Incluso antes de asumir la Presidencia del Banco Central Europeo, Christine Lagarde ya había esbozado parte de su hoja de ruta: la institución monetaria europea debería, en su opinión, convertirse en un actor importante en la lucha contra el cambio climático. Acaba de ganar una batalla en esta lucha. El 11 de febrero el Parlamento Europeo aprobaba que el BCE, como institución de la Unión, “debe someterse al acuerdo de París sobre el cambio climático y que esto debe reflejarse en sus políticas”. En el futuro, el Parlamento Europeo tiene la intención de analizar cada año cómo ha actuado el BCE en la lucha contra el calentamiento climático. Un hecho inédito en la historia de los bancos centrales.
En este punto, el avance es sobre todo político: el BCE firma la alianza de Ursula Von der Leyen y de Christine Lagarde, nombradas simultáneamente al frente de las dos instituciones europeas más poderosas, y su voluntad de hacer un frente común. Mientras que la nueva presidenta de la Comisión Europea promete un “Green Deal” de un billón de euros en diez años para ayudar a todos los países europeos a iniciar la transición ecológica, la presidenta del BCE ha salido en su apoyo para asumir juntos ese inmenso desafío.
Hasta entonces, la mayoría de los diputados, especialmente del PPE (derecha y conservadores), se oponían a lo que consideraban un incumplimiento del Tratado de Maastricht: según el texto, la misión del BCE se limita a asegurar la estabilidad de los precios. Podían contar con el apoyo del poderoso presidente del Bundesbank, Jens Weidmann. Christine Lagarde apenas se había establecido en Frankfurt cuando Weidmann dio a conocer su oposición a que el BCE se convirtiera en un actor de la transición ecológica en Europa. “El BCE no debe asumir este papel. Se escapa a su competencia y no está recogido en los Tratados”, dijo.
Jens Weidmann, el rival de Christine Lagarde a suceder a Mario Draghi, quería reafirmar sus prerrogativas y marcar territorio. El presidente del Bundesbank, que se opuso repetidamente a la política del expresidente del BCE, advirtió que ya no estaba dispuesto a aceptar nuevos experimentos monetarios. Sin embargo, esta oposición también está en consonancia con una convicción que ha repetido muchas veces: un banco central no tiene que asumir tal función, sino que debe ser el guardián del templo monetario. Debe permanecer siempre neutral.
“El BCE debe dejar de fingir que su acción es neutral. Porque sus acciones no son neutrales en absoluto. La flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) ha creado desigualdades de ingresos y riqueza, distorsiones del mercado en beneficio del sector bancario y financiero”, señala Jézabel Couppey-Soubeyran, profesora de economía de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne. “Y sus compras de acciones [como parte de la flexibilización bancaria] son masivas en los sectores de carbono, como ha demostrado la investigación”.
En su discurso ante el Parlamento Europeo, Christine Lagarde se comprometió a hacer verde “gradualmente” la cartera del BCEverde. La intención es loable, pero es probable que se dé de bruces con la realidad.
Desde el lanzamiento de su política de flexibilización cuantitativa en 2015, el BCE no sólo ha comprado una gran cantidad de valores del Gobierno para limitar la crisis del euro, sino también una gran cantidad de bonos de grupos privados. Esencialmente de grandes grupos privados europeos, porque se consideran los más seguros. En su balance se pueden encontrar todas las empresas insignia de los índices bursátiles europeos: Total, Shell, Daimler, Volkswagen, PSA, Siemens, Bayer, Fiat, RWE, E.ON, EDF y otros. Los principales emisores de gases de efecto invernadero, todos en los sectores del carbono. Según las cifras europeas, el 62,1% de la cartera está vinculada a empresas que emiten gases de efecto invernadero.
¿Qué pasaría si mañana el BCE decidiera dejar de comprar los bonos de estos grandes grupos, o peor aún, si decidiera deshacerse de ellos? “Quiera o no, el BCE establece el punto de referencia. Si cambia su política de garantía, si decide poner precio al riesgo marrón, corta el acceso a la liquidez, transgrede la llamada neutralidad del mercado”, analiza Laurence Scialom, profesora de economía de la Universidad de Nanterre.
¿Cabe imaginar que el Gobierno alemán o francés acepten sin decir nada que sus buques insignia industriales como Daimler o Total sean eliminados de la lista de esta manera? Hacer la pregunta ya es una respuesta. No va ser mañana cuando el Banco Central abandone completamente el sector del carbono. Es cierto que Europa ha fijado un horizonte lejano: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debe lograrse en 2050.
