La UE aprueba una lista mínima de paraísos fiscales que deja fuera varias jurisdicciones 'offshore' europeas

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea dieron luz verde este martes a la tan esperada lista comunitaria de paraísos fiscales. Tras más de dos años de trabajo, y con el objetivo de promocionar una "buena gobernanza" que maximice "los esfuerzos para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos", los titulares de Economía de los Estados miembro aprobaron, durante la reunión del Ecofin, una lista "negra" compuesta finalmente por 17 jurisdicciones offshoreoffshore, y otra "gris", en la que han sido incluidos otros 47 países que se han comprometido durante los últimos meses a modificar su legislación impositiva y a cumplir con los criterios de transparencia y justicia fiscal de Europa. El documento aprobado [puedes consultarlo aquí en PDF] incluye, además, un marco sancionador aplicable a todos aquellos países no cooperativos.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, Pierre Moscovici, celebró en rueda de prensa el paso dado, "una victoria clave para la transparencia y la equidad". Sin embargo, apuntó que es necesario no bajar la guardia. "El proceso no termina aquí. Debemos intensificar la presión sobre los países incluidos para que cambien de opinión", aseveró Moscovici, que recordó a renglón seguido a las 17 jurisdicciones offshore que "deberán enfrentar las consecuencias en forma de sanciones". No obstante, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros también envió un mensaje muy claro a los otros 47 territorios que estarán bajo la lupa europea: "No debe haber ingenuidad: las promesas deben convertirse en acciones. Nadie debe obtener un pase gratis", sentenció Moscovici. 

Pero con las felicitaciones –"Es un paso muy importante", señaló el ministro de Economía español, Luis de Guindos–, llegaron también las críticas. Eurodiputados y diferentes organizaciones han mostrado su decepción tras lo que consideran una lista "claramente sesgada". Tanto Los Verdes/Alianza Libre Europea –grupo en el que están integrados partidos como ICV y Equo– como el Grupo Confederal de la Izquierda Verde Unitaria –en el que se integran Podemos e IU– han criticado con dureza que la relación de jurisdicciones opacas deje fuera a "reconocidos paraísos fiscales", como las Islas Bermudas o las Caimán, y han cargado contra la decisión de no incluir territorios comunitarios, como Suiza o Luxemburgo. "En cuanto a las sanciones, son muy flojas", apunta a infoLibre Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV.

17 países no cooperativos

El proyecto se empezó a cocinar hace más de dos años. Sin embargo, la publicación de las primeras informaciones de los denominados Papeles de Panamá empujaron a Bruselas a pisar el acelerador, fijando finales de 2017 como fecha límite para la presentación del listado oficial. Según explican fuentes de la Comisión Europea, el primer punto del proceso se alcanzó en septiembre de 2016, cuando el Ejecutivo comunitario, tras evaluar el riesgo de 213 sistemas que podían facilitar la elusión fiscal, cerró una primera relación de países a examinar con mayor profundidad. Tras esto, continúan, "se estableció contacto formal" con todos ellos para explicarles el proceso e invitarles a colaborar con la Unión Europea. Mientras tanto, los expertos comunitarios continuaron analizando detenidamente las jurisdicciones incluidas en la primera lista borrador.

Una vez concluida la etapa de selección, se entregaron al denominado Grupo de Código de Conducta, un equipo compuesto por representantes técnicos de todos los Estados miembro que siempre ha generado dudas dentro del Parlamento Europeo por el secretismo de sus trabajos, una segunda relación compuesta por 92 territorios bajo sospecha. "Sobre esa base, se envió una carta a cada uno de ellos, confirmando que cumplían con los criterios o destacando las deficiencias en sus sistemas impositivos", explican las fuentes consultadas, que añaden que se solicitaron a las que no cooperaban "compromisos serios de abordar las deficiencias identificadas dentro de un periodo de tiempo determinado". 

Las que no se comprometieron a introducir cambios que mejorasen la cooperación con la UE, fueron incluidas finalmente en la lista negra que ha recibido luz verde este martes. En total, 17 jurisdicciones a lo largo y ancho de todo el planeta: Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. Todas ellas incumplen alguno de los tres criterios que se han tenido en cuenta durante todo el proceso: la existencia de transparencia fiscal, una fiscalidad justa y seguimiento de las líneas directrices en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Lista gris y ausencia europea

Sin embargo, recoge el documento aprobado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE, "la gran mayoría de jurisdicciones [bajo el foco] han decidido introducir cambios relevantes en su legislación fiscal para cumplir con los criterios europeos". No obstante, y a la espera de que esas modificaciones se hagan realidad, Bruselas ha decidido crear una lista gris de países que estarán en observación. En esta segunda relación se han incorporado otras 47 jurisdicciones, entre las que se encuentran las de muchos de los paraísos fiscales más reconocidos que han logrado escaparse de la lista negra: Curaçao, Hong-Kong, Nueva Caledonia, Maldivas, Mauricio, Andorra, San Vicente y las Granadinas, Islas Bermudas, Islas Caimán, Liechtenstein o Nauru, entre otras.

