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Subvenciones a las energías fósiles, el dinero sucio europeo

Un hombre manifestándose en contra del uso de combustibles fósiles.

Cécile Andrzejeweski (Investigate Europe)

"Las subvenciones ineficaces concedidas a los combustibles fósiles estimulan el sobreconsumo, limitan nuestra seguridad energética, obstaculizan la inversión en fuentes de energía limpia y van afectan a los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático". Esta cita no viene de una entrevista reciente a la activista Greta Thunberg, sino de la declaración de los jefes de Estado y de gobierno tras la cumbre del G20 de Pittsburgh, Pensilvania, en 2009.

Entre los países firmantes estaban Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, que prometían "eliminar progresivamente y racionalizar a medio plazo las subvenciones ineficaces a los combustibles fósiles". Este compromiso se reiteró en 2013 cuando el Consejo Europeo decidió "la eliminación progresiva de subvenciones que perjudiquen al medio ambiente o a la economía, incluidas las concedidas a los combustibles fósiles".

Esto se repitió tres años más tarde, en una reunión del G7 en la que estaban también presentes Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, que afirmaban: "Estamos decididos a eliminar las subvenciones ineficaces a los combustibles fósiles y animamos a todos los países a hacerlo de aquí a 2025".

Sin embargo, el horizonte 2025 parece ahora muy lejano para Europa. Aunque la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron hagan un llamamiento a la descarbonización de la economía -es decir, la reducción drástica de emisiones de CO2 – y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncie un Green Deal, de hecho los Estados miembros continúan subvencionando masivamente las energías fósiles.

Según los cálculos de Investigate Europe, unos 137.000 millones de euros al año es la cantidad destinada a apoyar el consumo y la exploración de esas energías contaminantes dentro del Espacio Económico Europeo (compuesto por los Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y el Reino Unido. En comparación, el presupuesto anual de la UE es de 155.000 millones de euros.

En cabeza de estas subvenciones y ventajas fiscales están las rebajas fiscales a la aviación (28.200 millones de euros) y las rebajas o devoluciones de impuestos a la gasolina y al diésel (23.700 millones de euros). Sólo en Francia, en 2019, la Red Acción Clima estima que la diferencia impositiva entre el diésel y la gasolina ha costado al Estado 3.500 millones de euros. Una situación que llama la atención incluso a los actores más importantes del sector.

Por ejemplo, en Alemania, Herbert Diess, jefe del grupo Volkswagen, ha reconocido recientemente que el diésel "todavía gozaba de una ventaja fiscal. Habría que preguntarse si el diésel debería ser verdaderamente tan atractivo para los conductores de largas distancias. Yo pienso que no". En lo que respecta a las ayudas indirectas percibidas por el sector de la aviación, Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, señalaba en abril, en el Financial Times, una "cierta paradoja en el hecho de que las grandes compañías aéreas se beneficien al mismo tiempo de una exoneración fiscal y reciban dinero público para ayudarlas en tiempo de crisis".

En toda Europa la estampa es poco halagüeña. Polonia continua subvencionando las minas de carbón, el gobierno griego paga a los empresarios el transporte por barco del petróleo y del gasoil a las islas para la provisión de electricidad durante toda la temporada alta turística y en Italia las rebajas fiscales al diésel pasan de 5.000 millones de euros.

"Ese apoyo a las energías fósiles representa una utilización ineficaz de caudales públicos y agrava las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica", denuncia el secretario general de la OCDE, Angel Gurría. La organización que dirige ya deploraba en junio de 2019 un aumento de las ayudas públicas a la producción y utilización de combustibles fósiles, "poniendo así en peligro los esfuerzos hechos para detener las emisiones de gases de efecto invernadero, controlar la contaminación atmosférica y conseguir el cambio hacia una energía menos contaminante y más razonable".

En el tercer lugar en las subvenciones más generosas concedidas a las energías fósiles está el sistema EU ETS, sistema de intercambio de cuotas de emisiones de CO2 de la UE, que ha costado a Europa 17.900 millones de euros en 2019. Definido por la Comisión Europea como "la piedra angular de la política de la UE en la lucha contra el cambio climático y su herramienta clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable", debería limitar las emisiones de los sectores industriales y energéticos.

