violación. Empleó la fuerza y me dejó cortes que se infectaron". El marido dejó claro después su posición dominante: "Eres mi mujer y tengo derecho a hacer contigo lo que quiera".
Otra de las mujeres entrevistadas contó a Amnistía que a los 17 sufrió una violación tras escaparse de la violencia que ya sufría en su hogar. Se quedó embarazada y se vio presionada a casarse con su violador para salvar el "honor" y evitar la vergüenza de ser madre soltera, lo que también permitió a su agresor esquivar cualquier castigo.
Grupos vulnerables
A la comunidad LGTBI se suma una doble discriminación, como constató Sarky, una lesbiana de 25 años que sufrió al menos ocho agresiones homófobas en nueve años, entre ellas apuñalamientos y palizas. Cuando denunció, los policías advirtieron de que podría ser condenada a tres años de cárcel por su orientación sexual.
Las ofensas contra la "moral pública" y las leyes sobre adulterio e "indecencia" siguen pesando y pueden ser utilizadas para castigar a las víctimas. En septiembre de 2012, Meriem Ben Mohamed fue acusada de "indecencia" tras denunciar a dos agentes por violación.
Esta situación deja en una condición de especial vulnerabilidad a los trabajadores del sexo. Una prostituta denunció reiterados abusos por parte de un policía sólo por su condición, mientras que otra aseguró que, tras ser arrestada, el agente le dijo que "no tenía derecho" a defenderse por ser "puta".
Retos pendientes
Los reveses económicos debilitan a Túnez
Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Túnez que garanticen a los supervivientes de violencia sexual y de género un mayor acceso a la salud y la justicia, sin que por ello tengan que enfrentarse a "prejuicios sociales y legales".
Además, reclamó una "ley integral" contra la violencia y una revisión de las actuales normativas, de tal forma que se reconozca como delito la violación conyugal, que el matrimonio tras una violación no sea eximente, que no se criminalice las relaciones sexuales consentidas entre adultos no casados ni aquellas entre personas del mismo sexo.
Boumedouha subrayó que "Túnez tiene la obligación de proteger los derechos de personas que han sufrido violación y horribles abusos, en lugar de considerarlas como fuente de vergüenza y culpa". En este sentido, pidió "señalares claras" de que la violencia sexual y por motivos de género "ya no podrá esconderse más bajo la alfombra".
La falta de cobertura legal, la ineficacia política y unos "arraigados estereotipos" de género permiten que en Túnez, el país árabe teóricamente más avanzado en materia de igualdad, las mujeres víctimas de agresiones y abusos terminen convirtiéndose en "delincuentes" a ojos de las autoridades, denunció Amnistía Internacional.