Si Estados Unidos no se ajusta en los próximos meses a ciertos estándares internacionales contra la evasión, elusión y fraude fiscal, la Unión Europea podría proponer su incorporación el próximo año a la lista negra de territorios offshore comunitaria. Así lo deslizó el pasado miércoles un alto cargo de la Comisión Europea durante la última reunión del comité especial sobre delitos financieros y evasión fiscal del Parlamento Europeo, un órgano creado el pasado mes de marzo a raíz de la publicación en noviembre de los denominados Paradise Papers. “A día de hoy, EEUU cumple todos los criterios identificados por el Consejo de la UE. Sin embargo, harán falta esfuerzos adicionales, de aquí a 2019, para que se cumplan todos los criterios hoy definidos sobre la transparencia”, señaló a los eurodiputados el jefe de impuestos directos del Ejecutivo comunitario, el francés Valère Moutarlier.
A la hora de elaborar el listado, las instituciones comunitarias establecieron tres criterios a los que debían ajustarse todos los países si querían evitar el señalamiento público: transparencia fiscal, buenas prácticas fiscales e implementación de medidas anti-BEPS. Dentro del primero de ellos, se fijaron otros tres subcriterios a cumplir. Uno de ellos es la aplicación del estándar global OCDE en materia de intercambio automático de información sobre cuentas financieras –el conocido como CRS–. Sin embargo, la UE incluyó una cláusula. Hasta el 30 de junio de 2019, los países pueden librarse de entrar en la lista si cumplen al menos dos de las tres reglas de transparencia fiscal. Si a partir de esa fecha no se ajustan a todos los criterios, serán señalados. Es el caso de EEUU, que actualmente no aplica el estándar en materia de intercambio automático de información.
Durante más de hora y media, el alto cargo de Bruselas estuvo respondiendo a las preguntas de los miembros del comité especial sobre delitos financieros de la Eurocámara. Le cuestionaron por el procedimiento de elaboración del listado, por la falta de transparencia, por la ausencia de jurisdicciones europeas y por el “vaciamiento progresivo” de la relación de países no cooperantes, que desde que se aprobara el pasado mes de diciembre ha pasado de incluir 17 paraísos fiscales a quedarse actualmente sólo en 9. Pero Moutarlier se mantuvo firme. Para el francés, la “voluntad política” de la Unión Europea en este tema “es digna de mención”. Y las acusaciones de utilizar criterios políticos, en lugar de objetivos, para elaborar la lista las despachó con desparpajo: “La supuesta politización del proceso es una exageración burda”.
Comienza la cuenta atrás
Cuando quedaba menos de una hora para que finalizara el encuentro, Bernard Monot, eurodiputado galo del Frente Nacional, puso sobre la mesa la cuestión estadounidense. “En la lista no figura EEUU, que actualmente es un emplazamiento fiscal offshore. Es el único país de la OCDE que se ha negado rotundamente a unirse al sistema de intercambio automático de información [financiera]. (…) Unos 1.500 millones de dólares de fondos offshore procedentes de la evasión fiscal han fluido a Delaware, Nevada o Dakota del Sur. ¿Estos tres Estados que he mencionado podrían incluirse en la lista negra de jurisdicciones que no cooperan o en la lista gris?”. Para Johan Langerock, miembro de Oxfam que participaba en el panel, la respuesta estaba clara: “Si para junio de 2019 EEUU no aplica el estándar OCDE, en teoría habría que incluirle en la lista negra”.
En este sentido, el jefe de impuestos directos de la Comisión comenzó explicando que la Unión Europea tiene un conjunto de 92 jurisdicciones que analiza constantemente para comprobar que cumplen en todo momento a las reglas establecidas y con los compromisos adquiridos con Bruselas. En el caso de EEUU, Moutarlier aseveró que “a día de hoy cumple con todos los criterios identificados por el Consejo de Europa”. Sin embargo, el alto cargo comunitario añadió que de cara al próximo año Washington tendrá que ponerse las pilas si quiere evitar formar parte de los paraísos offshore señalados por Bruselas: “Harán falta esfuerzos adicionales, de aquí a 2019, para que se cumplan todos los criterios hoy definidos sobre transparencia”, apuntó el miembro del Ejecutivo comunitario.
Desde la Comisión explican a infoLibre que lo que quería decir Moutarlier con sus palabras es que “todos los países volverán a evaluarse en el contexto de los criterios de la Unión Europea el próximo año”. Sin embargo, las fuentes de Bruselas consultadas no aclaran si un incumplimiento de Washington en relación con el intercambio automático de información financiera le llevaría a engrosar la lista negra de paraísos fiscales. En este sentido, tiran balones fuera: “Son los 28 Estados miembro de la UE, y no la Comisión, los que toman la decisión de incluir a los países”.
