La trastienda de Río 2016: abusos laborales de las grandes marcas, traslado forzoso de familias humildes y brutalidad policial

La llama olímpica comenzó a arder este viernes en el pebetero del Estadio de Maracaná, dando el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de Río 2016, los primeros en América del Sur. Hasta el próximo 21 de agosto, más de 10.500 deportistas de 206 delegaciones se enfrentarán por conseguir las tan preciadas medallas en juego en las diferentes modalidades deportivas. Un acontecimiento que es recibido con alegría por los dirigentes brasileños, que ven la cita como una oportunidad idónea de tomarse un respiro después del maremoto político de los últimos meses–con la presidenta Dilma Rousseff en la cuerda floja– y de los diferentes escándalos de corrupción que salpican al partido del gobierno y oposición. 

Brasil quiere estar a la altura en la cita. Pero para ello, ha tenido que desembolsar cantidades desorbitadas de dinero –más de 10.000 millones de euros en costes directos e indirectos–. Unos gastos que la débil economía carioca no se puede permitir: con una tasa de desempleo que ronda el 10% y un PIB que retrocedió un 5,4% durante el primer trimestre del año, Brasil se encuentra sumida en la peor recesión de los últimos 25 años. Sin embargo, espera recuperar parte de lo invertido en la cita deportiva con el incremento de la afluencia de turistas. Esperan recibir millón y medio de turistas. Pese a esto, la agencia de rating Moody's ya alertó de que aunque se dará "un alza temporaria en los ingresos tributarios", una vez finalicen los Juegos Olímpicos "el país volverá a despertarse en su creciente recesión".

Imágenes de pistas de atletismo, piscinas o gimnasios, todos engalanados con banderas agitadas por personas de diferentes nacionalidades, inundarán durante todo el mes de agosto los espacios deportivos de los telediarios de todo el mundo. Se creará una especie de burbuja que impedirá ver más allá de la jabalina volando o los atletas compitiendo. Sin embargo, los abusos que los grandes patrocinadores ejercen sobre sobre los derechos laborales de sus trabajadores en algunos puntos del planeta, principalmente las marcas deportivas en sus factorías asiáticas, o las violaciones de los derechos humanos contra los propios brasileños quedarán ocultos tras los podios y las medallas.

Los abusos de los grandes patrocinadores

Río 2016 cuenta con más de 60 patrocinadores agrupados en diferentes categorías. Las marcas son conscientes de que participar en un acontecimiento de este tipo les ofrece visibilidad de cara a potenciales consumidores –por encima incluso de una Copa del Mundo de fútbol–. Hay varias categorías de patrocinio. En primer lugar están aquellas que forman parte del programa TOP, creado en 1985 y que permite una cobertura global de un ciclo de juegos olímpicos de verano e invierno. En el caso de Vancouver/Río de Janeiro, están incluidas en este grupo un total de 11 empresas –Coca-Cola, Atos, Bridgestone, Dow, General Electric, McDonald's, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung y Visa–, que han desembolsado más de 900 millones de euros. 

En cuanto a los patrocinadores domésticos, que sellan sus contratos con el Comité Organizador en cada cita olímpica, Río 2016 cuenta con el respaldo de siete patrocinadores oficiales –entre los que se encuentra la marca de coches Nissan–, 11 colaboradores oficiales –Cisco, Globo, EY o Latam, entre otros–, 25 proveedores –Nike, Microsoft, Airbnb o C&A, por ejemplo– y otras cinco instituciones asociadas. En total, 48 sponsorssponsors que han desembolsado a la organización un total de 1.200 millones de dólares.

Una familia brasileña observa desde su favela la ceremonia de inauguración. | EFE

Algunas de estas marcas son conocidas, sin embargo, por pisotear los derechos de los trabajadores. Samsung, por ejemplo, fue demandado en 2013 por el Ministerio de Trabajo brasileño como consecuencia de las "graves" infracciones laborales detectadas al inspeccionar la fábrica que el gigante surcoreano tenía en la Zona Franca de Manaos. Además, la ONG China Labor Watch también denunció a través de varias investigaciones que en las factorías que la empresa electrónica y sus proveedores tienen en el país asiático se violan de los derechos de los trabajadores: falta de seguridad, más de 200 horas extra al mes sin remunerar... "Una de las violaciónes más graves ha sido el empleo del trabajo infantil en las fábricas proveedoras", denunciaba la organización.

En un intento de atajar esta clase de problemas, el Comité Organizador de la cita elaboró la Guía de la cadena de suministro sostenible, un documento en el que se exige a patrocinadores y proveedores que se aseguren "de que las condiciones de trabajo de los empleados y subcontratistas en las instalaciones de fabricación y suministro de productos y servicios" respeten ciertas directrices: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, que las condiciones de trabajo sean seguras e higiénicas, que los salarios sean razonables, que no recurran al trabajo infantil, que las horas de trabajo no sean excesivas...

Sin embargo, el pasado mes de febrero varios sindicatos protestaron ante la sede del Comité Olímpico Internacional (COI), donde denunciaron una campaña antisindical de Nissan en la planta de Canton, en Mississippi, en la que, según denunció IndustriALL Global Union –representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial–, no se respeta el derecho a la libertad de sindicación. Por eso, pidieron al COI que elimine el patrocinio de la empresa automovilística.

