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La extradición de Assange a EEUU, una amenaza para el periodismo y la libertad de prensa

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, habla con los periodistas en el balcón de la embajada de Ecuador en Londres, el 19 de mayo de 2017.

Jérôme Hourdeaux (Mediapart)

La ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó oficialmente este viernes 17 de junio la orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado, en particular por espionaje. "Este es un día triste para la libertad de prensa y para la democracia británica", reaccionaba WikiLeaks en un comunicado en Twitter. "Priti Patel podía hacer lo correcto", continuaba la organización. "En cambio, será recordada para siempre como cómplice de Estados Unidos en su plan de convertir el periodismo de investigación en una empresa criminal".

"Hoy no es el final de la lucha", añadió WikiLeaks. "Recurriremos al sistema judicial, el próximo recurso será ante el Tribunal Superior. Lucharemos con más fuerza y gritaremos más fuerte en las calles, nos organizaremos y daremos a conocer la historia de Julián a todo el mundo". Aunque el principio de la extradición de Julian Assange ya ha sido confirmado en primera instancia y en apelación, la orden de extradición en sí puede ser objeto de nuevos recursos ante el Tribunal Superior y luego en segunda instancia ante el Tribunal Supremo.

"Permitir la extradición de Julian Assange lo pondría en grave peligro y enviaría un mensaje disuasorio a los periodistas de todo el mundo", ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard. "Si la extradición sigue adelante, a Amnistía Internacional le preocupa enormemente que Assange se enfrente a un riesgo significativo de ser sometido a un aislamiento prolongado, lo que violaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos", añadió en un comunicado.

Preguntado en BFMTV, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se comprometió a ofrecer asilo al ex redactor jefe de WikiLeaks si su coalición gana las elecciones legislativas. "Si soy elegido primer ministro, Julian Assange será nacionalizado como ciudadano francés y será acogido en nuestro país", dijo.

Desde la decisión, recurrida, del pasado mes de diciembre que autorizaba la extradición de Julian Assange, los partidarios del periodista habían multiplicado las acciones y los llamamientos a Priti Patel para que se abstuviera de entregarlo a Estados Unidos, donde, acusado en particular de espionaje, se enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel por haber publicado, en 2010, documentos facilitados por Chelsea Manning en los que se detallaban los abusos del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

El 10 de mayo, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, escribió a Priti Patel pidiéndole que renunciara a la extradición de Julian Assange. "La acusación de Estados Unidos contra Julian Assange plantea importantes cuestiones sobre la protección de quienes publican información clasificada de interés público, incluida la que revela violaciones de los derechos humanos", escribió el comisario. "La naturaleza vaga y amplia de las acusaciones contra Assange, y de los delitos enumerados en la acusación, son preocupantes, ya que muchos de ellos se refieren a actividades en el corazón del periodismo de investigación en Europa y más allá"

"Como resultado", continuó Dunja Mijatović, "permitir la extradición por estos motivos tendría un efecto escalofriante en la libertad de los medios de comunicación y podría, en última instancia, obstaculizar a la prensa en el desempeño de sus tareas como proveedor de información y vigilante en las sociedades democráticas."

El mismo día, una figura histórica del periodismo de investigación, el británico Duncan Campbell, que estuvo detrás de la revelación en 1988 del sistema de vigilancia global de las telecomunicaciones ECHELON, escribió en The Guardian. "Priti Patel se enfrenta ahora a una de las decisiones más importantes de su carrera", escribió el periodista. ¿Cederá a las presiones de EE.UU. y enviará a un hombre vulnerable que no ha sido condenado por ningún delito a enfrentarse a un número indeterminado de años en una prisión estadounidense donde podría enfrentarse a la intimidación y el aislamiento?".

"Patel tiene que tomar una importante decisión", concluye Duncan Campbell, "pero no es difícil. La extradición debe ser rechazada. Assange debe ser liberado y se le debe permitir reanudar una vida normal. Cualquiera que valore seriamente la libertad de expresión debería apoyar esta lucha".

Los días 17 y 18 de mayo, Reporteros sin Fronteras entregó al Ministerio del Interior británico y a las embajadas británicas en Madrid, Washington, Berlín, Río y Argel, una petición firmada por 64.000 personas, en la que se pide la no extradición de Julian Assange.

"El mensaje es claro: una decisión de extraditar a Assange sería una decisión contra el periodismo y la libertad de prensa", declaraba la directora de Operaciones y Campañas de RSF, Rebecca Vincent, en la concentración ante el Ministerio del Interior en Londres. "Instamos a Priti Patel a que rechace la orden de extradición y garantice la liberación inmediata de Assange y continuaremos nuestra campaña global hasta que esté libre".