Este diario también se puso en contacto con el Consejo de la Unión Europea, institución en la que están representados los países del club comunitario a través de sus ministros, para conocer su postura al respecto. “Todas las jurisdicciones cubiertas por el proceso de selección que se hizo en 2017 –es decir, la relación de 92 jurisdicciones, en la que se encuentra Estados Unidos, que se cribó hasta construir el listado de paraísos fiscales final– deberán cumplir con los tres criterios para esa fecha o se arriesgarán a ser incluidas en la lista de la UE”, señalan fuentes de la unidad de impuestos del Consejo, que añaden que “la manera de lograr implementar esto está actualmente bajo discusión”.
La reforma fiscal
Sin embargo, la aplicación del estándar de la OCDE puede que no sea el único escollo que tenga que superar Washington si quiere evitar ser incluido en la relación de jurisdicciones offshore. Bruselas también ha puesto en el punto de mira la reforma fiscal de la Administración Trump, que reduce el impuesto de sociedades para las empresas del 35% al 21%. Para Moutarlier, el cambio tributario estadounidense “reabre algunas cuestiones” sobre su compatibilidad respecto al segundo criterio tomado como referencia para la confección de la lista, el de buenas prácticas fiscales, que dice lo siguiente: “La jurisdicción no debería haber adoptado medidas fiscales preferenciales que puedan ser consideradas como perniciosas”. En este sentido, el alto cargo francés asevera que la OCDE está estudiando, a petición del Ecofin, la reforma fiscal estadounidense.
A pesar de todas estas advertencias, Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida y miembro del comité especial sobre delitos financieros y evasión fiscal de la Eurocámara, no tiene ninguna duda de que Estados Unidos, finalmente, “no se va a incluir” porque las instituciones comunitarias están teniendo una “actitud política” a la hora de decidir quién entra y quién sale de un listado que, según denuncia, se ha ido “reduciendo progresivamente”. “Al final, van a quedar dentro de él los Estados más pobres. Y, en ese escenario, ¿cómo vas a meter a Estados Unidos en la lista”, sostiene la europarlamentaria del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, que denuncia la “falta de transparencia” en todo el proceso. “¿Cómo puede ser que, con los mismos criterios, la UE saque una lista de 17 y Oxfam una de 35?”, se pregunta.
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Relaciones tensas
Las relaciones entre la UE y EEUU se han ido tensando tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Desde la victoria del republicano, ambos aliados han pasado de negociar un tratado de libre comercio –el tan cuestionado TTIP– a embarcarse en un ambiente de guerra comercial. A comienzos de marzo, el magnate anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio. Y aunque este movimiento no afecta por el momento a la UE, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, ya ha avisado al Viejo Continente de que si no se llega a un acuerdo “razonable” antes del próximo 1 de junio, estas medidas también le golpearán. Las instituciones comunitarias, por su parte, ya tienen preparada la respuesta: tarifas arancelarias a productos estadounidenses por valor de 6.400 millones.
Pero el enfrentamiento comercial no ha sido el único. El último conato se produjo la pasada semana, cuando el presidente estadounidense anunció la retirada de Washington del acuerdo nuclear con Irán y el restablecimiento de las sanciones, a pesar de los intentos de Francia, Alemania y Reino Unido por disuadirlo. Este movimiento afectará a las numerosas compañías europeas que desembarcaron en suelo iraní tras la firma del pacto en 2015. Y Bruselas no está por la labor. La jefa de la diplomacia europea ha asegurado por activa y por pasiva que la UE está decidida “a conservar” el acuerdo. Y el Ejecutivo comunitario activará este viernes las primeras medidas para amortiguar el golpe. Habrá que ver si actúa con la misma contundencia en junio de 2019.
Si Estados Unidos no se ajusta en los próximos meses a ciertos estándares internacionales contra la evasión, elusión y fraude fiscal, la Unión Europea podría proponer su incorporación el próximo año a la lista negra de territorios offshore comunitaria. Así lo deslizó el pasado miércoles un alto cargo de la Comisión Europea durante la última reunión del comité especial sobre delitos financieros y evasión fiscal del Parlamento Europeo, un órgano creado el pasado mes de marzo a raíz de la publicación en noviembre de los denominados Paradise Papers. “A día de hoy, EEUU cumple todos los criterios identificados por el Consejo de la UE. Sin embargo, harán falta esfuerzos adicionales, de aquí a 2019, para que se cumplan todos los criterios hoy definidos sobre la transparencia”, señaló a los eurodiputados el jefe de impuestos directos del Ejecutivo comunitario, el francés Valère Moutarlier.