La Comisión y los gobiernos han fijado un techo que define la cantidad total autorizada de emisiones de gases de efecto invernadero a emitir por las instalaciones industriales. Este sistema cubre alrededor del 45% de las emisiones de la Unión, de Liechtenstein, de Islandia y de Noruega y limita las emisiones de más de 11.000 instalaciones (centrales eléctricas e industrias).

Pero para que sean aceptadas por la industria en el momento de su lanzamiento, les han sido asignadas gratuitamente cuotas de emisión. Aunque el sector eléctrico compra hoy sus derechos de emisión en una subasta, el resto de la industria se beneficia aún de cuotas gratuitas. En la actualidad, el 43% de las asignaciones son gratuitas, un regalo con un valor mercantil de 17.900 millones de euros en 2019.

Según la industria, principalmente los fabricantes de acero, productos químicos y cemento, si tuvieran que pagar por sus emisiones, "haría desaparecer la producción, que sería deslocalizada", explica el lobista alemán Jörg Rothermel. Se trata de un chantaje al empleo, en definitiva, que en la jerga UE se califica de "riesgo de fuga de carbono", cuando en realidad ningún estudio menciona ese riesgo. "No hemos encontrado ninguna prueba de fuga de carbono", dice en resumen una investigación encargada por la Comisión Europea, que sin embargo regala cuotas a todas las empresas cuyos productos vayan asociados a elevadas emisiones o destinados al mercado mundial.

A partir de 2021, año en que se pasa a la fase 4 del sistema EU ETS, la lista de productos sometidos a riesgo de fuga de carbono descenderá de 170 categorías a 66. Una victoria a medias puesto que "casi todas las empresas industriales que emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero siguen en esa lista", ironiza Jürgen Landgrebe, jefe de la Agencia Federal alemana de Medio Ambiente Emissions Trading Authority.

Investigate Europe, con ayuda de la organización medioambiental Sandbag, ha confeccionado la lista de empresas que reciben las mayores asignaciones gratuitas en toda Europa. El resultado es sorprendente: 20 grupos reciben un tercio de las asignaciones concedidas. En el pelotón de cabeza, para el período 2013-2019, están el productor de acero ArcelorMittal y las cementeras LafargeHolcim y HeidelbergCement.

Sólo el grupo siderúrgico ArcelorMittal, con sus 72 fábricas en toda la UE, ha conseguido el derecho a emitir entre 2013 y 2019 casi 500 millones de toneladas de CO2, un 8% del total de las asignaciones gratuitas, muy por delante de LafargeHolcim (155 millones de toneladas) y de HeidelbergCement (129 millones de toneladas). En este top 20 están también Total, ExxonMobil, Italcementi, Shell, BASF o ENI.

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En Francia, el trío de empresas que más se benefician de la generosidad europea reúne a ArcelorMittal, con el 22% de las subvenciones gratuitas, lejos de las otras dos, Total -que ha recibido tres veces menos- o Ciment Calcia, que ha recibido cuatro veces menos. Entre las instalaciones afectadas se encuentran por ejemplo los altos hornos de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) de ArcelorMittal, la refinería Total de Normandía o la cementera de Saint-Pierre-la-Cour de LafargeHocim, que "fabrica cada día para construir 250 casas", según Ouest-France.

ArcelorMittal, la empresa mejor dotada del sistema, se defiende no obstante de cualquier favoritismo, señalando que, al contrario, "es importante recordar que el sistema de asignación de cuotas gratuitas ha sido ideado para compensar a las industrias que corren el riesgo de sufrir fugas de carbono: las industrias que se enfrentan a la competencia en un mercado mundial. El sector del acero está muy expuesto a ese riesgo. Ahora mismo los productores europeos no pueden ser competitivos en precios ya que el coste de producción del acero en la Unión Europea ha aumentado como consecuencia directa del sistema de intercambio de cuotas de emisión (ETS) de la UE. El ETS, concebido para animar a las industrias que emiten mucho carbono a invertir en producir con menos emisiones, en realidad consigue el efecto de llevar la siderurgia -y los empleos- fuera de Europa".

