La defensora del pueblo europea presiona para mejorar la transparencia del Consejo de la UE

El Defensor del Pueblo Europeo trata de torcer el brazo al Consejo de la UE para que sea más transparente. El organismo que capitanea la irlandesa Emily O’Reilly trasladó el pasado mes de febrero a la institución que representa a los gobiernos de los Estados miembro una batería de recomendaciones y sugerencias para tapar los agujeros en materia de transparencia que se habían detectado en el procedimiento legislativo del Consejo. Desde entonces, la institución comunitaria se ha mantenido en silencio y ha convertido el inmovilismo en su máxima. Por ello, la defensora del pueblo decidió remitir a mediados de mayo al Parlamento Europeo un informe especial para “solicitar” su “apoyo” en esta cuestión. Con este movimiento, O’Reilly intenta mantener la presión sobre el Consejo para obligarle a pasar por el aro.

El informe especial es un instrumento que se utiliza de forma muy excepcional al estar reservado a casos “de gran interés público”. Desde 1995 sólo se han remitido a la Eurocámara 19. Y, en lo que lleva de mandato, O’Reilly lo ha utilizado únicamente en dos ocasiones, incluyendo la actual. “Normalmente, las instituciones de la Unión Europea cooperan bien con mi oficina”, afirmó la irlandesa en un comunicado, que recordó que los ciudadanos “necesitan saber qué están haciendo sus gobiernos nacionales en Bruselas, especialmente cuando elaboran nuevas leyes de la UE que afectan a su vida cotidiana”. “Hacer pública más información también ayudaría a disuadir a los ministros nacionales de ‘culpar a Bruselas’ de las leyes europeas que ellos mismos ayudaron a moldear y adoptar”, sentenció O’Reilly.

La defensora del pueblo, ante la percepción de “falta de rendición de cuentas” en las actividades del Consejo, decidió en marzo de 2017 iniciar una investigación sobre el nivel de transparencia existente en los debates legislativos que se celebran en los grupos de trabajo de la institución –donde se reúnen funcionarios de los Estados miembro– y en el Comité de Representantes Permanentes –que aglutina a los embajadores de los países ante la UE–, los peldaños intermedios por los que pasa un determinado tema antes de que los ministros adopten una posición final. Aunque no se trata del nivel principal del proceso legislativo, la defensora del pueblo señala que “en muchos casos” estos órganos “tienen una influencia decisiva en el texto legislativo final”.

Deficiencias detectadas

Durante las pesquisas, que se prolongaron un año y se centraron en el análisis de la documentación relativa a tres procesos legislativos cerrados en 2016, se encontraron varias deficiencias. En primer lugar, se constataron “incoherencias en la documentación generada por la Secretaría [General del Consejo] para los diferentes órganos preparatorios”. “El trabajo de los órganos preparatorios se registra en diferentes grados y existen prácticas divergentes en relación a cómo se registran los documentos, así como algunas lagunas en la documentación”, señaló el Defensor del Pueblo Europeo, que añadió que estas divergencias “pueden crear una confusión innecesaria” para aquellos ciudadanos “que buscan seguir y comprender un procedimiento legislativo en detalle”.

O'Reilly también puso el foco sobre las dificultades en el acceso a los documentos de estos organismos preparatorios. Por un lado, la investigación constató que el registro público de documentación del Consejo es “incompleto y poco amigable” –“Se requiere un amplio conocimiento del funcionamiento para encontrar un documento específico”–. Y, por otro, también reveló que el Consejo “restringe el acceso a los documentos en los procedimientos legislativos en curso” al marcar estos archivos “de forma general y sistemática” con la clasificación de EU LimitedEU Limited. “Las restricciones de acceso deben ser excepcionales y de duración limitada a lo estrictamente necesario”, recordó la defensora del pueblo.

Pero las pesquisas también se centraron en la falta de transparencia en relación con las posiciones que adopta cada país en los órganos preparatorios, una de las quejas principales de las ONG que vigilan las actividades de las instituciones comunitarias. En este sentido, la inspección reveló que “sólo en algunos casos” se desvelan las identidades de los Estados miembro que expresan posiciones en estos debates –la mayoría de las veces, o no se identifican o se hace referencia a “delegaciones” de las que no se aportan más detalles–. “Los representantes de los Estados miembro que participan en el trabajo legislativo forman parte del poder legislativo de la Unión Europea y deben rendir cuentas como tales”, subrayó al respecto la defensora del pueblo europeo.