La presidenta del BCE ya ha asegurado que la acción del banco central encajaría en la taxonomía (ver artículo anterior) establecida para la Comisión Europea. Todos los grandes grupos europeos recorren los pasillos de Bruselas para figurar en la lista correcta. Para todos ellos, el peligro es mortal, perder el beneplácito del BCE supone perder el acceso a los mercados financieros y a los intermediarios bancarios.
Dados los riesgos económicos, sociales y políticos, el “reverdecimiento” de la cartera del BCE, con toda probabilidad, debería implicar un cambio en su política de compra de valores. Desde noviembre, el BCE ha reanudado sus recompras de valores a un ritmo de 20.000 millones de euros al mes. Se espera que este nuevo apoyo monetario dure al menos hasta finales de 2020.
¿Un QE justo para el medio ambiente? Desde 2015, muchas ONG, movimientos ecológicos y economistas lo han estado pidiendo. El BCE ha gastado unos cuatro billones de euros en los últimos años. Estas sumas han “beneficiado sobre todo a quienes deberían haber sido meros transmisores de sus efectos, a saber, los bancos y los mercados financieros” porque el BCE no ha evaluado la medida de los cambios de los modelos financieros y de su impacto en la transmisión monetaria, recuerda Jézabel Couppey-Soubeyran en un artículo reciente.
¿Cómo no defender entonces la idea de que este dinero –o al menos parte de él– creado por el BCE para apoyar la economía se utilizaría mejor para apoyar la transición ecológica de los países europeos cuando todo el mundo sabe que las inversiones para llevarla a cabo requerirán enormes recursos? Tanto más cuanto que los Gobiernos, limitados por los distintos tratados europeos –paquete de seis medidas o de dos medidas (Six-Pack, Two-Pack), Pacto de Estabilidad– han perdido su capacidad de actuar en materia de inversión pública.
“No estoy a favor de un QE verde. No depende de los bancos centrales decidir lo que es bueno hacer en materia de ecología. En primer lugar, tiene que haber un debate público, tenemos que acordar entre nosotros democráticamente las direcciones que queremos tomar, lo que queremos hacer. Si no establecemos ninguna regla, estamos dando un poder considerable a los bancos centrales sin ninguna contrapartida”, dice Alain Grandjean, miembro de la Fundación Hulot y defensor acérrimo de un “Green New Deal” en Europa.
El riesgo de reforzar el sistema existente
Hay razones para preocuparse por dar al Banco Central un cheque en blanco. Mientras los presidentes de la Comisión Europea y del BCE sellaban su alianza para apoyar la lucha contra el calentamiento climático, la Comisión Europea adoptó dos textos, uno para apoyar proyectos gasísticos por un valor de 28.000 millones de euros, y el otro para dar luz verde a un nuevo acuerdo comercial entre Europa y Vietnam. Todas estas son malas señales que plantean serias dudas sobre las consecuencias del “Green Deal”, tal como parece querer concebirlo la Comisión Europea.
El programa europeo tiene por objeto “promover” las energías renovables, “promover” el vehículo eléctrico, “promover” la agricultura biológica, “promover” la reducción del transporte aéreo en favor del ferrocarril, todo ello en el marco de “colaboraciones público-privadas”.
Habida cuenta del peso adquirido por los grupos de presión en la elección de las políticas europeas, esta cooperación entre el sector público y el privado plantea muchas preguntas. ¿Cómo puede imaginarse que puedan tomar opciones contrarias a sus intereses, aunque estén a favor del calentamiento global?
“La elección de las tecnologías es ya un asunto político. Tomemos el ejemplo de los coches eléctricos, que se presentan como una clave para la descarbonización, pero que son en gran medida un medio para evitar cualquier cambio fundamental. [...] Si los políticos realmente quisieran reducir las emisiones de carbono, harían lo que hacen algunas ciudades como Ámsterdam, Barcelona o Tallín: desalentarían el uso del automóvil. Pero hacer esto a gran escala significaría desafiar el poder político de los fabricantes de automóviles y el poder cultural de la industria automovilística en el capitalismo”, señala Simon Pirani, investigador en energía del Instituto de Oxford. Los ejemplos pueden abundar, ya sea en energía, transporte, construcción, proyectos o materiales. ¿Quién se atreverá a defender las estrategias de ruptura frente a tales intereses?
El BCE dice que quiere apoyar el programa de inversión del Banco Europeo de Inversiones, que planea convertirse en el banco del clima. Pero bajo el disfraz del apoyo, es probable que sus intervenciones conduzcan a la sobrefinanciación de sectores favorecidos por las finanzas, como la energía eólica y solar, tan apreciada por los fondos de inversión o las oficinas familiares, en detrimento de una serie de actividades igual de importantes desde el punto de vista ecológico pero menos atractivas para los inversores, como la biomasa o la economía circular. En efecto, se trata de organizar una vez más grandes transferencias del sector privado al público en beneficio exclusivo del sector privado, como señaló el economista y exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis.