Julian Assange lleva casi diez años viviendo en reclusión o prisión. Fue el 19 de junio de 2012 cuando el editor de WikiLeaks se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para escapar de una solicitud de extradición previa de Suecia, donde fue acusado de agresión sexual.

Denunciando una instrumentalización de los cargos que se le imputan, y temiendo que de hecho sea extraditado a Estados Unidos, Julian Assange vivió durante siete años en un pequeño piso de la embajada. Fue sometido a una estrecha vigilancia por la policía británica, pero también por los servicios estadounidenses, que llegaron a instalar cámaras y micrófonos en sus locales.

Deterioro de la salud

El procedimiento sueco se cerró finalmente en noviembre de 2019 por falta de pruebas. Mientras tanto, sin embargo, el 23 de mayo de 2019, la Justicia estadounidense formalizó la acusación contra el fundador de WikiLeaks por violar la Espionage Act (ley de espionaje) por la publicación, en 2010, de los documentos facilitados por Chelsea Manning y que detallaban los abusos del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. El 11 de abril, Julian Assange fue sacado por la fuerza de la embajada ecuatoriana y enviado a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, donde está recluido desde entonces en régimen de aislamiento.

Ya debilitado por sus años de reclusión en la embajada de Ecuador, la salud de Julian Assange, tanto física como mental, se ha deteriorado considerablemente, según los médicos y visitantes que lo han examinado. En diciembre de 2020, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, comparó sus condiciones de detención con "la detención arbitraria, pero también con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Esta cuestión de la integridad mental de Julian Assange estuvo en el centro del juicio para su extradición y condujo a una primera victoria, aunque temporal. Durante las audiencias, sus abogados insistieron en las drásticas condiciones de encarcelamiento a las que inevitablemente sería sometido el periodista una vez que llegara a suelo estadounidense. Numerosos expertos vinieron a explicar que los detenidos de interés para la seguridad nacional eran encarcelados sistemáticamente en el ADX de Florencia, una prisión de muy alta seguridad, y sometidos a "medidas administrativas especiales" ("SAM", en inglés), es decir, a un aislamiento extremo.

Garantías de Estados Unidos

Los defensores de Julian Assange habían invocado otros motivos para rechazar la solicitud de extradición de Estados Unidos, como su condición de periodista, la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, el carácter de interés público de las revelaciones de WikiLeaks y la naturaleza política de la acusación estadounidense.

Pero la jueza Vanessa Baraitser se negó a pronunciarse sobre estos argumentos. Sin embargo, rechazó la solicitud de extradición, explicando en su veredicto que "el estado mental de Julian Assange es tal que sería inadecuado extraditarlo a Estados Unidos".

En respuesta, el gobierno de EE.UU. recurrió esta decisión y envió una "nota diplomática" a la Justicia británica en febrero de 2021, que supuestamente proporcionaba una serie de "garantías". Así, Julian Assange no estaría detenido en el ADX de Florencia y no estaría sujeto a "medidas administrativas especiales". La Justicia estadounidense también ha abierto la puerta a un posible traslado de Julian Assange a Australia, su país de origen, para que pueda cumplir la pena a la que habría sido condenado. Por último, Estados Unidos se comprometió a garantizar que Julian Assange reciba "un tratamiento clínico y psicológico adecuado" para su estado.

Durante el juicio de apelación en diciembre de 2021, los abogados de Assange cuestionaron la validez de estas "garantías", que la Justicia estadounidense se ha dado la posibilidad de revisar en función del comportamiento de Assange durante su detención. Su internamiento en régimen de aislamiento "no es algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano y oscuro, sino que ocurrirá en el momento en que aterrice", predijo Edward Fitzgerald, uno de sus abogados, durante una audiencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó las promesas estadounidenses y anuló la sentencia de primera instancia. No hay ninguna razón para que este tribunal no acepte las garantías por lo que son", dice la sentencia. No hay ninguna base para suponer que EE.UU. no dio estas garantías de buena fe".

En enero de este año, se concedió a los partidarios de Julian Assange el derecho a presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Pero en marzo de este año, el tribunal se negó a considerarlo y un mes después la orden de extradición fue entregada a Priti Patel, que tenía dos meses para decidir si la firmaba.

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La Justicia estadounidense quiere juzgar a Julian Assange por su papel como editor de WikiLeaks en la difusión de varias series de documentos clasificados, entre ellos los proporcionados en 2010 por Chelsea Manning y que detallan los abusos del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Se enfrenta a 18 cargos, incluidas violaciones de la Ley de Espionaje, y se enfrenta a 175 años de prisión.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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