Los recortes en justicia universal obligan a cerrar el caso de las torturas de Guantánamo

La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa en la que se investigaban las supuestas torturas que habrían sufrido cuatro presos de la base militar estadounidense de Guantánamo entre los años 2002 y 2005, al entender que la justicia universal no puede ser "absoluta ni incondicionada".

En un auto del que ha sido ponente el magistrado Antonio Díaz Delgado, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza los recursos que fueron presentados por las defensas de las víctimas contra el auto que dictó en julio pasado el juez José de la Mata en el que acordaba el fin de la investigación sin el procesamiento de ninguno de sus responsables.

El tribunal recuerda que, tras la "doble reacción legislativa" que limitó la justicia universal, en referencia a los dos recortes en su aplicación que aprobaron los Gobiernos del PSOE y el PP en 2009 y 2014, respectivamente, resulta imposible que un Estado pueda "investigar y perseguir" delitos cometidos fuera de su territorio "sin limitación alguna".

"De los tratados que configuran el Derecho Penal Internacional no se deriva con carácter imperativo la necesidad de establecer en cada Estado firmante un modelo de Jurisdicción Universal absoluta e incondicionada", señala el auto de la Sección Segunda.

El tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara y completado por Fermín Echarri, recuerda que la última reforma de la justicia universal exige que los responsables de los hechos delictivos investigados "sean españoles o se encuentren en España", lo que no ocurre en este caso, en el que la investigación ni siquiera ha podido concretar su identidad "nominativamente" por la falta de colaboración de las autoridades de Estados Unidos, que no cumplimentaron las comisiones rogatorias cursadas desde la Audiencia Nacional.

De esta manera, los magistrados desestiman los argumentos planteados por las defensas de Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido con los alias de Hamido y el talibán español; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en nuestro país; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.

Todos ellos y otros colectivos como la Asociación Libre de Abogados (ALA), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España argumentaron que España tiene jurisdicción para investigar estos hechos por la preeminencia del III Convenio de Ginebra y el Convenio contra la Tortura sobre las legislaciones nacionales.

De la Mata propuso a la Sala de lo Penal que archivara la causa al considerar que los hechos investigados no eran "susceptibles de encajarse" en la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el principio de jurisdicción universal de los tribunales españoles, tras el "muy estricto y duro (por lo restringido) canon interpretativo" que el Tribunal Supremo adoptó en abril de 2015 en el caso Tíbet.

La querella, presentada en 2009 por las asociaciones recurrentes, Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se dirigía contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

Se trataba, en concreto, del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.

La investigación fue abierta en enero de 2010 por el juez Baltasar Garzón contra "las personas que tuvieran bajo su guardia y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron los actos" descritos en la querella, todos ellos "miembros del Ejército de Estados Unidos y la inteligencia militar", así como los que "ejecutaron y/o diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos inhumanos o degradantes".

Amnistía Internacional clama por su cierre

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha defendido este lunes el cierre del centro de detención de Guantánamo, la base que Estados Unidos tiene en Cuba, defendiendo que se ha convertido en el "símbolo internacional de la tortura" y denunciando la "obstrucción" por parte del Congreso a su clausura.

Con motivo del 14 aniversario del traslado de los primeros reclusos al centro, la ONG ha sostenido que "la obstrucción del Congreso estadounidense al cierre del centro de detención de Guantánamo amenaza con situar a Estados Unidos entre los países que desprecian sistemáticamente las normas internacionalmente acordadas de justicia y derechos humanos".

"Guantánamo permanece abierto porque los políticos están explotando el miedo genuino de la población a los atentados terroristas", ha lamentado la directora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de AI Estados Unidos, Naureen Shah.

"En lugar de identificar medidas efectivas y legales para prevenir los atentados, los congresistas se dedican a jugar a la política con las vidas de decenas de hombres que podrían morir entre rejas sin haber sido siquiera juzgados", ha criticado en un comunicado.

Para Shah, "Guantánamo se ha convertido en un símbolo internacional de la tortura, las entregas y la detención indefinida sin cargos ni juicio". Así las cosas, ha subrayado que "su cierre no significa simplemente trasladar a los detenidos a otro lugar y apagar las luces del centro. Significa terminar por completo con estas prácticas y hacer que se rindan cuentas por los abusos cometidos en el pasado".

En la actualidad, en el centro de detención permanecen recluidos 104 hombres, 45 de los cuales han recibido 'luz verde' para ser transferidos a otro lugar, pero permanecen entre rejas.

Obama mantiene sus planes

Precisamente, este domingo, el jefe de gabinete de Barack Obama, Denis McDonough, dijo que el presidente estadounidense mantiene su compromiso de cerrar Guantánamo antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2017.

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"Siente una obligación con su sucesor de cerrarlo y por eso es por lo que vamos a hacerlo", indicó McDonough a la cadena Fox News. "Seguro que vamos a hacerlo", insistió, si bien no quiso aclarar si el presidente usará sus poderes ejecutivos para evitar al Congreso y clausurar definitivamente la prisión, una de sus promesas durante la campaña electoral de 2008 que le llevó a la Casa Blanca.

"El presidente ha dicho que va a presentar un plan al Congreso y a trabajar con el Congreso y luego tomaremos alguna determinación final", se limitó a señalar McDonough.

Los esfuerzos de Obama por cerrar el centro de detención de Guantánamo, abierto tras la guerra contra el terrorismo lanzada a raíz de los atentados del 11-S, se han visto frenados por los republicanos en el Congreso.