Pero más allá de estas reservas, hay un malestar más profundo. El hecho de que al BCE se le asigne un papel clave en la transición ecológica equivale a consolidar el poder dominante que los bancos centrales han adquirido durante más de cuatro décadas y aún más a partir de 2008. Su objetivo es perpetuar el sistema financiero existente, incluso ofreciendo extensiones del mismo, para hacer todo lo posible para asegurar que nada cambie.
Así pues, Europa sigue creyendo que el mercado debe ser la fuerza decisiva para dirigir la lucha contra el cambio climático, mientras que durante decenios el mercado se ha negado a tener en cuenta los daños ambientales y se ha mostrado incapaz de tomar la más mínima medida para limitar su alcance. Una vez más, esto nos lleva a negar a los Estados y a los actores públicos cualquier capacidad de intervención, cualquier poder, para negarse a tocar todas las limitaciones presupuestarias impuestas por los tratados.
“Descarbonizar la economía será imposible sin transformar nuestros sistemas económicos y sociales. Significa imaginar un mundo más allá del capitalismo”, dice Simon Pirani. Aunque no todos los economistas que trabajan en estas cuestiones son tan radicales, la mayoría de ellos cree que será imposible abordar el calentamiento global sin transformaciones profundas. Y estos cambios, según ellos, requerirán en primer lugar una rehabilitación del poder de los estados y de la acción pública, que han sido desafiados y despedazados por cuarenta años de neoliberalismo.
“El quid del problema está fuera de la esfera financiera. Los Estados no tienen hasta ahora políticas creíbles. Pero necesitan recuperar el control”, apunta Laurence Scialom. “Las finanzas no tienen que hacer el trabajo de los gobiernos. Corresponde a los Estados lanzar el Green Deal, trazar las líneas y los objetivos”, añade Alain Grandjean.
El relanzamiento presupuestario, el impuesto sobre el carbono, la nueva política industrial, la desglobalización del comercio, la economía circular, el desarrollo de los transportes públicos, todo ello tiene diez mil vías en mente. Pero para todos ellos, esto debe dar lugar a deliberaciones colectivas, debates públicos y democráticos, y nuevos pactos sociales. “La transición ecológica no puede tener lugar sin un acompañamiento social. La ecología y la sociedad son inseparables”, advierte Laurence Scialom.
¿Qué debería ser una buena financiación verde en esta transformación? Una financiación regulada y regulada que deje de estar hipertrofiada. Las finanzas que vinculan los riesgos de la inestabilidad financiera y la cuestión ecológica. Una financiación que acompañe la transición, que asuma una política responsable en materia de ecología, responden unánimemente a los economistas interrogados. “El mundo de las finanzas se está adaptando a su entorno, incluidas las limitaciones. Si el mercado se ha mostrado incapaz de tener en cuenta las cuestiones ecológicas es porque las limitaciones impuestas por los poderes públicos han sido insuficientes”, añade optimista Thierry Philipponnat, Director de Investigación de Finance Watch y miembro del consejo de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) y de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR).
Otros se muestran más circunspectos. Si bien la crisis de 2008, que debería haber provocado una transformación radical del mundo financiero, no cambió nada, ¿cómo podemos creer que el mundo financiero aceptará sin reticencias el inmenso poder que ha adquirido? Algunos temen que todo esto sugiera una terrible prueba de fuerza, especialmente si los propios Estados e instituciones se esfuerzan por convencerse de la necesidad de cambiar su enfoque. “El problema es que tenemos muy poco tiempo para actuar. Estamos bailando sobre un volcán”, se preocupa Laurence Scialom.
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Subvenciones a las energías fósiles, el dinero sucio europeo
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Incluso antes de asumir la Presidencia del Banco Central Europeo, Christine Lagarde ya había esbozado parte de su hoja de ruta: la institución monetaria europea debería, en su opinión, convertirse en un actor importante en la lucha contra el cambio climático. Acaba de ganar una batalla en esta lucha. El 11 de febrero el Parlamento Europeo aprobaba que el BCE, como institución de la Unión, “debe someterse al acuerdo de París sobre el cambio climático y que esto debe reflejarse en sus políticas”. En el futuro, el Parlamento Europeo tiene la intención de analizar cada año cómo ha actuado el BCE en la lucha contra el calentamiento climático. Un hecho inédito en la historia de los bancos centrales.