Las marcas deportivas en fábricas asiáticas

Algunas de las grandes marcas de ropa deportiva que esponsorizarán a las diferentes delegaciones que participan en los Juegos Olímpicos de Ríos tampoco cumplirían con la Guía de la cadena de suministro sostenible. Empresas como Nike o Adidas, entre otras, están siendo analizadas al detalle desde hace más de diez años por diferentes ONG con el objetivo de comprobar si cumplen con los requisitos en materia laboral. Y la organización francesa Éthique sur l'étiquette (Ética en la etiqueta) se encargó de recordar, aprovechando el comienzo de la Eurocopa 2016, las pésimas condiciones laborales a las que están sometidos en distintos países asiáticos las personas que trabajan para estas marcas deportivas.

"Nike, Adidas y Puma compitieron por contratos de patrocinio de grandes atletas y los principales equipos de la Eurocopa de 2016 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sus logotipos serán visibles en todos los terrenos y las pantallas durante competiciones. Operaciones muy jugosas que esconden prácticas 'anti-juego", señalaba la ONG gala en la nota de prensa que acompañaba al informe Anti-jeu. Les sponsors laissent les travailleurs sur la touche. El documento analiza en profundidad la situación de estos trabajadores, alertando de que estas tres grandes marcas se están permitiendo afrontar los patrocinios gracias a los bajos salarios que pagan en sus fábricas asiáticas. 

"En la mayoría de los países, los salarios percibidos por los trabajadores no les permiten cubrir las necesidades básicas de sus familias", sostienen desde Éthique sur l'étiquette. Y recoge ejemplos: de los 85 euros por los que se vende en Europa la camiseta de una selección de fútbol, sólo 60 céntimos van destinados al salario de los trabajadores. En el informe también se puntualiza que aunque estas empresas se hayan centrado durante los últimos años en las condiciones de trabajo de estos empleados de la confección, convirtiendo este punto en una "prioridad de su política de responsabilidad social corporativa", esto no les ha frenado a la hora de intentar reducir los costes al máximo posible. 

Por eso, según explica la ONG gala, desde 2008 están saliendo de China –en concreto, la producción en el gigante asiático se ha reducido en ese periodo entre el 20% y el 38%–, donde los salarios han ido en aumento, para instalar sus fábricas en países como Indonesia –ha aumentado un 20%– o Vietnam. Pero también ponen la vista sobre Birmania, India o Pakistán, donde los "niveles salariales permiten reducir considerablemente los costes de mano de obra". Con todo esto, “se exponen a desviarse de las normas sociales (impago de las horas extras, incumplimiento de las vacaciones pagadas, discriminación y represión sindical...)".

Familias desplazadas y violencia policial

Pero la llegada de la cita olímpica también ha tenido repercusiones sobre la propia población carioca. "La primera vez que escuché hablar de los Juegos Olímpicos, el alcalde dijo: 'Vuestra comunidad será desalojada'. Nuestra comunidad está siendo desgarrada. Nuestras casas están siendo tiradas". Estas palabras de Naomy, una pequeña de 12 años cuyo testimonio se recoge en el informe Rio 2016 Olympics: The exclusion games, elaborado por diferentes organizaciones brasileñas, dejan constancia de la situación a la que se han tenido que enfrentar miles de familias de la ciudad, que han visto cómo sus casas y las comunidades en las que vivían han sido arrasadas para la construcción de instalaciones deportivas necesarias para la cita olímpica.

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El informe calcula que al menos 4.120 familias han perdido sus viviendas, y otras 2.486 estaban en peligro de perderlas, "debido a un desarrollo relacionado con el proyecto Río Ciudad Olímpica". Como consecuencia de esto, miles de niños, como Naomy, han sido desplazados, algo que les dificulta el acceso a la educación, sanidad y otro tipo de servicios sociales. Las organizaciones de derechos humanos brasileñas estiman que al menos 30 comunidades se encontraron en esta situación como consecuencia de las obras para los Juegos Olímpicos. Unas construcciones en las que perdieron la vida un total de 11 trabajadores en accidentes laborales.

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades brasileñas es la seguridad de los asistentes a los Juegos Olímpicos. Quieren asegurar un entorno seguro durante las dos semanas que duren la cita deportiva. Y más ante la amenaza existente de un posible atentado terrorista. Sin embargo, diferentes organizaciones de derechos humanos denuncian, en esta línea, el aumento de la violencia policial en la ciudad. Según el informe de Amnistía Internacional La violencia no es parte de estos juegos, sólo en los primeros cuatro meses de 2016 el número de homicidios resultantes de las intervenciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad brasileños ascendió a 111.

"En las últimas dos semanas de abril y la primera de mayo de 2016, agentes del 41er Batallón de la Policía Militar amenazaron a líderes comunitarios locales y a defensores y defensoras de los derechos humanos que han denunciado homicidios y abusos cometidos por la policía en la favela de Acari. Los policías militares le dijeron a una defensora de los derechos humanos de Acari que dejara de dar información a “esta gente de derechos humanos” y a otro que supiera que en la siguiente operación que iban a efectuar, los policías “no iban a ser amables e irían tras ellos”, sentencian desde la ONG.