En concreto, se han fijado dos plazos para que los países de esta lista intermedia cumplan los compromisos que han adquirido: los desarrollados deben hacerlo a lo largo de 2018 y los que están en vías de desarrollo antes de que se cierre 2019. Por otro lado, Bruselas ha decidido dar más tiempo –hasta principios de 2018– a ocho territorios caribeños (Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Dominica, las islas Vírgenes Británicas, San Cristobal y Nieves, islas Turcas y Caicos y las islas Vírgenes estadounideneses), duramente golpeados por huracanes en verano, para responder a las preocupaciones de la UE.

Sin embargo, quedan fuera de las dos listas cuatro Estados europeos que, según ha denunciado en repetidas ocasiones la ONG Oxfam Intermón, no superarían el examen al que Bruselas ha sometido a todas las terceras jurisdicciones: Malta, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. De hecho, la semana pasada una delegación del Parlamento Europeo desplazada a suelo maltés señaló, al término de la visita, que "no puede continuar" en el país europeo la "impunidad" que existe en materia de delitos financieros y corrupción. La inclusión en la relación oficial de Estados miembro fue uno de los frentes de batalla abiertos tanto por eurodiputados como por diferentes organizaciones, entre ellas Oxfam o Tax Justice Network. Sin embargo, a comienzos de mayo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue taxativo al respecto: "No haremos eso. No sentimos que sea nuestro deber hacerlo".

Lista "descafeinada" y sanciones 

Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea, lamenta el resultado final del ambicioso proyecto. En conversación telefónica con infoLibre, el parlamentario de la Eurocámara critica que se haya excluido a "muchos paraísos fiscales, como Suiza o EEUU, donde se pueden encontrar estados como Delaware –territorio con baja tributación–" y a otros tantos países comunitarios que "presionaron con éxito para que sus propias dependencias y territorios de ultramar quedaran fuera". "Es lamentable que los Estados miembro demuestren tan poco coraje y responsabilidad", añade Urtasun, que califica la relación respaldada durante el Ecofin de "lista negra descafeinada" y "claramente sesgada".

Además, el eurodiputado critica la ausencia de sanciones duras en el documento: "Nosotros propusimos que todas las transacciones financieras que se hicieran entre algún país de la UE y esas jurisdicciones tuvieran que pagar un impuesto. Pero no se ha aceptado", explica. En la misma línea se posicionó en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien señaló que le habrían gustado sanciones "más firmes". "Esperamos que los trabajos continúen en 2018 para introducir medidas defensivas más fuertes", completó. A nivel comunitario, según ha explicado la Comisión, no se podrá conceder financiación europea a entidades de los países incluidos en la lista negra.

Pero además de bloquear el dinero procedente de los fondos para el desarrollo sostenible (EFSD, por sus siglas en inglés), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés) o del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la UE también establece que, a fin de garantizar "una acción coordinada", los Estados miembro "deben aplicar al menos una de las siguientes medidas administrativas en el ámbito fiscal: a) supervisión reforzada de ciertas transacciones; b) mayores riesgos de auditoría para los contribuyentes que se benefician de los regímenes en juego; c) mayores riesgos de auditoría para los contribuyentes que usan estructuras o arreglos que involucran estas jurisdicciones". "Con que digan que están supervisando las transacciones, han cumplido", sentencia Urtasun.

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El centenar de países 'offshore' de Gestha

En la misma línea se han pronunciado tanto Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón, como Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos en la Eurocámara. "Sólo cuando tengamos una lista negra consistente con sanciones efectivas contra grandes empresas y fortunas que abusan de los paraísos fiscales, podremos poner fin a la evasión y elusión fiscal", explica la activista. "La UE no puede pretender exigir a países terceros que se sometan a sus criterios si es incapaz de acabar con su parte del problema", añade el diputado del Parlamento Europeo, que asegura que "la elaboración de esta lista no hace más que ilustrar la complicidad de la Unión Europea con la evasión fiscal". 

En este sentido, a ojos de Urbán es mucho más completo el trabajo que ha realizado el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Pocas horas antes de que se diese a conocer el resultado final de Bruselas, Gestha hizo públicas dos listas: una negra, en la que incluyeron 30 jurisdicciones –entre ellas, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas–, y otra gris, compuesta por otro centenar de territorios –entre ellos, los cuatro principales paraísos fiscales en suelo europeo–. Además, pusieron sobre la mesa sanciones que deberían aplicarse sobre estos territorios: suspender acuerdos de libre comercio, poner fin a la financiación o prohibir que todas las instituciones y entidades públicas de la UE abran cuentas u operen en dichos lugares, vetando también la contratación con empresas radicadas en paraísos fiscales.