La presidencia española del Consejo de la UE en nombre de los 27 Estados miembro, la Comisión Europea y una delegación del Parlamento Europeo intentan desde este lunes aprobar de una vez el Pacto Migratorio Europeo, un compendio de regulaciones que se empezó a negociar hace tres años y que endurecerá sobre todo la acogida a los migrantes (sean migrantes económicos o solicitantes de asilo). Las políticas migratorias son nacionales, pero parte de la normativa es europea. Es un tema que divide a los gobiernos en bloques (los del sur contra los norte, y estos contra los del este), que polariza a la opinión pública y que hace que la derecha tradicional (y en algunos países, como en Dinamarca, también la socialdemocracia) gire hacia postulados que hasta antes de ayer defendía la extrema derecha.
El pacto no es fácil y la presidencia española tiene un margen de maniobra muy limitado en su negociación con el Parlamento Europeo debido a lo complejo que fue pactar entre los 27. De salir adelante sería un éxito diplomático español (por la gestión de un dosier que ha encallado en las últimas seis presidencias semestrales) y un fracaso para quienes abogan porque Europa no sea una fortaleza sino una tierra de acogida y para quienes creen que los niños deben ser siempre niños a los que se debe un tratamiento de niños y no como carne a encarcelar por viajar con sus padres a buscar un futuro mejor.
El Pacto Migratorio Europeo lo integran cinco reglamentos: el primero es de control y procesamiento de datos de quienes llegan, el segundo sobre control fronterizo, el tercero sobre los derechos que los migrantes tienen a acudir a la Justicia para apelar una decisión en su contra, el cuarto cómo se administra todo el paquete en tiempos de crisis (como cuando en el segundo semestre de 2015 llegó más de un millón de sirios) y el quinto cómo se gestiona y atiende a quienes piden asilo. En el último capítulo entra el reparto de solicitantes de asilo (el gobierno los rechace deberá pagar 20.000 euros por cada persona rechazada)
La opinión mayoritaria en el Parlamento Europeo es que se debe respetar por encima de todas las cosas el derecho internacional y los derechos de los migrantes como marcan las convenciones internacionales. La postura de los gobiernos, que debe defender la presidencia española del Consejo de la UE, es sobre todo una postura securitaria. Los eurodiputados exigen que en el texto quede claro que se respetarán todos los derechos de los menores de edad y sus familiares y que no se van a usar las disposiciones más duras contra la inmigración irregular para cargar contra las ONG que salvan a migrantes en el mar.
¿Por qué la reforma?
Hasta 2015 funcionó el conocido como Protocolo de Dublín. El primer país de la UE que pisaba un solicitante de asilo era el responsable de procesar y otorgar o rechazar su solicitud de asilo. Grecia, Italia y España eran así responsables de prácticamente todas las primeras solicitudes de asilo. Si una persona pedía asilo en Alemania pero se demostraba que había entrado a Europa por Grecia, las autoridades alemanas podían deportarla a Grecia.
Ese sistema reventó en 2015 cuando Angela Merkel, ante la llegada algunos días por Grecia de decenas de miles de personas desde Siria, Afganistán o Iraq, anunció que les daría asilo. Era impensable políticamente e inviable logísticamente deportar a más de un millón de personas de vuelta a Grecia. Desde entonces se vio la necesidad de una reforma de la legislación migratoria, sobre todo en lo que respecta al asilo.
La Comisión Europea lo presentó el 23 de septiembre de 2020 pero si ya entonces los gobiernos estaban divididos, con los años y la evolución política (extremas derechas gobernando o apoyando a gobiernos en Italia, en Suecia, en Finlandia) y gobiernos supuestamente de izquierdas copiando políticas migratorias de extrema derecha (como en Dinamarca) fueron complicando las negociaciones. Mientras una mayoría del Parlamento Europeo que incluye también a liberales y a una pequeña parte de los populares cree que el Pacto Migratorio es demasiado duro, las extremas derechas lo consideran un complot secreto “para la sumersión de Europa y de las naciones que la componen”, en palabras de la líder ultra francesa Marine Le Pen.
¿Qué contiene el Pacto Migratorio?
Oficialmente se trata de lograr un mejor equilibrio entre control fronterizo y solidaridad con los recién llegados, pero en la práctica cambia poco y los países de entrada serán los responsables de la mayor parte de la acogida. Los cinco reglamentos se pueden dividir en tres grandes bloques.
El primero busca que los procesos en frontera sean más rápidos, para que, en principio en un plazo máximo de cinco días, el recién llegado sepa si puede quedarse en Europa o no. El problema es que desde hace más de una década la tasa de deportación no alcanza ni el 40% de quienes reciben una orden de expulsión, sobre todo porque sus gobiernos no los quieren de vuelta. Los ingresos por remesas de sus emigrantes son mucho mayores que cualquier ayuda a la cooperación prometida por los europeos. A quien se comunique que no puede quedarse en Europa, pero a la vez no puede ser deportado se le encerrará durante semanas pero a la larga se quedará en Europa sin papeles. Lo de siempre.
Los 27 ultiman el mecanismo que diluye las cuotas obligatorias y desbloquea la reforma de asilo y migración
El segundo bloque crea un sistema de solidaridad entre Estados miembros conocido como “de solidaridad flexible”. Las relocalizaciones de migrantes entre países serán voluntarias, pero los países que no las acepten deberán pagar esos 20.000 euros por cada persona no aceptada. Esa ayuda podrá ser también en forma de personal de apoyo, ayuda logística y otras.
El tercer bloque se refiere a la relación con terceros países. Que los de origen no dejen salir a sus migrantes y que los de tránsito bloqueen su paso. Que todos ellos acepten las deportaciones. El 13 de septiembre de 2023, en el Parlamento Europeo, Von der Leyen dijo: “Mostremos que Europa puede gestionar las migraciones con eficacia y compasión. Acabemos el trabajo”. Pero lo que los gobiernos europeos llaman eficacia está muy lejos de ser compasivo.
El tratamiento de los menores
Save the Children, una de las ONG más potentes en la defensa de los derechos de la infancia, asegura que el Pacto Migratorio puede conllevar “el deterioro en las condiciones de protección de la infancia”. Esta ONG recuerda que una cuarta parte de quienes piden asilo en la Unión Europea son menores de edad. “Cada niño debe ser tratado como un niño”, dice la ONG.
La presidencia española del Consejo de la UE en nombre de los 27 Estados miembro, la Comisión Europea y una delegación del Parlamento Europeo intentan desde este lunes aprobar de una vez el Pacto Migratorio Europeo, un compendio de regulaciones que se empezó a negociar hace tres años y que endurecerá sobre todo la acogida a los migrantes (sean migrantes económicos o solicitantes de asilo). Las políticas migratorias son nacionales, pero parte de la normativa es europea. Es un tema que divide a los gobiernos en bloques (los del sur contra los norte, y estos contra los del este), que polariza a la opinión pública y que hace que la derecha tradicional (y en algunos países, como en Dinamarca, también la socialdemocracia) gire hacia postulados que hasta antes de ayer defendía la extrema derecha.