Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un acuerdo provisional en torno a la ley europea sobre libertad de prensa, un consenso político que tiene el objetivo de “salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en la Unión Europea”, según ha informado la Eurocámara. Finalmente, no se incluirá la posibilidad de espionaje a periodistas sustentada en la “seguridad nacional” que sí aparecía en borradores previos.
La futura norma comunitaria persigue un marco común para los servicios de medios en el mercado interior de la UE, así como introducir medidas destinadas a proteger a periodistas y proveedores de medios de la interferencia política, al mismo tiempo que les facilita operar a través de las fronteras internas de la UE, asegura Europa Press.
El texto, que requiere aún el visto bueno formal de la Eurocámara y de los 27 para ser ley, también aspira a proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a información libre y plural y definirá la responsabilidad de los Estados miembros de proporcionar las condiciones y el marco adecuados para protegerla.
“Estamos ante un acuerdo importante que va a proteger a los medios de comunicación y a la libertad de prensa en Europa. Quiero agradecer al Parlamento por el acuerdo que hemos alcanzado”, ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su intervención en rueda de prensa en el Parlamento Europeo.
Con esta nueva ley, según ha explicado Urtasun, van a “garantizar la protección de los periodistas y sus fuentes en un momento importante para la Unión Europea”.
“Creo que estamos ante un acuerdo que nos permita dar un salto muy relevante en la defensa del Estado de Derecho, de la libertad de prensa en la Unión Europea en un momento muy significativo para el continente”, ha concluido el responsable de Cultura español.
Además, ha avanzado que en el acuerdo provisional se han evitado disposiciones que saben que “preocupaban” a las asociaciones de prensa, y, por tanto, ha definido el reglamento como “garantista con los derechos de los periodistas”. “Pido a todos los Estados miembros que den apoyo al acuerdo”, afirmó. Se refería a la posibilidad de que los Estados de la UE vigilen a los periodistas y a su entorno personales y laborales por “razón imperiosa de interés general” si se niegan a revelar sus fuentes, un aspecto que había generado polémica y que ha quedado fuera del acuerdo profesional, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo español.
El reglamento propuesto responde a las crecientes preocupaciones en la UE sobre “la politización de los medios de comunicación y falta de transparencia en la propiedad y en la asignación de fondos estatales para publicidad a los proveedores de servicios de medios”.
La norma busca establecer salvaguardias para combatir la interferencia política en las decisiones editoriales de los proveedores de medios de servicios públicos y privados, proteger a los periodistas y sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios.
Una nueva junta de servicios de medios
La ley se basa en las disposiciones de la directiva de servicios de medios audiovisuales de 2018 y amplía su alcance para incluir la radio y la prensa. En particular, introduce una junta europea independiente para servicios de medios para reemplazar al grupo de reguladores establecido bajo la directiva.
La junta estará compuesta por autoridades nacionales de medios y asesorará y apoyará a la Comisión para promover la aplicación coherente de disposiciones clave de la nueva ley y la directiva de servicios audiovisuales en todos los estados miembros, incluso proporcionando opiniones y ayudando a la Comisión a producir directrices.
Según la Eurocámara, el texto de compromiso acordado provisionalmente entre los colegisladores “mantiene la ambición y los objetivos” de la propuesta de la Comisión, al tiempo “que garantiza que la nueva ley sea coherente con la legislación vigente de la UE, respete las competencias nacionales en este ámbito, y logra el equilibrio adecuado entre la armonización necesaria y el respeto de las diferencias nacionales”.
En concreto, el acuerdo provisional aclara la responsabilidad de los estados miembros de garantizar la pluralidad, la independencia y el buen funcionamiento de los proveedores de medios públicos que operan dentro de sus fronteras y establece la obligación de los Estados miembros de garantizar la protección efectiva a periodistas y proveedores de medios en el ejercicio de su actividad profesional. Prohíbe también a los Estados miembros utilizar medidas coercitivas para obtener información sobre fuentes o comunicaciones confidenciales de periodistas, excepto en casos específicos.
También amplía el alcance de los requisitos en materia de transparencia, tanto sobre la propiedad que se propone aplicar a todos los proveedores de servicios de medios como para la publicidad estatal. Y pretende proporcionar reglas más claras sobre la relación entre los proveedores de plataformas en línea de gran tamaño y los proveedores de servicios de medios que cumplen con los requisitos regulatorios o de autorregulación.
Asimismo, permite a los proveedores de servicios multimedia responder en un plazo de 24 horas, o antes en casos de emergencia, si un proveedor decide eliminar su contenido del sitio. Por último, los estados miembros podrán adoptar normas más estrictas o más detalladas que las establecidas en las partes pertinentes dela ley.
Próximos pasos
El acuerdo provisional de este viernes debe ser respaldado por el Consejo y el Parlamento una vez que el texto haya sido ultimado a nivel técnico. Posteriormente, será adoptado formalmente por ambas instituciones en la primavera de 2024. Las negociaciones entre los dos colegisladores se iniciaron el 19 de octubre de 2023 y concluyen a nivel político con el acuerdo de hoy.
La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, informes recientes de la Comisión y del Observatorio del Pluralismo de los Medios han puesto de relieve una serie de preocupaciones en la UE con respecto a cuestiones como la politización de los medios, la transparencia de la propiedad de los medios y la independencia de los reguladores de los medios.
Francia lidera las presiones dentro de la UE para legitimar el espionaje a periodistas
El 16 de septiembre de 2022, la Comisión publicó su propuesta de reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios en el mercado interior. La propuesta de la ley establece nuevas normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE. El Consejo obtuvo un mandato para negociar con el Parlamento Europeo el 21 de junio de 2023, que fue revisado el 22 de noviembre de 2023.
ERC aplaude el acuerdo alcanzado
La eurodiputada de Esquerra, Diana Riba, negociadora por Verds/ALE, se ha mostrado satisfecha del acuerdo alcanzado. En concreto, ERC celebra que la nueva legislación exige a los Estados miembros que “aseguren la total autonomía e independencia editorial de sus medios públicos, protegiéndolos de cualquier influencia política, económica o privada” o que la financiación de los medios públicos deba ser “estable en el tiempo” para que su independencia editorial “no se vea comprometida”.
Otro aspecto de la ley que aplaude ERC es el de la transparencia de la propiedad de los medios, ya que obliga a partir de ahora a los medios a revelar sus estructuras de propiedad y, además, pide que lo haga de forma accesible, pública, y con información actualizada sobre los beneficiarios directos e indirectos. En el marco de estas obligaciones, también tendrán que desvelar la cantidad de publicidad institucional recibida.
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado un acuerdo provisional en torno a la ley europea sobre libertad de prensa, un consenso político que tiene el objetivo de “salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en la Unión Europea”, según ha informado la Eurocámara. Finalmente, no se incluirá la posibilidad de espionaje a periodistas sustentada en la “seguridad nacional” que sí aparecía en borradores previos.