En este sentido, O’Reilly aseveró en su informe que “el público debe ser capaz de descubrir qué gobierno nacional” expresa una posición durante “el proceso de modificación y adopción de propuestas legislativas” porque “sin este elemento de evidencia mínimo y esencial” los ciudadanos europeos “nunca podrán examinar adecuadamente cómo han actuado todos sus representantes nacionales”. “Hacer pública esta información obligaría a los gobiernos de los Estados miembro a asumir una mayor responsabilidad y los disuadiría de ‘culpar a Bruselas’ de las decisiones que ellos mismos han tomado”, sostuvo la defensora del pueblo comunitaria en su escrito de conclusiones.

Falta de respuesta e informe especial

Con estos mimbres, el organismo europeo trasladó el pasado mes de febrero al Consejo una batería de recomendaciones y sugerencias para corregir las deficiencias detectadas y para ponerse a la altura del Parlamento Europeo en materia de transparencia. Así, O’Reilly pidió a la institución comunitaria que “registre de forma automática” la identidad de los Estados que expresen posiciones en los órganos preparatorios del Consejo; que desarrolle “criterios claros” para designar a los documentos como EU Limited; que “revise automáticamente” la calificación de EU Limited en una “etapa temprana” del procedimiento legislativo; o que mejore “la facilidad de uso” y la “capacidad de búsqueda” del registro público de documentos de la institución europea.

Tras hacerse públicas las recomendaciones, el Consejo tenía un plazo de tres meses, tal y como fija el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, para remitir un informe motivado sobre el asunto. Con el tiempo agotado, y sin ningún documento sobre su mesa, O’Reilly decidió desempolvar el recurso del informe especial. Fuentes del organismo señalan a este diario que “es esencialmente una manera formal de pedir al Parlamento Europeo apoyo sobre un determinado tema” que considera “muy importante” y confían en que el paso dado presione lo suficiente a la institución comunitaria para que pase por el aro. “Los 19 informes especiales emitidos desde 1995 fueron apoyados por el Parlamento Europeo y tuvieron éxito”informes especiales, añaden esas mismas fuentes.

Desde el Consejo, por su parte, explican a infoLibre que las recomendaciones puestas sobre la mesa “plantean cuestiones complejas que requieren decisiones políticas”. Por eso, explican fuentes de la institución, se solicitó al Defensor del Pueblo Europeo que prorrogara “el plazo para la presentación del dictamen detallado sobre las recomendaciones hasta principios de julio de 2018”, una petición que “fue denegada el 7 de mayo de 2018, sólo un día antes de que expirara el plazo [de tres meses]”. “Esto significaba que era imposible para el Consejo dar a conocer su posición”, apuntan las mismas fuentes, que añaden que la institución “continuará trabajando para mejorar la transparencia de sus procedimientos, incluidos los cubiertos por las recomendaciones, y mantendrá informado al Defensor del Pueblo Europeo”.

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“Muy lejos de ser transparente”

Desde el Corporate Europe Observatory (CEO), una organización afincada en Bruselas que vigila día a día las actividades de las instituciones comunitarias, sentencian que el Consejo “está muy lejos de ser transparente”. “Actualmente, no es miembro del registro de lobbies de la Unión Europea ni tampoco pone a disposición de la opinión pública documentos clave que ayuden a los ciudadanos a rastrear su proceso de toma de decisiones”, asevera en conversación con este diario Vicky Cann, activista del CEO que hace seguimiento constante al Consejo. En este sentido, critica que no se les permita “ver qué posiciones tienen los Estados miembro cuando debaten propuestas legislativas específicas”, algo que hace que sea “extremadamente difícil responsabilizar a los gobiernos” y exponer “las influencias de los lobbies”.

Por eso, para el Corporate Europe Observatory es fundamental “la publicación proactiva de las posiciones” de los países durante “los debates sobre propuestas legislativas específicas”. “Esto es muy importante”, apostilla Cann, que recuerda que el Consejo juega un papel fundamental “en la toma de decisiones de la Unión Europea”. “Toma decisiones sobre más asuntos incluso que la Eurocámara”, explica la investigadora, que celebra la posición que está tomando el Defensor del Pueblo Europeo en materia de transparencia: “Es realmente significativo que este sea uno de los dos únicos asuntos que la actual defensora del pueblo ha enviado a la Eurocámara. Esto indica que no está dispuesta a dejar que el problema caiga y esperamos que los eurodiputados la apoyen vigorosamente para exigir cambios”.