En un informe sobre "los aprovechados europeos", la Red Acción Clima hace una relación de las industrias que más se han beneficiado del sistema EU ETS entre 2008 y 2015 en la que aparece tres veces ArcelorMittal. Según esta ONG, gracias al sistema de intercambio de cuotas de emisiones de la UE, la filial alemana de esa siderúrgica obtuvo un beneficio de 641,8 millones de euros en ese período, la filial española 605,4 millones y la belga 509,8 millones. Un total de 1.700 millones de euros. "El grupo tuvo en el pasado un excedente durante un periodo muy corto y lo reinvirtió en proyectos medioambientales", dice la empresa en su defensa, añadiendo que "ArcelorMittal no tiene exceso de cuotas; al contrario, el grupo tiene un déficit anual y la situación puede agravarse aún más cuando comience la fase 4 del ETS el año próximo, al reducirse los niveles de cuotas gratuitas".

En 2014, Mediapart -socio editorial de infoLibre- presentaba la lista de las industrias más emisoras de CO2 en Francia. Tras pasar revista a miles de instalaciones francesas (centrales térmicas, calderas urbanas, fábricas siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, cementeras, papeleras, etc.), este es el palmarés que se estableció en aquel momento, en cifras de 2012: "El grupo metalúrgico ArcelorMittal y la energética EDF están colocadas muy por delante de las demás, con 19 y 16,5 millones de toneladas de CO2 respectivamente, el equivalente al 18% y al 16% del conjunto según nuestras estimaciones. Les siguen la petrolera Total (9% de las emisiones totales de CO2), la energética alemana E.ON (5%), el grupo GDF-Suez (4%) y la petrolera ExxonMobil (4%). Luego vienen la cementera Italcementi, el productor de cal Lhoist y la cementera Vicat".

ArcelorMittal estaba pues encabezando la clasificación. Y si EDF y E.ON han desparecido es porque luego el paso a la fase 3 del sistema EU ETS excluyó a las centrales eléctricas de las asignaciones gratuitas. Los productores de electricidad deben comprar a partir de ahora sus derechos de contaminación en subastas, incitándoles así a emitir menos CO2.

"El sistema debería permitir que entre las diferentes tecnologías sean las de bajo carbono las más utilizadas por las empresas", explica un especialista europeo. "Eso ha funcionado relativamente bien para la electricidad, que ha reducido considerablemente las cifras de emisión de CO2. Es un éxito que hay que admitir. El sistema EU ETS no hay que desecharlo, aunque sólo sea porque ha conseguido descarbonizar la electricidad. Ahora las centrales de gas son más rentables que las de carbón. Es un buen punto".

Desgraciadamente el sistema no ha permitido la descarbonización del resto de las industrias. De hecho, Europa sigue lejos de sus objetivos climáticos. ¿Por qué ha fallado cuando la voluntad mostrada parece clara? Los combustibles fósiles son parte integrante del tejido económico y social europeo desde hace siglos. Sobre todo, el lobby de los sectores industriales sigue siendo muy poderoso. lobby "Detrás de cada rebaja fiscal y cada subvención a las energías fósiles hay un lobby", reconoce Pascal Canfin. "El lunes son los agricultores, el martes las empresas del transporte, el miércoles otras, y todas tienen la capacidad de inmovilizar un país. Entonces, cuando se dice que subvencionamos la industria de los fósiles, lo que hemos hecho son rebajas fiscales que reducen el coste de la energía en los sectores que han podido negociar con las autoridades".

"Los sectores de las energías fósiles están bien representadas ante los gobiernos nacionales y ante las instituciones de la Unión Europea gracias a poderosos lobbieslobbies", se lamenta el filósofo portugués Viriato Soromenho-Marques. Este profesor sabe algo de todo esto pues ha sido uno de los doce miembros del grupo de expertos de alto nivel sobre energía y cambio climático, órgano consultivo del ex presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso que era el encargado de preparar, entre 2007 y 2009, la COP15, la fallida conferencia sobre el clima de Copenhague.

Para él, el optimismo está fuera de lugar: "Vivimos en una fábula cuando pensamos que las promesas del Pacto Ecológico europeo pueden llevarse a cabo sin cambios que no puedo más que calificarlos de revolucionarios, por eso son poco probables". Las industrias fósiles tienen todavía por delante un amplio horizonte.

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Traducción: Miguel López.

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